La versión del gobierno mexicano sobre la masacre de San Fernando no resiste la prueba de las indagaciones independientes. Así lo comprueba una investigación coordinada por la organización Periodistas de a Pie en la que participaron reporteros invitados. Basados en documentos oficiales, testimonios de acusados y de víctimas, e incluso en trabajos académicos, desmienten las conclusiones oficiales sobre el móvil del crimen, las negligencias en la valoración de evidencias y la sospechosa opacidad respecto de las autoridades implicadas.
En vísperas de que se cumplan cinco años de la masacre de los 72 migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, la información oficial sobre esos hechos está en tela de juicio.
La organización Periodistas de a Pie y reporteros invitados compilaron y contrastaron documentos (inéditos, públicos y desclasificados), testimonios de protagonistas y diversas investigaciones oficiales e independientes. Lo que hallaron y publicaron en el sitio electrónico Másde72 pone en duda la versión que ha difundido el gobierno, incluso datos básicos, como la fecha en que se cometió el crimen, el motivo del mismo y el número de sobrevivientes.
La noche del 24 de agosto la Secretaría de Marina (Semar) informó que un hombre herido había llegado a un puesto de control de la dependencia en San Fernando, solicitando auxilio porque había sobrevivido a un ataque en un rancho cercano. Al indagar, los marinos descubrieron una bodega con los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres que tenían balazos en la cabeza.
Según la explicación oficial, eran migrantes que iban hacia Estados Unidos; en el camino fueron interceptados por sicarios de Los Zetas, que los asesinaron por negarse a trabajar para la organización criminal.
No obstante, los reporteros descubrieron que los agentes del Ministerio Público tamaulipecos describieron que en la escena del crimen, una bodega de concreto de aproximadamente 12 por 9 metros llena de maleza, encontraron 72 cuerpos, 13 del sexo femenino y 59 del masculino, “vendados de los ojos y atados de las manos con cinchos de plástico color blanco, que se encuentran afilados sobre las paredes de dicha bodega”.
La PGR y las autoridades federales, en cambio, siempre sostuvieron que 14 de las víctimas eran mujeres. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) observó que una víctima enviada a fosa común quedó registrada erróneamente con sexo masculino y femenino.
La investigación detectó otra inconsistencia en la fecha de la masacre. Los reporteros tamaulipecos que cubren San Fernando supieron del hecho el día 23, al escuchar la frecuencia de radio de las patrullas de los policías municipales, y acudieron a tomar fotografías de la escena del crimen. Encontraron los cadáveres sin resguardo ni autoridades presentes, pero embargaron la información durante un día: lanzaron la noticia hasta después de que la Marina la hiciera pública.
“Hay contradicciones en las fechas del secuestro y del asesinato por parte de Los Zetas, así como los motivos de la masacre. Los hallazgos ponen en duda si los marinos descubrieron los cuerpos, si la Secretaría de Marina alteró los hechos en su comunicado, si los migrantes fueron asesinados porque se negaron a ser reclutados, si los sobrevivientes fueron más de tres, si están en la cárcel todos los culpables y si las familias recibieron los cuerpos correctos de sus muertos. El gobierno no ha transparentado la investigación”, refiere la investigación.
El informe del equipo de periodistas se basa en fuentes del gobierno mexicano, cables del gobierno estadunidense desclasificados por el National Security Archive, investigaciones independientes como las de Insight Crimen, Gary Moore, El Faro y la tesis de licenciatura Los 72 migrantes que avergonzaron a México. Ni muertos los pudieron cuidar, de Concepción Peralta.
Al desmenuzar las versiones sobre la matanza, salen a la luz errores y pifias de los forenses y otras autoridades durante el levantamiento e identificación de los cadáveres; testimonios de víctimas y derechos violados de las familias, a quienes les niegan el acceso a la verdad, a la justicia y a la no repetición, pues en varios casos recibieron los cuerpos incorrectos.
El proyecto colaborativo de Periodistas de a Pie encontró que, si bien las autoridades mexicanas establecieron que hubo dos sobrevivientes (uno de ellos el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla y el otro un hondureño a quien mantienen en el anonimato), en realidad fueron más de tres. Otro podría ser un salvadoreño cuyo testimonio no se conoce. Él es testigo protegido en Estados Unidos y vive con una identidad distinta.
Pero en al menos una declaración y en documentos desclasificados se dice que Los Zetas perdonaron la vida también a una mujer con una niña y al chofer del autobús en el que viajaban los migrantes.
El móvil
El horror de la masacre hizo evidente que la brutalidad de la delincuencia organizada en México había escalado a niveles difíciles de comprender. ¿Por qué un grupo criminal secuestró a más de 70 migrantes indocumentados y en esa ocasión no pidió rescate, sino que los asesinó a sangre fría?
La primera versión que se conoció fue la de Lala Pomavilla, quien dijo que los criminales les preguntaron si querían trabajar para el grupo delictivo, y como se negaron, los mataron. Ese motivo fue tomado como causa cierta por el gobierno federal (reproducida por la CNDH), que a la fecha no ha investigado otros móviles, pese que las investigaciones independientes plantearon serias dudas y a que en años posteriores continuaron las matanzas en esa región.
Muy distinta es la declaración ministerial que en 2011 rindió ante la Procuraduría General de la República (PGR) Édgar Huerta Montiel, El Wache, uno de los detenidos por el crimen. Él señaló que los migrantes fueron asesinados porque el grupo rival, el Cártel del Golfo, que dominaba las ciudades fronterizas, podía reclutarlos:
“En agosto de 2010 El Moneneke, que en ese entonces era el encargado de Ciudad Victoria, reportó que iban dos camionetas doble rodada con gente, que cuando llegaran a San Fernando las checáramos, para lo cual La Ardilla dio la orden al Kilo para que checara, El Kilo checó que eran indocumentados, y se le reportó eso a La Ardilla, dijo que investigáramos bien, que los del Cártel del Golfo estaban reclutando indocumentados para obligarlos a trabajar de halcones o para tenerlos de esclavos, y La Ardilla dio la orden al Coyote de que se mataran.
“Esto fue en agosto de 2010, por la noche llegamos en tres carros (…) llegamos El Chamaco, El Sanidad, El Alacrán, El Coyote, El Junior, El Cóndor y yo, dimos la seguridad fuera del rancho, los que ejecutaron fueron El Alacrán, El Chamaco, El Sanidad, nada más los tres, los mataron con tiro de gracia, calibre 9 milímetros, esto tardó como dos horas; en donde yo estaba dando seguridad se escuchaban las detonaciones, era tiro tras tiro, hasta que terminamos. Como ya era de noche, no se enterraron en ese momento, pero al otro día llegaría El Chamaco a enterrarlos, pero ya no fue, porque llegaron antes los marinos. Cuando se terminó de matar a los migrantes, que eran como 72, nos fuimos a San Fernando, a un rancho (…) ahí dormimos normalmente y estuvimos como 15 días, pero después cayeron los marinos, nos corretearon (…) la plaza se calentó, pues había mucho gobierno, es decir mucha autoridad, marinos y soldados, por lo que La Ardilla nos ordenó que nos moviéramos y nos fuimos a Ciudad Victoria, Tamaulipas”.
Los periodistas descubrieron que a la mayoría de las personas presentadas por las autoridades como responsables de la masacre de San Fernando las cubre un manto de silencio, bordado con versiones contradictorias de las mismas autoridades.
“Cinco años después de la tragedia todavía no está claro el papel que jugaron los que están detenidos, ni tampoco cuántos faltan por aprehender. No se conoce el estado del juicio en su contra, si recibieron alguna sentencia en prisión o si en verdad fueron detenidos, como presumió la Procuraduría de Tamaulipas en el caso de Román Ricardo Palomo Rincones, El Coyote”, apunta la investigación independiente.
Ese cómplice de la matanza, supuestamente detenido en agosto de 2013 por la procuraduría tamaulipeca, todavía aparece en la lista de los delincuentes por quienes se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos.
Además, no está claro si los 18 policías municipales de San Fernando detenidos al año siguiente por su participación en los asesinatos de personas encontradas en fosas clandestinas de ese lugar (196 cadáveres sólo en 2011) también fueron cómplices de la matanza de agosto de 2010.
Evidencias desdeñadas
En la investigación coordinada por Periodistas de a Pie se destaca información sobre la vestimenta y descripciones de 44 de los 72 cadáveres (sólo a esos se tuvo acceso), como quedó registrada en la averiguación previa que se abrió en Tamaulipas.
Según la primera inspección ministerial, realizada el 24 de agosto de 2010 a las 18:30 horas, en el piso de la bodega se encontró lo siguiente:
Un pasaporte brasileño y una credencial enmicada y con foto a nombre de Cardozo Dos Santos Herminio; un papel blanco escrito con tinta azul y dos números telefónicos estadunidenses (0050251141048 y 0050255223844); una tarjeta de identidad hondureña a nombre de Carlos Alejandro Mejía, con fecha de nacimiento del 24 de marzo de 1991; una cartera con licencia de conducir de Honduras a nombre de Wilmer Gerardo Núñez Posadas, unas imágenes de la Virgen de Guadalupe y un papelito con números de una persona llamada Carmela.
Otro de los hallazgos fue una cartera color café marca Nitty Couros que contenía un papel con un número telefónico y cuatro billetes (uno de cinco dólares y el resto en reales brasileños. También una tarjeta de presentación del Estudio Legal Tramitaciones Eleazar, una estampa de la Virgen Reyna de la Paz y una foto de una persona con un menor en sus brazos.
El hallazgo de estas evidencias muestra el descuido de la autoridad para identificar a las víctimas, pues aunque había identificaciones de algunas, tardaron hasta dos meses en repatriar sus cuerpos. Y aunque se conocía su identidad, algunos se enviaron a familias equivocadas.
El acta ministerial contiene la descripción del estado de 44 cadáveres, donde se detectan las deficiencias en el levantamiento pericial:
Por ejemplo, en la descripción del cadáver número 20 quedó registrado: “Viste chamarra color negra con cuello gris, camiseta blanca, pantalón de mezclilla, bóxer azul, descalzo, un calcetín blanco, se encuentra con una venda blanca en los ojos y las manos atadas a la espalda con cincho”.
Era un hombre de entre 25 y 30 años, de tez morena y cabello negro, frente amplia, nariz recta, boca pequeña, labios delgados, mentón regular, de 1.70 metros de estatura, con un demonio de Tazmania en la pierna izquierda y un Bugs Bunny en la derecha. No especifica si son tatuajes.
Fuente.-Proceso/+de72
