El CESOP enumera falta de concentración, errores humanos, limitado monitoreo de cámaras al mismo tiempo y altos costos por aparato. “Urge marco normativo”. La iluminación de las calles es más eficaz, según otras investigaciones.c
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El tránsito era lento. De pronto, una motocicleta con dos sujetos se emparejaron a la camioneta en la que transitaba Edgar por Circuito Interior en la Ciudad de México. Uno de ellos sacó una pistola. Lo encañonó y le exigió el dinero que llevaba. El temor lo invadió y le entregó los 50 mil pesos producto de la venta de la semana en su marisquería.
La impotencia y el susto se apoderó de él, pero confió en que las cámaras de videovigilancia instaladas a lo largo de esa importante vía ayudarían a atrapar a los delincuentes. La esperanza se desvaneció pocas horas después: no funcionaban.
La falta de concentración, la posibilidad de monitorear sólo un número limitado de cámaras al mismo tiempo, errores humanos y los altos costos por cámara son algunas de las principales razones de la poca efectividad del uso de videocámaras en la reducción de delitos , según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados.
Además —agrega— no todas las cámaras funcionan, algunas no tienen mantenimiento o por fallas atribuidas a vandalismo, muchas de las cámaras no son siquiera monitoreadas y sus imágenes sólo son grabadas para un uso probatorio posterior. Las grabaciones se borran del sistema transcurrido el plazo de almacenamiento (el periodo varía de acuerdo con la legislación).
Apenas hace unas semanas, se generó una polémica por el funcionamiento deficiente de las videocámaras instaladas en un puente vehicular de Tlatelolco, en la Ciudad de México, donde tiraron dos cuerpos desmembrados, sin que las cámaras definieran con claridad a los responsables.
De hecho algunos estudios constatan que la iluminación de las calles es más eficaz en la reducción del vandalismo y los robos que las cámaras (caso de Estados Unidos).
En el documento “Vigilar sin castigar. Un panorama de la videovigilancia en México”, el CESOP afirma que en México hace falta una legislación federal para enmarcar el funcionamiento de los dispositivos de vigilancia a nivel nacional y definir criterios de instalación, administración y gestión.
Advierte que la proliferación de sistemas de videovigilancia hace necesario construir un marco normativo que limite y regule su uso, lo que implica una legislación formal federal, códigos de prácticas, estándares técnicos y la intervención de los diferentes niveles de gobierno.
Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017, a lo largo del país se reportó la existencia de 36 mil 194 cámaras de vigilancia, sobre todo en las principales ciudades.
La Ciudad de México es la precursora en esta materia con más de 15 mil videocámaras instaladas en tanto que el estado de México ocupó la segunda posición con 10 mil, le sigue Guanajuato con dos mil 189.
Le siguen Michoacán con mil 260 videocámaras y Jalisco con apenas 867, videocámaras, es decir, una disminución bastante visible en comparación con Ciudad de México y Estado de México.
Pero la cosa es aún más dramática en estados como San Luis Potosí, con 49 videocámaras, Baja California Sur con 37 y Aguascalientes con 23.
Campeche y Tamaulipas no registran existencia de videocámaras para vigilar o inhibir la inseguridad en esas entidades.
Según el documento del CESOP, el incremento de la violencia en México y sus grandes ciudades ha provocado que los gobiernos inviertan en las cámaras de videovigilancia en espacios públicos y privados como una medida para combatir esta inseguridad y disuadir a los potenciales criminales de cometer un ilícito.
Empero el CESOP resalta que aunque se registró una disminución en la incidencia de delitos de alto impacto, ello no se puede atribuir a la existencia de cámaras de videovigilancia.
“El cuestionamiento es si con la instalación de estos nuevos dispositivos de seguridad el crimen descendería y el problema podría quedar resuelto”, cuestiona.
Aunque diversos estudios han demostrado que el uso de la videovigilancia no reduce en forma categórica los índices de criminalidad —y cuando lo hace con el tiempo se va diluyendo—, otros muestran que la reducción de delitos en unas zonas se acompaña del incremento en otras.
Detalla que la desigualdad económica se expresa en la sofisticación de la seguridad, como también en los niveles de criminalidad e inseguridad pública. En este sentido, los barrios pobres homogéneamente segregados viven un clima de mayor violencia e inseguridad.
“La creciente presión que ejercen los lugares monitoreados sobre los no monitoreados aumenta la percepción de inseguridad en estos últimos. El uso de videovigilancia contribuye a construir estereotipos y prejuicios sociales, ello perjudica la producción de alteridad y la construcción de ciudadanía”, advierte.
El estudio considera que los demás sujetos son catalogados con base en los estereotipos disponibles: sus rasgos, su clase o grupo de pertenencia, para luego identificar al otro peligroso.
SIN MARCO NORMATIVO. Dicho estudio establece que la instalación de sistemas de videovigilancia en territorio mexicano forma parte de las nuevas políticas de seguridad pública, así como de políticas de renovación urbana en el país, pero el problema es que no hay una normatividad homogénea o federal para el uso de este tipo de instrumentos, pues cada estado —en el caso de que cuenten con ella—tiene su propio marco jurídico al respecto.
Por ello, se ha buscado regular leyes sobre videovigilancia en todo el territorio, debido a que en sólo pocos estados de la República como Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Estado de México, se cuenta con la respectiva normativa.
“En México hace falta legislación federal para enmarcar el funcionamiento de los dispositivos de vigilancia a nivel nacional y definir criterios de instalación, administración y gestión con la finalidad de evitar procesos de segregación y exclusión social”, sostiene el estudio.
-Censo nacional
En el país existen 36 mil 194 cámaras de vigilancia instaladas, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017
-Por entidades
Ciudad de México: más de 15 mil
Estado de México: 10 mil
Guanajuato: dos mil 189.
Michoacán: mil 260
Jalisco: 867
San Luis Potosí: 49
Baja California Sur: 37
Aguascalientes: 23
Campeche: ninguna
Fuente.-
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