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viernes, 11 de diciembre de 2020

PRESIDENTA de la CNDH ACABA de DESCUBRIR que "MUJERES en MEXICO NO ESTAN SEGURAS en NINGUN LADO"...demasiada sapiencia en 1 sola persona.


Debido a la violencia que impera en México, las mujeres no están seguras ni en sus centros de trabajo ni en sus escuelas y tampoco en sus hogares, lamentó Rosario Piedra Ibarrapresidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Hace casi dos semanas la CNDH emitió la recomendación general 43/2020, donde acusó al Estado mexicano por su “apatía e inacción” para atender la violencia de género y, ahora, en entrevista con EL UNIVERSAL Piedra Ibarra reiteró que los derechos de las mujeres enfrentan una situación “alarmante”.

Agregó que la pandemia causada por el Covid-19 provocó un incremento en la violencia de género en los hogares y esto se reflejó en las aproximadamente 90 quejas que la CNDH recibió, entre enero y septiembre de 2020, por este tema.

Muchas de estas acusaciones fueron sobre vulneraciones cometidas en el ámbito familiar.

Para enfrentar este panorama adverso, la ombudsperson consideró necesario eliminar la mentalidad misógina para solucionar este problema. Agregó que esto sólo se podrá hacer a través de la educación e incluso señaló que se podría poner a los hombres en una situación donde sean maltratados por mujeres para que sientan empatía por ellas.

Sobre la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional en la Ciudad de México por parte de grupos feministas, Piedra Ibarra dijo que la institución a su cargo no tiene la capacidad de atender sus demandas inmediatas, pues no es un órgano jurisdiccional, sino sólo una “aliada” en la lucha por la protección de las garantías de los ciudadanos.

La titular de la CNDH, quien apenas cumplió un año en el cargo, también recordó que ya se investigan los actos de represión que autoridades locales cometieron contra manifestaciones feministas en Quintana Roo y Guanajuato durante este 2020.

Ya pasó un año desde que inició su gestión en la CNDH, ¿cómo ve el panorama de los derechos humanos en el país?

—Me siento satisfecha de lo que hemos hecho como CNDH; obviamente, no me siento satisfecha por la situación que atraviesan los derechos humanos en este país (...) el caso de la violencia a las mujeres es uno de los temas que a mí en lo particular me preocupa, no por el simple hecho de ser mujer, sino porque la situación en el país es muy delicada, muy grave, no sólo se está atacando a las mujeres, sino a las niñas, cosa que antes no se veía.

Esto se está haciendo cada vez más grave, se exacerba el delito de feminicidio porque ahora también se viola, se ultraja a las niñas, se les mutila, es algo terrible lo que está sucediendo.

¿Desde la CNDH notaron un aumento en la violencia de género en 2020?

—A pesar de que algunas dependencias gubernamentales cerraron totalmente, nosotros dijimos: “La lucha en la defensa de los derechos humanos no puede detenerse”, y qué bueno que lo hicimos porque durante ese periodo de emergencia vimos un incremento en la violencia intrafamiliar.

Pensábamos que las mujeres iban a estar seguras en sus hogares y vimos que no están seguras en ningún lado, ni externamente ni en los hogares ni en los centros de trabajo ni en las universidades, y esto es algo verdaderamente muy preocupante.

¿Se registraron quejas por este problema?

—De enero a septiembre recibimos cerca de 90 quejas por violencia de género y esto es algo alarmante porque si hubiera una ya sería grave, pero hablar de cerca de 90 es gravísimo. Y no todo mundo se atreve a denunciar porque a veces tienen al agresor, al victimario ahí cerca o las están amenazando de muchas formas, y ya eso nos da un indicador de que este es un problema grave.

¿En qué circunstancias se dieron esos abusos?

—Sobre todo fue en casos de violencia intrafamiliar, pero también hay amenazas a mujeres a las que les secuestraron una hija y quieren denunciar pero las siguen amenazando. Son muy diversas las situaciones.

¿Qué ha hecho falta para acabar con esa violencia de género?

—La educación es un factor muy importante, tenemos que cambiar esa mentalidad misógina, patriarcal que existe y tenemos que trabajar obviamente con las mujeres, pero algo que ha faltado, y que creo es prioritario, es trabajar con los varones, hacerlos vivir nuevas masculinidades, que sientan empatía, que se vean ellos inmersos en una situación contraria, donde un grupo de mujeres los maltratara.

Tenemos que hacer ver que las mujeres y los varones tenemos igual valía. Podemos ser diferentes, pero la diferencia no implica una minusvalía en ningún caso.

Este año hubo un recorte presupuestal al Inmujeres y programas para atender a mujeres indígenas, ¿qué impacto tendrá esto?

—Así es, no se debe recortar el dinero a las víctimas y es ahí donde vamos a estar vigilantes (...) Estamos haciendo ese llamado de que las víctimas deben contar con todos los recursos económicos y humanos necesarios para ayudarles a su reparación integral del daño y a su garantía de no repetición.

La CNDH también enfrentó la toma de sus instalaciones por grupos feministas, ¿les van a dejar ese edificio?

—Ahorita siguen ahí algunas mujeres, tengo entendido que son muy pocas. Seguimos llamando al diálogo y [también hacemos] un llamado a todas las autoridades que atienden a víctimas para entre todos ver qué podemos hacer para darle el mejor uso a ese edificio.

Yo no puedo decidir sobre ese edificio porque soy la presidenta [de la CNDH] y es un puesto transitorio, no es de mi propiedad.

Se tendrá que decidir entre todas las autoridades encargadas de resolver los problemas que hoy demandan miles de mujeres en este país y aparte escuchar a las víctimas.

Las mujeres que tomaron la CNDH también acusaron a esta institución de inacción y de no proteger a las víctimas, ¿cómo van a cambiar esto?

—Muchas de las mujeres que tomaron la CNDH, y que ya abandonaron el edificio, están agradecidas con la comisión. Las del frente Ni Una Menos vinieron a dar las gracias por la recomendación 43/2020 (...) yo veo, al contrario, a mujeres agradecidas con la comisión, pero yo no quiero que estén agradecidas, yo quiero que la justicia llegue a ellas.

También lee: La CNDH fue creada para ser comparsa del gobierno: Rosario Piedra

¿Qué opina de las movilizaciones feministas que se han dado durante este año?

—Es esa rabia, impotencia contenida de muchos años, muchas décadas, donde la justicia no hace acto de presencia.

Esperemos que la justicia llegue a cada una de las mujeres, y no sólo de las mujeres, sino de todo ciudadano de todo país.

Durante algunas marchas hubo agresiones contra las manifestantes por parte de autoridades, ¿la CNDH investiga eso?

—El caso de Quintana Roo [cuando elementos de seguridad dispararon para dispersar una marcha feminista] lo atrajimos. Hubo mujeres y ciudadanos afectados porque hubo balazos, y en Guanajuato [por otra marcha reprimida por autoridades locales] se emitieron medidas cautelares. Lo que se requiere en cada caso lo estamos haciendo.

¿Cuál es el papel que tendrá la CNDH en la atención de la violencia de género?

—Tenemos que hacerles entender a las mujeres, y no sólo a las mujeres, sino a mucha gente que está confundida, que cree que la comisión es un órgano jurisdiccional y no [lo es].

La comisión es una aliada, es una acompañante de las víctimas, y por eso el 8 de marzo fui a marchar con ellas; no me voy a quedar encerrada, yo voy a acompañar a las víctimas.

fuente.-



REPORTERO TOMABA FOTOS del HALLAZGO de DOS CUERPOS y al RETIRARSE lo INTERCEPTAN,lo MATAN y se LLEVAN la MEMORIA de la CAMARA..."es el Mexico lindo y que_herido"



El fotoperiodista Jaime Castaño Zacarías fue asesinado el miércoles en el Estado mexicano de Zacatecas. El reportero era administrador de la página PrensaLibreMx y trabajaba en el área de comunicación social del Ayuntamiento de Jerez y fue interceptado por personas armadas mientras conducía su motocicleta horas después de haber cubierto el hallazgo de dos cuerpos en una carretera, según informaron medios locales. Zacatecas es una entidad que vive una ola de violencia por la irrupción del Cartel Jalisco Nueva Generación en la zona. Entre el martes y el miércoles 17 personas fueron asesinadas en diferentes hechos. Entre estos fallecidos se encontraba Castaño.

Castaño cubría información de forma independiente y tenía varios empleos, como muchos periodistas en México. El miércoles había participado en un acto oficial del Ayuntamiento. Esa misma jornada acudió a tomar las fotografías de los cuerpos y tras retirarse, supuestamente, un vehículo lo siguió hasta alcanzarlo y le disparó varias veces. Los medios locales informan de que los atacantes le quitaron la memoria de la cámara.

Si las autoridades confirman que el fotoperiodista fue asesinado por su labor como reportero, Castaño sería el sexto comunicador muerto este año por hacer su trabajo en México. En las últimas dos décadas, al menos 136 reporteros han sido asesinados por informar, de acuerdo con Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. En los últimos 10 años, la prensa en el país ha sufrido 3.918 agresiones.

“El contexto de violencia hace que Zacatecas sea de mucho riesgo para las y los periodistas de la región”, señala un portavoz de Artículo 19. Aunque la organización no ha registrado otros asesinatos de periodistas en el Estado este año, sí destaca que las circunstancias del ataque a Castaño coinciden con las del último que registraron, el del periodista Israel Vázquez en Guanajuato, que fue acribillado tras documentar el hallazgo de un cuerpo. Artíulo 19 ha exhortado al Gobierno de Zacatecas y a la Fiscalía estatal a que investiguen el asesinato de Castaño tomando como prioridad su labor.

Fuente.-Diario Español/

"OTRA VEZ la VACA al DINERO": EXIGEN que CABEZA de VACA ACLARE QUE HIZO con MAS de 3 MIL MILLONES del IMPUESTO de NOMINAS...es una maquina tragamonedas.



Los diputados Carmen Lilia Canturosas, Rigoberto Ramos y Leticia Sánchez Guillermo cuestionaron el destino de millones que ha dado el Estado al Impuesto de Nóminas en Tamaulipas, que fue aumentado 50% en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, sin que se sepa con claridad en qué se ha usado.

“Al inicio de este sexenio, el titular del Poder Ejecutivo Estatal promovió una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, con el fin de aumentar la tasa del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado o Impuesto Sobre Nómina en un 50%. Iniciativa que fue aprobada por todos los diputados del PAN y del PRI en diciembre del 2016 y que entró en vigor en el año 2017.

“Este incremento, nos convirtió en uno de los estados con la tasa más alta en el país, pasando del 2 al 3%; sin embargo, fue asumido por el sector empresarial con voluntad y compromiso”, dijo la diputada Carmen Liia Canturosas a nombre de los tres diputados.

La legisladora explicó que cada año el Estado recauda más de 4 mil millones de pesos por este impuesto de nóminas.

“Este tributo es la principal fuente de ingresos por impuestos locales que tiene Tamaulipas. Actualmente, representa el 86% del total de los ingresos propios que tiene nuestro Estado.

“Los recursos recaudados adicionalmente por este incremento, serían destinados al fortalecimiento de programas inherentes a los rubros de seguridad ciudadana y bienestar social”, cuestionó la diputada.

“Sin embargo, a cuatro años del aumento de este tributo, los tamaulipecos seguimos sin tener certeza de que los recursos provenientes de este incremento, han sido destinados a seguridad o bienestar social, tampoco sabemos los montos, mucho menos en qué acciones o programas específicos han sido invertidos.

“Para dimensionar lo anterior, tan sólo en los primeros nueve meses de este año, el Estado ha recaudado por concepto de Impuesto Sobre Nómina la cantidad de 3 mil 172 millones de pesos, es decir, al igual que en el 2019, este año corresponderían más de mil millones de pesos adicionales a las áreas señaladas”, afimó.

“El 4 de diciembre del 2019, hace un año, promoví ante este Pleno Legislativo, una iniciativa de Punto de Acuerdo por el que solicité la comparecencia de los titulares de las secretarías de Finanzas, Seguridad Pública y Bienestar Social, para que informaran sobre los montos provenientes de este impuesto.

“Lamentablemente, en un Congreso con mayoría panista, esta iniciativa permanece en la congeladora”, reveló en la sesión del Congreso la semana pasada.

SIN ENGAÑOS

“A ustedes compañeros del PAN, los convoco a dejar de lado el engaño y la hipocresía, es vergonzoso oírlos hablar en esta tribuna de transparencia o de su compromiso con los tamaulipecos, cuando han frenado un sinnúmero de acciones como esta “Para acabar pronto, seguimos esperando el presupuesto detallado de este Congreso”, afirmó.

Propuso que el dinero que se recaude sea utilizado con transparencia para la salud y el empleo, debido a los daños de la pandemia; sin embargo, su iniciativa fue enviada a revisión de Comisiones.

fuente.-Elmañana de Nuevo Laredo/

"MEXICO,el ESTADO en ESTADO CRITICO": EL PAIS YA ESTABA ENFERMO ANTES de la PANDEMIA...y sigue agravándose mas.


En promedio en México, cada hora, 21 personas confirman que tienen cáncer y, cada día, otras 230 mueren a causa de esta enfermedad. Pero esto es sólo el principio. Únicamente 14 estados del país cuentan con la infraestructura necesaria para tratar integralmente el cáncer, pero incluso ellos tienen limitaciones importantes.

La situación en materia de salud es crítica en el país, pero no importa qué padecimiento se tenga o qué servicio de urgencia se requiera, acceder a un hospital público no es sencillo, porque no alcanzan. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene el promedio más bajo de centros de salud en relación al número de habitantes, y en Nayarit las camas de hospitalización no alcanzan en instituciones privadas.

Pero el diagnóstico de México no se limita a la infraestructura de los servicios públicos. La diabetes es un problema muy grave en todo el territorio, Puebla es la entidad en donde el índice de nuevos casos de este padecimiento es el más bajo del país, pero, aún así, duplica el promedio mundial. Y si hablamos de obesidad, que también es un padecimiento serio, es Quintana Roo la entidad que reporta la mayor prevalencia de pacientes con algún grado poco sano de grasa, con 533 por cada 100 mil habitantes, y tampoco cuenta con la infraestructura para tratarla.

A principios de este año, el gobierno federal reconoció que existía un enorme déficit en el personal de salud. La cifra necesaria para arrancar el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) era de 200 mil médicos y 300 mil elementos de enfermería que serían contratados a través del programa “Médicos del Bienestar”, y cuya convocatoria se aceleró debido a la pandemia. Sin embargo, el número de profesionales adheridos a este plan hasta la fecha, no cubre ni el 10% del número inicial requerido.

Es así que, México ya estaba en una posición vulnerable de salud antes de la irrupción de Covid-19, pero la pandemia desnudó un sistema sanitario endeble, sin recursos económicos, carente de infraestructura y personal, que ya cargaba con una población enferma, desatendida, y en muchos casos, olvidada.

Todos estos padecimientos y muchos más, que ya existían entre la población, ante la carencia de personal e infraestructura, fueron desplazados y su atención se redujo a lo mínimo, ante el despliegue de recursos que se hizo para atender el nuevo coronavirus. 

Esto se muestra ante la inusual baja en el registro de enfermedades de atención primaria o no graves que demuestra el impacto de la pandemia en los niveles más básicos de cuidado a la población, así como el abandono que otras áreas de la medicina sufren en esta crisis sanitaria.

Además, el alza en los indicadores de mortalidad en áreas de control de la sanidad pública demuestra como el sistema de salud nacional no sólo no estaba preparado, sino que ya tenía una carga importante de deficiencias que hicieron imposible la atención oportuna de estas condiciones a pesar de la pandemia.

A partir de una decena de bases de datos oficiales y el cruce de toda la información, ejecentral elaboró el mapa inédito, que muestra un México que enfermó mucho antes de la pandemia, en el que la desigualdad en busca de la atención médica se revela en las cifras de cada padecimiento, y cuya geografía demuestra un territorio que no estaba preparado para afrontar la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años.

Consulta el mapa aquí

14 estados del país tienen infraestructura necesaria para tratar integralmente el cáncer, aunque con limitaciones importantes.

El negocio negro de las radiaciones

Cuando a Josefina le detectaron cáncer de mama, la especificaron que, después de la radiación, tendría que someterse a terapias por al menos una quincena. El primer nivel de atención, que incluía la operación para remover el tumor maligno se realizó sin contratiempos en el hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La pesadilla comenzó cuando, tras una breve recuperación quirúrgica, Josefina fue enviada a la unidad de radioterapia del Centro Médico Siglo XXI. El director de la unidad le notificó que no había lugar para ella, y que tenía que desplazarse hasta un hospital privado en Pachuca para recibir este servicio.

›Ante la negativa, el entonces director de esa unidad le comentó que podían llegar a un acuerdo, y que si no le creía podía preguntar a las otras pacientes de la sala de espera cómo habían conseguido un lugar allí. Fue entonces que Josefina se enteró, de boca de otras mujeres en tratamiento, que el costo por una ficha rondaba entre los 30 y 35 mil pesos; también conoció a personas que venían desde Quintana Roo para recibir la terapia porque no había disponibilidad cerca de ellas.

Esta situación no es poco usual, de hecho, es tan frecuente que en las calles aledañas al Centro Médico Siglo XXI existen diversas casas que dan hospedaje y comida, por un costo muy accesible, a pacientes que vienen a tratarse a la unidad de radioterapia del hospital, porque no encontraron atención en sus estados.

De hecho, el último dato del Sistema de Información de la Secretaría de Salud señala que en el país sólo existen 78 unidades de radioterapia, de las cuales, apenas 3 de cada 10 (el 33.3%) se concentran en la Ciudad de México y Nuevo León, el resto se distribuye en otros 12 estados en una proporción de entre seis hasta sólo dos equipos por entidad.

Esta disparidad se refleja en la atención que los pacientes con cáncer, segunda causa de muerte en el país, reciben en estados sin este tipo de servicio. Por ejemplo, Colima es la entidad con la mayor incidencia de tumores malignos de mama con 46.7 por cada 100 mil habitantes; sin embargo, en esta localidad sólo cuentan con nueve mastógrafos y ninguna unidad de radioterapia.

La Sociedad Mexicana de Oncología, así como diversos comunicados de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) distinguen que los elevados índices de mortalidad por cáncer en el país se deben al tiempo que toma una persona en recibir un diagnóstico certero, especialmente por la falta de equipo para este proceso, y que seis de cada 10 de los nuevos casos de tumores malignos se detectan en etapas críticas o muy avanzadas.

52 mil 563 dosis menos de la vacuna triple viral antisarampionosa se aplicaron en la CDMX, que difiere de la cantidad de infantes que deberían recibir alguna de las dos dosis que les correspondían ese año.

El norte poco saludable

En Baja California 375 personas de cada 100 mil fueron diagnosticadas con diabetes tipo II durante este año, el promedio más alto de todo el país. En contraste, Puebla es la entidad con la menor incidencia en nuevos casos de este padecimiento al reportar 114, casi el doble a la media mundial de 60 pacientes detectados en 2020.

La incidencia de diabetes tipo II, enfermedad metabólica que no es hereditaria, y que no tiene causas genéticas como la I, es más alta en los estados del norte, región en donde se tiene un mayor acceso a alimentos procesados con altos niveles calóricos. De hecho, después de Baja California, las entidades con una mayor carga en este rubro son Tamaulipas y Chihuahua con 339.8 y 301.7 casos nuevos por cada 100 mil habitantes; es decir, cinco veces más que la media mundial.

El resto de los estados de la frontera se ubican en posiciones predominantes de incidencia por diabetes tipo II entre sus habitantes, además, estas entidades destacan también en la prevalencia de obesidad, en donde, a pesar de no estar en los primeros sitios, si ocupan 5 de los 10 primeros lugares a nivel nacional.

En relación al acceso a centros de salud por el tamaño de su población, tres de los seis estados que conforman la frontera norte están por debajo del puesto 25. Baja California, que registra los niveles de incidencia más altos en una de las principales enfermedades crónicas del país, ocupa en penúltimo lugar con un promedio de 8.09 unidades médicas por cada 100 mil habitantes; esto significa que cada unidad necesita atender a 12 mil 363 habitantes cada año.

En el lado opuesto, y no sólo del territorio, Chiapas es la entidad con el índice de obesidad más bajo a nivel nacional y con uno de los menores en diabetes tipo II. Pero además tiene un gran número de espacios para la atención de la salud. Cuenta con 31.25 unidades médicas por cada 100 mil habitantes, lo que se traduce en mil 791 a lo largo de su territorio. Sin embargo, cuando se analiza la disponibilidad de equipo especializado como resonadores magnéticos, tomógrafos o unidades de radioterapia, el estado ocupa los últimos lugares, el número 22 en todo el país.

Querétaro, con 11 elementos, es el estado con la menor cantidad de equipo médico especializado dentro del sector público, y además sólo cuenta con aparatos para estudios de imagen como mastógrafos, cámaras gamma y tomógrafos, por lo que los pacientes con algún tipo de cáncer que requiera radiación deberán solicitar su tratamiento en otro estado.

El contagio extendido de una enfermedad prevenible por vacunación siempre es un indicador negativo del estado y avance del panorama de salud de un país. En el caso de México este escenario se vivió poco después de la irrupción del nuevo coronavirus.

La trampa de las enfermedades que “desaparecen”

De los miles padecimientos que existen, y que pueden afectar a los habitantes de una región, algunas se destacan por su importancia dentro de la sanidad pública, por lo que se lleva un monitoreo específico para, a través de ellas, conocer, tanto el estado de bienestar de la población, como las áreas de oportunidad de los sistemas de salubridad.

›En México, estas enfermedades se monitorean a través de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud, cuya vigilancia no se limita a padecimientos contagiosos, sino que se expande a otros que sirven para diagnosticar el estado de bienestar en el país, y que se dan a conocer semanalmente en un boletín de alerta.

Se trata de los casos de rubeola, fiebre tifoidea, dengue, peste, rabia, anorexia, e incluso violencia intrafamiliar, aunque no es un enfermedad, entre otro centenar.

Al examinar la evolución de las 129 enfermedades y fenómenos contenidos en el boletín durante este año, el 89.9% tuvo algún grado de disminución en el registro semanal, sin que esto signifique una mejora en el panorama de salud nacional, y por el contrario, puede representar un subregistro importante de personas que se dejaron de atender a causa de la pandemia.

Javier Baquedano, médico general con una especialidad en geografía de la salud, destacó en entrevista con ejecentral que el bajo registro de enfermedades de atención básica no corresponde a una disminución real de estos padecimientos, especialmente porque se trata de cifras que no se sustentan en ningún programa especifico, y que se reportaron durante una crisis que supuso el encaminamiento de todos los recursos de los sistemas públicos a un solo flanco, el del Covid-19.

El especialista también detalla que, para poder medir el desarrollo de cualquier estrategia pública en materia de salud, es importante observar los indicadores de variación de enfermedades o condiciones claves como los padecimientos crónicos en su etapa crítica, las muertes maternas e infantiles, los brotes epidémicos prevenibles con vacunación, y aquellos padecimientos poco comunes o de interés regional.

De manera paralela, es importante prestar atención a las enfermedades que, debido a la pandemia, tuvieron un subregistro durante este año, pero que pueden tener complicaciones para las que los servicios de salud no estén preparados ya que no fueron contempladas en sus primeros inicios, por lo que, llegarán al sistema una vez que muestren signos o síntomas más avanzados.

Esto significa que, una vez que la pandemia disminuya en su nivel de contagio, se vivirá un estado de emergencia para atender las enfermedades graves que padece la población.

El alto riesgo de ser madre

Para Javier Baquedano el contagio extendido de una enfermedad prevenible por vacunación siempre es un indicador negativo del estado y avance del panorama de salud de un país. En el caso de México este escenario se vivió poco después de la irrupción del nuevo coronavirus, cuando en la capital del país se desencadenó un brote de sarampión.

Mientras el resto de las enfermedades exantemáticas registraron una reducción de casos durante 2020, a pesar de las disminuciones considerables en los esquemas de vacunación de todos los estados, el sarampión encendió las alertas en 4 entidades del país, aunque la Ciudad de México llevó la peor parte del brote con el 73.4% de los casos totales.

En contraste, en 2019 se aplicaron 52 mil 563 dosis menos de la vacuna triple viral antisarampionosa en la Ciudad de México; esta cifra difiere de la cantidad de infantes que deberían recibir alguna de las dos dosis que les correspondían ese año, ya que, sólo durante 2018 en la capital nacieron más de 100 mil niños, por lo que el margen para la segunda aplicación se reduce a 24 mil inmunizaciones.

Otro de los indicadores relacionados ampliamente con la salud pública es el número de muertes maternas reportadas. En México, los fallecimientos de este tipo reportaron un aumento de 33.9% durante 2020, y aunque las causas típicas, como las hemorragias y enfermedades hipertensivas se mantienen en proporciones similares a las de otros años, en esta ocasión el primer motivo de deceso entre esta población es el nuevo coronavirus.

De las 819 muertes maternas ocurridas hasta la última semana de noviembre, el 21.1% tuvieron como causa directa al nuevo coronavirus, mientras que en otro 5.6% se tiene a esta enfermedad como sospechosa principal de la defunción. En cuanto al impacto por entidad, el estado de México ocupa el primer lugar con 103 decesos, de los cuales casi la mitad, el 48.5%, ocurrieron en alguna institución de la Secretaría de Salud.

Pero existen otros factores a considerar dentro de la salud pública como son el grado de desnutrición de las poblaciones, el acceso a camas de hospital y el desarrollo de enfermedades silenciosas como la depresión o la hipertensión; es por ello que, para lograr una población más saludable, los servicios médicos a lo largo del país deberán hacer una revisión profunda para subsanar las enormes carencias actuales. 

EL "TRIANGULO de las BERMUDAS de CORRUPCION ESTATAL AHOGA los CASOS"...mucha denuncia, pocas judializaciones y contadas sentencias.


La lucha contra la corrupción en los estados se ha caracterizado por detonar muchas denuncias, pocas judicializaciones y contadas sentencias. Las demandas salen del radar de la justicia en una especie de “Triángulo de las Bermudas”, donde autoridades y asociaciones civiles pierden de vista el destino de los expedientes.

A más de cinco años del nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el 27 de mayo del 2015, las tenazas estatales de este mecanismo se han desplegado lentamente, con magros resultados hasta la fecha: los estados no logran procesar judicialmente a gobernadores u otros altos funcionarios involucrados en casos de abuso de poder, tampoco resuelven asuntos que impliquen a empresas poderosas de la talla de Odebrecht.

Los sistemas anticorrupción de los estados sí castigan, en cambio, a funcionarios públicos de poca monta, como policías, o adversarios políticos de quienes detentan el poder.

Una investigación realizada por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, basada en más de 40 entrevistas con integrantes de cinco Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), revela que las principales deficiencias se encuentran en la fragilidad de los mecanismos para proteger a los denunciantes, la falta de personal capacitado para procesar los expedientes y la escasez de sentencias.

Las fuentes consultadas en Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Chihuahua ayudaron a armar una hoja de ruta que muestra que las demandas entran en una zona de opacidad ubicada entre las fiscalías anticorrupción (Poder Ejecutivo), las auditorías fiscalizadoras (Poder Legislativo) y los jueces que dictaminan los casos (Poder Judicial), para luego recorrer los laberintos burocráticos del sistema hasta atorarse en los escritorios de funcionarios sin pericia. 

Las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se promulgaron el 18 de julio de 2016, con la presencia del entonces presidente Enrique Peña Nieto y varios legisladores. Foto: Presidencia de la República.

LAS DENUNCIAS, EL PRIMER DIQUE

El problema inicia con la falta de protección al denunciante. En Chihuahua, por ejemplo, no existen mecanismos que resguarden la seguridad de las personas interesadas en interponer una queja por corrupción, lo cual desincentiva a ciudadanos y funcionarios que intentan poner un alto a los abusos de poder.

“La falta de medidas preventivas y precautorias para los denunciantes puede arriesgar a que se cometan daños en contra de los denunciantes, ya sea de manera laboral, física o psicológica”, explica Félix Romo, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva de Chihuahua. “De repente el denunciante siente que es el denunciado”, añade.

El mismo señalamiento se escucha en el Estado de México y en Guerrero, donde refieren que el miedo inhibe la posibilidad de denunciar a servidores públicos, quienes suelen ser poderosos. Incluso los burócratas de mediano o bajo escalafón suelen tener redes de influencia.

La auditora mexiquense, Miroslava Carrillo, comenta que es urgente coordinarse con los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC), que son el primer eslabón para revisar que los procedimientos se ejecuten. “Vuelvo a leer la ley del sistema y me pregunto: ¿por qué están fuera los OIC de los organismos autónomos?, por ejemplo; va a ser muy importante que nos pongamos de acuerdo para revisar la conveniencia de que propongamos en nuestra próxima reunión del sistema una posible modificación a la ley”.

En el caso de Guerrero, maestros defraudados por la Secretaría de Educación Pública local luchan contra un aparato anticorrupción que los hace ir de ventanilla en ventanilla, sin que a la fecha puedan conocer avances.

Las denuncias de los maestros están extraviadas en los laberintos del SEA. Nadie le ha dado seguimiento a su asunto. El fiscal anticorrupción, Ignacio Javier Murguía Gutiérrez, desconoce los casos, pese a que ya se abrieron las carpetas de investigación. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana les dijo que denunciaran en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, cosa que ya hicieron. Otros servidores públicos les señalaron que la denuncia debió interponerse ante el OIC de la Secretaría de Educación de Guerrero, pero ahí no pueden investigar delitos.

El hecho es que al cabo del tiempo los profesores no han recuperado el dinero que les fue descontado de la nómina, sin su consentimiento.

FALTA DE PERSONAL CAPACITADO

Servidores públicos de las cinco entidades coinciden en que los exiguos avances en materia anticorrupción se deben a la falta de personal, pero sobre todo a la precaria capacitación que se les ha dado para que dominen el Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA).

“Muchos de los expedientes a resolver tienen muy mala fundamentación y motivación, hemos estado platicando con el Tribunal (de Justicia Administrativa) y el 95% de los casos los perdemos por falta de fundamentación y motivación”, señala el titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

Los fiscales anticorrupción de Nuevo León, Estado de México y Guerrero coinciden en que están limitados de recursos materiales y humanos. No hay suficientes ministerios públicos para comenzar a procesar la gran cantidad de casos que tienen. En Guerrero sólo hay tres MP para los 81 municipios, mientras que en el Estado de México apenas hay seis sedes regionales de la Fiscalía Anticorrupción para atender a los pobladores de la entidad más poblada del país. Este tipo de críticas se repiten en los demás estados.

Javier Garza y Garza, fiscal anticorrupción de Nuevo León, señala que uno de los grandes lastres es la lentitud en la integración de las carpetas de investigación y en el ofrecimiento de pruebas durante las audiencias. El excontralor del estado, Gerardo Cantú, asegura que “los tiempos y los procedimientos determinados en la ley terminan por alargar los procesos”.

Un caso de resonancia que no prosperó fue el de las llamadas “Bronco firmas”. Pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció sobre el uso del dinero público durante la campaña presidencial en 2018, a la fecha no existe sentencia debido a fallas en el debido proceso.

“Empezamos a investigar desde cero, esa es la gran diferencia, que no hemos encontrado apoyo ni de la Auditoría del Estado ni de la Contraloría”, acusa el fiscal anticorrupción local.

La Fiscalía de Michoacán tiene un caso que involucra recursos de Odebrecht en la presa Centenario de la Revolución Francisco J. Múgica. No han avanzado en este asunto ni en muchos otros. Argumentan que se encuentran inmovilizados por la falta de capacitación de su personal para evidenciar y sustanciar, así como para seleccionar los perfiles adecuados para los puestos.

En el caso Odebrecht, el Poder Judicial, el CPC y la Consejería Jurídica del gobierno del estado recriminan que no se siguió con el caso, pues la fiscalía no buscó evidencias y decretó el no ejercicio de la acción penal. La fiscalía argumenta que los demandantes debieron aportar las pruebas, cosa que no ocurre en otras entidades.

Desde la fiscalía guerrerense describen un pequeño gran problema que se reproduce en otras regiones del país. El personal suele cometer errores o de plano no sabe cómo redactar las argumentaciones que integran las carpetas de investigación. Se refieren a fallas de técnica jurídica y a falta de conocimiento del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

“Los hechos de corrupción son los más difíciles de comprobar, de indagar. No es como un homicidio, donde hay un cuerpo, por ejemplo. Acá es difícil, primero hallar el cuerpo de delito. Las pesquisas que eso conlleva”, explica el fiscal anticorrupción de Guerrero, Ignacio Javier Murguía Gutiérrez.

LAS POCAS SENTENCIAS

Las cifras oficiales de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de estos cinco estados son como una cascada: los registros de denuncias se cuentan por miles o cientos, mientras que las judicializaciones se reducen a decenas y las sentencias apenas llegan a unas cuantas, como si el oleaje de denuncias terminara en un riachuelo.

De acuerdo con los datos más recientes proporcionados por cada entidad, en el Estado de México se han recibido más de 4 mil denuncias, pero sólo se han judicializado 444 casos. Van 23 sentencias. Los guerrerenses han procesado 66 acusaciones que generaron tres carpetas de investigación y cero sentencias. De las 456 querellas interpuestas en Michoacán, 39 se judicializaron y dos obtuvieron condena. En Nuevo León se registraron 139 denuncias, 90 investigaciones y tres sentencias. Los jueces de Chihuahua sólo han resuelto tres casos.

El detalle de estos datos no es desglosado en casi ninguno de los informes oficiales, a menos que se hagan solicitudes de transparencia, volviendo esto un proceso tedioso para todo aquel que quiera conocer información precisa sobre el destino de las denuncias, judicializaciones y sentencias.

La baja cantidad de casos resueltos es aún más visible en los asuntos que involucran a figuras públicas o empresas poderosas. Mientras en Nuevo León sigue “atorada” la investigación contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, en Michoacán no han logrado que prospere el proceso penal contra los exgobernadores presuntamente involucrados en un contrato fraudulento vinculado con Odebrecht. 

En el Estado de México destacan las sentencias condenatorias a policías de mediano y bajo rango, al tiempo que los procesos judiciales contra alcaldes y servidores públicos de alto nivel se pierden en el camino.

La lucha contra los abusos de poder en Chihuahua es de corte discursivo, mientras que las denuncias contra funcionarios cercanos al gobernador Javier Corral no prosperan, como en el caso de la empresa Extreme Sports, vinculada a un jefe de prensa que contrató a una empresa que brinda servicios de entretenimiento a través de paredes escaladoras para hacerse cargo de la comunicación institucional. 

El entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, acompañó a Enrique Peña Nieto durante el banderazo de salida de las leyes del SNA. Foto: Presidencia de la República.

Y LA POLÍTICA

Si bien estos cinco estados han avanzado a distintos ritmos, todos comparten problemas sistémicos, los cuales también se encuentran en el resto de las entidades y en el modelo anticorrupción de la Federación, a decir de los expertos consultados.

“Al sistema no lo veo en una condición de eficacia en este rubro. Lo que se tiene que incrementar es la infraestructura en las auditorías u órganos autónomos de fiscalización. También que los dictámenes que emita tengan la validez, que no obligue a las fiscalías anticorrupción a tener que hacer otro dictamen por su lado. En esto se pueden abreviar muchísimos pasos para judicializar el mayor número de investigaciones en marcha”, explica el penalista Gabriel Regino.

Para el experimentado abogado, quien coordina una amplia red nacional de penalistas y posee cinco sedes de su despacho Regino Abogados, “la razón exclusiva que obedece a la falta de judicializaciones –además de la falta de capacitación–, son los criterios políticos aún insertados dentro de las fiscalías anticorrupción”.

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, por ejemplo, interpuso denuncias en contra de dos municipios gobernados por Movimiento Ciudadano (MC), quienes supuestamente cometieron irregularidades en las cuentas públicas de 2018; dicha acción motivó que los diputados locales de ese partido consideraran que la ASE es selectiva en la lucha anticorrupción por no demandar a 15 municipios gobernados por otras fuerzas políticas.

Y aunque el fiscal anticorrupción mexiquense, José de la Luz Viñas, reconoce que los principales “golpes” se han concentrado en consignar a policías corruptos, no pierde de vista la importancia de ir por casos de “alto impacto”, porque tienen un doble mensaje: dar resultados y mostrar que atacan la impunidad. “El año pasado conseguimos tres sentencias (contra servidores públicos) por secuestro exprés, cuya pena oscila entre cincuenta y sesenta años de prisión”, dice. 

La titular de la Comisión Anticorrupción en el Congreso del Estado de México, Brenda Escamilla, así como la extitular del CPC, Palmira Tapia, señalan que no basta con sancionar, hay que recuperar los activos involucrados en un caso de corrupción. Esto no ha sucedido en esta entidad. Ni en muchas otras.

Así, con un reducido número de sentencias, una baja cantidad de judicializaciones y un ambiente no propicio para la proliferación de denuncias, el combate a la corrupción en los estados avanza lento, muy poco a poco, mientras los abusos de poder se pierden en un “Triángulo de las Bermudas” al que ni los ciudadanos ni las organizaciones de la sociedad civil pueden asomarse con facilidad.

Reporteros: Alejandro Melgoza (Estado de México y coedición), Melva Frutos (Nuevo León), Verónica García (Michoacán), David Espino (Guerrero), Marco Antonio López y Ciela Ávila (Chihuahua).

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EL "PUEBLO MAGICO" de AJIJIC JALISCO DONDE el CRIMEN "DESAPARECE y MATA"...cercas de Chapala y lejos de la ley y el orden.

Meses antes de la designación de Ajijic como Pueblo Mágico de Jalisco, la Fiscalía halló una fosa clandestina con cinco cuerpos y desarticuló una célula delictiva; en la región, el turismo genera una derrama económica anual de 240 millones de pesos.

 
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El nombramiento que recibió el poblado de Ajijic, en Chapala, como el más reciente Pueblo Mágico de Jalisco, es un reto para las autoridades en materia de seguridad, pues en el sitio se ha confirmado la presencia de la delincuencia organizada e incluso ha tenido antecedentes de fosas clandestinas y desapariciones.

De hecho, el 7 de diciembre pasado, la Secretaría de Seguridad de Jalisco anunció que había reforzado la vigilancia sobre toda la Ribera de Chapala, la cual registró en 2019 una afluencia de un millón 393 mil visitantes, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo estatal.

El 1 de diciembre se designó a Ajijic como Pueblo Mágico y ese mismo día también se registró el asesinato de un empresario restaurantero de la comunidad

“El objetivo es brindar mayores condiciones de seguridad a la ciudadanía y visitantes de los destinos ribereños, con una coordinación plena con las comisarías municipales y las fuerzas federales. Esta presencia se mantendrá de forma indefinida”, señaló el Gobierno estatal.

No es para menos. El 1 de diciembre, cuando el Gobierno de México formalizó la designación de Ajijic como Pueblo Mágico, en el lugar se registró el asesinato de un empresario restaurantero de la comunidad, lo cual incluso motivó una reunión entre los miembros del sector privado de la ribera con distintas autoridades el 7 de diciembre.

Un par de meses antes de que Ajijic recibiera su nombramiento como Pueblo Mágico, la Fiscalía del Estado detectó ahí las operaciones de una célula del crimen organizado, a la cual se le atribuyó una fosa clandestina que fue descubierta en la misma localidad.

“Derivado de las labores de investigación que realiza la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas se logró ubicar dentro de una finca de la comunidad de Ajijic en el municipio de Chapala, un punto en el que un grupo de la delincuencia organizada realizó la inhumación clandestina de cadáveres”, señaló la dependencia el 29 de septiembre de 2020.

“El personal de la Fiscalía Estatal, en coordinación con peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) logró identificar a una profundidad de más de 1.92 metros, justo en la zona de una barda perimetral que delimita la propiedad, lo que se presumía podían ser restos humanos (…). Resultado de este trabajo, al cierre de las actividades de este día se logró la extracción de 5 Personas Fallecidas Sin Identificar“.

El 8 de octubre, la Fiscalía informó que un día antes logró la captura de un grupo delictivo integrado por siete individuos, quienes se encontraban en una finca también en Ajijic, esto a través de un operativo conjunto con la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

“Se logró la detención de siete personas que presumiblemente tendrían relación con diversos ilícitos y a quienes les aseguraron droga así como armamento (…) chalecos tácticos y un vehículo Honda con reporte de robo en Guanajuato”.

FOCO DE ATRACCIÓN CRIMINAL

La intensa actividad turística que presenta la Ribera de Chapala, de la que forma parte el nuevo Pueblo Mágico de Ajijic, y la numerosa comunidad de estadounidenses que se encuentra asentada en esa región de forma permanente, representa un poderoso foco de atracción para la delincuencia organizada.

En el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Región Chapala que elaboró el Gobierno de Jalisco se señala que cada año, los extranjeros dejan en promedio una derrama económica cercana a los 240 millones de pesos

- Programa De Ordenamiento Ecológico Regional De La Región Chapala

El Programa también indica que en la región se asienta la comunidad más grande de estadounidenses fuera de su país. “Siete mil extranjeros residentes en la Ribera de Chapala es el dato aproximado que maneja The Lake Chapala Society, pero en temporada alta suman hasta 17 mil estadounidenses, canadienses, ingleses y de otros países de Europa. La novedad es que en los siguientes cinco años la cifra podrá duplicarse ante el auge de personas que se están jubilando y que buscan un sitio donde vivir”.

El 26 de noviembre, en una reunión con habitantes de Jocotepec, otro municipio de la Ribera, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez enfatizó la relevancia que ha adquirido Ajijic para el sector turístico de toda la región; en ese momento las autoridades locales ya tenían conocimiento de que la localidad sería nombrada Pueblo Mágico.

“Lo que sucede allá (Ajijic) impacta aquí, el turismo que se va a generar si logramos hacer la infraestructura que se requiere para que la Ribera de Chapala pueda con cuidado en sus recursos ambientales seguir creciendo, seguir desarrollándose, generando riqueza para ustedes, esa es la apuesta a largo plazo”, dijo.

MÁS SEGURIDAD EN AJIJIC Y CHAPALA

Este lunes, residentes de Chapala se manifestaron por la inseguridad y la desaparición de personas en la región. Una de las medidas para aumentar la seguridad que analizan las autoridades es que “principalmente los fines de semana se realicen revisiones a vehículos que circulan con irregularidades como falta de placas“, informó el Gobierno estatal.

También se trabajará en “la evaluación técnica para incorporar sistemas de video vigilancia de negocios al Escudo Urbano C5, implementar actividades de prevención del delito como el programa cuentahabiente seguro, estrechar contacto con el sector comercial a través de mesas de colaboración permanente y fortalecer la coordinación intermunicipal en la Ribera de Chapala“.

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"YA EMPEZO la GUERRA ELECTORAL ?": LE ATIZAN con DENUNCIA JUDICIAL al HIJO de la ALCALDESA MAKI ORTIZ COMPRA de TERRENO MILLONARIO CUANDO TENIA 20 AÑOS...el gobernador robaba autos en Texas en 1986.



Un adelanto que preludia lo que serán las próximas contiendas políticas en Reynosa,Victor Peña Ortiz, hijo de la Alcaldesa Maki Ortiz Dominguez,"acérrima enemiga" del Gobernador Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca en quien "NO CONFIA",segun lo ha dicho una y otra vez, ahora su hijo fue puesto en el centro de un presunto dilema judicial luego de ser denunciado públicamente, por el abogado Marcelo Olán Mendoza, quien ante los medios de comunicación, explicó que el vástago de la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, aparece como propietario de un terreno de 1, 500 hectáreas, ubicado en el municipio de Cruillas, Tamaulipas, cuyo predio, según documentos en poder del denunciante, el también Presidente del DIF Municipal, “lo compró el 9 de enero del año 2014, en 4 millones 500 mil pesos”.

EL problema se dice, “no es que el joven Peña Ortiz, haya comprado el terreno”, sino que, deberá explicar ante los tribunales de justicia, (porque lo vamos a denunciar) dijo Olán Mendoza, como y de qué forma, adquirió el monto millonario, para “ejercer la operación de compra-venta” de las mil 500 hectáreas, porque él, en ese entonces, tenía 20 años de edad y hasta la fecha, no se le ha conocido algún trabajo, cuyo tema desde ayer, ha causado enorme revuelo e impacto político, porque el joven heredero de la alcaldesa Doctora Maki Ortiz Domínguez, al ser acusado penalmente, “tendrá que enfrentar a la justicia”.

EL LIC. MARCELO Olán Mendoza, dijo tener los documentos necesarios, para sustentar y formalizar la acusación penal contra Carlos Víctor Peña Ortiz, por los presuntos delitos de “lavado de dinero, además de falsificación y uso indebido de documentos oficiales”, porque hay de por medio, (actas de nacimiento distintas) utilizadas por el hijo de la alcaldesa, (con nombres diferentes), porque en una de las actas, el presunto delincuente, aparece como CARLOS VÍCTOR ROBERTO PEÑA ORTIZ y en la otra solo como Carlos Peña Ortiz, con los nombres de los mismos padres: Maki Esther Ortiz Domínguez y Carlos Peña Garza, observándose otra irregularidad más, porque la alcaldesa en una acta, lleva el nombre de MARY ESTHER y no el de MAKI ESTHER, lo que por obviedad, también involucra a la Presidente Municipal de Reynosa, en este señalamiento de carácter penal.

LO QUE A JUICIO del denunciante, Lic. Olán Mendoza, es que la población reynosense, se dé cuenta de cómo opera la alcaldesa Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, para agenciarse terrenos que, son de muy alto monto económico, porque igual, dijo el entrevistado, “el terreno de las 1, 500 hectáreas, no tiene un costo neto de 4 millones y medio de pesos, sino de por lo menos 12 millones de pesos y por supuesto deberá probar cual es el origen de los recursos con los que el hijo de ella, Carlos Víctor Roberto Peña Ortiz, compró el mencionado predio, detalle jurídico que, por nada del mundo, escapará de la investigación que se tenga que hacer, una vez que el denunciante, bajos los protocolos emanados por la justicia, formalice la acusación penal correspondiente contra el heredero de edil de Reynosa.

EXPLICÓ EL abogado, (en la acusación pública) que, de no probar Carlos Víctor Peña Ortiz, de donde sacó o como obtuvo el dinero para la compra de las un mil 500 hectáreas de terreno en Cruillas, Tamaulipas, eso desde el punto de vista legal, conducirá al hijo de la Presidente Municipal Dra. Ortiz Domínguez a tener que responder penalmente, repito, por “el delito de lavado de dinero” 

LO INDIGNANTE es que los ciudadanos de esta población fronteriza, “hayan confiado en la familia Ortiz Domínguez”, la que evidentemente, ha defraudado a las familias de todos los estratos sociales, e incluso, ni los trabajadores del municipio aceptan los malos tratos y toda clase de humillaciones de los que son objeto, por parte de la alcaldesa Dra. Maki Ortiz, porque esos ciudadanos de buen corazón que ahí trabajan, dijo el Lic. Marcelo Olán, “son los que nos han hecho saber la información” de la que estamos dando amplia cuenta, aquí antes ustedes los medios de comunicación, para que el pueblo de Reynosa, “CONOZCA LA VERDADERO ROSTRO” de la Dra. Maki Ortiz.

EN OTRA PARTE de su mensaje, el activista político y social Marcelo Olán Mendoza dijo que, como va a ser posible que, un joven como Carlos Víctor Roberto Peña Ortiz, a quien no se le conoce trabajo alguno y “tenga un cargo honorifico”, como entonces maneja muchos millones de pesos, no solo por el caso que aquí estamos denunciando públicamente, sino por los millones de pesos que tiene bajo su dominio, por tan solo estar al frente del Sistema DIF Municipal, “donde se venden las despensas” y no se da cuenta clara, sobre los manejos financieros que, EL HIJO DE MAKI, lleva a cabo en ese noble organismo.

Con informacion de:lupeernesto@yahoo.com.mx/