La fortaleza de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sumado a las limitación de las instituciones encargadas de combatirlo, así como una política federal que favorece el combate militar a la reconstrucción del tejido institucional, provocará problemas a corto y largo plazo en el país, observa el investigador independiente en temas de crimen organizado, Jesús Pérez Caballero, para InSight Crime.
En el análisis “Perdiendo la batalla contra el Cártel Jalisco Nueva Generación”, efectuado para esta Fundación, Pérez Caballero enfatiza las limitaciones de las instituciones encargadas de combatirlo.
El nivel municipal es considerado como la institución gubernamental que mayor peligro corre frente a los grupos de crimen organizado. Sin embargo, el investigador destaca que debilidades mostradas en los ámbitos estatal y federal han dificultado la respuesta del gobierno federal a las organizaciones criminales de alto perfil.
No es nuevo que una acción federal como Operativo Jalisco desencadene actos de violencia. En el 2012, el cártel liderado por Nemesio Oseguera alias El Mencho, realizó bloqueos en respuesta a la captura de los líderes del grupo. Ello, argumenta el análisis de InSight Crime, habla de un patrón efectivo para evitar la captura de líderes de la organización. También denota la capacidad del Cártel de Jalisco para usar la violencia de manera flexible y propagandística.
A su vez, es habitual que operativos contra el CJNG se concreten sin el conocimiento de las instituciones estatales; una pauta que ha conducido a quejas de las autoridades de Jalisco, incluyendo al gobernador, Aristóteles Sandoval, quien ha reconocido las críticas del gobierno federal por falta de cooperación.
Ello implicaría que el Cártel Jalisco Nueva Generación crece en un marco donde las autoridades estatales -que poseen un buen conocimiento sobre cómo actúa esta organización- no son consultadas por las federales, quienes tienen los medios más adecuados para implementar políticas más profundas contra el grupo criminal.
El analista explica que esta estrategia del gobierno federal tendría como fin evitar filtraciones sobre sus operativos. “El nivel de penetración criminal en las instituciones de Jalisco, según algunas fuentes, alcanzaría cifras de más de 1,000 funcionarios calificados de alto riesgo, por la posibilidad de su vinculación con el crimen organizado”.
Durante la administración de Sandoval han sido asesinados más de 100 servidores públicos con distintos cargos políticos o de seguridad, indica Pérez Caballero.
Este tipo de dificultades para combatir al crimen organizado se manifestó en el proceso de implementación de la Fuerza Única Regional. El especialista en crimen organizado en América Latina expone que una iniciativa de este tipo es desde otra perspectiva un reordenamiento institucional, capaz de provocar un nuevo alineamiento de las redes de protección al crimen organizado. “Previsiblemente, grupos como el cártel de Jalisco, con una amplia presencia en la región, realizan actos que muestran su capacidad para reforzar sus pactos o exigen su cumplimiento en caso de ruptura”.
A su vez, una respuesta militar frente al crimen organizado muestra una capacidad de fuego claramente superior al Cártel Jalisco Nueva Generación, pero sin bases para iniciar procesos penales contra las redes políticas y económicas que alimentan el crimen organizado.
Es decir, una reacción militar probablemente sea efectiva y El Mencho, al igual que otros grandes capos como su rival y líder templario Servando Gómez, alias La Tuta, sea detenido o abatido. Sin embargo, ni las prioridades ni los objetivos militares coinciden con los de una investigación penal.
El investigador concluye que este tipo de factores son aprovechados por cárteles poderosos. Si a ello se suma “una institucionalidad débil y dudosa a nivel estatal y una política federal contradictoria en la que prima el combate militar a la reconstrucción del tejido institucional, se está a corto y largo plazo en problemas”.
Fuente.-ana.langner@eleconomista.mx
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