La militarización está a la vuelta de la esquina, y aunque Morena y López Obrador lo nieguen, la sociedad mexicana se ha manifestado contra estas reformas dada la poca confianza que tienen en el ejército, la Marina y la Guardia Nacional, que está compuesta en un 84% por elementos de estas instituciones.
Recientemente la iniciativa del presidente de ceder el control total de la GN a la Sedena ha pasado las instancias oficiales y la reforma se ha consumado
Estas iniciativas han sido cuestionadas y criticadas, no solo por la sociedad y expertos, también por parte de organismos y asociaciones dedicadas a los derechos humanos en el país. Asociaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), e inclusive la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se han pronunciado contra el acto inconstitucional promovido por el presidente.
La poca confianza en estas instancias castrenses se refleja en múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por sus miembros. Según datos obtenidos por la organización Causa en Común, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marinay la Guardia Nacional acumulan 2 mil 510 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos desde que AMLO entró al poder hasta abril de este año.
EMEEQUIS hace una recopilación apoyado en la información del Centro Prodh, que por años se ha encargado de apoyar algunos casos, de víctimas que exponen el riesgo de otorgar más poder a cuerpos castrenses y razones por las que parte de la sociedad encuentra repudio y miedo ante elementos de estas instituciones.
RODOLFO MONTIEL Y TEODORO CABRERA
Rodolfo y Teodoro no solo son campesinos de la sierra de Petatlán, en Guerrero; también son activistas y defensores de los bosques con su agrupación llamada Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. Gracias a su labor con el medio ambiente han recibido múltiples premios ecologistas internacionales.
Fuente: Facebook
No obstante, un operativo militar realizado por la Sedena en 1999 los puso cerca de la muerte. Durante la labor de los militares, presuntamente contra el narcotráfico, ambos campesinos fueron detenidos arbitrariamente y torturados y humillados por los miembros del cuerpo armado. Aunado a ello, les obligaron a firmar una declaración donde se auto inculpaban de los hechos por los que les detuvieron: portación de armas ilegales, y cultivo de amapola y marihuana.
Fueron condenados y estuvieron encarcelados por dos años, cuando en el 2001 el recién llegado presidente Vicente Fox lo ordenó. Sin embargo, no se reconoció su inocencia, y tuvieron que pasar su sentencia en prisión domiciliaria.
DANIEL TÉLLEZ
Daniel Téllez Ortiz, fiel a sus hábitos, se encontraba realizando ciclismo junto a sus compañeros en el carril de acotamiento de la autopista México-Querétaro en septiembre de 2006; cuando de pronto fue arrollado de la nada por un transporte militar que, según las investigaciones, circulaba a exceso de velocidad. Milagrosamente el joven sobrevivió, puesto que, de acuerdo con testimonios, el impacto con el camión militar lo arrojó cerca de 30 metros a lo lejos. Pasó 15 días en estado de coma y luego cerca de 4 meses convaleciente en distintos hospitales. Como resultado del incidente, Daniel perdió toda movilidad y sensibilidad de la cintura hacia abajo.
Daniel Téllez (Twitter Centro Prodh)
Además de las afectaciones físicas, Daniel fue revictimizado durante gran parte de la investigación. Y es que en los peritajes, realizados para el caso por parte del ministerio público militar, se dijo que fue el joven ciclista quien invadió los carriles centrales mientras el vehículo castrense viajaba a la velocidad permitida, aunque testigos han indicado lo contrario. Además, se presume que, tras el atropellamiento, en ese tramo de la autopista se pusieron, alevosamente, señalamientos —que no existían— restrictivos para no usar bicicleta.
Fue hasta junio del año siguiente cuando las autoridades militares enjuiciaron al militar que conducía el camión y que provocó el incidente donde falleció un compañero copiloto y que provocó las lesiones de Daniel. No obstante, el sargento Sergio Genaro Santiago recibió el perdón de los implicados. La responsabilidad asumida por parte de la Sedena y una indemnización, además de atención médica, tuvieron que esperar cuatro años. Fue hasta el 2010 cuando esta institución tomó cartas en el asunto y se responsabilizó con el joven y su familia.
CLAUDIA MEDINA TAMARIZ
En Veracruz, Claudia Medina Tamariz, junto a su esposo Isaías Flores Pineda, fueron detenidos arbitrariamente en su domicilio y llevados a la base naval del puerto. Ahí pasaron 36 horas llenas de tortura, amenazas, y abuso sexual por parte de elementos de la Marina. Inclusive, los marinos amenazaron con dañar a sus hijos, todo con el fin de que la pareja se inculpara como miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Claudia Medina Fuente: Amnistía Internacional
El 8 de agosto de 2012, ambos fueron presentados ante la entonces Procuraduría General de la República, y fueron fotografiados junto a otras 7 personas. Todos, presuntamente miembros del cartel. A Claudia ni siquiera le permitieron una llamada o un examen médico correcto, era acusada de ser jefa del CJNG y ni un abogado se le facilitó. A Isaías, quién sí estaba involucrado con el cartel y era un cabecilla, se le remitió inmediatamente a una cárcel federal en Veracruz, pero a Claudia, quien no tenía nada que ver, se le trasladó al Centro de Reinserción Social (Cereso) femenil de Cieneguilla Zacatecas.
4 días después, se dictó auto de formal prisión contra la mujer por los delitos de portación de arma de fuego exclusiva, posesión de cartuchos y contra la salud. 14 días después, se concedió prisión preventiva a la mujer. Luego de buscar ayuda en distintos organismos de derechos humanos por recibir acusaciones de 12 delitos y ser víctima de al menos 5 violaciones contra derechos humanos, Claudia fue puesta en libertad tras tres años de los hechos.
ÁNGEL AMÍLCAR COLÓN QUEVEDO
Los abusos militares no se han reservado a la población mexicana. Migrantes centroamericanos también han sufrido violaciones contra sus derechos humanos por parte de elementos castrenses; no obstante, uno de los más emblemáticos fue el de Ángel Amílcar Colón Quevedo, originario de Honduras.
Amílcar Colón Fuente: Amnistía Internacional
Fue en 2009 cuándo Amílcar tuvo que abandonar Honduras y a su familia en búsqueda de una mejora económica qué le permitiera costear el tratamiento contra el cáncer de uno de sus hijos. Así llegó a la frontera con México, y como muchas personas en su situación, fue estafado por un coyote. Quedando varado en Tabasco, Amílcar viajó dentro de un camión refrigerante por más de un día y medio y así pudo llegar a la capital. Ya en el DF, encontró mejores medios para viajar más de 2 meses y llegar a Tijuana. Ya en la frontera, el joven hondureño fue de nueva cuenta estafado por otro coyote, pero esta vez sería peor.
Amílcar fue secuestrado en una casa de seguridad donde se le ordenó permanecer callado y acatar órdenes si no quería ser asesinado. 4 días después, un operativo militar en la zona arremetió a balazos. El joven, tratando de huir por el susto, fue detenido junto a otras 10 personas. Se le acusó de delincuencia organizada, y un par de delitos más relacionados a posesión de armas. Pese a no presentar pruebas que acrediten las acusaciones contra el joven migrante, fue torturado por varias horas por personal militar y después fue juzgado y encarcelado sin oportunidad de defenderse. Tras 5 años de estar injustamente preso, fue liberado en octubre del 2014.
SAMANTHA MICHELLE CASTILLO
A los 19 años de edad, Samantha estudiaba preparatoria y comenzaba su carrera en una agencia de modelaje en su localidad en Saltillo, Coahuila. En el 2013 la joven tenía un novio que radicaba en San Luis Potosí y decidió visitarlo. Se quedaron de ver en un café de la zona y cerca de las 11 de la noche un grupo de marinos de la Semar entraron con violencia y la subieron a la fuerza a una camioneta.
Pasó retenida cerca de dos días con los ojos vendados, recibiendo golpes por doquier. Además, le obligaron a desnudarse, ser fotografiada, hostigada y abusada sexualmente. Inclusive, entraron a la fuerza a sus redes sociales para acrecentar la amenaza. Los marinos la expusieron públicamente como líder de un grupo criminal junto a un hombre y una mujer, quien también ha sido víctima de esta institución: María Magdalena Saavedra.
Michelle sufrió revictimización de parte de los ministerios públicos y la procuraduría, por lo que sus declaraciones no fueron tomadas en cuenta y fue condenada a prisión en mayo de ese 2013 debido a las falsas acusaciones de los marinos. Pasó 6 años tras las rejas.
DENIS BLANCO, KORINA UTRERA Y CHARLY HERNÁNDEZ
Tres mujeres originarias de Veracruz: Denis, Korina y Charly, al igual que sus casos homólogos, fueron detenidas arbitrariamente en Tabasco. De nueva cuenta, elementos de la Marina las retuvieron en sus instalaciones y abusaron y torturaron sexualmente. Y, como un modus operandi de todos estos casos, fueron incriminadas por delitos que no cometieron.
Denis, Korina y Charly Fuente: Centro Prodh
Denis y Korina estaban en un departamento cerca del mediodía cuando marinos encapuchados las golpearon con intención de detenerlas. Según testimonios, ellas alcanzaron a escuchar que entre ellos se recriminaban haberse equivocado pero que ya no podían arrepentirse de los golpes dados. Las dos jóvenes eran pareja, situación que conllevó insultos discriminatorios de parte de los marinos. Luego de firmar a la fuerza las hojas incriminatorias, fueron grabadas en un montaje con armas y paquetes que simulaban droga. Por su parte, Charly fue interceptada y detenida en su auto mientras conducía rumbo a Villahermosa, y sufrió los mismos actos de violencia que sus próximas compañeras de privación de libertad.
Ya en Veracruz, las 3 jóvenes estuvieron 30 horas en un cuartel para después ser puestas a disposición de las autoridades junto a 14 personas más. Fueron encarceladas en septiembre de 2011 por delincuencia organizada. Intentaron con amparos y asociaciones civiles, pero fue hasta el 2016 cuando Amnistía Internacional relató su caso, y en noviembre de ese año, se ordenó su liberación tras un infierno vivido en la cárcel. Tuvieron que pasar más de 10 años para que finalmente, este 2022, se iniciara el juicio contra los marinos implicados.
JORGE MERCADO Y JAVIER ARREDONDO
Uno de los casos más conocidos, y del que incluso se ha realizado un documental, es el de Jorge y Javier, en Monterrey. Ambos, estudiantes del Tec de Monterrey, salían del plantel cuando fueron asesinados a balazos por integrantes del ejército que esa noche realizaban un patrullaje preventivo. En los alrededores del campus, comenzaron un enfrentamiento a tiros con personas que presuntamente les habían agredido. Dichos balazos llegaron a las puertas de la universidad e impactaron con los jóvenes.
Jorge y Javier Fuente: Tecnológico de Monterrey
Tanto la universidad como la Sedena aseguraron que no habían habido civiles afectados, y que los fallecidos eran miembros del crimen organizado. Incluso, se alteró la escena del crimen y pusieron armas a los cadáveres de los estudiantes. Esta versión duró largos años. hasta el 2019, cuando la Secretaría de Gobierno reconoció la participación del cuerpo castrense y pidió disculpas a las familias.
Rodolfo, Daniel, Teodoro, Michelle, Amílcar, Jorge, Denis, Javier, Korina, Charly y Claudia son algunas de las víctimas que han cobrado la impunidad y poder de elementos pertenecientes a la Marina o la Sedena. Sus historias han quedado escritas con sangre en la historia de la militarización en México. Junto a ellos, las 22 víctimas de Tlatlaya asesinadas indiscriminadamente por militares, o los 43 estudiantes normalistas de Aytzinapa desaparecidos y asesinados con intervención de elementos de la Sedena son muestras del porqué este país reniega la militarización.
Con informacion.-@aldo_canedov/
