La violencia que hoy vivimos ha destruido vidas y comunidades, y amenaza con destruir nuestro sistema constitucional. Esta violencia fue desatada por la decisión -irresponsable e inconstitucional- de militarizar la seguridad pública en Michoacán, en diciembre de 2006. Entonces, el gobierno nos dijo que se trataba de un mal necesario, pero transitorio; que pronto todo volvería a la normalidad. Nos mintió. El manotazo de Felipe Calderón no fue ni una ni otra cosa: la militarización no era necesaria; tampoco ha resultado transitoria.
La popularidad de nuestro Ejército, y la raja política que presidentes y gobernadores sacan de asociarse a él, llevó a que Calderón y Peña Nieto prolongaran y propagaran a todo el país ese error de diciembre de 2006. Ambos trataron, en distintos momentos de sus sexenios, de pintar de legalmente aceptable la militarización de la seguridad pública, disfrazándola de “seguridad interior”. Pero la farsa quedó expuesta cuando, en noviembre de 2018 la Suprema Corte declaró, unánimemente, que no por llamarle “seguridad interior” y no “seguridad pública” se dejaba de vulnerar la Constitución, cuyo cuerpo con toda claridad prohíbe que la seguridad pública quede a cargo de órganos militares.
Se abrió entonces una oportunidad histórica para el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador: con el respaldo unánime de la Corte y con el respaldo innegable de las urnas, pudo haber cumplido su promesa de campaña, terminando con la fracasada estrategia de imponer la seguridad a balazos.
El presidente electo tomó la oportunidad para abandonar la farsa, sí; pero cometió el error de no acabar con la estrategia de militarizar la seguridad pública. Propuso una reforma constitucional para crear un nuevo cuerpo militar, llamado Guardia Nacional, encargado de la seguridad pública. La movida buscaba que la Constitución se adaptase a la práctica de las autoridades y no viceversa, trayendo a la memoria al tristemente célebre Alcalde Juan Vargas, de la película La ley de Herodes, cuando goma y lápiz en mano, tachonea y enmienda su copia personal de la constitución para “facultarse” a hacer su soberana voluntad.
Por suerte, en la vida real, contamos con un sistema constitucional de frenos y contrapesos y no bastan papel y goma. La propuesta del flamante presidente se topó con un muro en el Senado de la República. Allí se gestó una reforma constitucional muy distinta, y auténticamente histórica. Esa reforma articuló, por primera vez, un gran pacto nacional para salir de la crisis de seguridad que nos aqueja por tercer sexenio. El Pacto por la Seguridad constaba de tres piezas fundamentales. Primero, se crearía la Guardia Nacional, pero sería una institución civil y policial, no militar. Segundo, se establecía un mandato a los tres niveles de gobierno para emprender un ambiciosa e indispensable reforma de las policías municipales y estatales de todo el país. Por último y en tercer lugar, se reconocía constitucionalmente -por primera vez- la necesidad del uso extraordinario de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero exigiendo se sometiese a un régimen transparente y acotado.
La reforma fraguada en el Senado fue un gran acierto. Proporcionaba, por un lado, seguridad jurídica a nuestros soldados y marinos al darles fundamento legal para su acciones. Por el otro, protegía a nuestros ciudadanos, obligando a que las acciones de militares en tareas de seguridad pública quedasen sujetas un régimen jurídico serio, fincado en nuestras obligaciones internacionales. El régimen transitorio al que se sujetó a las Fuerzas Armadas en el hoy famoso Artículo Quinto Transitorio no es otro que el que la Corte Interamericana había ya impuesto a México en el Caso Alvarado: subordinación al mando civil, fiscalización independiente de su actuar, regulaciónmediante ley, y un uso exclusivamente extraordinario y subsidiario de las fuerzas armadas en tareas que competen a civiles.
Con el Pacto de 2019, el Estado mexicano se dio a si mismo las herramientas necesarias para lograr construir la paz desde abajo, con instituciones policiales sólidas, y transitar el camino de la desmilitarización de forma responsable, gradual y ordenada. El Presidente López Obrador tuvo el mérito de proponer que el país entero abandonase la farsa inconstitucional y reconociese que necesitaba forjarse un nuevo pacto fundamental en materia de seguridad. El Congreso tuvo el mérito de no aceptar la propuesta inicial del Presidente -consistente sólo en la salida del closet del militarismo- y en cambio exigir una auténtica política de Estado encaminada a desechar la curita usada y sucia de la militarización de la seguridad pública y reempazarla por la cirugía mayor a las policías que el país tanto necesita. Los congresos locales, reconociendo que el problema no es sólo competencia del gobierno federal, avalaron unánimemente el Pacto.
Parecía que el país tenía una oportunidad para salir de la crisis, pero el Presidente López Obrador -frustrado y encaprichado por el rechazo a su propuesta inicial- emprendió una estrategia de evasión del pacto constitucional recién fraguado. Hace un año, construyó una Guardia Nacional burdamente militar, como él había propuesto originalmente, y no la corporación policial y civil que la Constitución le ordenaba. Hace un mes, aprovechó la crisis del COVID para lanzar una bola rápida y habilitar, mediante un obscuro Acuerdo que suplanta al Congreso, a las Fuerzas Armadas, sin cumplir con las exigencias de subordinación, fiscalización, regulación, subsidiariedad y excepcionalidad que exige el régimen constitucional transitorio. El Acuerdo, por supuesto, echa por la borda el gran Pacto por la Seguridad de 2019 y deja en manos de un solo hombre -él- la decisión de cuándo, cómo, dónde y para qué actúa el Ejército. Además, el Acuerdo prevé que el Ejecutivo sólo se rendirá cuentas a si mismo.
Todo indica que el Presidente (asesorado por algún abogado que merece el calificativo de coyote) apostó por hacerlo a través de un Acuerdo y no -como debía- mediante una iniciativa de Ley, a fin de evitar los controles de constitucionalidad que minorías parlamentarias tienen a mano cuando se aprueba una ley inconstitucional. Supongo que apostó a que ningún gobernador o presidente municipal, así fuese de oposición, lo llevaría a juicio ante al Suprema Corte, pues la gran mayoría de ellos dependen de las fuerzas castrenses, que ya ocupan su territorio, para mantener la apariencia de seguridad. Tengamos en cuenta que, más de dos sexenios de militarización de la seguridad pública, han destruido la capacidad policial local en casi todo el país. Finalmente, asumo, consideró que el órgano autónomo que podía haber impugnado el Acuerdo, la CNDH, era ya instancia dócil y sumisa, desde la imposición inconstitucional de una militante partidista en su presidencia. En esto último tuvo razón. Pero se equivocó en sus otros cálculos.
El Presidente -o sus asesores- no calibraron que, además del texto formal, queda aún una constitución real y que esta funciona cuando los miembros de la clase política se toman en serio su papel como representantes populares y órganos constitucionales. Hasta el día de hoy, han sido tres actores que se toman en serio la constitución y asumen su papel de defenderla interponiendo controversias constitucionales en contra del Acuerdo ante la Suprema Corte. Primero fue el Presidente Municipal de Colima, Leoncio Morán, de Movimiento Ciudadano. Es importante que sea un Municipio capital, de un estado aquejado por una severa crisis de seguridad, quién haya lanzado la primera piedra. Eso nos habla de alguien consiente de que la seguridad no se impone desde arriba, sino que se construye desde abajo. Mis respetos. Luego vino Silvano Aureoles, único gobernador del PRD. Es particularmente importante que sea desde el estado -Michoacán- donde la militarización inició y que más tiempo ha intentado pacificar a balazos, quien cuestione el atropello presidencial. Por último, la Presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas (militante panista), hizo gala de responsabilidad y visión de Estado al ejercer, por primera vez en la historia, la facultad que le confieren las normas para, en representación de todo el Congreso, interponer una Controversia ante la Corte. Ésta última controversia es la más importante, porque de ganarse beneficiará a todo el país y no sólo a un Municipio o a un Estado.
Comparto comunicado sobre la controversia constitucional que el día de ayer presenté ante la @SCJN para que revise la constitucionalidad del acuerdo del Ejecutivo Federal del 11 de mayo de 2020.3/3
El comunicado en que Laura Rojas da la cara a la Nación y explica sus razones debe de ser leído por todas y todos los ciudadanos. Es un documento histórico. Allí plasma la necesidad de encarar la inseguridad con la Constitución en mano y despejando cualquier duda sobre la legalidad del actuar de las autoridades, por el bien de la ciudadanía, pero también por el bien de nuestras Fuerzas Armadas que cargan ya el desgaste de las irresponsables decisiones de tres presidentes. Con su actuar, lo que nos recuerda la Diputada Rojas es que solo a través de la colaboración de todos los órganos del Estado, y no mediante la decisión unipersonal de un gobierno, se superará la crisis de seguridad que hoy vivimos. Eso, es ver la coyuntura como Estadista, con un horizonte de largo plazo, y no como un político, con miras a la siguiente elección.
Hoy tenemos un país dividido y en conflicto. Tenemos aún, por suerte, también una Constitución que prevé como resolver los conflictos. El conflicto de seguridad debe resolverse mediante el respeto al Pacto de 2019. Cierto, hay opiniones divididas sobre qué significa la reforma Constitucional que dio forma al Pacto. El Presidente y sus fieles creen que el Pacto consiste en dejar a su discreción el uso de las Fuerzas Armadas. Un alcalde, un gobernador y la Presidenta de la Cámara de Diputados consideran que el Pacto consiste en ceñirse al régimen transitorio expresamente referido en la Constitución. El conflicto que representa la división de opiniones sobre lo que implica Constitución se resolverá cuando la Corte decida. Es gracias a quienes hoy han decidido ejercer los contrapesos que la Constitución les otorga, que tendremos esa oportunidad. Que sea una corte de justicia la que decida, #QueLaCorteDecida, es una conquista histórica de la democracia mexicana. Valorémosla. Antes, las cosas se hacían como decía el dedito del presidente. No permitamos que las cosas vuelvan a ser como antes.
Fuente.-Alejandro Madrazo/
