Hace dos viernes, Andrés Manuel López Obrador tuvo la primera gran reunión con lo que será su gabinete civil de seguridad, en donde reveló el diseño para la renaciente Secretaría de Seguridad Pública, cuyo nombre definitivo aún está por determinarse, pero cuyas funciones producirán escalofríos por el tipo de integración de todos los órganos de inteligencia –no militares– bajo un mismo mando, al que se sumarán los especializados en situaciones de emergencia.
La arquitectura de la nueva secretaría incluirá áreas que hoy son responsabilidad de las secretarías de Gobernación y Hacienda, que deben comenzar a trabajar para facilitar su traslado a lo que será una supersecretaría que tendrá a su disposición todos los recursos coercitivos del Estado mexicano.
En la reunión estaba la secretaria de Gobernación designada, Olga Sánchez Cordero, de cuya futura dependencia saldrán el Cisen y Protección Civil. De la Secretaría de Hacienda, cuyo futuro titular, Carlos Manuel Urzúa, no estaba presente, se irá la Unidad de Inteligencia Financiera, que se creó en 2004 para coadyuvar en la prevención y el combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que hoy es un brazo eficiente para enfrentar y neutralizar la fuente de poder de los cárteles de la droga y organizaciones terroristas. Nadie replicó nada en esa reunión, donde escucharon los grandes trazos de la futura Secretaría de Seguridad Pública.
Pero el martes pasado, en la primera reunión que tuvo Sánchez Cordero con sus futuros colaboradores en Gobernación, afloraron los desacuerdos con el futuro presidente. Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán y exsecretario de Seguridad Pública en la primera parte del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, expresó que no era conveniente que se trasladara el Cisen a la nueva secretaría, porque Gobernación perdería ojos y oídos que le permiten mantener la gobernabilidad. Sin embargo, la decisión de López Obrador está tomada, y quien ya está trabajando en los diagnósticos de la Policía Federal y del Cisen es Joel Ortega, experto en temas de seguridad, que fue presentado como asesor de Sánchez Cordero.
A la cita de los futuros funcionarios de Gobernación no fue invitado Alfonso Durazo, quien será el próximo secretario de Seguridad Pública, pese a que toda la sesión trató únicamente el tema que le compete. Durazo reconoce en privado que no sabe nada de seguridad pública, pero que su trabajo será la administración de la nueva Secretaría y la ejecución de las instrucciones que le dé directamente López Obrador, quien diariamente, al iniciar el día, como lo hizo cuando fue jefe de Gobierno capitalino, tendrá una reunión con los miembros civiles y militares de su gabinete, para revisar la problemática. El futuro presidente será, a la vez, titular de facto de Seguridad Pública.
La concentración de funciones responde en una buena parte a la racionalización del combate al crimen organizado y a brindar seguridad, que López Obrador ha dicho públicamente que será la principal prioridad del nuevo gobierno. Asimismo, arropa la promesa de campaña sobre la desaparición del Cisen, el órgano de inteligencia civil que creó el presidente Carlos Salinas, en 1989, sobre las ruinas de la desacreditada Dirección Federal de Seguridad, incorporando a toda una generación de profesionales a quienes se mandó a entrenar a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España e Israel. Su integración en la nueva Secretaría de Seguridad Pública le permitirá anunciar a López Obrador que el Cisen murió, pero sin perder los insumos de inteligencia que aporta.
El aparato de inteligencia civil del Estado mexicano pasará a reforzar a Plataforma México, un complejo sistema de información e inteligencia criminal, que después de que fue desmantelada durante los primeros años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se ha ido reconstruyendo.
Los dos sistemas de inteligencia civil no son excluyentes, sino complementarios. El Cisen está enfocado a todos aquellos temas que involucran a la seguridad nacional, y puedan tener un impacto en la gobernabilidad, mientras que Plataforma México se concentra en la criminalidad. López Obrador no explicó la forma como trabajarían integrados, ni la razón por la que añadiría a esa área a Protección Civil, salvo que emane del énfasis para que una parte de la Policía Federal tenga un acercamiento más continuo y profundo con la ciudadanía y hacerla realmente de proximidad.
Trasladar la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a Seguridad Pública tiene sentido en un contexto de combate al crimen, donde se puede complementar con el resto de esas tareas en Seguridad Pública, pero puede entrar en una dinámica de descoordinación con otras áreas de procuración de justicia, como la PGR, que utiliza la información que le proveen para todo tipo de investigaciones, que si bien son delitos, no se encuentran en el ámbito del crimen organizado. Hay dudas, como se ventilaron durante la reunión de Sánchez Cordero con sus futuros colaboradores, si existe un impedimento legal, por los acuerdos internacionales vigentes, para que esa unidad pueda salir de Hacienda, que tendrán que ser aclaradas en breve.
El tema de la gobernabilidad expuesto por Godoy tampoco quedó resuelto en el diseño de López Obrador, que se tendrá que ir revisando y ajustando en los próximos meses para que le entreguen el sueño de cualquier gobernante: capacidad de fuerza, inteligencia y contrainteligencia policial, financiera y seguridad nacional, bajo un solo mando, el de López Obrador, cuya construcción de gobierno vertical, con una línea de mando única, la suya, es lo que empieza a figurar en el horizonte de su próxima presidencia.
fuente.-Raymundo Rivapalacio/
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