La División de Gendarmería, gran proyecto peñanietista para mantener la gobernabilidad en el campo, ha resultado ineficaz, costosa y opaca: ejemplo de ello es un contrato ventajoso a una empresa especializada en escuelas prefabricadas para la creación de seis cuarteles móviles, cuya utilidad aún está por verse. Más de 535 millones de pesos (250 millones era el presupuesto original) se embolsó esa compañía. Y quien autorizó la concesión es un viejo conocido del presidente de la República, un hombre que manejaba los dineros de la seguridad pública del Estado de México.
El gran “proyecto presidencial” creado para mantener “la gobernabilidad” en zonas rurales y periurbanas y garantizar el destino de la producción agrícola, el tránsito de mercancías y el paso de inmigrantes, la División de Gendarmería, ha resultado millonariamente caro y peligroso, aunque por “seguridad nacional” su costo se mantiene “bajo reserva”.
Formada por 5 mil jóvenes de entre 18 y 25 años, la Gendarmería terminó siendo un cuerpo de seguridad “errante”. Dentro de su estrategia, el gobierno de Enrique Peña Nieto le concesionó a una empresa –con experiencia en el armado de aulas prefabricadas para primarias y jardines de niños– la construcción de “6 cuarteles móviles”. Un trabajo considerado de “seguridad nacional”.
Según el contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C108/2014, fechado el 14 de noviembre de 2014, la Policía Federal (PF) firmó con la empresa Desarrolladora M, S. A. de C. V., el acuerdo para que “proporcione la adquisición de 6 cuarteles móviles para la Nueva División Gendarmería”, por 535 millones 54 mil 883.97 pesos.
El instrumento legal cuenta con la leyenda de “reservado” y para ello se acoge a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en sus artículos 13, fracciones I y V, y 14, fracción I, según los cuales la información es “reservada y confidencial” cuando pueda “comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional” o “pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado”.
Constructor de escuelas
El contrato en el cual se establecen las especificaciones para construir una especie de “batallón errante”, donde viven y se protege a los jóvenes que combaten a la delincuencia organizada, se entregó por “adjudicación directa” a una empresa fundada en 2000 y cuya especialidad es elaborar aulas.
Propiedad de los hermanos Joaquín y Ricardo Martínez del Campo, Desarrolladora M está registrada en el portal de la Secretaría de Economía; ofrece entre sus principales productos “construcción de módulos prefabricados”, donde utiliza acero, polietileno y polipropileno (productos altamente inflamables); y no se menciona ninguna participación en obras de seguridad nacional.
Proceso acudió a Desarrolladora M y solicitó entrevistar a los socios de la empresa para que hablaran de su experiencia en construcciones relacionadas con la seguridad nacional y el tipo de sus contratos con gobiernos estatales; dijeron que era imposible atender la petición, por el “inicio de vacaciones”.
Esta empresa se creó por construir escuelas en los estados; ha sido acusada en algunos congresos locales de participar en concursos “amañados”. De su experiencia en obra de seguridad pública sólo se detectó la elaboración de los cuarteles de “mando único” en los municipios de Huitzilac y Xochitepec, Morelos, en el gobierno del perredista Graco Ramírez.
El primer registro que se tiene de su participación es con la adjudicación directa 04500720392 del gobierno de Veracruz en junio de 2002, cuando gobernaba el priista Fidel Herrera. El contrato fue para construir cuatro aulas didácticas, la dirección, servicios sanitarios y obra exterior de una escuela, por un monto de 1 millón de pesos y con un plazo de entrega de dos meses.
Después hay una veintena de contratos con el gobierno de Nuevo León, cuando lo gobernaba el priista José Natividad González Parás. De acuerdo con el Comité de Construcción de Escuelas del Estado, la empresa ganó el mismo día, 18 de julio de 2007, 13 concursos para construir aulas por un monto de 156.8 millones de pesos. El tema fue revelado por el diario El Norte, que daba cuenta de “competidores” manipulados para beneficiar a Desarrolladora M. La denuncia se llevó al Congreso local, pero no prosperó.
Un año después, el 17 de julio de 2009, el mismo Comité aceptó que “simuló” ofertas de construcción de escuelas por 22 millones de pesos y cuyo beneficiario final fue Desarrolladora M.
Ya en el gobierno del también priista Rodrigo Medina en Nuevo León, Desarrolladora M recibió, el 3 de julio de 2011, la adjudicación para construir “seis aulas didácticas y 12 anexos en el Jardín de Niños Nueva Creación”, con un costo de 650 mil pesos. Luego recibió otro contrato por 733 mil pesos el 2 de mayo de 2013, para la “construcción de 4 aulas didácticas y 11 anexos” en otro jardín de niños. Ambas adjudicaciones fueron observadas por la propia auditoría estatal.
Baile de millones
Con la llegada de Peña Nieto al poder, Desarrolladora M logró en un solo contrato lo que no había alcanzado en 14 años, pese a ser una empresa favorecida por gobiernos estatales priistas.
El contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C108/2014, para construir los seis cuarteles móviles, fue autorizado por el comisario Manelich Castilla Craviotto y por un viejo colaborador de Peña Nieto en el Estado de México: el inspector general, titular de Enlace Administrativo de la División de Gendarmería, Modesto Serrano Mendoza.
Según la Secretaría de Hacienda, en 2014 se autorizó, con el rubro “003 provisión para la creación de la Gendarmería”, un presupuesto de 4 mil 500 millones de pesos. En el documento, el total se especifica como “otros” y en ningún momento se hace mención de los seis cuarteles móviles.
Sin embargo, el documento Gendarmería 2014, entregado a la Cámara de Diputados, sí lo establece e incluso señala que será por un estimado de 250 millones de pesos, cifra inferior a lo que terminaron autorizando Serrano Mendoza y Castilla Craviotto.
El documento establece que para el ejercicio 2014 “se llevará a cabo la adquisición de cuarteles móviles para brindar los servicios y las instalaciones dignas para los gendarmes, estimando un gasto de 250 millones de pesos”.
Por los 250 millones de pesos, los cuarteles preveían, en el documento: dormitorios, oficinas de centro de mando, cocinas y comedores, regaderas y sanitarios, centro de comunicaciones, lavandería, subestación, barda perimetral, puntos de vigilancia y depósito de armas.
Cada cuartel tiene aproximadamente 600 efectivos y 54 campers. Proceso tuvo acceso a los vehículos y pudo constatar que cada uno tiene 12 camas, por lo que se estima que alberga a 648 gendarmes.
Los campers o vehículos-casa tienen aparatos de aire acondicionado, pero no todos funcionan, relataron algunos gendarmes, quienes pidieron el anonimato.
A simple vista los vehículos no tienen seguridad especial y su estructura es, en apariencia, endeble, algo que no correspondería con el gasto de 535 millones de pesos.
Si hay 54 vehículos en cada uno de los seis campamentos móviles, se tienen 324 campers. Esto supone que cada uno habría costado un millón 651 mil 404 pesos. La idea era que costaran la mitad, según el documento entregado a la Cámara de Diputados.
Si bien la experiencia de Desarrolladora M es la construcción de aulas, en 2009 amplió sus pretensiones y concursó a nivel nacional para construir “casetas prefabricadas” para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con la licitación pública nacional del IMSS 00641320-025-09, las casetas deberían tener “planchado de concreto, estructura, muros, techumbre de teja aislante, plafón y extractores, instalación eléctrica interior, instalación hidrosanitaria, cancelería de aluminio, pisos vítreos, puertas y accesorios”.
Concursaron varias empresas, entre ellas Desarrolladora M, la cual presupuestó cada “caseta prefabricada” en 1 millón 752 mil 416 pesos. Pese a cumplir todos los requisitos, perdió la licitación; ganó otra empresa que ofertó un costo de 559 mil pesos por cada caseta, las cuales fueron llamadas “unidades médicas urbanas Oportunidades”.
Desarrolladora M perdió en 2009, pero cinco años después ganó exactamente lo mismo que hubiera obtenido aquella vez: 535 millones de pesos.
En una comparación entre las casetas de Oportunidades de esa época y los cuarteles móviles hoy construidos, se ve que los materiales y dimensiones son muy parecidos.
Serrano Mendoza es un viejo conocido de Peña Nieto, a quien no es la primera vez que le confían los recursos económicos en materia de seguridad pública.
En 2009, siendo Peña Nieto gobernador del Estado de México, Serrano fue encargado de administrar los fondos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), cuyo titular era David Garay Maldonado.
Serrano era subdirector de operación del Fondo de Seguridad del Gobierno del Estado de México de la Agencia de Seguridad Estatal (Fosegem). Ese 2009, por ejemplo, la ASE tuvo un presupuesto de 4 mil 947 millones 467 mil pesos, pero terminó gastando 70 millones más.
El contrato que elevó al doble el presupuesto para los cuarteles móviles también fue autorizado por el comisario de la División de Gendarmería, Castilla Craviotto, quien antes de llegar a la PF, en 2009, trabajó 13 años –de 1996 a 2009– para Carlos Slim en la Fundación Telmex, como director del Programa de Justicia.
En 2009, al ingresar a la PF, fue coordinador estatal en San Luis Potosí. De diciembre de 2012 a agosto de 2013 fue jefe de la División de Seguridad Regional pero fue relevado; su destitución nunca fue aclarada, aunque se produjo luego de un fallido operativo antidrogas de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en medio de denuncias de policías de la División de Seguridad Regional de despidos masivos.
Caro e inseguro
La Gendarmería Nacional de Peña Nieto terminó siendo un apéndice de la PF, corporación que en el sexenio pasado informó, en acatamiento a la Ley Federal de Transparencia, que sólo en cinco años de hospedaje gastó 100 millones de pesos. Algo poco creíble.
En la actual administración, de acuerdo con los contratos que el mismo comisionado nacional de Seguridad Pública presenta en su portal de obligaciones de transparencia, sólo en el pasado enero gastó 55 millones de pesos por hospedar a sus gendarmes en Guerrero.
Sumando todos los contratos de hospedaje que la PF pagó en enero de 2013 en diversos estados, la cantidad total fue de 87 millones 990 mil pesos.
Existen contratos por un mes –enero de 2013–, firmados en diversas entidades. Hay de 350 mil pesos, de 2 millones, de 7 y hasta de 55 millones de pesos. Este último, con hoteleros guerrerenses quienes en mayo de ese año denunciaron la falta de pago de la autoridad federal.
Ese de enero de 2013 es ampliación del contrato por 275 millones de pesos que la PF entregó en adjudicación directa a la empresa Hotels and Convention Group, y que a su vez subcontrata al resto de los hoteles de Guerrero. Los 275 millones de pesos fueron por cinco meses de hospedaje.
Hoy el gobierno federal ya se ha ahorrado por lo menos los 55 millones de pesos en Iguala, pues Proceso constató que desde hace un mes los cuerpos federales se hospedan en cuarteles móviles.
Durante un recorrido, los gendarmes accedieron inicialmente a hablar del tipo de instalaciones que tienen; uno de ellos dijo que, a pesar de las incomodidades que pudiera haber, está a gusto pues forma parte “del proyecto presidencial”.
Cuando algunos de ellos pretendían hablar de sus condiciones de vida, llegó la orden de no ofrecer información a los medios y pidieron no publicar fotografías del lugar. Antes ya habían aceptado que tienen lavandería, dormitorios, un pequeño gimnasio y plantas de luz.
–¿Y están seguros? –se les preguntó.
–Pues… por lo menos aquí estamos todos juntos…
Por lo mismo, más vulnerables: a la hora de dormir todos dejan en un lugar alejado del cámper sus armas, en un lugar llamado de resguardo.
fuente.-
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