Tras el feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) en la comunidad Nueva Palestina, un profesor de la misma institución educativa, causó indignación por realizar comentarios misóginos.
En el video el sujeto identificado como Héctor Alonso Álvarez Chang, docente y director de la materia de obstetricia, dijo en plena clase en línea que a las mujeres las matan “porque se lo buscan”.
“Las mujeres le cerraban el ojito al maestro, les sonreían, y ya sabes, ¡y luego dicen que por qué las matan!”, dijo el sujeto muy sonriente.
Tras ser exhibido en redes, diversos usuarios han exigido la destitución del sujeto.
Esto es pan de cada dia, durante clases, donde muchos de estos doctores especialistas que imparten clases en la universidad, se la pasan diciendo cosas repugnantes hacia las mujeres”, denunció la colectiva Alzando la Voz UNACH.
La Universidad Autónoma de Chiapas hasta el momento no ha emitido ninguna postura al respecto.
La joven estudiante había presentado una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Chiapas por haber sido abusada sexualmente.
El pasado 28 de enero, Mariana fue encontrada sin vida y de acuerdo con las investigaciones, la causa de la muerte fue por ahorcamiento.
La Fiscalía General de la República aprehendió en Acapulco, Guerrero, al ex Gobernador poblano Mario Marín, por las presuntas torturas a la periodista Lydia Cacho en 2005.
Alrededor de las 14:30 horas, el llamado "Góber precioso" fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR, durante un cateo a un inmueble, informaron funcionarios de la dependencia.
Los federales trasladarán esta misma tarde al ex Mandatario estatal a Cancún, donde será puesto a disposición de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Quintana Roo.
El 11 de abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo, a cargo de la Magistrada María Elena Suárez Préstamo, ordenó las aprehensiones de Marín y el empresario Kamel Nacif "El Rey de la Mezclilla" por el delito de tortura, en agravio de Cacho.
También instruyó las aprehensiones de Hugo Adolfo Karam Beltrán, entonces jefe de la Policía Judicial de Puebla, y de Juan Sánchez Moreno, su director de Mandamientos Judiciales.
En noviembre pasado el Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo concedió a Marín y Nacif un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión y ordenó a la Magistrada Suárez reponer el procedimiento, es decir, valorar nuevamente si debían girarse otra vez las capturas.
En cumplimiento a ese fallo, en la primera semana de diciembre la impartidora de justicia libró de nueva cuenta las órdenes de captura, por lo que el ex Gobernador y el empresario mantendrían su calidad de prófugos de la justicia.
La libertad de Marín y los otros imputados en este asunto se encuentra comprometida, debido a que el delito de tortura es grave en el sistema de justicia anterior, lo que implica que se quedarán en la cárcel en caso de ser procesados.
Por medio de un mensaje en Twitter, Miguel Barbosa, actual Gobernador de Puebla, reconoció la labor de la Fiscalía General de la República.
"El Gobierno de Puebla reconoce a la @FGRMexico su labor de inteligencia para lograr la detención de Mario Marín Torres, esperando que la justicia se aplique con rigor".
Ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) en Nuevo León fueron separados de sus cargos por omisiones en el caso de los migrantes que aparecieron calcinados en Camargo, Tamaulipas.
En un comunicado, el instituto, que depende de la Secretaría de Gobernación, informó que los servidores públicos incumplieron los protocolos cuando retuvieron la camioneta Toyota donde presuntamente viajaban los migrantes, en Escobedo.
"Lo anterior (la separación de sus puestos), derivado de la omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento, al retener la camioneta Toyota que se encontró -en diciembre de 2020-, durante la identificación de personas migrantes irregulares en el municipio de Escobedo, Nuevo León", indica el comunicado.
"(Hecho) que se relaciona en una indagatoria iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por el delito de homicidio de 19 personas, en enero de 2021".
La destitución de funcionarios fue adelantada por la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la conferencia mañanera de hoy.
En su comunicado, el INM detalla que también dio vista a su Órgano Interno de Control y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar.
No se precisaron nombres ni puestos de los funcionarios destituidos.
Las bases de datos de los bancos BBVA y Santander y la del Seguro Social fueron puestas a la venta el 22 de enero último en un foro, según la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
En la nota publicada en su portal, la organización civil dice que la base de BBVA tiene los datos de tres millones usuarios, la de Santander un millón y la del IMSS 42 millones.
Hiram Camarillo, director y fundador de la firma de ciberseguridad Seekurity, revisó las bases de datos y entre los registros filtrados en la base de datos de BBVA se encuentran el nombre completo de la persona, dirección (calle, colonia, ciudad, estado y código postal), número telefónico y RFC; mientras que la base de Santander, además de los datos anteriores, incluye el número de tarjeta.
Por su parte, la base de datos del IMSS, prosigue, incluye datos como nombre y domicilio del empleador, así como nombre, número de afiliación, CURP y salario base del trabajador.
De acuerdo con la información divulgada, no es posible identificar la fecha ni procedencia de los datos, sin embargo, un medio especializado en seguridad informática afirma que el grupo Bank Security ─que también alertó sobre el caso─ logró ponerse en contacto con el vendedor, quien “tiene buena reputación en foros de dark web y por eso puede ser cierto que la base de datos es real”.
El atacante, dice, ofreció en el sitio, a finales de diciembre de 2020, una base de datos de Telcel con 60 millones de registros, presuntamente actualizada a 2019-2020. En ese mismo mes, otro usuario publicó una presunta base de datos con información del programa de Becas de Educación Media Superior Benito Juárez del Banco del Bienestar, la cual fue reportada por El Economista.
Estas no son las únicas bases con datos de empresas e instituciones de México. Otro vendedor ofertó, el 25 de enero, bases de compañías como Coppel, Banamex y Movistar, así como de organismos como la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre otros.
Ante el cuestionamiento de otros usuarios sobre la actualidad de los datos, el vendedor respondió que, aunque algunas de esas bases pueden ser viejas, “yo aún hago campaña con esas bases y en todas tengo 80-90% de contacto sin rebote”.
Estos incidentes son un recordatorio del deber que tienen empresas y sujetos obligados en el resguardo, tratamiento y transferencia de datos personales. Además, este tipo de vulneraciones se vuelven aún más graves cuando las instituciones utilizan bases de datos centralizadas, como la que pretende crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Basta recordar, como ejemplo, que la base de datos del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (Renaut), creado en 2009 y vigente hasta 2011, estuvo a la venta en el mercado negro.
Asimismo, las empresas tienen la obligación de notificar a las personas usuarias cuando han sido afectadas por una filtración. En el caso de los bancos referidos ─BBVA y Santander─ hasta el momento no han emitido ningún pronunciamiento sobre la revelación de estas bases de datos.
Finalmente, ante la falta de garantías mínimas de protección de datos, tanto las instituciones bancarias como otros organismos públicos deben frenar sus esfuerzos por recabar y almacenar información biométrica ─como huella digital, rostro, iris o ADN─, cuya malversación tendría efectos desastrosos en la privacidad y seguridad de las personas.
Por razones de seguridad, se han omitido los enlaces al foro donde se ofrecen las bases de datos. Toda la información utilizada en este texto fue obtenida por fuentes públicas.
Aunque la realidad discrepa del discurso simulador,su especialidad,el aun gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró "sin morderse la lengua", que en su gobierno “no hay espacio para la impunidad, trátese de quien se trate”, en relación con la masacre en Camargo y donde la Fiscalía Tamaulipas acusa a 12 policias estatales como responsables.
“Comparto la indignación ciudadana provocada por los hechos criminales que terminaron con la vida de 19 personas, en el municipio de Camargo”, expresó el gobernador tamaulipeco en un video que difundió en redes sociales como si estuviera en "campaña".
García Cabeza de Vaca,en cuyo gobierno es notoria y abrumadora la falta de acción penal contra policias estatales responsables de "cientos de delitos" que quedan sin castigo,muy ufano dijo que se habia comprometidó con los tamaulipecos que no habriá impunidad, “por eso, desde el primer momento que tuve conocimiento de los hechos, ordené a la Secretaría de Seguridad Pública colaborar a fondo con la Fiscalía, así como poner a su disposición toda la información a su alcance”,dijo el mandatario del estado donde policias y delincuentes pueden cometer delitos y la posibilidad de ser detenidos es poca, remota o nula.
Refirió que la finalidad es que se cuente con todos los elementos para desarrollar las distintas líneas de investigación, que lleven de manera transparente al esclarecimiento total de los hechos, así como a la aplicación de sanciones con el máximo rigor de la ley y hasta sus últimas consecuencias.
Lo que no dijo,es que la pesquisa es endeble, sin pruebas plenas y con evidencias circunstanciales,que no dejan claros los alcances criminales de los policias y su contribución con criminales, vaguedades que terminaran beneficiándolos en algún momento del proceso, que ya presupone es parte del "arreglo".
Sobre la participación de elementos de la Policía Estatal, detalló que la Secretaría de Seguridad Pública, de manera inmediata, puso a sus efectivos a disposición de las autoridades.
Pero no dijo, que no puso a todos los responsables, que lo hizo de manera selectiva y para dar seguimiento a una farsa que busca salir al paso de la presión internacional y la coyuntura electoral.
“La presunta conducta delictiva de algunos elementos de Seguridad Pública no es consistente con la de miles de policías honrados que día a día cuidan, con la mayor dedicación, la integridad de los tamaulipecos”, señaló el gobernador, aunque no dijo que los "malos" debieran ser la excepción y no la regla como ocurre hoy bajo su gobierno".
A los familiares de las víctimas, el mandatario de Tamaulipas les refrendó su solidaridad y compromiso "de que se hará justicia”,un viejo discurso reciclado desde que reparte compromisos, pues antes ofertaba promesas.
Además, instruyó al secretario de Gobierno a mantener una comunicación permanente con el Gobierno Federal y el de Guatemala para colaborar en la identificación de las víctimas, así como brindar todo el apoyo que sea necesario a sus familias.
“En Tamaulipas seguiremos trabajando para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos”, termino diciendo el gobernante por cuyos malos oficios las Policias Estatales se han convertido en otro Cartel de criminales uniformados por cuyo quehacer criminal "no sirven a Tamaulipas,pero si sirven al Gobernador".
“Dejamos nuestra casa, que está en la comunidad de El Candingo, municipio de Tepalcatepec, Michoacán, porque hay puras balaceras, los niños tienen pánico, ya no podemos vivir… nos están echando bala todos los días. Mi casa ya fue tiroteada y el Gobierno no hace nada”, relata Fernando, uno de los refugiados que han dejado los nuevos enfrentamientos entre un presunto nuevo grupo de autodefensas en la Tierra Caliente y el siempre temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La voz del otro lado de la línea telefónica suena resignada, pero no triste, es la voz de quien tuvo que elegir abandonarlo todo para salvar su vida y la de sus seres queridos. Sus vecinos cercanos también ya abandonaron sus tierras, las granjas heredadas de sus padres y abuelos, obtenidas generaciones atrás, pues asegura que no hay nadie que los apoye y que las autoridades no los escuchan.
La decisión de abandonar su rancho la tomó un sábado, luego de una balacera de varias horas de duración, narra a 24 HORAS.
“Encerré a mis niños en el cuarto… pensé que nos quitarían la vida. Todos los días es una guerra, hay unos cuantos hombres que cuidan la zona y dicen que siguen los tiroteos; esto ocurre también en otras comunidades. Es algo terrible, en mi familia somos seis y pues nos tuvimos que salir; el ganado se quedó solo… es un desastre, ya no se puede vivir con esa gente porque los Jalisco no respetan a nadie”.
Así, luego de más de 40 años viviendo en la misma casa, ahora se encuentra con unos familiares en otro municipio.
“Nos están dando posada, pero mis hijos ya se quieren regresar; ya se enfadaron, les digo que no porque la situación está muy dura… vale más la vida que las cosas materiales, aunque nos duele, pero ni modo”, sentencia.
Si bien el hombre de 43 años no duda en señalar al Cártel Jalisco como el causante de todos los males, evita hablar sobre el origen de las nuevas autodefensas, pues al final, como en la antigua Roma, son los barbaros los que vienen del Norte: “No sé… la gente está luchando para que los de Jalisco no se metan… quieren apropiarse de todos los ranchos”.
Apenas hace unos meses, en la granja en la que creció, en la que de niño metía los dedos de los pies entre la tierra, se dedicaba orgulloso a la ganadería y a la siembra de milpa, pero ahora, lejos de casa y en plena pandemia de Covid-19, no consigue trabajo: “Extrañamos nuestra vida, pero todo se puso muy feo. Los Jalisco quieren meterse a Tepalcatepec”.
Familias buscan refugio: CEDH
Al respecto, Karla Pineda, visitadora auxiliar en la Visitaduría Regional de Apatzingán de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), señala que estos desplazamientos forzados en el estado no se habían dado en esa magnitud.
La primera información que tuvieron sobre los desplazamientos fue el 27 de julio pasado, donde se les reportó que en el albergue El Buen Samaritano, de la ciudad de Apatzingán, atendido por Gregorio López, El Padre Goyo, se encontraban algunas familias provenientes del municipio de Aguililla, en particular de la comunidad de El Aguaje.
“Fuimos al albergue y no encontramos a las personas, ese mismo día entablamos comunicación con el padre… nos comentó que se habían retirado a casa de familiares”. Luego, el 31 julio, personal de la CEDH sostuvo un encuentro con los desplazados de la comunidad de Los Pozos.
“Nos reunimos con aproximadamente seis familias, entre adultos y niños daba un total de 30 personas que estaban divididos en dos casas; nos comentaron que esta comunidad se había tenido que salir porque había enfrentamientos entre grupos armados. Expresaron que en ocasiones hacía presencia el Ejército, pero una vez que se retiraban nuevamente seguía la violencia”.
La visitadora auxiliar asegura que en ese momento los afectados no quisieron denunciar porque tenían temor a represalias, no obstante, se remitió un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Es hasta ahí que nosotros dejamos esta situación, dado que lo turnamos a la CNDH por tratarse de un asunto muy delicado y que además los habitantes refieren que se sentirían tranquilos si el Ejército permanece más tiempo”, explicó.
El 8 de agosto pudieron entablar comunicación con habitantes de El Aguaje y solicitaron la intervención tanto de elementos federales como estatales para brindarles seguridad y así regresar a sus hogares. La visitadora señala que este expediente lo remitieron también a la CNDH, solicitando la intervención para que el Ejército brinde seguridad.
Sin embargo, ya para el 10 de noviembre otras 65 familias tuvieron que dejar la localidad de La Cuchilla. Fuentes de la CNDH confirmaron a este diario que le dan seguimiento al caso y que se trata de asuntos delicados que están acompañando.
Por su parte, el Padre Goyo confirmó que actualmente está atendiendo a 554 personas que se vieron obligadas a dejar los municipios de Aguililla, Buenavista y Tepalcatepec por la violencia, mientras que otros deciden ir a Estados Unidos.
“Estoy atendiendo 39 albergues en Apatzingán con gente desplazada de estas regiones, les damos de comer, les estamos buscando ropa, medicinas. Ahorita nos están ayudando varias organizaciones, pero no el Gobierno”, lamenta.
Abunda que están organizando centros de acopio donde reciben bultos de arroz, frijol y paquetes de leche.
El religioso resalta que además hay 65 familias desplazadas de Buenavista y 45 de la comunidad de Los Horcones, en el municipio de Tepalcatepec: “Mucha gente se desplaza a Querétaro y otros con visa van a Estados Unidos”
FRASES
“Escuchando algunos testimonios, por ejemplo en el caso de las familias de Los Pozos, consiguen algún conocido y les prestan una casa donde se alojan cuatro o cinco familias. Los hombres trabajan de manera provisional… el padre Goyo se contacta con algunas personas a fin de que les brinden trabajo”
KARLA PINEDA
Visitadora auxiliar de la CEDH
“Uno no nació para la guerra, queremos dedicarnos a nuestro trabajo. Esta situación se salió de control desde hace tres años de que quieren meterse a nuestros ranchos”
Una publicación en redes sociales,que no debe desestimarse,pues es precisamente en estas donde la informacion escapa al control sistemático de la prensa pagada por el gobierno estatal de Francisco Garcia Cabeza de Vaca,cuyo trascendido es una clara advertencia del Cartel del Golfo en la frontera de Tamaulipas a "Policias Estatales", a quienes califican de peores criminales,pues dicen,ellos no masacran inocentes,en alusión a la barbarie de Camargo,donde asesinaron a 19 personas que luego calcinaron,segun la acusación de la Fiscalía Tamaulipas y la detención de 12 Policias acusados de homicidio calificado, entre otros delitos.
La amenaza, cierta o no, deja clara que los criminales entienden como sus "iguales" a los Policias de Tamaulipas que bajo la gestión de Garcia Cabeza de Vaca se han constituido en otro "Cartel" de criminales uniformados, que cotidianamente compiten con el crimen en la comisión de delitos graves que van del allanamiento ilgal,el levanton,la tortura y la extorsion y que los sinverguenzas adjudicn al combate al delito.
Aqui el TEXTO INTEGRO :
"...Esto es un llamado a todos los ,puntos de Reynosa Tamaulipas
Por lo sucedido en días pasados y q los medios decían q éramos nosotros quiénes isimos la masacre de los migrantes calcinados ,degen les desimos algo el cártel del golfo no es tan sanguinario por ese lado, nosotros solo ajustamos cuentas , con gente ogete q se pasa de verga ,y gente externa q quiere controlar la plaza, esto va para ustedes
Donde nos topemos vamos ah darles contodo ,nole ase que perdamos gente ,pero aquí en Reynosa los únicos lacras y delincuentes son ustedes y los del CJNG, nosotros no nos metemos con gente inocente
Pero esto será guerra para ustedes apartir de ahora comensaran los levantantones....y les pasara lo mismo q le isieron Alós migrantes...así q
El expediente que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió sobre Emilio Lozoya incluye indicios de posibles nuevos sobornos, ahora de empresas ligadas a OHL, constructora de origen español que fue beneficiada con multimillonarios contratos y concesiones por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, según documentos a los que ha tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y EL PAÍS. En documentos recopilados por la FGR, aparecen transferencias por cerca de cinco millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario a Lozoya en el banco UBS de Suiza, realizadas por dos empresas que autoridades judiciales de España han investigado como parte de una red de corrupción de OHL en aquel país.
Estas transferencias son diferentes de los 10,5 millones de dólares que exejecutivos de Odebrecht han confesado que le pagaron a Lozoya a cambio de contratos, y de los 3,4 millones de dólares que la FGR ha acusado que el exdirector de Pemex recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) como pago de favores por la compra de una planta chatarra de fertilizantes. Un reporte interno elaborado por el banco suizo UBS en junio de 2013 refiere que Lozoya era gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisión. Otro reporte del mismo banco lo describe como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”. Los documentos refieren que los pagos podrían ser “una posible indicación de pagos de sobornos”.
OHL son las iniciales de Obrascón Huarte Lain, los nombres de tres constructoras españolas que en 1998 se fusionaron y que lograron expandir su presencia a 17 países de Europa y América. En 2019, después de escándalos mediáticos de presunta corrupción, OHL se fragmentó. La división de concesiones de carreteras en México fue adquirida por el fondo australiano IFM Investors y adoptó el nombre de Aleática, en tanto que el Grupo Villar Mir de España se quedó con la división de construcción, e integró a inversionistas mexicanos de la familia Amodio.
Un vocero de Aleática deslindó a esa empresa de reciente creación de las transacciones realizadas en el pasado por los antiguos socios. “Sería inapropiado que Aleática comente sobre supuestos contratos y empresas que son completamente ajenos a nuestra compañía”, dijo el vocero. “Aleática no mantiene relación corporativa alguna con el Grupo OHL.” La división de construcción de OHL no respondió a peticiones de entrevista, mientras que los abogados de Lozoya no contestaron a los cuestionarios enviados por MCCI y EL PAÍS.
Tochos fue creado para recibir fondos de OHL
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y EL PAÍS obtuvieron copias de reportes bancarios enviados por las autoridades de Suiza a México, en los que aparecen detalladas las transferencias realizadas entre 2010 y 2013 a una cuenta en el banco UBS a nombre de Tochos Holding Limited, empresa que según la FGR fue utilizada para encubrir los sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos y para adquirir dos residencias del exdirector de Pemex en la zona de las Lomas, en Ciudad de México, y en el balneario de Ixtapa, en Guerrero.
La FGR también obtuvo la cooperación de la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas, que proporcionó los documentos en los que consta que la empresa Tochos había sido creada el 10 de septiembre de 2008 en aquel territorio del Atlántico, con Lozoya como beneficiario final. A su vez, el 2 de julio de 2010 el banco UBS abrió una cuenta a nombre de Tochos, en Ginebra, Suiza, y anotó como beneficiario directo a Emilio Lozoya.
En el registro de la cuenta, Lozoya informó al banco que el dinero que recibiría Tochos provendría de Grupo Villar (al que pertenece OHL), de Infoglobal (de la que es accionista el yerno del accionista mayoritario de OHL), o de cualquiera de sus subsidiarias. Pasaron cuatro meses sin que la cuenta registrara movimientos, y fue hasta el 9 de noviembre de 2010 cuando se realizó una primera transferencia, proveniente de una empresa ligada a OHL.
Cuota de 1,9 millones de dólares por obra en México
En los documentos bancarios de Suiza, en poder de MCCI y EL PAÍS, aparecen 22 transferencias realizadas a Lozoya y a Tochos entre 2010 y 2012 por tres compañías vinculadas a OHL o a sus socios. La mayor transferencia, por 1,9 millones de dólares, fue realizada en noviembre de 2010 por Lendir Investments, una sociedad luxemburguesa fachada creada por el despacho de los Panamá Papers y que el juez de la Audiencia Nacional en España Manuel García Castellón ha investigado por haber triangulado su dinero de OHL México presuntamente para pagar comisiones o sobornos a cambio de obras públicas, según los autos del magistrado español.
El concepto de ese pago a Tochos fue “cuota por servicios relacionados con obra civil fase I/II en México”, de De acuerdo con reportes bancarios obtenidos por MCCI y EL PAÍS. Los documentos no dan más detalles acerca de a qué obra se refiere ni qué dependencia gubernamental la asignó. Lo que sí dicen los documentos es que Tochos y una segunda empresa, Latin American Asia Capital Holding, eran utilizadas por Lozoya para prestar sus servicios de gestión de obras, y que a través de ellas se pagaban las comisiones por cada contrato. Ambas empresas fueron creadas en Islas Vírgenes Británicas y han sido señaladas por la Fiscalía mexicana de haber recibido y encubierto los sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos.
Comisión por ferrocarril y metro
En los reportes de la cuenta de Tochos aparecen, además, operaciones financieras con las empresas SIA Capital e Infoglobal, que las autoridades españolas también han investigado como parte del caso Lezo, una trama de corrupción política que involucró a OHL con los pagos de comisiones o sobornos a funcionarios públicos de distintas ciudades españolas, en especial del Partido Popular en Madrid, a cambio de obras en la península Ibérica.
De hecho, el banco suizo UBS emitió una alerta interna vinculada con una transferencia realizada por Infoglobal a Tochos, por 1,15 millones de dólares, el 8 de junio de 2011. Personal de la oficina de cumplimiento y normas anticorrupción del banco pidieron investigar el origen y justificación de ese dinero que presumen pudo ser una comisión por el concepto “proyecto de ferrocarril y metro”. Tampoco en este caso los documentos refieren qué dependencia gubernamental otorgó esta obra.
En un documento fechado en junio de 2013, un ejecutivo de UBS realizó una detallada relación de las transacciones sospechosas y advirtió de que Lozoya había incurrido en conflicto de intereses porque antes de integrarse como director de Pemex había utilizado su empresa Tochos para gestionar obras viales, al mismo tiempo que se desempeñó como consejero de OHL entre 2010 y 2012. “El hecho es que el señor Lozoya, antes de su cargo como director general de Pemex, era un miembro del consejo de administración de una empresa de concesión de construcción de carreteras denominada OHL México. Sus actividades en la intermediación de construcción de carreteras están fincadas sobre un conflicto de intereses con OHL”, dice el documento, el cual está integrado al expediente de la FGR.
Un correo electrónico del mismo día, compartido por ejecutivos de UBS, menciona que el área de cumplimiento del banco se centraría en evaluar “posibles pagos de sobornos” en las cuentas de Lozoya y de Tochos. “El cliente [en referencia a Lozoya] contaba con una cuenta privada y la cuenta de Tochos. Ambas cuentas se encuentran en proceso de investigar en el área de Cumplimiento de Ginebra si tenemos asuntos con posibles pagos de sobornos”, se lee en el correo de UBS entregado a la FGR.
Con Lozoya al frente, Pemex asignó contratos a OHL
En el transcurso de 2013, cuando Lozoya era su director, Pemex asignó tres contratos a OHL por 2.396 millones de pesos (unos 184 millones de dólares al tipo de cambio de entonces). Lozoya había sido consejero de OHL entre octubre de 2010 y marzo de 2012. Además, hasta agosto de 2012 había sido consejero de Infoglobal, S. A., empresa española de la que es accionista Javier López Madrid, yerno del principal socio de OHL, Juan Miguel Villar Mir, a través de SIA Capital.
Este vínculo de Lozoya con la constructora española y con sus socios no fue obstáculo para que Pemex les otorgara contratos. En abril de 2013, Pemex asignó un primer contrato por más de 1.000 millones de pesos en la refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas. La asignación se realizó antes de que se cumpliera un año de la separación de Lozoya del consejo de OHL, con lo que se habría violado la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Cuatro meses después, en julio de 2013, se otorgó a OHL un segundo contrato por 927 millones de pesos para obras en una planta de hidrógeno y un gasoducto, y el 11 de diciembre del mismo año una tercera asignación por 453 millones, ahora en la estación de rebombeo del ducto Salamanca-Guadalajara.
Adicionalmente, en octubre de 2014, una filial de OHL obtuvo un contrato para supervisar la obra del gasoducto Los Ramones, que fue construido por el consorcio AOT en el que participaba Odebrecht. Cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México y luego cuando fue presidente, privilegió con contratos multimillonarios a OHL. La empresa española obtuvo en los últimos 10 años la concesión de 400 kilómetros de las autopistas Atizapán-Atlacomulco, Puebla-Perote, del Circuito Exterior Mexiquense, Viaducto Bicentenario, Autopista Urbana Norte y Supervía Poetas. Fue, además, uno de los contratistas del tren México-Toluca, que dejó inconcluso el Gobierno de Peña Nieto, y poseía 49% de las acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.
Alerta en Suiza
Desde el 18 de noviembre de 2011, el banco UBS, con sede en Ginebra, Suiza, emitió una alerta sobre traspasos sospechosos en la cuenta de la empresa Tochos, ligada a Lozoya. “La alerta fue provocada debido a ingresos considerables de Infoglobal S. A. que se refieren a un proyecto de asesoría del beneficiario en México”, dice el reporte consultado por MCCI y EL PAÍS.
Entre el 11 de marzo y el 16 de noviembre de 2011, UBS había detectado traspasos de Infoglobal a la cuenta de Tochos por 2,69 millones de dólares. Otros 101.000 dólares fueron enviados por Infoglobal entre 2010 y 2011 a una segunda cuenta a nombre de Lozoya en el mismo banco suizo. En el análisis de estas transferencias, se alertó de una en particular, sobre la que los ejecutivos del banco hicieron la siguiente anotación: “1.151.073 dólares está vinculado al pago de consultoría sobre el proyecto de ferrocarril y metro de la Ciudad de México”. El reporte fue cerrado con la siguiente petición: “Favor de aclarar las entradas antes mencionadas de Infoglobal S. A.”.
A pesar de esta alerta, Tochos recibió en 2012 otros tres traspasos de Infoglobal por 991.994 dólares. La mitad del dinero fue transferido durante los días en que Lozoya ya era el coordinador de vinculación internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto. En una segunda cuenta que Lozoya tenía a su nombre en UBS, recibió otros 100.000 dólares de Infoglobal en 11 transferencias.
Por otro lado, en los reportes bancarios se hace referencia a que Lozoya también realizó pagos a favor de SIA Capital (empresa investigada en la trama de corrupción de OHL en España) “para ayudar a Tochos a encontrar nuevos contratos de consultoría”. En los documentos consultados por MCCI y EL PAÍS solo se localizaron tres traspasos de Tochos a SIA el 27 de julio de 2011 por 155.000 dólares.
Una segunda alerta
El 2 de noviembre de 2012, el oficial de cumplimiento de UBS para Latinoamérica, Dominik Mildenberger, envió un correo electrónico a ejecutivos del banco en el que solicitó investigar a la empresa Latin American Asia Capital Holding (LAACH) y a Tochos, las dos ligadas a Lozoya. “Ambas empresas participan en el negocio de la intermediación en el sector de la construcción en México, obteniendo ingresos derivados de comisiones por la mediación exitosa”, menciona el mensaje del correo electrónico, el cual está integrado al expediente de la Fiscalía, con su respectiva traducción del francés al español.
El correo de Mildenberger se refiere directamente a Lozoya: “Debido a su cargo como integrante del Consejo de OHL México, su negocio de intermediación tiene fuertes vínculos políticos, por lo que él tiene el carácter de intermediario especial. Este negocio particular se considera de alto riesgo por ser comúnmente afectado por la corrupción, por lo que se suele recurrir en forma ordinaria al uso de prestanombres”. Mildenberg instruyó a un ejecutivo a “aclarar bien lo que respecta al beneficiario final de la cuenta existente y proceder luego al cierre”; además, pidió al área de cumplimiento regulatorio abrir una investigación en relación con otras relaciones familiares de Lozoya.
A la izquierda, Lozoya aparece como beneficiario directo de la cuenta de Tochos en el banco UBS. A la derecha, Lozoya informa al banco de que el dinero a Tochos sería transferido desde Grupo Villar e Infoglobal.
Preguntas sin respuesta
Como cierre de su mensaje, el oficial de cumplimiento de UBS hizo las siguientes recomendaciones a sus subordinados para profundizar en la investigación de las empresas ligadas a Lozoya:
“Deberíamos tener copias de los contratos celebrados entre LAACH [Latina American Asia Capital Holding] y la empresa constructora de caminos, así como también deberíamos tener copias de los documentos celebrados entre LAACH y el contratista de negocios”.
“¿Quién se encuentra detrás del contratista de negocios que utiliza LAACH para encontrar a las empresas correctas?”.
“Incentivos: parte de los incentivos recibidos en esta cuenta no pertenecen a nuestro cliente [Lozoya] y son transferidos al “contratista de negocios”. Para verificar si tenemos un problema con el beneficiario final de estos fondos”.
“¿Por qué los incentivos son pagados por la empresa constructora de caminos seleccionada y no por la empresa principal que procura tales empresas de construcción?”.
Tochos, intermediario de obras
En un anterior correo electrónico, dirigido a Mildenberger, se detalló cómo era utilizada la empresa Tochos por Lozoya y su hermana:
“Tochos actúa como contratista de negocios para algunas contrapartes. Tochos se encarga de localizar empresas que puedan hacerse cargo de la construcción de caminos (sector de la construcción). Tochos, por cada contrato en específico, recibe una comisión de la empresa constructora”.
Y en el mismo correo, se precisó el esquema con un ejemplo:
“La empresa X busca a una empresa constructora Y para realizar trabajos de construcción. Tochos cuenta con un mandato de procuración para localizar a este tipo de empresas. Si el contrato se celebra entre empresa X y la Y, entonces Tochos recibe el incentivo de la empresa Y. De esta forma, Tochos se queda prácticamente con todo el importe del incentivo. Los únicos pagos que tiene que realizar Tochos se relaciona principalmente con honorarios jurídicos pagados a abogados”.
El 5 de junio de 2019 MCCI y EL PAÍS ya había revelado una transferencia de 1,1 millones de dólares que involucraba a Tochos y a Infoglobal; esta nueva investigación permite conocer los detalles de más operaciones entre esas y otras empresas ligadas al caso OHL.
La estrategia de seguridad orquestada en Tamaulipas por Armando Arteaga Chavez,ex-miembro del "Grupo Palma" que comandaba el extinto y corrupto Comandante Guillermo Gonzalez Calderoni desde la corrupta Policia Judicial Federal,ahora corresponsable de cientos de ejecuciones extrajudiciales,desapariciones,allanamientos,torturas y víctimas colaterales cometidas por la Policia Estatal y sus "Grupos Especiales",tiene en Francisco Javier Garcia Cabeza gobernador panista de la entidad como responsable máximo de la barbarie y debe ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad tras la mas reciente masacre de 19 personas cometida por Policias Estatales.
Hasta cuando el gobierno federal dejara la actitud timorata que calcula políticamente en cuestiones de estado de derecho y le pondrá un alto al gobernador Tamaulipeco que ha violado sistemáticamente la ley, ha mandado desaparecer,asesinar,amedrentar con su policia que cobra piso a maleantes mientras el cobra facturas falsas y ejecuta la desviación de recursos públicos a través de sus incondicionales.
Que espera el aparato de Gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, para encausar penalmente a este mal gobernante,desleal a su juramento, la mas reciente masacre de 19 personas en Camargo que contó con la participación del crimen y de manera activa a su policia estatal,segun la reseña oficial,deberia ser suficiente materia para iniciar juicio a Garcia Cabeza de Vaca en cortes internacionales, ante el fracaso de las instancias nacionales de justicia.
¿Qué son los crímenes de lesa humanidad?
Según la ONU, los crímenes contra la humanidad engloban los actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Se entienden como crímenes de lesa humanidad asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, torturas, violaciones, prostitución forzada o violencia sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, desaparición forzada de personas, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas.
Hace 11 días, el Presidente Andrés Manuel López Obrador viajó los 120 kilómetros por carretera de Monterrey a Linares para una visita exprés con un solo propósito: presumir la efectividad del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en uno de los municipios que alberga a más beneficiados.
Y es que este programa que otorga becas en efectivo para "ninis" (ni estudian ni trabajan) entre 18 y 29 años de edad, a quienes les da recursos durante un año para que aprendan un oficio, es uno de los más emblemáticos y costosos de su Administración.
Sin embargo, en Nuevo León, Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado no sólo a "ninis", sino que es una herramienta corruptible, sin controles, con la que particulares armaron redes para desviar recursos públicos.
Una investigación de EL NORTE durante cinco meses descubrió dos redes -una precisamente en el municipio de Linares y otra el área metropolitana de Monterrey- encabezadas por un ex funcionario municipal y un aspirante de Morena a Diputado federal por el Distrito 4 en San Nicolás, respectivamente, para inscribir por su cuenta a jóvenes en el programa y apoderarse de gran parte del dinero de sus becas.
En este tiempo se realizaron 140 entrevistas a beneficiarios que aparecen en el padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), que encabeza Luisa María Alcalde, responsable de ejecutar el Programa.
El monto de la beca arrancó en 3 mil 600 pesos y para este año asciende ya a 4 mil 310 pesos.
Entre el 2019 y el 2020, se reporta que los apoyos beneficiaron a 1.5 millones de jóvenes, con un presupuesto que rondó los 50 mil millones de pesos, según datos oficiales de la STyPS.
Los testimonios y documentos obtenidos por EL NORTE revelaron que en Linares, Reyes Lucio Zurita, ex empleado de la Coordinación de Desarrollo Económico municipal en la actual gestión del panista Fernando Adame, tejió una red en contubernio con dueños de negocios locales para dar de alta a unos 100 jóvenes dentro del programa y así desviar los recursos federales.
Lucio ofrece supuestos empleos a jóvenes para obtener sus datos personales y, sin su consentimiento, usa la información para inscribirlos en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro.
De acuerdo con jóvenes entrevistados, el ex funcionario incluso les retiene las tarjetas bancarias en las que el Gobierno de la 4T les deposita el dinero de las becas cada mes.
Una estudiante de música, de 18 años -que accedió a dar su testimonio en video bajo la condición de anonimato por temor a represalias-, relató que Lucio le ofreció trabajo tocando en un mercado y fiestas privadas por un pago de mil pesos mensuales.
Ella retuvo su tarjeta, pero Lucio la obligaba mediante llamadas y visitas a su domicilio a transferirle 2 mil 700 pesos mensuales a una cuenta.
"Tiene muchas bolsas llenas de tarjetas y me tocó ver donde mandaba a una persona a sacar el dinero de todas las tarjetas y les daba mucho menos que lo mío", dijo la estudiante.
"Todas esas personas no trabajaban y yo sí trabajaba".
En una segunda red, detectada en el área metropolitana de Monterrey y que opera bajo un esquema diferente, el aspirante morenista a Diputado federal Yair Omar Guerrero Ríos engaña a estudiantes, a quienes promete un apoyo económico de mil 600 pesos al mes por acudir a talleres de superación personal impartidos en "Ser 360", uno de sus negocios.
Guerrero y sus colaboradores armaron una red de engaños a universitarios entre el 2019 y el 2020, pese a que el programa es para "ninis" y no está diseñado para estudiantes.
Dyvanhi Patricia González García, de 21 años y alumna de la Facultad de Medicina, se enteró en el 2019 de los cursos que ofrecía el morenista en redes sociales.
Le pidieron sus datos para registrarla, pero finalmente ella no aceptó.
"Me dijo (un colaborador de Ser 360) que lo iba a hacer todo por mí, porque él hacía los trámites", contó. "Yo no sabía que había una plataforma (del programa) ni nada".
Según datos del padrón único de beneficiarios del programa, a la cuenta de Dyvanhi se realizaron depósitos por 7 mil 200 pesos, monto que ella nunca cobró.
EL NORTE buscó a Lucio en su negocio para pedirle su versión, pero se rehusó a hablar.
Guerrero, a su vez, prometió el pasado 11 de enero que daría una respuesta por escrito, pero tampoco lo hizo.
En Nuevo León existen 2 mil 240 empresas que funcionan como centros de trabajo en Jóvenes Construyendo el Futuro y se reportan 5 mil 649 beneficiarios, de acuerdo con datos oficiales actualizados hasta octubre del 2020.
La STyPS dice tener sólo 14 inspectores para revisar el correcto funcionamiento del programa.
La evidente falta de controles deja abierta la puerta a los desvíos y el robo de fondos del erario, como queda claro en Nuevo León.
