Las imputaciones de narcotráfico que existen en Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la defensa Nacional, están sustentadas en mensajes de texto interceptados por las agencias de inteligencia estadunidenses, que podrían ser considerados en México como pruebas circunstanciales, lo que podría reducir las posibilidades de que el general pueda ser procesado o recibir alguna codena en México, señala información publicada ayer lunes por el periódico estadunidense “The Wall Street Journal”.
La información firmada por los periodistas José de Córdoba y Santiago Pérez, refiere que la información aportada por los fiscales de la oficina del procurador estadunidense en Brooklyn presentó como evidencias sólidas miles de mensajes BlackBerry que fueron interceptados y en los que se exhibía que el general Cienfuegos había tenido comunicación directa con un líder de alto rango de un cartel del narcotráfico.
De acuerdo con las autoridades de EU, las comunicaciones interceptadas fueron presentadas como prueba y se identifica por nombre, título y fotografía como colaborador del cártel, sin embargo fueron desestimados en el Tribunal de Estados Unidos, a petición de la Fiscalía.
Los fiscales federales de EU insistieron en audiencias judiciales y presentaciones en que las pruebas eran sólidas contra el general Cienfuegos, quien desempeñó un papel destacado en la estrategia antinarcóticos de México cuando encabezó las fuerzas armadas.
El arresto sorpresivo del extitular de la Sedena el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles enfureció a funcionarios del gobierno mexicano y a militares que pensaban que Estados Unidos se sobrepasó.
Esta situación fue seguida un mes después cuando la Fiscalía de Estados Unidos retiró los cargos y devolvió al general Cienfuegos a México.
Ahora, fiscales estadunidenses que armaron el proceso en EU señalan que las consideraciones de política exterior, incluida la cooperación policial entre ambos países, jugaron un papel importante en la decisión, por lo que pasaron los resultados de sus investigaciones a sus homólogos mexicanos y dejaron que las autoridades de este país decidan si investigan o desestiman las evidencias y si posiblemente llevan a juicio al exgeneral.
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