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martes, 7 de julio de 2015

"INEFICIENTE y de RESULTADOS DESASTROSOS" y es el "NUEVO JEFE de POLICIA FEDERAL en TAMAULIPAS.


El día de hoy el gobernador del Estado de Tamaulipas  Egidio Torre Cantu dio a conocer del relevo del mando estatal de la Policia Federal en Tamaulipas Norberto Montoya Moreno y el nombramiento de SERGIO LICONA como nuevo titular en Tamaulipas cuyo nombre en 2014 y tras la renuncia del anterior Comisionado Nacional de Seguridad Dr.Manuel Mondaron y Kalb fue  descrito como un referente de "INEFICIENCIA y de RESULTADOS DESASTROSOS" cuyo único mérito parecía el haber sido escolta de LUIS CARDENAS PALOMINO también ex-Jefe de la Policia Federal al que el propio Mondragon dice en la misma entrevista intento emprender acciones penales contra el sin conseguirlo.
  • De la misma entrevista también se advierte que el actual JEFE DE LA POLICIA FEDERAL en el PAIS "REPROBO EXAMENES de CONFIANZA" y ademas admitió haber recibido "sobornos" de un proveedor,aun así hoy es la máxima autoridad en la "POLICIA FEDERAL en MEXICO"....aqui el texto integro de la entrevista al entonces Comisionado Nacional de Seguridad.

"La mañana del viernes 14 la sala de espera del despacho de Manuel Mondragón y Kalb, entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), estaba llena. Siete hombres y dos mujeres hacían antesala. Todos tenían dos cosas en común: eran de toda la confianza del comisionado y fueron testigos de cómo se descompuso la relación entre éste y el presidente Enrique Peña Nieto.
"Si no puedo estar con mi gente, esto no tiene sentido", se quejó Mondragón horas después ante ellos en un discurso de apenas cinco minutos. Quien estaba llamado a ser uno de los ejes rectores de la política de seguridad pública fue frenado en el transcurso de los primeros meses de gobierno de Peña Nieto.
Según uno de los convocados por Mondragón, quien habló con Proceso a condición del anonimato, muchas áreas sensibles de la CNS —que sustituyó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal— y de la Policía Federal (PF) permanecían bajo control de personas ajenas al equipo de Mondragón, dejándole escaso margen para efectuar cambios sustantivos, incluso para limpiar la institución de gente poco confiable, con historiales negros o comprometida con intereses del sexenio anterior.
Cuando asumió el cargo, Mondragón les dijo a sus allegados que el compromiso con Peña Nieto era que se quedaría los tres primeros años de gobierno: 36 meses. Sólo duró 15. Renunció cuando el presidente le impidió concretar los cambios en la CNS y la PF.
Su dimisión el viernes 14 y la llegada de su relevo, Monte Alejandro Rubido, dejan ver los primeros signos de división y desgaste dentro del gabinete presidencial en materia de seguridad y justicia.
Veinte días antes de su renuncia Mondragón había comenzado a invitar a gente de su confianza a integrarse a la CNS en puestos clave; si aceptaban la invitación, debían estar disponibles el 19 de marzo, pues el anuncio de los cambios se haría el lunes 24.
'NO VA A PODER SER'
A los invitados a formar parte del nuevo equipo se les informó el jueves 13 que los cambios iban a adelantarse y se anunciarían el martes 18. Quienes formarían el nuevo equipo fueron citados el viernes 14 a las 10:00 horas en las oficinas de Mondragón, en el antiguo búnker de la SSP federal en avenida Constituyentes.
Los fueron llamando uno a uno para hablar con Mondragón; luego volvieron a la sala de espera. Así fue toda la mañana hasta que al filo del mediodía la pasarela se suspendió y pasadas las tres de la tarde fueron llevados a una sala de juntas donde el comisionado entró con rostro adusto.
"Gracias por dejar sus trabajos por este proyecto. Me da pena, pero esto no va a poder ser", señaló molesto.
Explicó brevemente que había consultado los cambios con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y éste había aceptado, pero le pidió que "tocara base" directamente con el Mandatario.
"Y el Presidente me dijo que no", se quejó Mondragón abiertamente. "Entonces... ya presenté mi renuncia", concluyó.
Aunque según su propio dicho Osorio Chong le había dado su apoyo, Mondragón lidiaba, como otros miembros del gabinete, con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.
Pese a que en el organigrama Miranda es subordinado del titular de la Secretaría de Gobernación, en los hechos actúa sobre éste y otros integrantes del equipo de gobierno, dada su cercanía con Peña Nieto, según revelan a este semanario fuentes del gabinete presidencial.
Apartado de los reflectores y lejos de la toma pública de decisiones, en 15 meses de gobierno Miranda adquirió gran poder, añaden esas fuentes. A él se suman Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia, y el comisionado especial para Michoacán, Alfredo Castillo, primo de Castillejos. Fuentes de la CNS sostienen que fueron Miranda y Castillejos quienes minaron el proyecto de la Gendarmería Nacional hasta convertirlo en una "caricatura", en comparación con lo que Peña Nieto había prometido en su campaña presidencial.
MANOS ATADAS
La molestia de Mondragón no era nueva. Más de una vez se dijo traicionado por el personal de la PF porque no le informaba o no acataba las repetidas instrucciones de sacar a los indeseables e incorporar al personal propuesto por el comisionado.
En corto —refieren testigos—, se llegó a quejar de que aunque quería emprender acciones penales contra el ex titular de la SSP federal Genaro García Luna y los ex jefes de la PF Luis Cárdenas Palomino, de la División de Seguridad Regional; Facundo Rosas Rosas, comisionado general, y Armando Espinosa de Benito, de la Unidad de Inteligencia, entre otros, había recibido instrucciones de no "iniciar una cacería de brujas".
Además la presencia de Federico Flores Campbell, responsable de Asuntos Internos de la PF, hace casi imposible pensar en sanciones por irregularidades del pasado. De 2007 a 2009 éste fue nombrado por García Luna jefe del Órgano Interno de Control de la SSP y el 1 de enero de 2013 fue designado encargado de Asuntos Internos de la PF.
En julio de 2013 encabezó un operativo ilegal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: con el pretexto de una supuesta búsqueda de drogas, agentes a su cargo tuvieron acceso directo al equipaje de los pasajeros de un vuelo procedente de Venezuela; revisaron todas las maletas violando los protocolos de seguridad y custodia de la terminal aérea sin que haya quedado claro el verdadero propósito de esa acción.
Por ese operativo el jefe de la División de Seguridad Regional de la PF, Manelich Castilla Cravioto —gente de confianza de García Luna y de Cárdenas Palomino—, fue destituido y se suponía que Flores Campbell sería sujeto a investigación. Los resultados de la misma no se conocen, pero el policía sigue en su puesto.
LISTA DE ENQUISTADOS
Mondragón intentó sacar de la PF a los allegados a García Luna y a familiares de Cárdenas Palomino y de Espinosa de Benito, pero lo más que logró fue cambiarlos de puesto. Casi todos siguen en la institución, algunos en cargos clave.
Logró mover a Roberto Reyna Delgado, ex secretario particular y hombre de confianza de García Luna, a quien éste había mandado de avanzada a Miami antes de mudarse él mismo a esa ciudad.
En mayo de 2012 le creó el puesto de primer secretario adjunto de la PF en el consulado en Miami y en octubre de ese año lo hizo consejero agregado de la corporación.
Cuando Mondragón lo detectó, lo regresó a México, pero no pudo expulsarlo de la PF, donde sigue cobrando con el cargo de comisario pese a que apenas tiene ocho años de antigüedad en la institución.
El ahora ex comisionado intentó procesar en Asuntos Internos a Espinosa de Benito y a su subalterno Sergio Quiroz, quienes se hicieron millonarios a costa de sus cargos en la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) y en la PF, e incluso falsificaron certificados de bachillerato para seguir trabajando en la dependencia. El área a cargo de Flores Campbell no hizo nada.
En este grupo figura también Gustavo Cortés Valdez, cuñado de Sergio Quiroz. Él era director en la Coordinación de Servicios Generales de la PF, cargo del que fue removido a finales de junio de 2013. Según sus declaraciones ante la Secretaría de la Función Pública en septiembre del mismo año, fue reincorporado a la institución como director general adjunto de la Dirección General de Recursos Humanos.
Edith y Victoria Quiroz Padilla, hermanas de Sergio, siguen trabajando en las áreas de Investigación de Delitos, la primera, y Coordinación de Servicios Generales, la segunda, de la PF.
José Luis y Juan Luis Balboa Palomino, familiares de Cárdenas Palomino, siguen en la PF. José Luis estuvo en la División de Seguridad Regional desde 2011; ahora está asignado a la Coordinación Estatal en Querétaro. En marzo de 2013 Juan Luis entró a la corporación como director de área en la Administración de Recursos Materiales.
COMISIONADO REPROBADO
Desde el inicio de la administración de Peña Nieto corría el rumor de que el comisionado general de la PF, Francisco Galindo Ceballos, uno de los funcionarios responsables de reestablecer el orden en Michoacán, se iba a quedar con el puesto de Mondragón y Kalb.
De acuerdo con un examen de confianza al que lo sometieron en 2010 cuando era titular de Seguridad Pública en San Luis Potosí, Galindo no cubre las condiciones para ocupar el cargo actual. No pasó la prueba aplicada por la SSP federal: según los resultados de la evaluación —a los cuales se tuvo acceso— apareció con nivel de riesgo "alto" en el rubro de "cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades".
En el apartado "síntesis de la evaluación" se afirma que aunque en el polígrafo no hubo reacciones significativas de falta de veracidad, al final de la evaluación el propio Galindo dijo que había desviado recursos durante su gestión en San Luis Potosí y que cuando fue director general de Seguridad Pública de la capital potosina recibió un soborno de un proveedor. Se le declaró "no recomendable" para el cargo y en 2010 fue despedido del gobierno estatal y reubicado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de donde pasó a comisionado general de la PF.
A principios de 2013, cuando algunos medios publicaron esa información, Galindo Ceballos afirmó que se trataba de un examen falso, pero Proceso pudo verificar la autenticidad de la prueba.
Galindo Ceballos mantuvo en puestos clave a personal de probada ineficacia, con resultados desastrosos. Uno de ellos es Sergio Licona Gómez, quien en abril de 2011 fue hecho coordinador estatal de la PF en Morelos. Había sido escolta de Cárdenas Palomino y trabajó con él desde 2002, en tiempos de la AFI.
En agosto de 2012 ocurrió en Morelos que dos agentes de la CIA que viajaban junto con un capitán de la Marina mexicana en una camioneta con placas diplomáticas fueron atacados por policías federales, subordinados de Licona y vestidos de civil, aunque viajaban en vehículos oficiales.
Pese al escándalo, Licona no fue removido. Hoy Morelos vive una ola de violencia generalizada: homicidios, asaltos, secuestros y extorsiones.
Apenas el martes 11 Licona fue retirado de la coordinación estatal y en su lugar quedó José Francisco Gutiérrez Zúñiga, hombre con estudios de primaria y pésimos resultados como coordinador de la PF en Michoacán, de donde fue removido hace dos meses.
En el Estado de México el coordinador de la PF es Israel Zaragoza Rico, quien además de venir también del equipo de Cárdenas Palomino participó en el montaje fabricado por la AFI contra Florence Cassez en diciembre de 2005. En marzo de 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal en su contra.
En diciembre de 2005, cuando ocurrió la aprehensión de Cassez, Zaragoza era supervisor de área de la AFI. En enero de 2006 fue ascendido a director de área. En octubre de 2007 ingresó a la PF. Desde el 16 de julio de 2011 es coordinador de la PF en el Estado de México. Durante su gestión en esa entidad ha aumentado la presencia de la delincuencia organizada y se vive ahí una etapa de violencia extrema en las zonas norte y oriente.
EL RELEVO
En el lugar de Mondragón el presidente Peña Nieto colocó a Monte Alejandro Rubido, quien ha trabajado desde 1983 en el sistema policiaco y de inteligencia. Durante los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón entró y salió varias veces del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la SSP federal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En algunos puestos sólo duró cinco meses. Ni siquiera sus mentores en el Cisen —consultados por este semanario— le reconocen aptitudes policiacas. No se le conoce mérito alguno y su papel más destacado se remonta a 2001, cuando se le detectó operando en un centro de espionaje en el Estado de México al servicio del gobernador Arturo Montiel, ex jefe y pariente de Peña Nieto.

"Posan con LANZACOHETES y CALIBRE.50",dicen ser el "NUEVO GRUPO ARMADO en MICHOACAN....si, el que dijeron ya habían "pacificado"



Cinco hombres fuertemente armados, incluso con lanzacohetes, se presentaron en redes sociales como un nuevo grupo armado dispuesto a defender a Michoacán ante el asedio de los cárteles.

Morelia,MX.-07/Jul/2015 En la foto que acompaña la publicación, los gatilleros visten playeras blancas y se hacen llamar "Blancos de Troya".

"Al pueblo michoacano se les informa: por los sucesos que se han estado generando y por las advertencias de grupos criminales, el grupo BLANCOS DE TROYA defendera sus áreas de todo aquel que pasarse de listo", advirtieron en un mensaje publicado en una cuenta de Facebook.
En la foto aparecen dos lanzacohetes abastecidos y un fusil Barret, considerada un arma antiaérea, acomodadas sobre un camastro.

También se observan armas largas de diversos modelos y calibres que portan los pistoleros, así como chalecos tácticos y fornituras.

Ninguno de ellos deja ver su rostro. Se cubren con prendas y sombreros de ala ancha, similares a los que se usan en la región de Tierra Caliente en esta entidad.

El grupo dijo estar dispuesto a luchar por un Apatzingán libre de cuotas y delincuentes que agravien a la sociedad. 
Los sujetos acusaron al Gobierno de haber dividido a los grupos de autodefensa, mismos que llegaron a extenderse por 36 municipios de la entidad entre 2013 y 2014.

Hasta esta tarde, las autoridades no han emitido alguna versión sobre el surgimiento de este grupo.



fuente.-

"TIRO al BLANCO" contra PERIODISTAS...ya es "DEPORTE y MODA en MEXICO".


Los periodistas en México son agredidos, desaparecidos e incluso asesinados, las autoridades poco o nada resuelven; en ese sentido, el atentado contra la libertad de expresión, se ha intensificado en un contexto donde reina la impunidad.
En el último año han muerto 10 periodistas en México; al respecto, dos de los asesinatos de reporteros han ocurrido en Cosolapa, un municipio de 9.000 habitantes en el noroeste de Oaxaca, justo en el límite con Veracruz, donde una calle marca la frontera ambos estados; lo que implica que, el 20% de los casos están en una zona con el 0,007 por ciento de la población del país; a su vez, de manera másalarmante, el municipio de Medellín, Veracruz, localizado en el área conurbada de la zona metropolitana del puerto de Veracruz y en el que viven 3.000 personas, 0,000025% de la población del país, registra el asesinato de otros dos periodistas en los últimos seis meses. Por su parte, el mapa Periodistas en Riesgo de Freedom House y el Centro Internacional para Periodistas muestran cómo la violencia contra la prensa en México se ha intensificado en el sur del país.
Por su parte, la organización Artículo 19 publicó su primer informe semestral del 2015, en el que indica que en este semestre, se documentó el asesinato de seis periodistas y 227 agresiones contra la prensa, tan sólo 99 por debajo de las 326 registradas en todo el año pasado. Por lo que, pese a las advertencias y recomendaciones otorgadas por organismos internacionales, los casos mencionados en el informe se caracterizan por la inactividad del gobierno federal, sentenció Artículo 19. La falta de investigaciones oportunas, imparciales y eficaces protege a los responsables de violaciones de derechos humanos y fortalece el sistema de impunidad en México.
A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó a la PGR a considerar la pertinencia de atraer los recientes homicidios de comunicadores ocurridos en Oaxaca y Veracruz, al ser dos de los estados “más peligrosos” para el ejercicio periodístico. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la CIDH condenó las muertes de Filadelfo Sánchez, de Oaxaca, y Juan Mendoza Delgado, de Veracruz, y exhortó a las autoridades mexicanas “a actuar de manera pronta y oportuna para esclarecer los motivos de los crímenes ocurridos e identificar y sancionar a los responsables”.
Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han expresado en sus declaraciones que la criminalidad va a la baja y por tanto la inseguridad también, lo cual es falso. “Es una mentira.”; los reporteros de todos los medios de comunicación, sobre todo del periodismo escrito, pero asimismo de la radio y televisión e incluso del internet, están sufriendo la embestida de la inseguridad, refiere Contralínea.
Por otro lado, Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, ha invertido en promover su administración e imagen mil 252 millones 900 mil 595 pesos de septiembre de 2011 a mayo de 2015, según la Coordinación General de Comunicación Social, e información disponible de los rubros del Presupuesto de Egresos destinados a Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo, promoción internacional y gastos para sus informes de gobierno. Esa cantidad supera el presupuesto que en 44 meses se ha destinado, por ejemplo, al financiamiento de infraestructura que fue de 100 millones 935 mil pesos; o el presupuesto que reciben programas de derechos humanos, de gasto social, vivienda, atención a personas con discapacidad, y apoyo a comunidades indígenas (que han recibido 539 millones 160 mil pesos, 107 millones 59 mil pesos, 323 millones 951 mil pesos, mil 20 millones de pesos y 415 millones 175 mil pesos, respectivamente), refiere Sinembargo.
Fuente.-


TLATLAYA: "La "VALENTIA dio la CARA"...a los que quieren "vernos" la cara.


Los militares que ejecutaron a 22 personas en Tlatlaya en junio del año pasado, actuaron obedeciendo órdenes, mismas que reflejan una línea estratégica que viene de las más altas esferas. 
Un documento confidencial obtenido por el Centro Prodh revela que el Plan Estratégico de Combate contra el Narcotráfico se pliega a la percepción presidencial de que este delito es la mayor “amenaza a la seguridad nacional” y recomienda a la tropa “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”. Mientras las esferas militares intentan debatir sobre el significado del verbo “abatir”, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos exigen castigo a los responsables, pero desde el ámbito civil.
Detrás de la orden de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”, instruida al comandante del grupo militar que hace un año accionó sus armas contra 22 personas en Tlatlaya, está la convicción de Enrique Peña Nieto de que el narcotráfico es “la amenaza a la seguridad nacional, el más grande riesgo para la salud social, la más cruenta fuente de violencia”.
Así se estipula en el documento clasificado “confidencial” integrado en la Orden General de Operaciones San Antonio del Rosario, fechado el 11 de junio de 2014, que forma parte de la causa penal que se sigue a un oficial y siete elementos de tropa en el Juzgado Sexto Militar, obtenido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), organización que representa a Clara Gómez González, madre de la menor Éricka Gómez, “abatida” el 30 de junio de 2014.
El Centro Prodh obtuvo parte del expediente, después de una pelea legal que aún no termina, para que en la jurisdicción militar y en la Procuraduría General de la República (PGR) se reconozca a Gómez González su calidad de víctima de los hechos de Tlatlaya.
A través del juicio de amparo 135/2015, Clara Gómez y sus abogados tuvieron acceso a la causa penal 338/2014, abierta por los delitos de desobediencia e infracción de deberes militares contra el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, el sargento Roberto Acevedo López y los soldados Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz, Fernando Quintero Millán, Alán Fuentes Guadarrama, Leobardo Hernández Leónides y Roni Martínez Atilano, quien resultó herido en el operativo del 30 de junio de 2014.
De esa revisión salió a la luz la orden de relevo por la que Rodríguez Martínez sustituyó al subteniente Carlos Caín Tinixcal como comandante de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario, y la instrucción del “alto mando” a realizar actividades “en horas de la oscuridad, sobre objetivos específicos” y “abatir delincuentes”, indicaciones que para el Centro Prodh constituyen “verdaderos incentivos para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”, según su informe Tlatlaya a un año: La orden fue abatir.
Las órdenes giradas a Rodríguez Martínez estuvieron antecedidas de un reporte clasificado “confidencial” –al cual Proceso tuvo acceso– en el que se hace referencia directa al “presidente de la República”, aunque no se le nombra, para contextualizar las indicaciones de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”.
El documento “confidencial” refiere que “el presidente de la República ha considerado al narcotráfico como la amenaza a la seguridad nacional, el más grande riesgo para la salud social, la más cruenta fuente de violencia, por lo anterior la Secretaría de la Defensa nacional emitió el Plan Estratégico de Combate contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para regularizar la lucha permanente contra el narcotráfico”.
Tras explicar los tipos de puestos de operaciones militares para el objetivo central, se presenta un informe sobre las “células delictivas” que operan en la región –La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Guerreros Unidos–, que mantienen una lucha constante con organizaciones delictivas contrarias, “motivo por el cual se ha desatado una ola de violencia, ejecuciones, secuestros, robo de vehículos, despojo de propiedades (bienes inmuebles, ganado, dinero, etc.) que en la mayoría de los casos se mantiene como cifra negra debido al temor de la población a realizar la denuncia respectiva”.
El reporte incluye una descripción “de medios” del crimen organizado para “evadir los puestos militares de seguridad establecidos a lo largo de las rutas que transitan sin ser detectados”, así se explica la orden de “incrementar la presencia de las tropas en las carreteras que presentan mayor incidencia delictiva”.
Para alertar sobre las técnicas de evasión, el documento advierte que la delincuencia organizada recurre a “dobles fondos de vehículos de carga, dobles fondos de tanques de combustible, trasportando verduras y frutas a granel, para evitar revisiones ocultando la droga en piezas de barro o en maquinaria industrial, transformadores cisternas, en cámaras frigoríficas, droga adherida al cuerpo de mujeres y niños, etc”.
“Horas de la oscuridad”
Entre las consideraciones previas a las instrucciones concretas dirigidas al comandante de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario, las “horas de oscuridad” aparecen como aliadas para el “éxito” de las acciones militares y el prestigio de la dependencia.
“Basados en un profundo trabajo de inteligencia, las principales acciones para reducir la violencia se planearan y ejecutarán en horas de oscuridad, realizándolas en fuerza, con efectivos que sean necesarios para el éxito de la operación, dar superioridad a las tropas y ganar una imagen positiva ante la opinión pública”, se indica en el documento.
Para apuntalar la estrategia mediática, se apunta que “la presencia de tropas en las carreteras que presentan mayor incidencia delictiva” debe hacerse “con prestancia y gran sentido de auxilio a la población, con una actitud de gallarda y excelente presentación, para incrementar la confianza de las personas en las fuerzas armadas”.
Se recomienda para apuntalar la “imagen positiva” apegarse a los derechos humanos, “evitando el allanamiento de morada” y a “dar prioridad durante las operaciones a garantizar la seguridad de las personas inocentes evitando generar víctimas colaterales”.
Si bien en la parte confidencial de la Orden de Relevo, fechada el 11 de junio y firmada por el segundo comandante del 102 Batallón de Infantería, teniente coronel Sandro Díaz Rodríguez, se hacen reiteradas menciones al “respeto a los Derechos Humanos y a Observancia de la Ley” y a “garantizar la seguridad de las personas inocentes evitando generar víctimas colaterales”, lo cierto es que hay indicaciones que corresponderían ser realizadas por autoridades civiles.
Entre las órdenes que se dieron al teniente Rodríguez Martínez como parte de la Operación Dragón, resalta la “explotación de información que obtenga” sobre “casas de seguridad, locales, negocios, actividades y vehículos” de los “integrantes de grupos delictivos”, así como “evitar poner a disposición de las autoridades civiles” documentación militar que se asegure en las operaciones, “realizando las investigaciones respectivas para esclarecer el hecho de que se informe de los resultados mediante oficio a la S-1 (superioridad 1) de la 22 Zona Militar”.
En caso de ser agredidos por delincuentes con armas “de alto poder destructivo”, se ordena “emplear todo el armamento disponible a fin de (…) eliminar la amenaza, en forma tal que se garantice la integridad física del personal militar”.
El escrito daba instrucciones de la forma de conducirse del personal militar en caso de toparse con miembros de la Secretaría de Marina –que se han conducido con “prepotencia” o agredido a personal militar, supuestamente–; de localizar laboratorios clandestinos de drogas o asegurar armamento, material pirotécnico, así como las formalidades de comunicación con los superiores, entre otros temas de orden militar.
“Abatir”
Sin duda la utilización del término “abatir” resalta en el documento, más aún cuando en la revisión del expediente militar el verbo y sus derivaciones son utilizados para referirse a las 22 personas muertas en una bodega en las inmediaciones de Tlatlaya como resultado de un patrullaje de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario.
La significación que para el Ejército tiene la palabra se refuerza en la revisión del radiograma firmado por el teniente Ezequiel Rodríguez: se reporta que en el operativo en el que resultó herido el soldado de sanidad Roni Martínez Atilano, resultaron “abatidos 21 personas del sexo masculino y 1 del sexo femenino”.
En el primer reporte del comandante de la 22 Zona Militar, José Sánchez León enviado a sus superiores –clasificado como “extraurgente” con el número de oficio S-1/M1/14720–, se habla de “18 delincuentes abatidos”, cifra que horas más tarde corregiría por “22 delincuentes abatidos” luego de trasladarse al lugar de los hechos el mismo 30 de junio.
El informe de la Policía Ministerial Militar señala que “una vez controlada la situación, procedió a revisar la bodega, percatándose que se encontraban varios delincuentes abatidos (22 civiles muertos, 21 del sexo masculino y 1 femenino)”.
En los interrogatorios realizados el 2 de julio de 2014 al teniente Rodríguez Martínez y a sus siete elementos de tropa, la agente del Ministerio Público Militar, Rocío Quintero González, clasifica a cada uno de ellos como “testigo con relación a los hechos ocurridos la madrugada del 30 de junio de 2014 en el poblado de Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, Estado de México, en los que personal militar fue agredido por elementos de la delincuencia organizada, repeliendo la acción habiendo abatido a 22 civiles”.
En el proceso penal militar para consignar a los detenidos, el juez sexto adscrito a la I Región Militar refiere que si bien los soldados estaban en “desventaja numérica respecto a sus agresores” por las condiciones de la bodega en la que se encontraban los presuntos integrantes de la delincuencia organizada, con una sola salida, “no podían cruzar sin la posibilidad de ser lesionados o privados de la vida, colocando a los ahora inculpados en ese tenor de situación de desventaja, habiendo abatido a los civiles a los que se ha hecho referencia”.
La asignación del término abatir para referirse a privar de la vida a “delincuentes” la explica el Prodh también con el uso que se le da al vocablo en comunicados de prensa tanto de la Sedena como de la Semar “en al menos 20 ocasiones”, entre 2006 y 2015.
De ahí que en conferencia de prensa el jueves 2, organizaciones civiles se sumaron a la exigencia del Prodh de esclarecer los hechos en el fuero civil y que se investigue la cadena de mando, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos demande que sean “suspendidas todas las órdenes militares que instruyan el abatimiento de personas”.
Exigencia de juicio civil
Por lo pronto el Prodh solicitó a la PGR interrogar sobre los hechos de Tlatlaya al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda; al comandante de la I Región Militar, Jaime Godínez Ruiz; al entonces comandante de 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León; al comandante adscrito a la 22 Zona Militar, Francisco Ortega Luna; a quien fungiera como comandante del 102 Batallón de Infantería, Raúl Castro Aparicio, así como al teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, quien en el fuero civil sólo está procesado por encubrimiento.
En las consideraciones para ampliar las indagatorias, el Centro Prodh solicitó también interrogatorios para quienes firmaron la orden de relevo, el comandante Sandro Díaz Rodríguez; el subteniente Carlos Caín Tinixcal, quien fue relevado por Rodríguez; así como quienes recibieron copia del documento, tres capitanes, dos tenientes y dos sargentos.
Cabe destacar que en el radiograma firmado por Rodríguez Martínez se mencionó a los mandos militares y marinos que acudieron a Tlatlaya, junto con personal de tropa.
Por orden de aparición en la bodega, Rodríguez menciona al capitán de Infantería DEM Everardo Osorio Méndez con 23 elementos de tropa, pertenecientes al 41 Batallón de Infantería; al capitán segundo de Infantería Alberto Francisco Cruz Hernández, acompañado de 14 elementos; el coronel Raúl Castro Aparicio, con un oficial y 12 miembros de tropa.
También el capitán de Fragata Fernando Méndez Méndez, con 18 marinos y cuatro oficiales de la Secretaría de Marina, así como el teniente de infantería Juan Pablo Cisneros Valdez al mando de la Base de Operaciones Mixtas pertenecientes al 41 Batallón de Infantería con base en Amaltepec.
Aunque Rodríguez no menciona su reporte al comandante de la 22 Zona Militar, en declaraciones ante el Ministerio Público Militar los soldados consignan la presencia de Sánchez León.
La demanda del Centro Prodh y de varias organizaciones sociales de una investigación exhaustiva fue fortalecida por el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Christof Heyns, quien sostuvo que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.
En un comunicado fechado en Ginebra, Heyns recomendó a las autoridades civiles “investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a las violaciones del derecho a la vida”.  
Fuente.-

EN "MEXICO" mas que "USO de la FUERZA" hay "ABUSO de la FUERZA"....es preocupante que no les preocupe y ocupe.


Un año después de la masacre de Tlatlaya,México, nuevos datos muestran que hay un patrón de fuerza excesiva y letalidad en las confrontaciones entre las autoridades y civiles, lo cual ha acentuado las reclamaciones de que el gobierno necesita realizar mayores esfuerzos para reducir las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
Un reciente estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) muestra que por cada muerte de un militar en un enfrentamiento con civiles, hay 32 bajas de civiles,informó Animal Político. Expertos legales afirman que una relación de más de 15 civiles muertos por cada agente de seguridad dado de baja sugiere un uso excesivo de la fuerza.
El estudio también publicó un índice en el que se compara el número de civiles muertos en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad frente al número de civiles heridos en estas confrontaciones. Entre 2008 y 2014, el ejército mexicano dejó un saldo de 7,9 civiles muertos por cada civil herido, mientras que la policía federal causó la muerte de 4,6 civiles por cada herido.
Según Animal Político, el único punto positivo en los hallazgos del estudio fue la presunta reducción en el número total de confrontaciones entre las fuerzas de seguridad y civiles desde 2008.
Estas cifras se dan en medio de la publicación de un nuevo reporte de una organización mexicana defensora de los derechos humanos que habla acerca del rol de los militares en la masacre de Tlatlaya ocurrida en junio de 2014. En este caso, durante un enfrentamiento entre militares y un grupo armado, al menos 12 personas fueron ejecutadas por soldados, quienes alteraron la escena del crimen para que pareciera como si las muertes hubieran ocurrido durante el tiroteo.
“El mensaje no puede ser más claro: los soldados recibieron la orden de abatir, o matar, a los presuntos delincuentes, con total desprecio por sus derechos humanos y el debido proceso legal”, dijo Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés) en un comunicado de prensa que destaca la publicación del estudio.

Análisis de InSight Crime

Un año después de que la masacre de Tlatlaya generara rechazo internacional, el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército y la policía sigue siendo un problema sistémico en la actual guerra contra las drogas en México. En particular, recientemente se supo que la policía federal mexicana no tiene ningún manual para el uso de la fuerza letal. Pese a que no se puede dudar de que las fuerzas de seguridad mexicanas enfrentan condiciones peligrosas que ocasionalmente ameritan el uso de fuerza letal, es igualmente claro que el ejército y la policía federal tienen un historial de responder de manera excesiva, lo que se traduce en un alto número de bajas entre los presuntos “agresores”. (Vea a continuación la línea de tiempo que muestra algunos de los enfrentamientos más relevantes que involucraron a las fuerzas de seguridad mexicana y las sesgadas bajas civiles).
El uso excesivo de la fuerza es sólo uno de los componentes de la actual violencia vinculada con el crimen en el país. Pese a que el total de homicidios parece estar disminuyendo, otros observadores internacionales siguen siendo críticos con la situación del país. En su índice anual de Paz Global, el centro de pensamiento Instituto para la Economía y la Paz ubicó a México como uno de los países menos pacíficos de Latinoamérica (aunque como InSight Crime ha señalado, este sistema de ranking tiene algunos problemas).

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LOS "CUARTELES RODANTES de la GENDARMERIA"...un proyecto "costoso y opaco".


La División de Gendarmería, gran proyecto peñanietista para mantener la gobernabilidad en el campo, ha resultado ineficaz, costosa y opaca: ejemplo de ello es un contrato ventajoso a una empresa especializada en escuelas prefabricadas para la creación de seis cuarteles móviles, cuya utilidad aún está por verse. Más de 535 millones de pesos (250 millones era el presupuesto original) se embolsó esa compañía. Y quien autorizó la concesión es un viejo conocido del presidente de la República, un hombre que manejaba los dineros de la seguridad pública del Estado de México.

El gran “proyecto presidencial” creado para mantener “la gobernabilidad” en zonas rurales y periurbanas y garantizar el destino de la producción agrícola, el tránsito de mercancías y el paso de inmigrantes, la División de Gendarmería, ha resultado millonariamente caro y peligroso, aunque por “seguridad nacional” su costo se mantiene “bajo reserva”.
Formada por 5 mil jóvenes de entre 18 y 25 años, la Gendarmería terminó siendo un cuerpo de seguridad “errante”. Dentro de su estrategia, el gobierno de Enrique Peña Nieto le concesionó a una empresa –con experiencia en el armado de aulas prefabricadas para primarias y jardines de niños– la construcción de “6 cuarteles móviles”. Un trabajo considerado de “seguridad nacional”.
Según el contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C108/2014, fechado el 14 de noviembre de 2014, la Policía Federal (PF) firmó con la empresa Desarrolladora M, S. A. de C. V., el acuerdo para que “proporcione la adquisición de 6 cuarteles móviles para la Nueva División Gendarmería”, por 535 millones 54 mil 883.97 pesos.
El instrumento legal cuenta con la leyenda de “reservado” y para ello se acoge a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en sus artículos 13, fracciones I y V, y 14, fracción I, según los cuales la información es “reservada y confidencial” cuando pueda “comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional” o “pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado”.
Constructor de escuelas
El contrato en el cual se establecen las especificaciones para construir una especie de “batallón errante”, donde viven y se protege a los jóvenes que combaten a la delincuencia organizada, se entregó por “adjudicación directa” a una empresa fundada en 2000 y cuya especialidad es elaborar aulas.
Propiedad de los hermanos Joaquín y Ricardo Martínez del Campo, Desarrolladora M está registrada en el portal de la Secretaría de Economía; ofrece entre sus principales productos “construcción de módulos prefabricados”, donde utiliza acero, polietileno y polipropileno (productos altamente inflamables); y no se menciona ninguna participación en obras de seguridad nacional.
Proceso acudió a Desarrolladora M y solicitó entrevistar a los socios de la empresa para que hablaran de su experiencia en construcciones relacionadas con la seguridad nacional y el tipo de sus contratos con gobiernos estatales; dijeron que era imposible atender la petición, por el “inicio de vacaciones”.
Esta empresa se creó por construir escuelas en los estados; ha sido acusada en algunos congresos locales de participar en concursos “amañados”. De su experiencia en obra de seguridad pública sólo se detectó la elaboración de los cuarteles de “mando único” en los municipios de Huit­zilac y Xochitepec, Morelos, en el gobierno del perredista Graco Ramírez.
El primer registro que se tiene de su participación es con la adjudicación directa 04500720392 del gobierno de Veracruz en junio de 2002, cuando gobernaba el priista Fidel Herrera. El contrato fue para construir cuatro aulas didácticas, la dirección, servicios sanitarios y obra exterior de una escuela, por un monto de 1 millón de pesos y con un plazo de entrega de dos meses.
Después hay una veintena de contratos con el gobierno de Nuevo León, cuando lo gobernaba el priista José Natividad González Parás. De acuerdo con el Comité de Construcción de Escuelas del Estado, la empresa ganó el mismo día, 18 de julio de 2007, 13 concursos para construir aulas por un monto de 156.8 millones de pesos. El tema fue revelado por el diario El Norte, que daba cuenta de “competidores” manipulados para beneficiar a Desarrolladora M. La denuncia se llevó al Congreso local, pero no prosperó.
Un año después, el 17 de julio de 2009, el mismo Comité aceptó que “simuló” ofertas de construcción de escuelas por 22 millones de pesos y cuyo beneficiario final fue Desarrolladora M.
Ya en el gobierno del también priista Rodrigo Medina en Nuevo León, Desarrolladora M recibió, el 3 de julio de 2011, la adjudicación para construir “seis aulas didácticas y 12 anexos en el Jardín de Niños Nueva Creación”, con un costo de 650 mil pesos. Luego recibió otro contrato por 733 mil pesos el 2 de mayo de 2013, para la “construcción de 4 aulas didácticas y 11 anexos” en otro jardín de niños. Ambas adjudicaciones fueron observadas por la propia auditoría estatal.
Baile de millones
Con la llegada de Peña Nieto al poder, Desarrolladora M logró en un solo contrato lo que no había alcanzado en 14 años, pese a ser una empresa favorecida por gobiernos estatales priistas.
El contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C108/2014, para construir los seis cuarteles móviles, fue autorizado por el comisario Manelich Castilla Craviotto y por un viejo colaborador de Peña Nieto en el Estado de México: el inspector general, titular de Enlace Administrativo de la División de Gendarmería, Modesto Serrano Mendoza.
Según la Secretaría de Hacienda, en 2014 se autorizó, con el rubro “003 provisión para la creación de la Gendarmería”, un presupuesto de 4 mil 500 millones de pesos. En el documento, el total se especifica como “otros” y en ningún momento se hace mención de los seis cuarteles móviles.
Sin embargo, el documento Gendarmería 2014, entregado a la Cámara de Diputados, sí lo establece e incluso señala que será por un estimado de 250 millones de pesos, cifra inferior a lo que terminaron autorizando Serrano Mendoza y Castilla Craviotto.
El documento establece que para el ejercicio 2014 “se llevará a cabo la adquisición de cuarteles móviles para brindar los servicios y las instalaciones dignas para los gendarmes, estimando un gasto de 250 millones de pesos”.
Por los 250 millones de pesos, los cuarteles preveían, en el documento: dormitorios, oficinas de centro de mando, cocinas y comedores, regaderas y sanitarios, centro de comunicaciones, lavandería, subestación, barda perimetral, puntos de vigilancia y depósito de armas.
Cada cuartel tiene aproximadamente 600 efectivos y 54 campers. Proceso tuvo acceso a los vehículos y pudo constatar que cada uno tiene 12 camas, por lo que se estima que alberga a 648 gendarmes.
Los campers o vehículos-casa tienen aparatos de aire acondicionado, pero no todos funcionan, relataron algunos gendarmes, quienes pidieron el anonimato.
A simple vista los vehículos no tienen seguridad especial y su estructura es, en apariencia, endeble, algo que no correspondería con el gasto de 535 millones de pesos.
Si hay 54 vehículos en cada uno de los seis campamentos móviles, se tienen 324 campers. Esto supone que cada uno habría costado un millón 651 mil 404 pesos. La idea era que costaran la mitad, según el documento entregado a la Cámara de Diputados.
Si bien la experiencia de Desarrolladora M es la construcción de aulas, en 2009 amplió sus pretensiones y concursó a nivel nacional para construir “casetas prefabricadas” para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con la licitación pública nacional del IMSS 00641320-025-09, las casetas deberían tener “planchado de concreto, estructura, muros, techumbre de teja aislante, plafón y extractores, instalación eléctrica interior, instalación hidrosanitaria, cancelería de aluminio, pisos vítreos, puertas y accesorios”.
Concursaron varias empresas, entre ellas Desarrolladora M, la cual presupuestó cada “caseta prefabricada” en 1 millón 752 mil 416 pesos. Pese a cumplir todos los requisitos, perdió la licitación; ganó otra empresa que ofertó un costo de 559 mil pesos por cada caseta, las cuales fueron llamadas “unidades médicas urbanas Oportunidades”.
Desarrolladora M perdió en 2009, pero cinco años después ganó exactamente lo mismo que hubiera obtenido aquella vez: 535 millones de pesos.
En una comparación entre las casetas de Oportunidades de esa época y los cuarteles móviles hoy construidos, se ve que los materiales y dimensiones son muy parecidos.
Serrano Mendoza es un viejo conocido de Peña Nieto, a quien no es la primera vez que le confían los recursos económicos en materia de seguridad pública.
En 2009, siendo Peña Nieto gobernador del Estado de México, Serrano fue encargado de administrar los fondos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), cuyo titular era David Garay Maldonado.
Serrano era subdirector de operación del Fondo de Seguridad del Gobierno del Estado de México de la Agencia de Seguridad Estatal (Fosegem). Ese 2009, por ejemplo, la ASE tuvo un presupuesto de 4 mil 947 millones 467 mil pesos, pero terminó gastando 70 millones más.
El contrato que elevó al doble el presupuesto para los cuarteles móviles también fue autorizado por el comisario de la División de Gendarmería, Castilla Craviotto, quien antes de llegar a la PF, en 2009, trabajó 13 años –de 1996 a 2009– para Carlos Slim en la Fundación Telmex, como director del Programa de Justicia.
En 2009, al ingresar a la PF, fue coordinador estatal en San Luis Potosí. De diciembre de 2012 a agosto de 2013 fue jefe de la División de Seguridad Regional pero fue relevado; su destitución nunca fue aclarada, aunque se produjo luego de un fallido operativo antidrogas de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en medio de denuncias de policías de la División de Seguridad Regional de despidos masivos.
Caro e inseguro
La Gendarmería Nacional de Peña Nieto terminó siendo un apéndice de la PF, corporación que en el sexenio pasado informó, en acatamiento a la Ley Federal de Transparencia, que sólo en cinco años de hospedaje gastó 100 millones de pesos. Algo poco creíble.
En la actual administración, de acuerdo con los contratos que el mismo comisionado nacional de Seguridad Pública presenta en su portal de obligaciones de transparencia, sólo en el pasado enero gastó 55 millones de pesos por hospedar a sus gendarmes en Guerrero.
Sumando todos los contratos de hospedaje que la PF pagó en enero de 2013 en diversos estados, la cantidad total fue de 87 millones 990 mil pesos.
Existen contratos por un mes –enero de 2013–, firmados en diversas entidades. Hay de 350 mil pesos, de 2 millones, de 7 y hasta de 55 millones de pesos. Este último, con hoteleros guerrerenses quienes en mayo de ese año denunciaron la falta de pago de la autoridad federal.
Ese de enero de 2013 es ampliación del contrato por 275 millones de pesos que la PF entregó en adjudicación directa a la empresa Hotels and Convention Group, y que a su vez subcontrata al resto de los hoteles de Guerrero. Los 275 millones de pesos fueron por cinco meses de hospedaje.
Hoy el gobierno federal ya se ha ahorrado por lo menos los 55 millones de pesos en Iguala, pues Proceso constató que desde hace un mes los cuerpos federales se hospedan en cuarteles móviles.
Durante un recorrido, los gendarmes accedieron inicialmente a hablar del tipo de instalaciones que tienen; uno de ellos dijo que, a pesar de las incomodidades que pudiera haber, está a gusto pues forma parte “del proyecto presidencial”.
Cuando algunos de ellos pretendían hablar de sus condiciones de vida, llegó la orden de no ofrecer información a los medios y pidieron no publicar fotografías del lugar. Antes ya habían aceptado que tienen lavandería, dormitorios, un pequeño gimnasio y plantas de luz.
–¿Y están seguros? –se les preguntó.
–Pues… por lo menos aquí estamos todos juntos…
Por lo mismo, más vulnerables: a la hora de dormir todos dejan en un lugar alejado del cámper sus armas, en un lugar llamado de resguardo.
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E.U e INGLATERRA quieren VIGILAR hasta las "COMUNICACIONES ENCRIPTADAS".


El New York Times reveló que un grupo de especialistas dijeron que las medidas de EU e Inglaterra no son una solución técnica que permita un "acceso excepcional" a este tipo de comunicaciones, sin poner en peligro, datos confidenciales e infraestructuras críticas.
  • El diario The New York Times reveló que un grupo de expertos rechazan las medidas que impulsan Estados Unidos y Gran Bretaña para dar un acceso especial a las comunicaciones encriptadas, después de que evaluaran las propuestas de ambos países.
Según el diario estadounidense, el grupo de 13 especialistas, darán a conocer el documento, en el que concluyen que no hay una solución técnica que permita un "acceso excepcional" a este tipo de comunicaciones, sin poner en peligro, datos confidenciales e infraestructuras críticas. 

El documento, agrega el NYT, se conocerá un día antes de que James B. Comey, director de la Oficina Federal de Investigaciones, y Sally Quillian Yates, el fiscal general adjunto en el Departamento de Justicia, comparezcan ante el Comité Judicial del Senado sobre el tema.
Los autores del informe señalan que dadas las vulnerabilidades inherentes de Internet, argumentaron, la reducción de encriptado no es una opción. 

Además, al entregar a gobiernos una clave para las comunicacionesencriptadas también requeriría un extraordinario grado de confianza. 

Por último advierten que de continuar con la medida, provocará que China y otros países hagan lo mismo.

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...y la "SEGOB" lo "NEGABA" pero "COMPRO SOFTWARE para ESPIAR"...asi se gastan los "IMPUESTOS".


La Secretaría de Gobernación (Segob) sí habría adquirido en abril del 2015 un Sistema de Control Remoto (RCS) a la firma italiana Hacking Team por 205,000 euros, de acuerdo con información filtrada tras una vulneración a la compañía desarrolladora de software para espionaje, y recuperada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en su cuenta de Twitter.

La orden de compra de la Segob a Hacking Team se habría registrado bajo el número 016/2015 en el contrato CISEN/020/15, y fue fechada en Milán, el 24 de abril del 2015.

Esta información contradice así el posicionamiento del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ayer dijera que el software espía adquirido por la dependencia a Hacking Team se realizó durante la administración pasada, encabezada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

En el hackeo dado a conocer la noche del domingo, se filtraron más de 400 Gigabytes de información de The Hacking Team, incluyendo clientes y contratistas que venden estas soluciones a los gobiernos a nivel mundial, incluyendo agencias estatales y federales de México.

De acuerdo con la información filtrada, México es el principal cliente para The Hacking Team al sumar 5 millones 808,875 euros. Entre los principales clientes habría estado la Secretaría de Gobernación, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al haber pagado 1 millón 390,000 euros.

En una primera pesquisa, se encontró que entre los clientes de The Hacking Team se encuentran 14 autoridades federales como estatales, incluyendo el Distrito Federal, el Estado de México, Durango, Querétaro, Puebla, Campeche, Baja California, Tamaulipas y Yucatán.
"Representan un indicio de actividades que podrían ser calificadas como ilegales en la cuestión de espionaje en contra de la ciudadanía por parte de agencias que no tienen facultades constitucionales y legales para ello", comentó en una entrevista previa el director de R3D, Luis Fernando García.

En un comunicado de prensa emitido la medianoche, el gobierno de Yucatán rechazó haber adquirido licencias del software denominado Remote Control System Galileo, desarrollado por esta empresa para fines de vigilancia electrónica.

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