Los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD firmaron ayer el convenio de coalición parcial para postular candidatos comunes a la Cámara de Diputados.
Es la primera vez en la historia que estas fuerzas políticas se coaligan y, según los firmantes, lo harán para sumar perfiles de la sociedad civil rumbo a la renovación del Congreso federal en la elección del 6 de junio del 2021.
El objetivo, reconocieron ayer los dirigentes, es tratar de arrebatar la mayoría que hoy tiene Morena en la Cámara de Diputados.
Alentados por la causa ciudadana agrupada en "Sí por México", el panista Marko Cortés, el priista Alejandro Moreno y el perredista Jesús Zambrano dieron cuerpo a la alianza "Va por México" para postular a 177 candidatos: 60 para Acción Nacional, 60 para el tricolor y 57 para el sol azteca.
El convenio respectivo será presentado hoy ante el Instituto Nacional Electoral (INE), faltando unas horas para que venza el plazo respectivo.
Los tres partidos tendrán derecho a postular a candidatos externos, aunque habrá restricciones para los "impresentables", cuya trayectoria política los desacredite.
"(Lo prioritario es) sumar fuerzas y voluntades para enfrentar el autoritarismo populista y destructor, antes de que sea demasiado tarde", dijo Claudio X. González, vocero de "Sí por México". Buscarán reelección.
Dedicados de tiempo completo a combatir por sistema cualesquier pronunciamiento federal, la "pandilla rijosa e insurrecta" de la Alianza Federalista que lidera e instiga el Gobernador Tamaulipeco y "señor del Lavado de dinero y la delincuencia organizada Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca arremetieron de nueva cuenta con otro "anuncio publico" tras conocerse el arribo a México del primer lote de dosis de la vacuna de Pfizer contra Covid-19, la Alianza Federalista señaló que aún quedan interrogantes sobre su distribución.
"En la #AF estamos atentos a la información sobre los avances en la compra de vacunas contra #COVID19; sin embargo, dada la complejidad de su manejo, quedan interrogantes en lo que refiere al almacenamiento, distribución, aplicación, tiempos, dispersión territorial", tuiteó.
La Alianza, integrada por Mandatarios de Oposición,que no se ha distinguido por su espirito incluyente y de cooperación, llamó a la coordinación para que la misión sea exitosa.
"De la coordinación y cooperación adecuada entre autoridades federales, estatales, municipales y una sociedad informada y organizada depende el éxito de esta urgente misión", indicó.
En conferencia en Palacio Nacional, el Secretario de Relaciones Exteriores detalló que, entre mañana y el último día de enero, México recibirá un total de un millón 417 mil 659 dosis de Pfizer.
"Nos están ya confirmando que se embarcó el primer lote de vacunas que se pidió para calibrar. Esto tiene como propósito que los flujos de vacunas que van a ir creciendo mucho lleguen y ya esté todo preparado", dijo.
"Lo que nos están confirmando es que ya (está) este primer envío a México, llega mañana; mañana en la mañana ya está aquí en México".
Por segundo año, el narcotraficante, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS) Joaquín “el Chapo” Guzmán pasará una cruda y fría Noche Buena y Navidad en la Prisión de Máxima Seguridad (ADX o ADMAX, en inglés) ubicada en Colorado, donde purga una cadena perpetua y donde está encerrado desde julio de 2019.
Según pronósticos, las temperaturas se situarán entre 46.4 y -0.4 grados Fahrenheit (8 y -14 grados celcius) en Noche Buena, mientras que en Navidad se esperan 51.8 y 24.8 grados Fahrenheit (11 y -4 grados celcius).
Recordemos que Guzmán Loera tiene derecho a una hora de ejercicio al aire libre, en un espacio totalmente enrejado, incluyendo el techo.
La prisión ha sido descrita por Amnistía Internacional (AI) como un espacio complicado para los internos.
“Las celdas tienen paredes sólidas para evitar que los prisioneros vean o tengan contacto directo con los que están en celdas adyacentes”, indica un reporte de Amnistía Internacional, “Enterrados. La insolación en prisiones federales de los Estados Unidos”, que agrega que las puertas tienen barrotes en el interior y una estructura sólida en el exterior, lo que “agrava el nivel de aislamiento”.
Además solo tiene derecho a las visitas de unas cuantas personas, entre ellas sus hijas gemelas, pues las autoridades le tienen prohibido que su esposa Emma Coronel tenga contacto con él.
Antes de la irrupción del nuevo coronavirus en el mundo, México ya estaba en una posición vulnerable de salud, aunque la pandemia desnudó un sistema sanitario endeble, sin recursos económicos, de infraestructura y personal, que ya cargaba con una población enferma, desatendida y hasta olvidada.
De esta forma se presenta el mapa de un país que enfermó mucho antes de la pandemia, en el que la desigualdad en busca de la atención médica se revela en las cifras de cada padecimiento, y cuya geografía demuestra un territorio que no estaba preparado para afrontar la mayor crisis sanitaria en la última centuria.
Por ejemplo, en Baja California 375 personas de cada 100 mil fueron diagnosticadas con diabetes tipo II durante este año, el promedio más alto de todo el país. Pero un estado que contrasta con el anterior es Puebla, que observó la menor incidencia en nuevos casos de este padecimiento al reportar 114, cifra mayor a la media mundial de 60 pacientes detectados en 2020.
En cuanto a la incidencia de diabetes tipo II, que es una enfermedad metabólica que no es hereditaria, es más alta en los estados del norte, aunque después de Baja California, las entidades con mayor carga en este rubro son Tamaulipas y Chihuahua con 339.8 y 301.7 casos nuevos por cada 100 mil habitantes.
En México, las enfermedades son monitoredas a través de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud, cuya vigilancia no se limita a padecimientos contagiosos, sino que se expande a otros que sirven para diagnosticar el estado de bienestar en el país, y que se dan a conocer semanalmente en un boletín de alerta.
++++++++Mapas: Tomás Benítez
Al examinar la evolución de las 129 enfermedades y fenómenos contenidos en el boletín durante 2020, 89.9% tuvo algún grado de disminución en el registro semanal, sin que esto signifique una mejora en el panorama de salud nacional, y por el contrario, puede representar un subregistro importante de personas que se dejaron de atender a causa de la pandemia.
y otro aspecto importante reside en las vacunas, pues en 2019 se aplicaron 52 mil 563 dosis menos de la vacuna triple viral antisarampionosa tan sólo en la Ciudad de México, aunque esta cifra difiere de la cantidad de niños que deberían recibir alguna de las dos dosis que les correspondían durante ese año, ya que sólo en 2018 en la capital nacieron más de 100 mil niños, por lo que el margen para la segunda aplicación se reduce a 24 mil inmunizaciones.
++++++++Gráficas: Kevin Gutiérrez
Fuente.- Elizabeth Hernández y Francisco Aranguez /
Resulta difícil llamarse a la sorpresa ante el asesinato, en Puerto Vallarta, de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco en el periodo 2012-2018. Y no puede sorprender, tristemente, porque el Estado lleva muchos años de haberse convertido en un territorio en guerra, en el cual nadie está a salvo, ni siquiera los más encumbrados políticos y funcionarios, y ya no se diga el común de los ciudadanos. Cualquiera que sostenga hoy que Jalisco vive en paz está diciendo una mentira del tamaño de un magnicidio.
No hay que ser un adicto a las noticias para darse cuenta de que, una tras otra, las historias de crímenes terribles e impunes de estas tierras alcanzan los encabezados nacionales y hasta mundiales. Me refiero a episodios espantosos, como el secuestro y asesinato de tres estudiantes de cine, en abril de 2018. O como los sangrientos narcobloqueos de las entradas carreteras de Guadalajara, que se han repetido con regularidad a partir de 2011. O como los miles de homicidios, levantones y desapariciones que han convertido a la entidad en una de las que encabeza ambas estadísticas negras en el país. Jalisco lleva más de un decenio de escuchar incesantemente las condenas, pronunciamientos y compromisos de las autoridades locales y federales contra la violencia. Pero la ola no se ha detenido y aún salpica sangre por doquier.
A Aristóteles Sandoval, un político joven y carismático, le tocó gobernar en un momento muy complejo en la vida del Estado, en el cual el poder y la influencia de los cárteles del crimen organizado aumentó exponencialmente. Cabe recordar que su sexenio arrancó ni más ni menos que con el asesinato de su flamante secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, apenas ocho días después de la toma de posesión, en marzo de 2012. Y que cerró, pocas semanas antes de las elecciones de 2018, con un atentado que estuvo a punto de costarle la vida al poderoso exfiscal estatal, y en aquel momento secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera.
Y el área de Puerto Vallarta se ha convertido en un foco rojo de primera magnitud. Allí, en agosto de 2016, fueron secuestrados los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán (quienes serían liberados pocos después). Allí fueron atacados salvajemente unos turistas provenientes de Guanajuato en julio de este año. Y, apenas en noviembre pasado, allí fue secuestrado y asesinado el magnate inmobiliario Felipe Tomé. De hecho, el Gobierno de Estados Unidos emitió en septiembre de este año una alerta para que sus ciudadanos eviten la carretera que une Puerto Vallarta con San Sebastián del Oeste...
Pero nada entre todo esto, con lo grave que es, explica por sí mismo el crimen del que ha sido víctima Aristóteles Sandoval. El fondo del asunto tiene que ver con la oscura mecánica de las relaciones (ya sean estas de conflicto, tensión, coexistencia o hasta colaboración) entre el poder institucional y el criminal en México, y ese es un terreno muy complejo, en el que pocos pueden afirmarse seguros de saber con precisión lo que sucede.
Enrique Alfaro, actual gobernador y sucesor de Sandoval en el cargo, ha gastado la mayor parte de su tiempo y capital político en enfrentarse con el Gobierno federal y no ha conseguido ninguna mejora patente en el combate a la inseguridad y la impunidad en Jalisco. Aunque se afana en mostrarse como un político de discurso fuerte y “mano dura”, el asesinato de Sandoval golpea en el centro mismo de la credibilidad de su Gobierno. Y el hecho de que en la primera rueda de prensa sobre el asesinato, encabezada por el actual fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, se confiese que los empleados del restaurante en el que fue atacado Sandoval “limpiaron la escena del crimen” y se llevaron las cámaras de seguridad, no contribuye en nada a la imagen de rigor y certeza que exige una investigación como esta.
Lo único claro, por lo pronto, es que un Gobierno estatal rebasado por el crimen difícilmente ofrecerá respuestas rápidas y verosímiles, y que la pugna entre Alfaro y el Gobierno federal poco ayudará a que este acuda en su socorro. A menos que la federación atraiga la investigación, lo que sería otro golpe para el mandatario estatal. Y entretanto, al margen del juego de poderes, los ciudadanos de Jalisco siguen igual de desprotegidos, aunque los colores de los políticos que los gobiernan hayan cambiado ya tres veces desde que lo peor de la violencia comenzó…
No se puede vestir de santo a quien nunca tuvo la vocación de serlo. (Video Enlace)
Ningún discurso póstumo puede ocultar que Aristóteles Sandoval fue un personaje que vivió siempre en la frontera de la controversia y del escándalo. En lo político y en lo personal.
El ex gobernador de Jalisco, acribillado el pasado viernes por la espalada en el bar Distrito 5 de Puerto Vallarta, fue un avezado alumno de un cártel político sexenal mejor conocido como Peña Nieto, Nueva Generación.
Fueron casi una docena de mandatarios estatales que aprovecharon la jauja del gasto público por la ruta del endeudamiento, para hacer de sus estados sus cotos personales. Eran los mirreyes de la política.
Vivieron en la abundancia y en el dispendio, entre negocios de obra pública y la protección al crimen organizado. Se sentían los dueños del mundo. Los “Luis Miguel” de la política mexicana.
Hoy, la mitad de esa generación política está tras las rejas. La otra mitad están prófugos o bajo investigación por lavado de dinero o enriquecimiento muy explicable. Aristóteles Sandoval es el primero que paga con su vida el ajuste de cuentas.
No se puede hablar de otro móvil, cuando el ex gobernador departía en la madrugada en un antro del mismo boulevard donde en 2016 –cuando él era gobernador- secuestraron a los hijos de “El Chapo” Guzmán en el restaurante La Leche.
Tampoco era ajeno a que en esa zona de Puerto Vallarta había sido secuestrado -apenas el pasado 22 de noviembre- el empresario inmobiliario Felipe Tomé Velázquez, quien días después apareciera también asesinado en Nayarit.
La investigación del Caso Sandoval tendría que iniciarse revisando los mensajes de su teléfono celular, para ver quién lo citó esa noche al bar Distrito 5. Quién lo invitó a no “quedarse en casa” en los días más dolorosos de la pandemia.
¿Alguien lo puso “a modo” para que los sicarios cumplieran con su encargo? ¿Una traición en el territorio de los negocios, buenos o malos? ¿O un ajuste de cuentas en el terreno de los asuntos muy personales?
Bajo la óptica del sentido común, el ex gobernador de Jalisco no tenía por que mostrar tanta confianza para andar solo, de fiesta, cuando el récord en su gestión incluía dos asesinatos y un atentado contra tres de sus colaboradores más cercanos.
Apenas se estrenó como gobernador y le asesinaron a Jesús Gallegos, su secretario de Turismo. En mayo del 2018 atentaron contra su fiscal Luis Carlos Nájera. Y en julio del 2019 asesinaron a Gonzalo Huitrón, el Fiscal Regional de Jalisco.
Sandoval conocía del peligro que entraña el corredor Nayarit-Jalisco-Colima, que tiene en Puerto Vallarta uno de sus enclaves, no solo para traficar droga, sino para lavar su dinero. ¿Para qué exponerse a frecuentar esos sitios de madrugada?
¿Quién tenía la urgencia de desaparecer cualquier evidencia cuando existía el cadáver de un prominente político de por medio? ¿El dueño del Distrito 5, que sabía de antemano que se le acusaría de alterar la escena del crimen?
¿O la limpieza del lugar fue ordenada por aquel que cometió el crimen? De ser así, se dejaría en evidencia que no se trató de una ejecución del crimen organizado. ¿Conocen de algún capo que sea tan pulcro como para darse el tiempo de recoger las decenas de casquillos y limpiar la sangre que dejó su atentado? ¿Algún móvil personal?
El gobernador jalisciense Enrique Alfaro tiene un reto nada sencillo con la investigación del asesinato de su antecesor, de quien fue su gran amigo de juventud y acabó como su rival político, en esquinas encontradas. ¿Ensuciarle la ruta 2024?
Pero un reto todavía mayor es el que tiene el gobierno federal buscando esclarecer si estamos frente a un asesinato del crimen organizado, una vendetta política o un crimen personal.
Apenas el pasado 20 de agosto advertíamos aquí de que las tensiones nacionales abrían para México una “ventana de sangre”, como la que sucedió en 1994 cuando asesinaron -también en Jalisco- al Cardenal Posadas, se alzaron los zapatistas en Chiapas, asesinaron en Tijuana a Colosio y más tarde, en la ciudad de México, a Ruiz Massieu.
Ojalá que el asesinato del ex gobernador Sandoval sea apenas un caso aislado, y no el principio de una saga 2021 en la que la política, las relaciones peligrosas y el crimen organizado harán de este año electoral un peligroso e insospechado coctel.
Badiraguato, un pueblo pintoresco y agrícola de difícil acceso en los límites del “Triángulo Dorado”, región comprendida entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, ha sido cuna de algunos de lo más notorios -y exitosos- traficantes de drogas:
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, de 63 años, y sus aliados del Cártel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero, Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza, alias “El Azul”, los tres entrados en los setenta.
El pueblo, que se extiende hasta escarpadas laderas donde las condiciones pueden ser muy básicas, tiene poco más de 32 mil habitantes de los cuales oficialmente el 75 por ciento vive en la pobreza.
Sin embargo, esto no lo exenta de tener dispersar algunas señales de riqueza como grandes casas con portones, autos nuevos y un parque recreativo gratuito construido a la orilla de un río.
En 2015, al menos la mitad de los habitantes de Badiraguato cultivaban mariguana, la misma droga que Guzmán cultivó junto con su padre cuando era un niño pobre de la Sierra en el poblado de la Tuna, mucho antes de que se hiciera tan rico y la revista Forbes lo incluyera en su lista de multimillonarios.
Con algunas de las tierras más ricas de México, Sinaloa se convirtió en el mayor productor de mariguana a inicios del siglo pasado, y después, de opio y heroína, luego de que emigrantes chinos trajeron las semillas al cruzar el Pacífico.
Estados Unidos comenzó a llamar a la zona “Triángulo Dorado” en sus reportes oficiales sobre el narco a finales de los 70. Las autoridades estadounidenses comparan la región con la zona de mayor producción de opio, conformada por Birmania, Laos y Tailandia.
En otros tiempos la mayoría de la producción de la heroína que consumía EEUU provenía de Colombia, pero con la caída de los carteles colombianos a mediados de la década de los 90, ese mercado fue tomado poco a poco por los mexicanos, muchos de los cuales ubicaron sus cultivos en la Sierra Madre Occidental.
El cultivo de la amapola en Sinaloa alguna vez fue alentado por Estados Unidos para suministrar a sus soldados analgésicos como la morfina durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam.
La mamá de ‘El Chapo’ aún vive en el rancho de la familia Guzmán de La Tuna, a unos kilómetros de Badiraguato; el presidente López Obrador fue fotografiado saludando a la madre del narcotraficante durante su gira de trabajo en marzo pasado.
Tras la captura definitiva en 2016 y condena en 2019 de Joaquín Guzmán, Zambada García quedó como el líder visible del Cártel de Sinaloa, aunque en los últimos meses, los hijos del “Chapo” le disputan el mando de la organización delincuencial.
Caro Quintero, el Narco de Narcos, fue uno de los fundadores del llamado Cártel de Guadalajara, ya desaparecido, y en 1985 fue detenido y acusado por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y de su piloto.
Rafael Caro Quintero
Después de pasar 28 años preso, acusado de varios delitos, fue liberado en agosto del 2013 y desde entonces se desconoce su paradero. En el 2015 fue nuevamente condenado el homicidio del agente de la DEA. Actualmente el gobierno mexicano lo considera prófugo de la justicia y el de Estados Unidos lo reclama para extradición y ha ofrecido una recompensa de hasta USD 20 millones por su captura.
Juan José Esparragoza “El Azul”, un antiguo espía mexicano, es buscado por autoridades de México, donde se ofrece una recompensa de 30 millones de pesos (1,55 millones de dólares / 1,43 millones de euros), y de Estados Unidos, que tienen una oferta de cinco millones de dólares ( 4,6 millones de euros) por información que lleve a su captura, algunos dudan de que siga vivo.
En opinión de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República es una aberración. Se le quiere sacar, dicen, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y quitarle toda obligación de colaborar en las búsquedas, además de impedirle participar en la Junta del Gobierno del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, entre otras cosas. Incluso Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, tuiteó que “representa un retroceso que rompe con el entramado institucional para la defensa, garantía y protección de los derechos humanos y favorece la impunidad”.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- “Llevamos años tratando de transformar nuestro sistema e instituciones de justicia, así como impulsando a las comisiones de búsqueda para que den resultados y encontrar a las más de 79 mil 600 personas desaparecidas en el país. Hemos puesto mucho esfuerzo para que esto funcione, pero ahora nos damos cuenta de que todo era una farsa, un engaño, porque los integrantes de Morena trabajaron con nosotros la actual Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y ahora, sin ninguna explicación, la quieren abrogar”, señalan organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Ciudadanos y representantes de numerosos organismos de la sociedad civil, así como el secretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas –quien en Twitter escribió: “La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la FGR representa un retroceso que rompe con el entramado institucional para la defensa, garantía y protección de los derechos humanos, y favorece la impunidad”–, y el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, coinciden en que las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) son un revés para el sistema de justicia mexicano.
Todos coinciden en que la iniciativa de Morena pretende regresar a un esquema del pasado que claramente no ha funcionado. Pretenden eliminar los mecanismos de control ciudadano.
“Les pedimos hablar con las víctimas y con las organizaciones que las acompañan para que tengan claridad de lo que quieren aprobar. Las víctimas, las organizaciones no gubernamentales y la Comisión Nacional de Búsqueda han denunciado que no hay colaboración con las fiscalías para la búsqueda en vida y entre restos y, a pesar de ello, los senadores de Morena quieren contribuir a que ahora la FGR tenga un pretexto legal para esto”, indican organizaciones de la sociedad civil.
“Quieren sacar a la fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y quitarle toda obligación de colaborar en la búsqueda. Quieren que la FGR no sea integrante de la Junta del Gobierno del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, que no participe de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del propio Mecanismo, y también eliminarla del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
“¿Hacia dónde nos quieren llevar? ¿Por qué quieren una fiscalía sin controles y sin participación ciudadana?”, preguntan los representantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Aristóteles Sandoval, quien gobernó Jalisco de 2013 a 2018, ascendió como joven promesa desde las organizaciones estudiantiles de la Universidad de Guadalajara hasta el PRI estatal. Su mayor logro fue terminar con el predominio panista de tres sexenios en el estado. Sin embargo, su trayectoria siempre fue cuestionada por sus opositores, otros actores políticos y por la prensa, debido a sus relaciones oscuras y a los compromisos inconfesables que se le atribuyeron. Dichas acusaciones nunca procedieron legalmente, pero la forma en que fue asesinado la madrugada del viernes 18 acentúa las sombras en la historia de su vida.
A lo largo de su carrera, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz fue señalado de tener nexos con la delincuencia organizada; algunos de sus colaboradores y un amigo fueron atacados o asesinados por la misma. Detrás del homicidio del político, ocurrido la madrugada del viernes 18, puede ocultarse una historia similar.
A la 1:40 de la madrugada, cuando fue al baño del restaurante bar Distrito 5, el exgobernador y político activo del PRI fue baleado por la espalda. De manera simultánea, en la calle los escoltas de Sandoval se enfrentaron a tiros con un comando.
Hace años, en 2007, tras el asesinato de Ignacio Loya Alatorre, identificado por la entonces Procuraduría General de la República como operador financiero de Ignacio Coronel –capo del Cártel de Sinaloa afincado en Guadalajara que fue abatido el 30 de julio de 2010–, esa instancia y su homóloga de Jalisco abrieron la averiguación previa 029/2007/H.I./A.
Ésta reveló que el entonces diputado local en la 57 Legislatura y presidente de la Comisión de Hacienda, Aristóteles Sandoval, tenía relación con el occiso.
Loya fue ejecutado a balazos el 21 de febrero de 2007 en las inmediaciones del estadio Jalisco. En las indagaciones de la procuraduría estatal se establece que era amigo de Sandoval desde 2005 y lo conoció por medio de Alfredo Barba Mariscal, exalcalde de Tlaquepaque e hijo de Alfredo Barba Hernández, líder estatal de la priista Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina.
Loya habría brindado apoyo económico –uno de los últimos por 100 mil pesos– para los proyectos de varios politicos del PRI, incluido Sandoval Díaz. Sin embargo, él negó haber recibido dinero de Loya y dijo que desconocía las actividades empresariales de su amigo (Proceso 1832).
El 4 de junio de 2009, el entonces presidente del PAN en Guadalajara, Manuel Romo, publicó en varios periódicos locales algunos cuestionamientos dirigidos a Sandoval sobre su presunto consumo de drogas, las señaladas relaciones con el crimen organizado y su alegada violencia física y verbal contra mujeres y hombres.
Las imputaciones de narcotráfico que existen en Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la defensa Nacional, están sustentadas en mensajes de texto interceptados por las agencias de inteligencia estadunidenses, que podrían ser considerados en México como pruebas circunstanciales, lo que podría reducir las posibilidades de que el general pueda ser procesado o recibir alguna codena en México, señala información publicada ayer lunes por el periódico estadunidense “The Wall Street Journal”.
La información firmada por los periodistas José de Córdoba y Santiago Pérez, refiere que la información aportada por los fiscales de la oficina del procurador estadunidense en Brooklyn presentó como evidencias sólidas miles de mensajes BlackBerry que fueron interceptados y en los que se exhibía que el general Cienfuegos había tenido comunicación directa con un líder de alto rango de un cartel del narcotráfico.
De acuerdo con las autoridades de EU, las comunicaciones interceptadas fueron presentadas como prueba y se identifica por nombre, título y fotografía como colaborador del cártel, sin embargo fueron desestimados en el Tribunal de Estados Unidos, a petición de la Fiscalía.
Los fiscales federales de EU insistieron en audiencias judiciales y presentaciones en que las pruebas eran sólidas contra el general Cienfuegos, quien desempeñó un papel destacado en la estrategia antinarcóticos de México cuando encabezó las fuerzas armadas.
El arresto sorpresivo del extitular de la Sedena el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles enfureció a funcionarios del gobierno mexicano y a militares que pensaban que Estados Unidos se sobrepasó.
Esta situación fue seguida un mes después cuando la Fiscalía de Estados Unidos retiró los cargos y devolvió al general Cienfuegos a México.
Ahora, fiscales estadunidenses que armaron el proceso en EU señalan que las consideraciones de política exterior, incluida la cooperación policial entre ambos países, jugaron un papel importante en la decisión, por lo que pasaron los resultados de sus investigaciones a sus homólogos mexicanos y dejaron que las autoridades de este país decidan si investigan o desestiman las evidencias y si posiblemente llevan a juicio al exgeneral.
El accidente se produjo la tarde del lunes 21 de diciembre cuando una aeronave particular con dos pasajeros se desplomó e impactó a un vehículo que circulaba cerca de la autopista, a la altura de Mayfield Road.
El Departamento de Bomberos de Grand Prairie se encontraba en el lugar del hecho asistiendo a las víctimas. El tránsito sobre el US 360 está interrumpido por el momento, explicaron las autoridades. La policía de Arlington alertó a los automovilistas para evitar la zona.
El Alcalde morenista de Ecatepec, Estado de México, Fernando Vilchis, compró con sobreprecio 400 cámaras de videovigilancia a una empresa de Chalco dedicada a la construcción, que registró como su domicilio una dirección donde funciona una austera tiendita.
Las cámaras fueron compradas a Grupo Pireo por 160 millones de pesos, es decir, a un costo de 400 mil pesos cada una.
Las supuestas oficinas de Pireo, que antes obtuvo contratos con el Ayuntamiento de Ecatepec para construir y reparar pozos de agua potable, se encuentran en una colonia popular de Chalco, donde Grupo REFORMA constató que opera una miscelánea.
El contrato establece que la dirección de la empresa está en la Casa 1 de Paseos de Ternura, Fraccionamiento Paseos de Chalco, Edomex, donde se preguntó por el representante de la empresa, Enrique Pérez Rodríguez, y por la propia compañía.
"Aquí no hay nadie con ese nombre y esa empresa no sé dónde esté", respondió la encargada de la tienda.
Pero además, el monto contratado con recursos públicos por los equipos, es significativamente más alto que lo pagado en contratos similares en otras entidades.
Por ejemplo, el Gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, anunció en junio el gasto de 60 millones de pesos por 400 cámaras de videovigilancia, lo que representa un costo de 150 mil por cada cada una.
La Central de Abastos de Guadalajara, amplió su sistema de vigilancia con 115 cámaras por 10 millones de pesos, es decir 86 mil cada una.
El pasado noviembre Ecatepec anunció el Proyecto Jaguar para colocar mil 600 cámaras en 400 postes.
Pero con Pireo adquirió sólo 400 cámaras según el contrato MEM-DA-DSPyTAD-RP-05-2020-04 en el punto 8.1 de las obligaciones de El Proveedor.
El contrato, adjudicado directamente sin licitación, indica que aunque los soportes están diseñados para portar tres cámaras fijas y una movible, la venta es sólo por 400 cámaras.
"La vigencia del presente instrumento será del 06 mayo de 2020 al 31 de diciembre 2020, y a entera satisfacción del 'Área Usuaria', pudiendo 'El Municipio' dar por terminado anticipadamente el presente contrato en cualquier momento y sin responsabilidad para el mismo, para lo cual bastará con dar aviso por escrito a 'El Proveedor' con cinco días de anticipación, especificando las causas de fuerza mayor o los motivos por los cuales se basa para la terminación anticipada", se lee en el contrato.
Fuentes de Ecatepec vinculadas al Ayuntamiento informaron que Grupo Pireo aún busca una integradora para cumplir tecnológicamente con lo pactado.
Fernando Vilchis ya fue señalado en junio pasado por no comprobar una obra de 70 millones de pesos para rehabilitar 72 pozos, 65 plantas de bombeo y ocho cárcamos en el Municipio.
Un año antes había encargado esas obras también a Grupo Pireo, la misma firma a la que ahora le "compró" las cámaras.
Grupo Pireo también ha reportado buenos dividendos en Chalco, donde tiene su domicilio. En esa localidad obtuvo a finales de 2019 casi 60 millones de pesos para seis obras consistentes en la construcción de 26 centros de atención social en distintas colonias.
Durante ese año Grupo Pireo logró un total de 157 millones de pesos para diversas obras, que sumaron el 40 por ciento de los contratos entregados por ese municipio.
