Al menos tres
gobernadores panistas están en la mira del Senado de la República por presuntos
actos de corrupción y ocultamiento de deuda pública: Miguel Márquez, de Guanajuato; 'Kiko'
Vega,
de Baja California, y Rafael Moreno Valle, de Puebla.
La Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana tiene tres puntos de acuerdo turnados por el pleno legislativo, uno de ellos para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un informe sobre las cuentas públicas 2013 y 2014 de Guanajuato, donde el monto de irregularidades supera los ocho mil millones de pesos.
En cuanto a las acciones administrativas y denuncias penales presentadas, detalla que en la revisión de la Cuenta Pública 2014, la autoridad de fiscalización efectuó observaciones al gobierno de estado por dos mil 872.7 millones de pesos, que no han sido solventadas.
En lo concerniente a las
observaciones con impacto económico, pendientes de solventar del periodo
2011-2013, refiere una cantidad de 4
mil 101.1 millones de pesos; mil 516.6 millones por concepto de importe de
Procedimientos Resarcitorios, y otros 1.5 millones por denuncias penales
relacionadas con simulación de reintegros. El monto asciende a 8 mil 491.1 millones de pesos.
Los senadores también deben resolver un exhorto al Congreso de Guanajuato para que a través de la ASF de la entidad realice una investigación sobre el destino de los recursos asignados a la estrategia de combate a la inseguridad pública, pues entre enero y octubre de 2016, las denuncias aumentaron 12% respecto al mismo periodo de 2015 y 35% en relación con 2013.
Lo anterior, no obstante que el gobernador, Miguel Márquez, impulsó, desde 2014, el Programa Integral de Seguridad “Escudo”, a fin de convertir a la entidad en una de las más seguras, con una inversión de 2 mil 700 millones de pesos.
Otro punto de acuerdo es en contra del gobernador de Baja California, Francisco 'Kiko' Vega de Lamadrid, por el que se exhorta al Congreso del estado para que solicite una exhaustiva investigación por los señalamientos de enriquecimiento ilícito desde que fungió como presidente municipal de Tijuana, en el periodo 1998-2001, hasta la fecha en su actual cargo.
“Se habla de una supuesta compra de más de 50 bienes, entre casas, terrenos, desarrollos inmobiliarios y turísticos, así como centros comerciales, lo que le ha permitido multiplicar su fortuna en los últimos años, desde que empezó en el mundo de los negocios con una simple casa de empeño”, señala el punto de acuerdo.
Se menciona también en el documento versiones de que “el gobernador 'Kiko' Vega construye en este momento una casa de 2 mil 500 metros cuadrados ubicada en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Tijuana, cuyo valor se considera asciende a cuatro millones de dólares, que por el tipo de cambio actual ronda los 80 millones de pesos; inversión que no es acorde con su salario, que asciende a poco más de 100 mil pesos mensuales”.
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El Senado también tiene por dictaminar un punto de acuerdo por el que se
exhorta a la ASF y al Congreso de Puebla, para que se investigue el manejo de
recursos por parte del gobernador, Rafael Moreno Valle, debido a la presunta
comisión de acciones tendientes a ocultar una deuda pública superior a los 76 mil millones de pesos en la entidad, ocho veces superior
a lo que heredó en 2011. “El Senado no puede ni debe ser omiso o indiferente”,
advierte.
Los senadores también deben resolver un exhorto al Congreso de Guanajuato para que a través de la ASF de la entidad realice una investigación sobre el destino de los recursos asignados a la estrategia de combate a la inseguridad pública, pues entre enero y octubre de 2016, las denuncias aumentaron 12% respecto al mismo periodo de 2015 y 35% en relación con 2013.
Lo anterior, no obstante que el gobernador, Miguel Márquez, impulsó, desde 2014, el Programa Integral de Seguridad “Escudo”, a fin de convertir a la entidad en una de las más seguras, con una inversión de 2 mil 700 millones de pesos.
Otro punto de acuerdo es en contra del gobernador de Baja California, Francisco 'Kiko' Vega de Lamadrid, por el que se exhorta al Congreso del estado para que solicite una exhaustiva investigación por los señalamientos de enriquecimiento ilícito desde que fungió como presidente municipal de Tijuana, en el periodo 1998-2001, hasta la fecha en su actual cargo.
“Se habla de una supuesta compra de más de 50 bienes, entre casas, terrenos, desarrollos inmobiliarios y turísticos, así como centros comerciales, lo que le ha permitido multiplicar su fortuna en los últimos años, desde que empezó en el mundo de los negocios con una simple casa de empeño”, señala el punto de acuerdo.
Se menciona también en el documento versiones de que “el gobernador 'Kiko' Vega construye en este momento una casa de 2 mil 500 metros cuadrados ubicada en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Tijuana, cuyo valor se considera asciende a cuatro millones de dólares, que por el tipo de cambio actual ronda los 80 millones de pesos; inversión que no es acorde con su salario, que asciende a poco más de 100 mil pesos mensuales”.
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