La aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que regula la participación de agentes extranjeros en México, particularmente los de la agencia estadounidense antinarcóticos, DEA, sienta un precedente peligroso en las relaciones entre México y Estados Unidos.
El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere más casos Cienfuegos; tampoco quiere que la DEA investigue por su cuenta respecto de los vínculos entre políticos y empresarios con el narcotráfico, menos que indague dónde están los principales capos del tráfico de drogas, como Ismael “El Mayo” Zambada; Nemesio Oseguera –líderes de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, respectivamente–, entre otros, que tienen expedientes abiertos en Estados Unidos y que en México operan impunes.
La nueva Ley de Seguridad limita la participación de la DEA en México. Se acabó la libertad para ellos: ahora el número de agentes se reducirá tanto como su actuación: tendrán que rendir informes a las autoridades mexicanas sobre las investigaciones que realizan y deben solicitar permiso ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) si desean portar armas de fuego.
Todo ello, sin duda, acota la actuación de los agentes antinarcóticos que, durante décadas, entraban y salían de México sin que nadie los molestara. Durante los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por citar sólo lo ocurrido en esos sexenios, la postura oficial fue entreguista. Para llevar bien la relación con Estados Unidos esos presidentes se arrodillaban ante el imperio del norte, violada la soberanía más allá de los límites permitidos.
En los últimos 25 años de trabajo periodístico he consultado decenas de expedientes criminales para trabajar reportajes, así como como algunos libros sobre el narcotráfico. En realidad me he asombrado y mucho al ver cómo actuaba la DEA en las investigaciones de alto voltaje.
La DEA no tenía límites: investigaba, interrogaba, ponía sobre la mesa de los respectivos procuradores los casos que México debía investigar; exigía resultados rápidos, participaba en operativos ya militares o policiacos, intervenía teléfonos de capos, políticos y empresarios y el Gobierno de México les rendía cuentas de sus actos en materia de tráfico de drogas y persecución de personajes relacionados con el narcotráfico. México estaba sometido a una certificación anual para evaluar sus resultados en materia antidrogas.
LOS PATRONES de la MARINA:
En una charla que sostuve con José Luis Santiago Vasconcelos, quien se mostró siempre abierto para dialogar sobre el crimen organizado, me habló del delicado caso de Nahúm Acosta, entonces jefe de giras de la Presidencia de la República en el Gobierno de Vicente Fox.
Al funcionario de la Presidencia le habían “enganchado” una llamada telefónica cuando hablaba con Arturo Beltrán Leyva, el poderoso capo; supuestamente, Acosta brindaba información sobre las actividades del Presidente Fox. La DEA lo vigilaba.
Agentes antinarcóticos de Estados Unidos informaron al entonces Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, que el narcotráfico se había infiltrado en la Presidencia de la República. Y le solicitaron intervenir todos los teléfonos de Los Pinos, incluido el de Vicente Fox. Vasconcelos me contó que no lo hicieron.
Esta historia viene a cuento para exponer la libertad y la autoridad con la que actuaba la DEA en México. Los agentes norteamericanos daban órdenes y en la mayoría de los casos les obedecían.
Con la nueva Ley de Seguridad Nacional aprobada el pasado martes 15, la actuación de la DEA en México ya tiene límites y deberá someterse –si es que no hay un revés de Washington– a los dictados del Gobierno mexicano.
Esta reforma fue sometida al Congreso después del golpe que la DEA asestó al Ejército Mexicano con la detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
El militar fue investigado por la DEA, a la par que indagó al cártel H-2, y descubrió que el general –llamado por los narcotraficantes “El Padrino”– estaba ligado a ese grupo criminal, al tráfico de drogas, a la protección del narcotráfico y al lavado de dinero.
Al militar –quien es visto dentro de la milicia como un hombre impoluto– le intervinieron sus comunicaciones y los agentes antinarcóticos detectaron que tenía comunicación con el jefe del cártel H-2, Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido en el mundo del hampa como “El H-2” o “El Chico”.
Originario de Mazatlán, Sinaloa, Patrón Sánchez emergió al mundo del narcotráfico en el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, se hizo jefe de la plaza de Nayarit y en 2015 murió en medio de un enfrentamiento con elementos de la Marina.
Pero ahí quedaron los registros de llamadas y mensajes que, de acuerdo con el expediente de la DEA, intercambió Cienfuegos Zepeda con el capo. Patrón Sánchez.
La DEA llevó a cabo esta investigación sin compartir información con las autoridades mexicanas. Tampoco pidieron apoyo para ahondar en la indagación. Todo fue en secreto. Cuando el expediente quedó integrado con todas las pruebas y evidencias, solicitaron la orden de captura y esperaron varios meses para ejecutarla. Ni para cumplir este objetivo pidieron el apoyo del Gobierno de México, signo de la enorme desconfianza que los norteamericanos tienen sobre sus contrapartes en México.
Cuando el militar viajó a Los Ángeles, California, fue capturado en el aeropuerto, pocos minutos después de bajar del avión. El golpe fue brutal. Su detención puso en evidencia desde qué niveles del poder político y militar se maneja el narcotráfico y quienes son los verdaderos capos de la droga. La captura de Cienfuegos abrió una rendija y se vio que el tráfico de drogas es operado por el Gobierno, con lo que se puede inferir que los capos que se disputan territorios son meros distractores de la opinión pública. El narco es el Estado mexicano. Punto.
Un mes después, Cienfuegos Zepeda fue liberado y devuelto a México. En un acto sin precedentes, el Departamento de Justicia le retiró los cargos y lo liberó. Esto demostró el enorme poder del Ejército y también que los militares que forman parte de una élite, como Salvador Cienfuegos, son verdaderamente intocables. Así se protegen los criminales del poder. Aquí es evidente que priva un enorme pacto de impunidad.
La liberación de Cienfuegos se hizo con el compromiso de que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue al militar y lo lleve a juicio. Pero las señales al respecto brillan por su ausencia: El Fiscal Alejandro Gertz Manero ni siquiera ha dado la cara para informar sobre el avance de este caso.
Los abogados del militar han dicho que ven poco probable que el expediente pueda consignarse ante un juzgado federal debido a que las evidencias que contiene –llamadas telefónicas, mensajes, entre otras– fueron obtenidas por la DEA de forma ilegal, ya que no existe una orden judicial que haya autorizado la intervención de las comunicaciones del general.
Estamos ante un caso de interpretación, es decir, se cuestiona la forma como se obtuvieron las pruebas y no el fondo: si hay o no delitos en este caso. Todo indica que lo que no se puede negar es que, más allá de las formas, el militar sí incurrió en los delitos por los que la DEA lo acusó.
Después de este golpe espectacular el Gobierno decidió acotar la actuación de la DEA en México a pesar de que la medida puede crear un verdadero cortocircuito en la relación bilateral con Estados Unidos, donde ya cuestionan las reformas a la Ley de Seguridad y la ausencia de una política antidrogas por parte del Gobierno de López Obrador.
La falta de una estrategia antidrogas por parte del Gobierno de México, como acusa la DEA, es un punto muy sensible que tocará el Gobierno del Presidente Joe Biden cuando asuma el poder.
Y es que el Gobierno de México no ha perseguido ni detenido a ningún criminal de peso, salvo a Nazario Mazari, “El Carrete”, jefe del cártel de “Los Rojos”, capturado por accidente en Guerrero, y José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del cártel Santa Rosa de Lima y principal generador de la violencia en la región de El Bajío.
A pesar de que en México existe una militarización histórica, no vista ni durante el sexenio de Felipe Calderón –el artífice de la guerra contra el narcotráfico– el crimen organizado está totalmente suelto, tanto, que han surgido versiones de una posible complicidad del Gobierno de López Obrador con el cártel de Sinaloa. También llama la atención que en los dos primeros años del actual Gobierno el cártel de Jalisco se haya posicionado en todo el territorio nacional y domine, por ejemplo, plazas como la Ciudad de México, en otro tiempo blindadas.
¿Cuál es el sentido de acotar la participación de la DEA en México? En realidad no se necesitan los agentes norteamericanos a pesar de que el Gobierno no cuenta con una política antidrogas integral? ¿Temen que la DEA aseste otro golpe a la estructura de poder político y militar? ¿A qué le teme el Presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Se trata de consolidar el llamado Narco-Estado sin la presencia de agentes norteamericanos? ¿Lo permitirá el nuevo Presidente de Estados Unidos, Joe Biden?
Para los agentes de la DEA, el de México es un verdadero Narco-Estado. Es más claro en la actualidad, aunque esta figura existe desde hace muchos años. El actual Gobierno sirve a los intereses del crimen. Hay acercamientos con los capos de la droga supuestamente para pacificar el país. Pero en el fondo se trata de una negociación: Te dejo trabajar impunemente, pero no me generes violencia. Hasta ahora no hay resultados. Cunde más la sospecha de la protección oficial que los resultados en materia de pacificación territorial. El Gobierno ha cumplido con ellos. El narco aún no, pues la violencia criminal campea por doquier.
Fuente.-Ricardo Ravelo/
