Resulta difícil llamarse a la sorpresa ante el asesinato, en Puerto Vallarta, de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco en el periodo 2012-2018. Y no puede sorprender, tristemente, porque el Estado lleva muchos años de haberse convertido en un territorio en guerra, en el cual nadie está a salvo, ni siquiera los más encumbrados políticos y funcionarios, y ya no se diga el común de los ciudadanos. Cualquiera que sostenga hoy que Jalisco vive en paz está diciendo una mentira del tamaño de un magnicidio.
No hay que ser un adicto a las noticias para darse cuenta de que, una tras otra, las historias de crímenes terribles e impunes de estas tierras alcanzan los encabezados nacionales y hasta mundiales. Me refiero a episodios espantosos, como el secuestro y asesinato de tres estudiantes de cine, en abril de 2018. O como los sangrientos narcobloqueos de las entradas carreteras de Guadalajara, que se han repetido con regularidad a partir de 2011. O como los miles de homicidios, levantones y desapariciones que han convertido a la entidad en una de las que encabeza ambas estadísticas negras en el país. Jalisco lleva más de un decenio de escuchar incesantemente las condenas, pronunciamientos y compromisos de las autoridades locales y federales contra la violencia. Pero la ola no se ha detenido y aún salpica sangre por doquier.
A Aristóteles Sandoval, un político joven y carismático, le tocó gobernar en un momento muy complejo en la vida del Estado, en el cual el poder y la influencia de los cárteles del crimen organizado aumentó exponencialmente. Cabe recordar que su sexenio arrancó ni más ni menos que con el asesinato de su flamante secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, apenas ocho días después de la toma de posesión, en marzo de 2012. Y que cerró, pocas semanas antes de las elecciones de 2018, con un atentado que estuvo a punto de costarle la vida al poderoso exfiscal estatal, y en aquel momento secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera.
Y el área de Puerto Vallarta se ha convertido en un foco rojo de primera magnitud. Allí, en agosto de 2016, fueron secuestrados los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán (quienes serían liberados pocos después). Allí fueron atacados salvajemente unos turistas provenientes de Guanajuato en julio de este año. Y, apenas en noviembre pasado, allí fue secuestrado y asesinado el magnate inmobiliario Felipe Tomé. De hecho, el Gobierno de Estados Unidos emitió en septiembre de este año una alerta para que sus ciudadanos eviten la carretera que une Puerto Vallarta con San Sebastián del Oeste...
Pero nada entre todo esto, con lo grave que es, explica por sí mismo el crimen del que ha sido víctima Aristóteles Sandoval. El fondo del asunto tiene que ver con la oscura mecánica de las relaciones (ya sean estas de conflicto, tensión, coexistencia o hasta colaboración) entre el poder institucional y el criminal en México, y ese es un terreno muy complejo, en el que pocos pueden afirmarse seguros de saber con precisión lo que sucede.
Enrique Alfaro, actual gobernador y sucesor de Sandoval en el cargo, ha gastado la mayor parte de su tiempo y capital político en enfrentarse con el Gobierno federal y no ha conseguido ninguna mejora patente en el combate a la inseguridad y la impunidad en Jalisco. Aunque se afana en mostrarse como un político de discurso fuerte y “mano dura”, el asesinato de Sandoval golpea en el centro mismo de la credibilidad de su Gobierno. Y el hecho de que en la primera rueda de prensa sobre el asesinato, encabezada por el actual fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, se confiese que los empleados del restaurante en el que fue atacado Sandoval “limpiaron la escena del crimen” y se llevaron las cámaras de seguridad, no contribuye en nada a la imagen de rigor y certeza que exige una investigación como esta.
Lo único claro, por lo pronto, es que un Gobierno estatal rebasado por el crimen difícilmente ofrecerá respuestas rápidas y verosímiles, y que la pugna entre Alfaro y el Gobierno federal poco ayudará a que este acuda en su socorro. A menos que la federación atraiga la investigación, lo que sería otro golpe para el mandatario estatal. Y entretanto, al margen del juego de poderes, los ciudadanos de Jalisco siguen igual de desprotegidos, aunque los colores de los políticos que los gobiernan hayan cambiado ya tres veces desde que lo peor de la violencia comenzó…
Fuente.-Diario Español/Antonio Ortuño/
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