El último día de septiembre, en medio de una movilización inusual de fuerzas federales, dos internos del penal del Altiplano fueron sacados de ahí para ser extraditados a Estados Unidos. Al mismo tiempo, presos del módulo de Tratamientos Especiales fueron enviados a otras cárceles de alta seguridad en Veracruz, Sonora y Oaxaca. Todos tienen algo en común: fueron testigos de la segunda fuga del Chapo Guzmán y declararon ante la PGR lo que vieron y escucharon el día de la célebre evasión.
“¡Joaquín, Joaquín!”, gritaban desde sus celdas los compañeros de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. No hubo respuesta.
Lo volvieron a llamar por su nombre, pese a que prácticamente no hablaba con los otros internos.
“¿Por qué no contestas?”, preguntó uno, al ver el movimiento inusual en el área de Tratamientos Especiales, donde están los internos de alta peligrosidad del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano.
–Se desmayó, pero ya está bien –intervino un custodio que se había dirigido a la celda 20, la asignada a Guzmán y de la cual nunca fue movido.
–¿Pero por qué no habla? –insistieron algunos internos, entre los cuales había quienes, afuera, eran enemigos del narcotraficante sinaloense.
–Ya se levantó. Se está recuperando –dijeron los custodios en un intento de controlar a los inquietos presos, atentos a los inusuales movimientos que ocurrieron la noche del pasado 11 de julio.
A la llegada del custodio siguió la de efectivos de la Policía Federal asignados al penal y quienes reportaban al entonces jefe de inteligencia de esa corporación, Ramón Eduardo Pequeño García.
Momentos después, guardias de seguridad se colocaron afuera de las dos hileras de celdas del área de Tratamientos Especiales. A los reos les quitaron sus televisores, los cuales podían tener por autorización del Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso. Se quería impedir que en las alertas informativas de la televisión abierta supieran que su vecino se había fugado.
Pero varios de ellos –quienes contaron a sus familiares lo que vivieron ese día– ya tenían semanas de escuchar ruidos inusuales en su área de confinamiento. Día y noche. Y lo declararon ante el Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República (PGR).
Hoy, quienes atestiguaron lo que pasó en torno a la segunda fuga del Chapo ya no están en El Altiplano.
El miércoles 30 de septiembre, efectivos de Marina ingresaron de madrugada al penal. Se dirigieron al módulo 1, donde habían sido reubicados los internos de Tratamientos Especiales mientras se refuerzan los pisos de aquella área con planchas de cemento, luego de que, según la versión oficial, El Chapo se evadió por un túnel desde el baño de su celda.
El Altiplano amaneció ese día tomado por fuerzas federales. Sus puertas estuvieron cerradas toda la mañana y parte de la tarde. Ni los trabajadores de limpieza ni los de cocina pudieron entrar. Menos los familiares y abogados de los procesados y sentenciados.
Durante horas helicópteros de la Marina y del Ejército sobrevolaron el penal, mientras seis unidades de transporte de tropas fueron apostadas a la entrada y los alrededores del penal.
Entre los familiares y los abogados había temor de que se tratara de algún fallecimiento, resultado de la huelga de hambre que algunos internos protagonizaban en protesta porque las autoridades ahora encargadas del penal les retiraron, el pasado 18 de septiembre, televisores y relojes, además de aumentar los controles a las visitas.
Entre los familiares se especulaba que había ingresado un vehículo del Servicio Médico Forense, como ocurrió apenas el 7 de septiembre, cuando murió por causas aún no aclaradas Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, el vecino más cercano del Chapo. De 31 años, Nájera fue uno de los principales enemigos de Guzmán Loera en la disputa por el control de territorios. Su familia atribuye la muerte a un envenenamiento paulatino por haber declarado sobre la fuga de Guzmán Loera (Proceso 2030).
La incertidumbre de lo que pasaba en el penal federal se prolongó hasta la tarde del 30 de septiembre, cuando la PGR informó que el Ejército y la Marina habían realizado un operativo de seguridad para extraditar a Estados Unidos a 13 reos, entre ellos, dos que compartieron el área con Guzmán.
El operativo fue encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, con el apoyo de la secretaría de la Defensa para la seguridad perimetral, aunque quienes incursionaron de madrugada fueron infantes de marina. Los dos compañeros de prisión de Guzmán y otros que estaban en distintos penales federales fueron llevados al aeropuerto de Toluca, desde donde los enviaron a Estados Unidos.
Uno de los extraditados –que atestiguó los movimientos en torno a la fuga de Guzmán– fue Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, texano de nacimiento y quien trabajó para El Chapo pero luego se quedó con los hermanos Beltrán Leyva, cuando la organización delictiva de éstos se separó del Cártel de Sinaloa, por traiciones internas, e inició una confrontación que se mantiene desde hace siete años.
La PGR también entregó a la justicia estadunidense a otro vecino y enemigo del Chapo, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, quien terminó como uno de los mandos del Cártel del Golfo, tras varios años de rupturas en el grupo que encabezó tras la captura de Osiel Cárdenas Guillén, entregado hace ocho años a Estados Unidos.
El titular de la AIC, Tomas Zerón de Lucio, dijo que la entrega de los internos se hizo una vez agotadas las instancias legales en México. Lo que ninguna autoridad informó fue del traslado de todos los que sabían algo de la fuga.
Dispersión
Además de los dos extraditados, el resto de la población del área de Tratamientos Especiales fue dispersada en varios penales federales. Un grupo fue enviado al Cefereso número 3, en Papantla, Veracruz. Otro, al 11, en Hermosillo, Sonora; uno más, al 13, en Miahuatlán, Oaxaca.
El Cefereso de Papantla tiene como peculiaridad un módulo de “ultra máxima seguridad”, aunque según publicó el periódico Reforma, el 22 de agosto pasado, aún no está terminado, pese a que el anterior gobierno federal anunció que lo concluiría a finales de 2012.
El de Hermosillo está considerado como el más grande de su tipo en el mundo, mientras que el de Oaxaca fue inaugurado en mayo del 2013, a pocos meses de iniciado el actual gobierno.
De acuerdo con familiares y abogados de los internos, el operativo de la PGR no sólo se hizo para extraditar a La Barbie y al Coss, sino también para trasladar a quienes tenían información sobre la fuga del capo sinaloense, sobre todo porque algunos de ellos ya la habían dado a conocer a la PGR en sus declaraciones ministeriales.
Esos abogados y familiares dicen a Proceso que se trató de una acción ilegal, pues casi todos ellos habían obtenido de la justicia federal “suspensiones de plano” para no ser movidos del penal, por lo que han iniciado denuncias por violación al amparo.
El traslado, el retiro de beneficios y la restricción de visitas son algunas de las medidas de la política de “mano dura” del nuevo comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán.
Según la relación hecha por los allegados y los defensores de los internos, las nuevas autoridades de los penales federales argumentaron que el traslado se debió a la huelga de hambre iniciada por algunos presos. Pero los familiares aseguran que ninguno de los que estaban en Tratamientos Especiales participó en ese movimiento de protesta.
En su reconstrucción, aseguran que al penal de Papantla fueron enviados Lucio Hernández Lechuga, El Lucky, de Los Zetas; y José Bernabé Brizuela Meraz, La Vaca, uno de los líderes del Cártel de Juárez, otra organización que ha tenido una confrontación histórica con El Chapo.
Otro que mencionaron como trasladado a Veracruz fue Jaime González Durán, El Hummer, exmilitar de élite del Ejército mexicano y uno de los fundadores de Los Zetas. Uno más que citaron fue Luis Servando Gómez Patiño, El Pelón, hijo de Servando Gómez Martínez, La Tuta, uno de los dirigentes de La Familia Michoacana y de su escisión, Los Caballeros Templarios, hasta su captura, en febrero de este año.
Los testigos mencionan que al penal federal de Hermosillo fue enviado Miguel Treviño Morales, El Z-40, cuya detención en julio de 2013 fue el primer golpe mediático al narco por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Treviño había quedado al mando de Los Zetas tras la muerte –declarada por el gobierno– de Heriberto Lazcano, El Lazca, en octubre de 2012, cuyo cuerpo habría sido robado.
Al Cefereso 11 también fue enviado Teodoro García Simental, El Teo, exmiembro de la organización de los Arellano Félix, asentados en Tijuana y que han sido enemigos históricos del Chapo. Luego se sumó al Cártel de Sinaloa, aunque versiones de prensa aseguran que Guzmán declaró contra quien fue su jefe operativo en Baja California.
Los familiares dicen que a ese penal también fue enviado Abigael González Valencia, identificado como uno de Los Cuinis y acusado de ser operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivación del Cártel de Sinaloa.
Para la actual administración, se trata de una de las organizaciones delictivas más poderosas en la actualidad. En mayo de este año, el CJNG derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea, causándoles más de una docena de bajas al Ejército y a la Policía Federal.
Otro de los enviados a la cárcel de Hermosillo fue Mario, hermano de Osiel Cárdenas Guillén; lo mismo que Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG.
Los entrevistados aseguran que al penal federal 13 de Oaxaca fueron enviados otros de los principales enemigos del Chapo, empezando por Héctor Manuel Beltrán Leyva, El H, detenido hace justo un año, el 1 de octubre de 2014. Según la organización de los hermanos Beltrán Leyva, fue El Chapo quien entregó al gobierno de Felipe Calderón, en 2008, a Alfredo, El Mochomo, quien hace dos años fue extraditado a Estados Unidos.
El otro fue Omar Treviño Morales, El Z-42, detenido apenas a principios de este año y quien había reemplazado a su hermano Miguel Ángel en el liderazgo del cártel fundado por militares de élite.
Ahí también fue traslado Salvador Alfonso Martínez Escobedo, La Ardilla, acusado de ser jefe zeta en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila y a quien la Marina le atribuyó la masacre de casi 200 inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2011. De esa organización también fue enviado a Oaxaca Mario Armando Ramírez Treviño, El Pelón o X-20, uno de los líderes regionales del Cártel del Golfo que se confrontó con El Chapo. Otros más enviados a Oaxaca fueron Miguel Ángel Guzmán Loera, hermano del Chapo, y Marco Antonio García Simental, El Cris, hermano del Teo.
Hoy todos están dispersos.
Un interno más del área de Tratamientos Especiales era Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, alguna vez integrante del Cártel de Tijuana; hasta el momento se desconoce su paradero. Incluso sus familiares interpusieron un recurso para exigir su presentación.
Comisionado cuestionado
Según un desplegado publicado el 24 de agosto en el periódico Reforma, casi todos ellos “declararon todo lo que sabían y lo que se dieron cuenta días previos a la fuga, así como de los funcionarios que ayudaron a que aconteciera la evasión del reo”. Entre los internos mencionados como declarantes ante la PGR estuvieron Omar Treviño Morales, los hermanos García Simental, Servando Gómez, Sigifredo Nájera, Salvador Martínez Escobedo, Mario Cárdenas Guillén, Mario Ramírez Treviño y Lucio Hernández.
En el desplegado, los ahora trasladados hicieron saber su molestia porque se hizo público que ellos habían declarado en torno a la fuga, a pesar de que Zerón de Lucio les había pedido que contaran lo que sabían, con la garantía de que sus declaraciones se mantendrían
resguardadas.
Denunciaron que tras declarar, comenzaron acciones en su contra, ordenadas en ese momento por la directora jurídica del Altiplano, Leonor García, ahora formalmente presa por su probable responsabilidad en la evasión del Chapo. Hasta ahora, 20 exservidores públicos se encuentran en esa condición.
El endurecimiento del régimen carcelario, que incluyó revisiones más severas a los visitantes de los internos, así como el traslado de presos, son dos de las medidas atribuidas al nuevo comisionado del OADPRS, Guerrero Durán, quien sustituyó a José Ignacio Hernández Mora, cesado tras la fuga.
Guerrero Durán fue presentado como nuevo comisionado el 9 de septiembre por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Fue traído desde Chihuahua, donde era fiscal de Ejecución de Penas del gobierno de César Duarte.
Empresario privado de seguridad, Guerrero Durán asegura que su nombramiento como comisionado del OADPRS lo hizo directamente el presidente Peña Nieto y no el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, ni el secretario de Gobernación, sus jefes inmediatos.
Funcionarios de ese organismo aseguran que ese es su principal argumento, aunque Guerrero sostiene que en los cinco años que administró los penales en Chihuahua, bajaron los índices de violencia en su interior prácticamente a cero, después de ser los más violentos del país. En su último informe como fiscal aseguró que se llegaron a registrar 216 muertos en 2010, en momentos en que se había agudizado el enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y de Juárez.
Guerrero dice también haber desarticulado bandas de secuestradores y extorsionadores que operaban dentro de los penales del estado, y decomisado miles de aparatos electrodomésticos, miles de litros de alcohol y cartuchos, además de cientos de armas de todo tipo.
Su gestión en Chihuahua tuvo apoyo de la Iniciativa Mérida, el plan diseñado en Estados Unidos para el combate al narcotráfico en México, y de la certificación que le dio la Asociación de Correccionales de Estados Unidos.
Pero Durán quedó en entredicho en octubre de 2003, cuando el entonces presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Juan Antonio González Villaseñor, lo señaló como el propietario de la empresa encargada de la seguridad en el Extremo Aeroshow, cuando un monster truck arrolló a un grupo de espectadores y mató a nueve.
La empresa Safe It, además, entre 2012 y 2013 cobró 10 millones de pesos por servicios de seguridad a instalaciones de la propia Fiscalía General del Estado, admitió el propio fiscal general, Jorge González Nicolás.
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