—Empecé en la pandilla a los 18 años. Un día llegaron unos homies y me ofrecieron enranflarme con ellos. Yo estudiaba en ese entonces, pero me dijeron que Los Mexicles la rifaban shido, que necesitaban soldados para hacer jales y que pagaban buena feria.
Héctor, chihuahuense, delgado, fibroso y con tatuajes que le corren por el brazo izquierdo como los tentáculos de un pulpo, clava la mirada en el suelo y se ajusta el paliacate blanco con letras góticas con el que oculta su rostro.
—En casa no había feria y mi padre no estaba. Pero cuando le conté a mi jefita que me reclutaron se encabronó un shingo conmigo —prosigue contando con voz ronca y con el modismo de Chihuahua de cambiar la che por la s.
A continuación, el joven se coloca a ras de las cejas una gorra que reza “Be Loco” y que apenas le deja a la vista una franja de ojos negros. Está en un patio sentado en los restos de una pileta de una casa que es un cascarón en ruinas. Por los pasillos hay colchonetas pestilentes, jeringuillas, restos de ropa y charcos de orines. Y por las paredes, varios grafitis dicen “Revolución: soldados en guerra”, uno de los lemas de Los Mexicles.
En este picadero de droga, al que llaman tapia, Héctor pasa las horas fumando un cigarrillo tras otro en espera de conseguir la siguiente dosis de heroína, la droga que vende para la pandilla y a la que lleva años enganchado.
—Mi vieja me miró y me preguntó: “¿Mijo, usted quiere ser un asesino?”.
Han pasado 10 años desde aquella pregunta. Tiempo en el que, tras dejar la secundaria y marcharse de casa, Héctor empezó como “recadero” de la pandilla moviendo paquetes de droga por Chihuahua capital, para luego ser “dealer” y ahora sicario en una de las pandillas más violentas de México.
En todo ese tiempo, cuenta el joven en un murmullo apagado, casi inaudible, ha matado a cuchilladas y a tiros a un número indefinido de personas que él mismo sitúa “entre cinco y 10 contras de Los Aztecas”, la banda rival. Aunque a él, dice ahora alzando la mano derecha que lleva enguantada, también le han matado amigos y le han desaparecido a “compas” de la “ranfla”, muchos de ellos “chavos de 14 o 15 años” que, como él en sus inicios, buscaban “tener un respaldo en la pandilla” tras ser expulsados de sus hogares o haberlos abandonado.
En definitiva, Héctor pasó de ser una víctima en una sociedad que no ofrece demasiadas oportunidades a la juventud ni a sus familias a victimario, completando así una espiral de violencia que lleva más de una década devorando a generaciones de jóvenes en México, y de la que resulta casi imposible salir si no es engrosando la estadística de asesinatos o desaparecidos.
—No le respondí nada a mi jefa cuando me preguntó si yo quería ser un asesino.
Héctor se mira las manos de dedos toscos y deformados. Parece arrepentido o nostálgico de aquellos lejanos días en la escuela y en casa. Pero acto seguido alza la penetrante mirada de ojos negros y sentencia:
—Pero eso ya no importa —niega con la cabeza y se ajusta el paliacate—. Preferí la maña a mi madre. Y ahora, la pandilla es mi única familia.
México destruyendo el futuro
México está destruyendo el futuro: tan solo en seis años, más de 480 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años han sido víctimas de la violencia en el país, ya sea como víctimas directas de asesinato y de otras agresiones, o bien, como posibles responsables de delitos vinculados al crimen organizado.
El caso del joven chihuahuense Héctor, que primero fue víctima en un Estado que no le brindó las oportunidades laborales ni de estudio suficientes —ni tampoco a su familia—, y que luego pasó a engrosar las filas de una pandilla criminal con 18 años, es solo un ejemplo más entre cientos de miles en el país que se vienen repitiendo desde hace más de una década. Ejemplos en los que, además del reclutamiento por falta de oportunidades, también abundan los de reclutamiento forzado de niños y jóvenes por parte de los grupos delictivos.
Animal Político, en colaboración con México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), documentó esta cifra a partir del análisis de hasta 17 variables, entre las que se encuentran las estadísticas de víctimas de homicidio, lesiones y desapariciones, así como las cifras de jóvenes detenidos y encarcelados por asesinato, delitos contra la salud o delitos federales como portación de armas del Ejército.
Para este análisis se recabaron datos del Inegi, de la Secretaría de Salud federal y de la Secretaría de Gobernación, y se hicieron más de 200 solicitudes de transparencia a fiscalías, poderes judiciales de todo el país y a las Fuerzas Armadas. Asimismo, se buscó entrevistar a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría del Trabajo, encargada del programa de becas para jóvenes, pero de ninguna se obtuvo respuesta.
El resultado del análisis: casi medio millón de jóvenes impactados por la violencia y el crimen tan solo en el último trienio de Peña Nieto y el primero del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo equivalente a seis Estadios Aztecas repletos, 50 veces el Auditorio Nacional o a toda la población de la alcaldía Benito Juárez de la capital mexicana.
Además, esta investigación revela que, a pesar de los 91 mil millones de pesos que, bajo el eslogan “Becarios sí, sicarios no”, lleva gastados el gobierno de López Obrador hasta enero de 2023 en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no se está logrando el objetivo de proteger a la niñez y a la juventud de la violencia; un objetivo que ya se planteó como prioritario desde 2007, en el sexenio de Felipe Calderón y la llamada “guerra contra el narco” —“Para que las drogas no lleguen a tus hijos” era el lema—, que no se cumplió entonces, ni tampoco en el siguiente gobierno de Peña Nieto, ni en el actual.
Solo en los tres primeros años de este sexenio se contabilizaron casi 40 mil jóvenes menores de 29 años asesinados, según datos del Inegi; esto representa hasta un 146% más que en la primera mitad de la administración de Calderón (15 mil 898), un 73% al alza en relación a los tres primeros años de Peña Nieto (22 mil 764) y un 14% más si se compara con los tres últimos del priismo (34 mil 654).
En 2019, el primer año del actual gobierno, se contabilizaron 13 mil 638 víctimas jóvenes de asesinato, cifra récord en términos absolutos en los últimos 30 años. Aunque cabe matizar que esta estadística es la culminación de una tendencia que venía al alza desde 2017, en el priismo, cuando de 9 mil casos se pasó a 12 mil 141, un salto del 35%. Desde ese año hasta la actualidad, la cifra de jóvenes asesinados se ha mantenido siempre por arriba de los 12 mil casos al año, un promedio de 33 al día, algo más de uno cada hora.
Entre las entidades más violentas destaca Guanajuato, que en 2020 registró 2 mil 047 asesinatos de adolescentes y jóvenes (12 a 29 años) —en este estado, el 41% del total de víctimas de homicidio son jóvenes; es decir, casi la mitad de todas las víctimas en uno de los estados más violentos de México—. El dato de 2020 refleja un aumento de 24% en comparación con 2019 y del 43% en comparación con el último año de Peña Nieto. Sin embargo, si se compara con cinco años atrás, el “boom” es mucho mayor: de 370 víctimas jóvenes en 2015, se pasó a algo más de 2 mil, un aumento del 453%.
En términos totales, Guanajuato es actualmente la entidad con más asesinatos de jóvenes, seguida de Chihuahua, con mil 204 casos, y el Estado de México, con mil 080.
Otro estado donde se ha disparado la violencia homicida en contra de la juventud es Zacatecas, donde en 2020 se contabilizaron 542 víctimas, un 68% más que en el último año de Peña Nieto y hasta un 284% más que en 2015.
San Luis Potosí, con un aumento casi del 50% en relación al último año de la administración priista y del 250% en los últimos cinco años, y Chihuahua, con un alza del 140% en cinco años, son otras de las entidades con mayores aumentos.
—Llevamos ya dos o tres generaciones de jóvenes que están viviendo bajo la lluvia de balas del narco —subraya ante estos datos David Saucedo, analista político y experto en temas de seguridad pública, que destaca otras entidades como Michoacán, Baja California, Veracruz o Guerrero “como lugares donde ser joven es extremadamente peligroso”.
Detenciones por droga se disparan 85%
Además del aumento de víctimas directas, Animal Político documentó que la participación de jóvenes en hechos delictivos de alto impacto que pudieran estar relacionados con el crimen organizado también ha aumentado en este sexenio, a pesar de la inversión multimillonaria en programas sociales y becas.
Por transparencia pública, 27 fiscalías estatales respondieron a este medio que en los cuatro primeros años del gobierno de López Obrador se produjeron 41 mil 981 detenciones ante Ministerio Público de jóvenes de entre 19 y 25 años por los delitos de homicidio, lesiones dolosas con arma de fuego o punzocortante, o delitos contra la salud, hasta un 65% más que en los cuatro últimos años de Peña Nieto (25 mil 430). Las detenciones por delitos contra la salud, que incluyen varias modalidades como comercio, suministro o posesión, también se dispararon 85% con 36 mil 654 casos en el sexenio actual, frente a los 19 mil 811 de los últimos cuatro años de Peña Nieto. En este punto, Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia, precisa que las detenciones por homicidio o delitos contra la salud, especialmente los de posesión simple, no están todas ligadas al crimen organizado, aunque sí son indicadores —los asesinatos principalmente— de la situación de violencia generalizada que impacta en los jóvenes.
En el grupo de edad de 19 a 25 años, hay entidades como Puebla donde entre 2018 y 2022 las detenciones por delitos contra la salud se dispararon un 460%, mientras que en Aguascalientes y Chiapas aumentaron por arriba del 300%, según las respuestas de las fiscalías por transparencia.
En cuanto al sector de detenidos de 26 a 29 años, con 13 mil 856 casos, también hubo un aumento en este sexenio, aunque menor, del 14%.
Asimismo, en el sector de niñas, niños, adolescentes y menores de edad, con 10 mil 295 detenciones, hubo otra alza del 16%. Destaca el caso de Nuevo León, con más de 700 niños y adolescentes detenidos por homicidio, delitos contra la salud y lesiones, hasta un 233% más que en los últimos cuatro años del priismo.
Todo lo anterior se traduce en que la población de jóvenes de entre 18 y 29 años que está presa por homicidio, lesiones, extorsión y delitos contra la salud aumentó 63% en el primer trienio del gobierno de López Obrador, con 12 mil 047 casos, según respondieron por transparencia las secretarías de Seguridad y de Gobierno de 22 estados. No obstante, ninguna autoridad detalló cuántos de esos jóvenes presos tienen una sentencia firme o están en prisión preventiva.
Tan solo en 2022 se registraron 5 mil 760 jóvenes presos acusados por esos delitos, 66% más que en el primer año de López Obrador, y hasta 327% más que en 2016, a la mitad del sexenio de Peña Nieto.
Si se pone la lupa en los jóvenes presos por presuntamente haber cometido asesinato, estos también aumentaron 59% en el primer trienio lopezobradorista con 7 mil 155 casos, mientras que en 2022 se registró cifra récord: 2 mil 859 encarcelados, un 33% más que al inicio del sexenio, y un “boom” del 310% en comparación con la mitad del sexenio priista.
En este apartado de encarcelamientos, de nuevo Guanajuato muestra cifras alarmantes: en 2022, registró mil 507 jóvenes de entre 18 y 29 años presos, un 131% más que en 2020, y hasta un 335% más que en 2018, el último año de Peña Nieto. Mientras que en otras entidades, como Sinaloa, la población carcelaria de adolescentes menores de edad se disparó 489% entre 2016 y 2022.
—Estas cifras lo que nos están diciendo es que la violencia está generando un gran impacto en generaciones de niños y jóvenes que estamos perdiendo, debido a una serie de decisiones y de políticas públicas que ha tomado el Estado mexicano en los últimos gobiernos —apunta Lisa Sánchez, de México Unido Contra la Delincuencia, que agrega que, lejos de solucionar el problema, la política de Calderón de sacar a los soldados a las calles, que sigue vigente en el actual sexenio, “lo que ha hecho es permitir y alimentar el ciclo de violencia que continúa hasta nuestros días afectando de manera especial a los jóvenes”.
Asimismo, Sánchez considera que este “conteo del horror”, que revela un aumento en el impacto que tiene la violencia en la niñez y la juventud, también puede estar “escondiendo otros fenómenos”.
Por ejemplo, advierte la activista, “la poca claridad que tenemos sobre los delitos realmente perseguidos en la modalidad de narcomenudeo puede estar generando que los jóvenes sean criminalizados y encarcelados por uso y posesión de drogas, cuando una mejor alternativa sería invertir en prevención, reducción de daños y tratamiento”.
Otro fenómeno es que, en casos en los que los jóvenes sí participen en actividades delictivas, “la autoridad no investigue los delitos reales y que opten por encarcelarlos por venta o suministro de drogas”.
Otro, agrega, “es que las políticas de prevención y los servicios públicos de atención a niños, niñas, adolescentes y sus familias están siendo insuficientes para detener el uso de la violencia entre jóvenes y su posible participación en grupos de delincuencia organizada”.
Y otro fenómeno, concluye Sánchez, “es que la respuesta para estos jóvenes perpetradores está siendo un sistema carcelario colapsado del que si salen lo harán con cero oportunidades de reinserción social”.
Aumenta 75% localización sin vida de jóvenes desaparecidos
Por otra parte, esta investigación documenta que en el sexenio actual la crisis de desaparecidos que enfrenta México desde años atrás también está impactando en la población más joven.
En cuatro años de este gobierno, aumentó 75% la localización de jóvenes de entre 26 y 29 años que estaban desaparecidos y que fueron hallados muertos, con al menos 588 casos, de acuerdo con las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Segob, que fueron recabadas por este medio al corte del 31 de mayo de este año.
Otros datos: en lo relativo al grupo de 18 a 25 años, en los cuatro primeros años de este gobierno aumentaron 46% las denuncias de desaparecidos, con 18 mil 056 casos. Y, de ese total, 7 mil 644 denuncias continúan vigentes en el periodo 2019-2022, un 35% más que en el periodo 2015-2018.
Y va otro dato: en Sonora, entre 2018 y 2022, se registraron 817 denuncias por desaparición de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De este total, la fiscalía estatal no ha resuelto el 88% de los casos. Es decir, que si eres joven y desapareciste en Sonora en los últimos cuatro años, tienes casi un 90% de probabilidades de que continúes desaparecido y tu caso no se haya esclarecido.
Ante este contexto de violencia, cifras recabadas por la Universidad de Syracuse, en Estados Unidos, reflejan que la niñez y la juventud mexicana están huyendo por decenas de miles a ese país: más de 35 mil pidieron asilo en suelo estadounidense entre 2016 y 2021 —con un máximo histórico en 2019, con 8 mil 389 solicitudes—, mientras que en 2022 lo hicieron 4 mil 726 jóvenes de entre cero y 24 años, un 52% más que el año anterior.
En 2022, también se disparó el número de detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de menores de edad mexicanos que trataban de cruzar ilegalmente a ese país: 27 mil 944, cifra récord en la última década, según datos de la US Customs and Border Protection (CBP).
Es decir, la violencia está generando otro impacto en la juventud: el desplazamiento forzado.
—Decidí venirme para Estados Unidos por miedo a que me mataran, o que desaparecieran a mi esposa, o a mi hija. El narco no me dejaba en paz —cuenta Julián, un joven de 29 años que fue agredido “por chavitos de 16 años” del Cártel Jalisco Nueva Generación y que decidió cerrar su pequeña barbería ante la imposibilidad de seguir pagando una cuota “desorbitada” a los criminales.
Ahora, el joven lleva un par de meses desplazado con su familia esperando la respuesta de las autoridades de Estados Unidos en un albergue de Ciudad Juárez, a escasos kilómetros de la frontera, donde sus directivos aseguran que se ha producido un cambio llamativo en la dinámica migratoria: al menos la mitad de las personas albergadas no son centroamericanas ni tampoco de Cuba, Haití o Venezuela. Son mexicanos no mayores de 29 años, que huyen del narco en Michoacán, Zacatecas y Guerrero, principalmente.
Municipios más violentos no están entre 100 con más becas
Todo lo anterior está sucediendo a pesar de la inversión millonaria del actual gobierno que, además, no está enfocando el recurso en los municipios donde la juventud se ha visto más afectada por la violencia.
Por ejemplo, Ciudad Juárez fue en 2021 el municipio número 1 en todo el país en homicidios de jóvenes, con 562 casos. Sin embargo, ocupó el lugar 307 en el ranking de reparto de becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, según datos oficiales de la Secretaría de Bienestar analizados por la organización civil Data Cívica para esta investigación.
Más ejemplos: Tijuana, segundo lugar con más jóvenes asesinados con 423 víctimas de entre 12 y 29 años, ocupa el lugar 268 en el reparto de becas. León, el tercero con 346 homicidios, ocupa el lugar 59 del ranking de becas; Celaya, el cuarto con 293 asesinatos, es el lugar 245, y Cajeme, Sonora, el quinto en homicidios, está en el lugar 240.
De hecho, a excepción de Acapulco y León, ninguno de los 15 municipios donde más jóvenes mueren asesinados se encuentra ni entre los 100 primeros lugares con mayor reparto de becas.
Y si el análisis se hace comparando los municipios con mayor tasa de asesinato por cada 100 mil habitantes, los datos revelan que, de los 15 primeros municipos más violentos, ninguno está entre los 700 con mayor reparto de becas.
No obstante, especialistas como David Saucedo advierten que, aunque estos municipios estuvieran entre los que más becas reparten, eso tampoco garantizaría un impacto significativo en el reclutamiento que hacen los cárteles.
—El eslogan del gobierno actual está muy bien: “Transformar sicarios en becarios”. Sin embargo, yo no conozco ni un caso en ningún estado del país donde un joven integrante de un cártel haya dejado el AK-47 para irse corriendo a inscribirse en los programas sociales de López Obrador —dice irónico el investigador—. Y eso no sucede por la sencilla razón de que los salarios del narco son mucho más competitivos.
—Poniéndome en modo optimista —contrapone Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)—, también es cierto que sin esas becas muchos jóvenes habrían estado todavía peor. Qué duda cabe que 3 mil pesos a la quincena les puede hacer una diferencia para comer mejor.
Sin embargo, Ramírez también matiza.
—Ahora bien, que eso sea atacar la raíz del problema, pues por supuesto que no. Hay muchos otros factores que influyen en la violencia y en el reclutamiento de jóvenes que no se están atendiendo, como, por ejemplo, la falta de pertenencia de los jóvenes a una sociedad que los orilla y los estigmatiza, la expulsión de los mismos de sus hogares, que además suelen ser hogares empobrecidos, la falta de red de apoyos, la falta de oportunidades educativas y laborales, etcétera. Son factores que una beca no te va a resolver.
Lisa Sánchez, por su parte, subraya que el mensaje debe ser “Becas sí, pero focalizadas y acompañadas con verdaderas intervenciones para jóvenes que atiendan sus necesidades y puedan contribuir a prevenir mejor”.
“Yo he ido a ‘jales’ con sicarios de 15 años”
Para esta investigación también se hizo trabajo de reporteo en varios de los municipios más violentos para la juventud, como Ciudad Juárez, Chihuahua capital y Guadalajara, en Jalisco. Ahí, se documentaron las historias de jóvenes que son víctimas de una u otra forma de la violencia.
—En la mafia, la mayoría de los homies son puros jóvenes. Yo he ido a “jales” con morros de 17 años, 16, 15, que ya eran sicarios. He visto, incluso, a chavitos de 12 ya metidos en la maña —cuenta Erick, un joven de 25 años de Ciudad Juárez.
Allan, de 29 años, es otro pandillero en activo de Los Mexicles. Entró a los 19 años por el deseo de “pertenecer a una familia” que lo protegiera y le diera cobijo en Chihuahua, una de las entidades más violentas de México. Desde entonces, ha ido “escalando”: primero, “recadero”; luego, vendedor de heroína, y ahora, sicario. “Tenemos morros que se enranflan desde los 15 años”, asegura.
Perla, 17 años, pelo larguísimo hasta la cintura, asiste en Ciudad Juárez a un centro educativo para jóvenes en conflicto con la ley. La adolescente, que viste unos pants y luce unos lentes oscuros para ocultar su rostro durante la entrevista, explica que a diferencia de sus tres hermanos a ella todavía no la han intentado reclutar. Aunque a diario tiene que “convivir” con los sicarios que van al puesto de hamburguesas donde trabaja cuando no estudia.
—Son muchachos de 12 años en adelante, los más mayores que he visto no pasan de los 30. Llegan al puesto y me avientan paquetes de droga, y me dicen: “Escondela. Hazlo y te irá bien. No lo hagas, y ya sabes lo que pasa” —dice Perla, que con una sonrisa nerviosa se pasea el dedo índice por la garganta.
César también tiene 17 años y estudia la secundaria abierta en el mismo centro educativo. Es moreno, de labios gruesos y pelo muy corto, a lo reguetonero de moda. Cuando se le pregunta si alguna vez lo han intentado reclutar, el joven clava la mirada en el pupitre de la escuelita y murmura que sí.
—Me dijeron que me uniera a su team, que para andar cuidando el territorio y darle en la madre a otras pandillas. Pero les dije que no porque sé que esa vida trae muchos problemas —asegura titubeante el joven, quien, no obstante, ante el planteamiento de un hipotético dilema parece tener menos dudas.
—Pongamos un ejemplo —le dice el periodista—. Pongamos que llega el gobierno y te ofrece una beca por 3 mil pesos a la quincena con la posibilidad, además, de aprender un oficio. Pero, por otro lado, te llega un grupo del crimen organizado y te ofrece 15 mil solo por vigilar quién entra y sale de la colonia, o para que transportes unos paquetes. ¿Con qué te quedarías?
César sonríe, se mueve incómodo en la silla y deja pasar un largo silencio hasta que levanta la mirada.
—Creo que me quedaría con el dinero del cártel —responde.
El hospital privado donde ocurrió la balacera. Foto: Google Maps
El féretro de Diego Rodriguez Vidales, adolescente de 17 años, es cargado por sus familiares hacia su entierro.
Vista del rancho El Portrerito, ubicado en la comunidad de Malpaso, en Zacatecas, donde fueron secuestrados los siete adolescentes.
