Grandes mansiones vacías, propiedades de lujo donde el pasto y la maleza ha crecido con los años, paredes con agujeros de bala y ranchos que incluyen hasta un auditorio para grandes eventos: así son por dentro las casas de los narcotraficantes incautadas por las autoridades.
El gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer las fotos del interior de algunas de las propiedades incautadas durante varios años a los capos del narcotráfico y las dio a conocer para poder subastarlas.
El Gobierno Federal subastó 27 lotes, pero no pudo vender la mayoría de ellos (Foto: Secretaría de Hacienda y Crédito Público)
La que inmediatamente resaltó entre sus pares fue la propiedad que perteneció a Carlos Montemayor González, suegro del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, mejor conocido como "La Barbie": el rancho llamado "Los Tres García".
La fachada del rancho “Los Tres García” (Foto: Presidencia de México)
El lugar es imponente: además de la casa en su interior, cuenta con un "palenque", un auditorio donde caben más de un centenar de personas, y cuyo centro se usa para conciertos, jaripeos y exhibiciones de charrería y otras cosas.
Una de las construcciones al interior del rancho (Foto: Presidencia de México)
Valdez fue detenido en agosto de 2010 y sentenciado a 49 años de prisión en Estados Unidos en 2018. Su dueño, Montemayor, fue detenido en noviembre de 2010. El rancho del suegro del narcotraficante está ubicado en Naucalpan, Estado de México, fronterizo con la Ciudad de México.
El jaripeo, donde había un aforo para más de un centenar de personas (Foto: Presidencia de México)
Otra de las propiedades de lujo que destacaron fue la conocida como "Rancho Leonero", ya que en este punto se localiza la residencia de lujo del narcotraficante, Francisco Javier Arellano Félix, alias "El Tigrillo", en Los Cabos, Baja California.
La propiedad da de frente a las playas de Los Cabos (Foto: Presidencia de México)
Para entrar a la propiedad en el lote 1 del Fraccionamiento Campestre, se debe llegar a un letrero localizado sobre la carretera federal que avisa sobre un recorrido de 8 kilómetros plagado de calles arenosas y en las que se asienta la mansión.
El interior del lugar se encuentra vacío, lo que lo hace ver aún más amplio (Foto: Presidencia de México)
Ésta cuenta con playa, alberca, acabados de lujo y pese al abandono del inmueble, no cuenta con daños. Tiene una superficie de 859 metros cuadrados y escrituras con posesión.La propiedad tiene una superficie de unos 859 metros (Foto: Presidencia de México)
Los últimos días de libertad los vivió ahí, hasta su detención el 16 de agosto de 2006 por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Los vecinos sabían que ahí vivía el líder narco (Foto: Presidencia de México)
Sus conocidos insinúan que cuando había noticias públicas de que la Procuraduría General de la República buscaba al “Trigrillo”, siempre se refugiaba en la casa, y pasaba semanas enteras descansando, y luego se marchaba.
Otra de las propiedades de los Arellano Félix, en este caso Eduardo, también dejó una casa que fue incautada por el gobierno tras un intenso tiroteo donde fue capturado en 2008.
El lugar suele ser visitado por curiosos y todavía tiene las marcas de las balas en el frente (Foto: Especial)
En el interior, se puede apreciar una pared que recibió un intenso intercambio de balas. El lugar ha estado abandonado desde que fue recuperada por el gobierno mexicano.
El lugar ha estado abandonado desde que fue recuperado por el gobierno mexicano (Foto: Especial)
Sin embargo, dos de las casas más famosas y de las que se esperaba un buen ingreso no pudo ser vendida: las que eran propiedad de Raúl Flores Hernández, conocido como"El Tío" y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los compradores evitaron acercarse a las propiedades de “El Tío” por miedo a represalias (Foto: Especial)
Ambas propiedades, ubicadas en Morelos –una en Cuernavaca y otra en Jiutepec– fueron desairadas por los potenciales compradores por la misma razón por las que no se lograron vender otras tantas: por temor a las represalias de quienes están ligados a los antiguos propietarios.
La subasta del gobierno de López Obrador
La subasta realizada este domingo se quedó por debajo de la recaudación esperada (Foto: Gaño Cañas/ Cuartoscuro)
El gobierno mexicano subastó este domingo una serie de propiedades que pertenecieron en su momento a narcotraficantes. Sin embargo, obtuvieron apenas unos USD 3 millones, la tercera parte de su meta original que pretendía reunir para destinarlos a municipios pobres del estado de Guerrero.
En 18 de los 27 inmuebles ofertados, la subasta fue declarada desierta y por los nueve que fueron vendidos se pagaron un total de 56,6 millones de pesos (unos USD 2,9 millones) informó en un boletín el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes(SAE).
El objetivo de la subasta, celebrada en la antigua residencia presidencial de Los Pinos, ahora transformada en centro cultural, era reunir al menos los 168,5 millones de pesos ( USD 8,8 millones) del precio de salida de los 27 inmuebles.
El traicionero río Coatzacoalcos, de corrientes caprichosas y cauces serpenteantes donde se anidan cocodrilos y otros reptiles, esel nuevo centro de operaciones de indocumentadosque buscan evadir la caza de agentes migratoriosque se centran en carreteras con el cambio de política migratoria del nuevo gobierno.
“Es una nueva ruta que va de Coatzacoalcos a Catemaco, en la región de los Tuxtlas, Veracruz (sureste)”, explicó Mario Hernández, subdirector de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la región. “Encuentran apoyo de personas porque prácticamente no los conocen, nos dicen que los llevan en lancha, cobran el viaje a 500 o 600 pesos (entre 30 y 55 dólares) por persona”.
De acuerdo con testimonios de los migrantes a la prensa local, el viaje dura aproximadamente una hora y media y, al llegar a Catemaco, caminan hacia las terminales de autobuses y de ahí suben hacia Tamaulipas, una de las regiones más complicadas por la presencia de grupos del crimen organizado: células de los alicaídos Zetas y el Cartel del Golfo, principalmente.
“Esa ruta no es nueva, pero se usaba poco”, precisa Ivan Sah, reportero de la región que ha cubierto el tema en los últimos años. “Es muy peligrosa porque en la zona de Coatzacoalcos el secuestro es muy común: sólo en el mes de abril, el cónsul de Honduras, Raúl Otoniel, denunció el rapto de 14 ciudadanos de ese país a quienes exigían cantidades ‘impagables’”.
Otro problema sería que los pescadores, que conocen bien el río y por eso no hay peligro en el traslado, comenzaran a meter más migrantes de la capacidad que tienen las lanchas: podría haber un accidente.
El delegado del INM explicó que, para evitar los problemas del flujo por esa vía, concentrarán un operativo regional. “Se prevé habilitar una patrulla marítima con ayuda de la Secretaría de Marina que también contará con dos elementos del Instituto Nacional de Migración para vigilar esta nueva ruta”, advirtió.
Desde que se implementó el Plan Istmo, el pasado 28 de marzo, los agentes han detenido en la región a 9,000 migrantes sin documentos y los han empujado a zonas anteriormente poco conocidas; dos mil de ellos, en Veracruz.
En uno de los operativos detuvieron a cuatro tráileres que llevaban hacinados a 791 migrantes hace unas semanas, justo cuando México intentaba que el presidente de Estados Unidos no impusiera aranceles a productos que hasta ahora están exentos como parte del libre comercio entre los dos países.
Quién dice que no hay presupuesto. Sí hay, claro que hay, pero es para ideas nuevas, revolucionarias, no para mantener lo viejo, lo conservador, lo fifí, lo que huele a porfirista. “Poquito porque es bendito”, ha dicho el Presidente sobre el gasto del gobierno.
El Instituto Mexicano de la Radio (Imer), el Instituto Nacional de Migración (INM), son lo de ayer, instituciones de corte neoliberal. Hoy, en la era de la 4T, se requieren ideas novedosas, innovadoras, frescas... Hay que gastar el poco dinero que dejaron los anteriores gobiernos corruptos en nuevas instituciones.
Lo de hoy son dependencias como el ya famoso Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepuro), eso si ya es otra cosa.
“Todo lo que se confisca a la delincuencia y lo que se va a obtener por la corrupción: automóviles, ranchos, residencias, dinero en efectivo, todo, se le va a devolver a la gente”, afirmó el Presidente y, en días posteriores, nombró al director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Ricardo Rodríguez Vargas, también como el responsable del flamante Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Pero como este gobierno, aunque usted maliciosamente lo dude, durará solo seis años, no hay tiempo que perder y los creadores del Indepuro ya deberían de estar arrastrando el lápiz, para que este mismo verano, sorprendan al pueblo con otras brillantes ideas de transformación de la administración pública.
Y aunque el bendito presupuesto es chiquito, siempre habrá lugar para la innovación, para las buenas ideas. Se podrían crear otras instituciones de avanzada. Aquí unas ideotas, humildes y austeras, pero al fin ideotas:
El Instituto Nacional de Otros Datos (INOD).- Institución que bien podría sustituir al Instituto Nacional de Geografía (Inegi) para que se encargue de dar a conocer la verdadera información, no las que arrojan las mediciones y estudios científicos. Es decir, las cifras que se obtienen de recorrer el país, de escuchar a la gente en los mitines. Quién puede saber más si los precios subieron o no a nivel nacional que el señor o la señora que va todos los días al mercado. Qué van a saber del costo de la vida esos tecnócratas fifís, esos señoritingos que no viajan en el metro y que quieren explicar todo con estadísticas y gráficas. Lo de hoy es que cada quien tenga sus propios datos, otros datos.
Fuerzas Armadas de Bienvenida al Centroamericano(FABC).- Lo de ayer era el Instituto Nacional de Migración, que no solo era una coladera que dejaba pasar a los indocumentados por la frontera sur, sino que hasta hace unos meses incluso emitía salvoconductos que permitían a los migrantes cruzar el territorio nacional. En vez de pistolas y rifles estaban armados con tinta y plumas. Lo de hoy es que soldados, marinos y policías, armados hasta los dientes, convenzan a los hermanos centroamericanos que no es buena idea entrar a Méxicopara llegar a Estados Unidos, nación en que el señor Donald Trump no los quiere; y que no tiene caso que hagan un viaje tan largo para que lleguen, les pongan mala cara, y no los dejen entrar a suelo estadounidense.
Así que, en una misión humanitaria, las Fuerzas Armadas de Bienvenida al Centroamericano los reciban en el sur de México y los inviten a salir del país. Y en su infinita preocupación, por ellos, también los cuiden en la salida del norte, la línea con EU. Ahí los detendrán antes de cruzar, pues no sea que vayan a caer en las manos de la Patrulla Fronteriza estadounidense, y ya sabe usted como son de violentos esos policías gringos de la Border Patrol.
Agencia Nacional de Despido de Personal (ANDP).-Con el fin de administrar los masivos despidos que esta llevando a cabo la 4T es necesaria la creación de esta instancia que ayude al gobierno a deshacerse de esa pesada carga que los corruptos gobiernos anteriores crearon... Una burocracia dorada llena de lujos y privilegios. Como hasta ahora el recorte ha sido con machete (algunos mala leche consideran que con motosierra), esta dependencia se encargará de sacar el bisturí, pues ya se les había pasado la mano y en la poda se llevaron hasta uno de los adoptados de la Cuarta Transformación, quien tuvo que dejar su plaza como director del Seguro Social cuando el machete ya había caído sobre los medicamentos y algunos médicos y apuntaba hacia el mero mero del IMSS.
Compañía Petrolera “El Ganso” S.A. (Pegasa).- Como en la época del “Tata Cárdenas” existió la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A, que fue expropiada a inversionistas británicos en 1938, ahora bien podría existir la Compañía Mexicana de Petróleo “El Ganso” S.A, con la diferencia de que esta empresa sería desde su nacimiento 100 por ciento azteca. Compañía Mexicana de Petróleo “El Ganso” sustituiría a Pemex, empresa que los gobiernos neoliberales dejaron en quiebra y convertida en un nido de corrupción. Esta nueva petrolera, ya purificada de corrupción y de su parasitario sindicato, sería la solución a muchos de los problemas económicos del país. Se construiría Dos Bocas, para alimentar millones de bocas. Para que donde hoy come uno coma un millón.
Instituto Mexicano del Abucheo (IMA).- Órgano encargado de organizar abucheos a gobernadores durante las giras presidenciales. Aunque se trata de no crear más burocracia, lo reiterado de esta práctica requiere de un equipo compacto, pero profesional, de gente de confianza que opere y ejecute abucheos de clase mundial. No confundir con el (Instituto Morenista del Abucheo (IMA), que tiene las mismas funciones, pero no depende el gobierno. Ni que estuviéramos en tiempos del PRIAN, esto ya cambió.
Instituto de la Consulta a Mano Alzada (ICMA).- Ya chole con los reclamos de los adversarios del Presidente que se la pasan criticando las consultas que realiza durante sus mitines y, en las que la plural asistencia decide si se hacen o no obras, o si se toman o no acciones. Para evitar esos ataques de los conservadores y las críticas de la prensa fifí, el ICMA se dedicará a que estas consultas a mano alzada estén mejor organizadas, así como a garantizar la pluralidad y representación de los votantes, además de vigilar que nadie alce las dos manos al mismo tiempo y que todos los asistentes tengan las manos limpias y las uña cortas.
Productora Gubernamental de Televisión y Videos(PGTV).- Aprovechar los canales del Estado para crear este sistema televisivo y de producción de video en el que haya programas conducidos por patriotas, hombres y mujeres de bien, que crean ciegamente en el modelo de la 4T. Los programas y conductores de PGTV tendrán la misión de trasmitir la versión oficial, que es la única y real, para hacer contrapeso a los medios privados que son dominados por la mafia del poder y por los adversarios del gobierno que siempre tienen otros datos (mmmm, ¿eso no está funcionando ya con otro nombre?).
Tribunal Único de Justicia (TUJ).- Poder que estará por encima de la Ley. Recuerde la máxima presidencial: “Si hay que optar por la ley o la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”. Desde luego este poder estará por encima del Poder Judicial Federal, que aún mantiene la atávica costumbre de querer hacer valer la ley.
Mecanismo Mexicano Calificador (MMC).- Mecanismo encargado de calificar el desempeño de las calificadoras internacionales. (Nada más para que vean lo que se siente).
Sistema Nacional de Quejas (SNQ).- Línea que trabaje las 24 horas del día y los 7 días de la semana en caso de que el presidente de Estados Unidos tenga alguna queja. Del correcto funcionamiento de esta entidad dependerá que el amigo, Donald Trump, no se moleste y le dé por proferir amenazas de cobrar impuestos, iniciar guerras comerciales o diplomáticas. Aunque usted bien sabe que podríamos ganar esas guerras, recuerde que somos un país de amor y paz.
Secretaria de la Austeridad.- Dependencia federal encargada de verificar que en las instituciones nadie conecte cafeteras y asegurarse de que trabajen con la computadora apagada para ahorrar energía y que el recibo de la luz no llegue tan elevado. Además deberá vigilar que nadie gane más que el Presidente, al menos en la nómina pública. En coordinación con la Agencia Nacional de Despido de Personal, se encargará de decidir los despidos de los empleados del gobierno, sean necesarios o no. Además revisará todas, absolutamente todas, las compras del gobierno, desde un lápiz hasta una carretera y optará siempre por las más baratas, aunque no sea las mejores.
Instituto Nacional Para la Erradicación del Porfirismo(INEP). Entidad encargada de evitar que otros miembros de la 4T sigan el ejemplo de Porfirio Muñoz Ledo y se pongan retadores y críticos. No más neoporfiristas.
Instituto Mexicano Contra el Neoliberalismo (IMCN): Esta instancia se encargará de que la iniciativa privada, que por definición es corrupta, no realice obras públicas. Si se necesita un aeropuerto nuevo, que lo construya el Ejército; si el sargazo ensucia las playas, que las limpie la Marina; si hay que construir una refinería, que la construya Pemex. Además se encargará de no ceder ante los caprichos del imperialismo yanqui. Aquí en este país no se va hacer lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiera; él no pone las reglas, faltaba más.
Ya ve como ideas buenas, bonitas y baratas sobran. Ya ve como gobernar no es cosa del otro mundo, no tiene mucha ciencia, es solo cuestión de tener sentido común y levantarse temprano. ME CANSO GANSO: En Ecatepec el Presidente dijo: "No crean que tiene mucha ciencia el gobernar. Eso de que la política es el arte y la ciencia de gobernar... No es tan apegado a la realidad; la política tiene más que ver con el sentido común…”. El gobernar bien, eso sí, ya es otra cosa.
Con el pago de un millón de euros como fianza (garantía), el Juez Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional de España, resolvió decretar la libertad bajo fianza a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México.
El juez resolvió que el empresario mexicano deberá de comparecer cada dos días ante el juzgado o tribunal que conozca de la causa o en el domicilio que fije, la prohibición de salir del territorio de España, además, determinó retirarle los pasaportes que ostente (México y Estados Unidos). De la misma forma deberá facilitar un teléfono celular a fin de estar localizado.
En relación a esta determinación Judicial en España, la Fiscalía General de la República (FGR), informó que esta determinación no significa, de ninguna manera, que el empresario quede exonerado de los delitos de los que le acusa.
Es muy importante resaltar que el procedimiento de extradición continuará su curso normal y el único efecto de la libertad otorgada consiste en que Alonso “N” podrá seguir el procedimiento en libertad en tanto cumpla con todos los requisitos establecidos.
- FGR
Agregó que la solicitud de libertad provisional bajo fianza le fue otorgada básicamente porque la Ley mexicana lo permite y por razones de proporcionalidad en esta medida cautelar e iniciara el proceso de extradición a México, de ser así México tendrá 45 días para enviar la documentación requerida para tal motivo.
Alonso Ancira Elizondo, dueño de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), fue detenido por agentes de la Interpol, en Mallorca, España, el pasado mes de mayo, luego de estar presuntamente vinculado con la venta irregular en 2013 de la empresa “Agro Nitrogenados” a Pemex, cuando la paraestatal era dirigida por Emilio Lozoya Austin.
En 2015 la entonces PGR ordenó al Coordinador de Servicios Periciales de la Procuraduría aplicar un examen especializado para detectar tortura, conocido como “Protocolo de Estambul” a 95 personas arrestadas, acusadas de haber participado en el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y se ordenó investigar a por lo menos 61 funcionarios públicos que participaron en las detenciones por presuntos actos de tortura y detenciones arbitrarias.
Pero los protocolos no se hicieron en tiempo, y hasta la fecha ninguno de los 61 servidores públicos ha sido sancionado.
De los 61 funcionarios señalados por “posibles conductas delictivas” -quienes deberían ser investigados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales-, 37 son de la Policía Federal Ministerial, 16 de la Secretaría de Marina, y 8 funcionarios de la Policía Federal contra 56 detenidos.
A 19 de esos funcionarios se les acusó formalmente de “conductas constitutivas de delito” perpetradas contra 15 detenidos. Entre estos el Policía Federal Ministerial Ezequiel Peña Cerda y el marino Ariel Agustín Castillo Reyes, quienes habrían participado en la tortura videograbada contra Carlos Canto Salgado. Hasta ahora ninguno ha sido sancionado.
Al menos diez de los 61 funcionarios señalados participaron hasta en dos eventos de detención con presunta tortura.
Aristegui Noticias revisó el compendio de actas de investigación ordenadas, las cuales se encuentran dentro de la auditoría practicada por la entonces Visitaduría General de la PGR encabezada por César Chávez Flores en 2016. Cabe aclarar que dichas investigaciones no fueron ordenadas en 2016 por el Visitador, cuya auditaría no fue validada por la PGR cuando la titular era Arely Gómez. Sino que fueron ordenadas en distintos momentos de 2015 por ministerios públicos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos “al considerar que en las detenciones de los inculpados en los hechos ocurridos el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, se había incurrido en posibles abusos por parte de los elementos aprehensores”.
El caso de la tortura de Carlos Canto Salgado, cuyo video circula en redes sociales, es un ejemplo de cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto obtuvo señalamientos auto incriminatorios de personas que presentaban serias lesiones cuando fueron presentados al ministerio público.
Con estas declaraciones la PGR creó la versión oficial del caso Ayotzinapa que fue rechazada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos y fue desvirtuada por la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuyo Secretario Técnico fue Omar Gómez Trejo, quien el 26 de junio fue nombrado titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.
Esta es la lista de quienes debían ser investigados por tortura y abusos.
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Tortura probada
El 12 de junio de 2018 el Tribunal Colegiado del 19º Circuito en Tamaulipas emitió una sentencia histórica relativa a los amparos en revisión 203/2017, 204/2017, 205/ 2017 y 206/2017 interpuestos por varios detenidos del caso Ayotzinapa. A lo largo 686 páginas que componen la sentencia el Tribunal enlista los claros indicios de tortura a través análisis de los diversos dictámenes médicos practicados a varios de los detenidos cuando fueron presentados ante el Ministerio Público de la entonces PGR, e incluso después.
En la sentencia el Tribunal señala que se encontraron pruebas científicas de la tortura en casos como el de Patricio Reyes Landa, acusado por la PGR de ser supuesto miembro de Guerreros Unidos y de haber confesado asesinar y quemar a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula.
“Se concluyó que presentaba hallazgos consistentes y correspondientes en alto grado con su alegato, encontrándose elementos técnicos como los que se describen en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes (Protocolo de Estambul)”, se afirma en la sentencia.
El Tribunal aseguro que por los casos de tortura debían ser investigados funcionarios del la Policía Federal Ministerial, Policía Federal, Ejército y Marina, “ésta última por posibles actos de tortura y uno de ejecución extrajudicial–)…”. Sin embargo, consideró el Tribunal, hubo “retraso, ineficacia y falta de imparcialidad en las indagaciones respectivas”.
El Tribunal recordó en la sentencia que “ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba”, afirmo el Primer Tribunal Colegiado del 19 Circuito.
“…cabe destacar que México ya ha sido condenado en varias ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por situaciones relacionadas con la ausencia de investigación en casos de tortura, por la incorrecta asignación de la carga de la prueba a quien alega la tortura, y por no excluir las declaraciones y demás pruebas así obtenidas”, se afirma en la sentencia.
Afirmó que para que el Protocolo de Estambul fuera eficaz debía aplicarse antes de los 15 meses después del evento, pero que en el caso de los detenidos de Ayotzinapa el examen para detectar si hubo tortura se hizo de 21 a 26 meses después.
Eso explica porque en casos como el de Carlos Canto, cuyo protocolo fue practicado después 20 meses o más por la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue negativo.
Por todas irregularidades encontradas en el caso, principalmente indicios claros de tortura, el Tribunal ordenó al Estado mexicano crear la “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala”, que es el antecedente de la Comisión y la Unidad Especializada creada por el nuevo gobierno de Andres Manuel López Obrador.
A un año de la histórica sentencia hasta la fecha no existe ningún informe de parte de las dependencias involucradas sobre las investigaciones hechas a su personal por los indicios de torturas cometidas.
Aún en funciones
Se revisaron las declaraciones patrimoniales de los funcionarios que debían ser sujetos a investigación según una lista elaborada en base a documentos enumerados por la auditoría practicada por la Visitaduría General en 2016, y por las averiguaciones previas abiertas contra Sidronio Casarrubias, Eury Flores y Francisco Lozano Cuevas, los tres acusados de ser supuestamente miembros de Guerreros Unidos, y cuyos dictámenes médicos describen heridas y golpes de presuntas prácticas de tortura.
Actualmente de los 61 funcionarios detectados por presuntos actos de tortura y abusos, al menos 38 aún siguen en funciones y están adscritos en diversas partes del país.
En la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero están en funciones los 37 funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal y Policía Federal Ministerial señalados, incluyendo a Ezequiel Peña Cerda acusado de haber torturado a Carlos Canto Salgado.
De los 16 elementos de la SEMAR, que deben ser indagados, se tiene identificado que el marino Ariel Agustín Castillo Reyes sigue en funciones. De los otros no es posible saber dado que muchos elementos de Marina no cumplen con las obligaciones de transparencia ni en la Secretaría de la Función Pública ni en “nómina transparente” donde se supone a partir de este nuevo gobierno todos los funcionarios públicos deben estar públicamente localizables.
Sin embargo se pudo confirmar que al menos hasta el año pasado los marinos: Vidal Vázquez Mendoza , Jazmín Edith García Martínez, Celso Mario Rendón Mejia, Reynel Calvo Molina, Victor Hugo Miranda Lima y Alcibiades Marcelino Ayodoro, presentaron recursos de protesta en contra del Tribunal Colegiado del 19º Cirtuito de Tamaulipas. La resolución judicial puntualiza los presuntos abusos cometidos por estos elementos de la Marina en contra de los detenidos.
Según los marinos Vázquez Mendoza y García Martínez detuvieron a Agustín García Reyes -a quien la PGR acusa de ser uno de quienes asesinó y quemó a los 43 normalistas en el basurero de Cocula- el 26 de octubre de 2014 a las 18:00 horas y que al verlo salir de un domicilio lo abordaron.
“…descendimos de nuestra unidad oficial y nos acercamos a él identificándonos como elementos de la Armada de México, pidiéndole el favor que se identificara a lo que refirió que no tenían documento alguno con que identificarse inmediatamente el suscrito le indique que teníamos una orden de localización y de presentación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), siempre brindándome seguridad mi compañero la marinero Jazmín Edith García Martínez, que nos hicieran favor de acompañarnos, se le indico que sería trasladado ante la autoridad correspondiente y posteriormente lo subimos a nuestra unidad oficial, siendo certificado su estado de salud por un médico naval al momento de presentarlo”.
Según los elementos de la Marina llegaron a la Ciudad de México a las 21:00 pero “pero por el tráfico de la ciudad y las marchas que se originaron durante todo el día, nos fue imposible llegar inmediatamente, llegando a estas instalaciones federales aproximadamente a las 23:00 horas”. Cuando presentaron a García Reyes iba visiblemente golpeado.
De acuerdo a la versión de la esposa de García Reyes éste fue sacado por la fuerza de su domicilio el 26 de octubre a las 4 de la mañana. Entraron personas uniformadas como marinos y también vestidas de civil: lo detuvieron, lo tiraron al piso, lo comenzaron a golpear y a su hijo de cinco años le pusieron un arma en la cabeza. Su esposa preguntó por qué se lo llevaban, y la golpearon y empujaron.
Días más tarde, Agustín le contó lo que pasó después: “Dice que lo amarraron de una silla con las manos hacia atrás, lo ahogaban con una bolsa, le ponían la chicharra en todo el cuerpo, testículos; todo, todo le hicieron. Se desmayó, todavía le duele el oído y tiene dolor de cabeza”, señaló su esposa.
Los muchachos de Tomás Zerón
Cuando ocurrieron las presuntas torturas y abusos por parte de la Policía Federal Ministerial (2014-2015) el mando superior de la corporación era el titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio. Desde entonces hasta ahora ninguno de los 37 miembros de la AIC o la PFM han sido sancionados, ni siquiera removidos.
Hoy todos ellos se encuentran en funciones. Uno de ellos, Angel Alfredo Gutiérrez Chagoya, uno de los agentes que detuvo en octubre de 2014 a un grupo de 24 policías municipales de Cocula, ahora es Subdelegado Sustantivo de la PFM en la Ciudad de México con un suelo de 651 mil 418 anuales.
El caso de los 24 policías municipales de Cocula también fue analizado por la sentencia del Tribunal Colegiado y advierte múltiples lesiones de los detenidos sin justificación.
El Tribunal Colegiado ordenó desde hace un años una investigación sobre las denuncias de tortura: “También debe investigarse la posible tortura sufrida por los diversos declarantes, e informar al Tercer Tribunal Unitario del decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, sobre los resultados de las investigaciones, y en su caso, las sanciones impuestas a los responsables”.
“Relacionado con lo anterior, debe investigarse si el fallecimiento de (Miguel Alejandro Blas Patiño), se dio como consecuencia de actos de tortura”, ordena el poder judicial.
Blas Patiño murió durante el operativo encabezado por los marinos Santiago González Velázquez y el cabo Iván de Jesús Montes Trujillo, entre otros, durante la detención de Eury Flores, Francisco Lozano Cuevas y Blas Patiño el 26 de octubre de 2014 en el estado de Morelos, en las instalaciones de un condominio.
El operativo se llevó a cabo a raíz de los nombres que Carlos Canto mencionó en su declaración firmada bajo tortura.
Según el testimonio de Eury Flores publicado en el libro La Verdadera Noche de Iguala, los tres hombres fueron torturados simultáneamente en el jardín del conjunto habitacional, perdiendo el sentido en diferentes momentos; en uno de ellos Flores López y Lozano Cuevas se percataron de que Blas Patiño había muerto.
“¡A este ya se lo llevó la chingada! ¡Ya se nos peló!”, dijo uno de los elementos de la Secretaría de Marina que portaba el uniforme de infantería e insignias mientras contemplaba el cuerpo inerte de Blas Patiño. Para ocultar el homicidio, la Marina afirmó que el joven cayó de un cuarto piso mientras supuestamente huía.
Después los dos sobrevivientes fueron llevados a un lugar cerrado, piensa Flores instalaciones de la Marina, para continuar con la tortura hasta que los obligaron a firmar una confesión.
El lunes publiqué en estas páginas un texto sarcástico dedicado a Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, por llamar “fifís” a los policías federales que se quejaron de las lamentables condiciones de trabajo que enfrentan al realizar labores de control migratorio.
Forzado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el comisionado tuvo que emitir una disculpa por sus desafortunadas palabras.
Bien por él, pero el hecho subyacente no ha cambiado: persiste el maltrato a los policías federales.
Lo sé porque, a raíz de la columna, recibí un gran número de mensajes de policías federales o de sus familiares, detallando los agravios que están sufriendo en el proceso de traslado a la Guardia Nacional.
Va una selección de esos mensajes, en la que omito, para seguridad de los remitentes, nombres y algunos datos de contexto:
“Un nuevo funcionario, que menciona que tiene 5 meses en la PF, le dijo a unos compañeros: “Yo seré el último en salir, seré el que cerrara la puerta de esta Institución”, “debido a su masa corporal pasarán al INM”, “tendrán otra opción... irán a Protección Federal”, “los que no quieran... podrán optar por el retiro”, “a ustedes les está yendo bien, los que siguen no tendrán la misma suerte”, “ahorita podrán tener opciones, estando fuera... acuérdense hasta de lo que no hicieron tendrán que responder” ...Sobre todo, esta última expresión se me hace delicada, una amenaza literal” (Mensaje de un policía federal)
“Soy una mujer de 86 años y mi hijo trabaja desde hace siete años en la Policía Federal. Él ingresó como empleado administrativo y nunca ha tenido academia o capacitación. Él no sabe usar armas, no conoce técnicas y tácticas policiales. Y hace diez días, le llamaron, para ordenarle que se presentara…. Al día siguiente, lo desplegaron y ahora está en un cuartel militar en el norte del país… Eso están haciendo con los trabajadores administrativos, los están desplegando, como es el caso de mi hijo … ¿Usted cree que así pueda combatir a los malos?” (Mensaje de la madre de un empleado administrativo de la Policía Federal)
“Muchas mujeres PF son madres solteras, se encuentran laborando en CDMX por necesidad y al tener que ser desplegadas a los estados tendrán que decidir entre renunciar y ver de qué manera seguirán llevando el sustento a sus familias o dejar a sus hijos solos, muchos de los cuales son menores.” (Mensaje de una policía federal)
“Ante las deficiencias logísticas (alojamiento y alimentación) que son necesarias para cualquier despliegue y desarrollo de cualquier operativo o para apoyar a cualquier otra institución, el personal de la Policía Federal se solidariza con otros compañeros federales y se ha visto en la necesidad de juntar recursos propios para ayudar a los compañeros que están desplegados en la frontera norte.” (Mensaje de un policía federal)
“Dentro de esta ‘Secretaría’ [de Seguridad y Protección Ciudadana] ves: injusticias, mala organización, abusos, oportunismo, negligencia, mal trato, violaciones a los derechos humanos, nepotismo, atropellos, humillaciones, injurias, etc. Lo malo es que, si vemos todo esto en el interior de la Institución, ¿cómo podremos servir a la ciudadanía? ¿Cómo se puede intentar ser garante de la seguridad si por dentro no tenemos garantizada nuestra seguridad y estabilidad laboral?” (Mensaje de un policía federal).
Puedo entender que se quiera dar un giro a la política de seguridad y subsumir a la PF en la Guardia Nacional. Lo que no entiendo es el maltrato y la humillación a las mujeres y hombres de la Policía Federal que, en su gran mayoría, han servido lealmente al país.