- Un ex comerciante de ganado hace malabares con dos teléfonos celulares para guiar a dos camiones con voluntarios armados que han reemplazado a las escasas fuerzas policiacas en una franja de pequeños pueblos.
- Un potencial candidato a la Alcaldía planea hacer campaña casi enteramente desde su departamento, porque teme por su vida.
- Los manifestantes golpean las regjas de bases militares y han desalojado a alcaldes de casi la mitad de los ayuntamientos del Estado.
A medida que arranca la temporada
electoral en el Estado de Guerrero, lo que ha sido, cuando mucho, un escaso
control sobre el orden en la Entidad más violenta de México se desintegra
rápidamente.
Mexico,D.F 21/Feb/2015 Después de la desaparición de
43 estudiantes de una escuela normal rural en septiembre —que se cree fueron
víctimas de una alianza entre bandas de narcotraficantes, políti- cos locales
y la Policía municipal— grupos activistas han prometido trastocar las
elecciones de junio en nombre de los estudiantes.
“El movimiento no-elecciones
podría cobrar fuerza”, dijo Juan Angulo Osorio, editor de El Sur, un
periódico de Guerrero. “Es visto como la única manera de castigar a los
políticos”.
Al mismo tiempo, la
frustración
con la incapacidad de las autoridades
para controlar a grupos del crimen organizado, que trafican heroína y crean
terror mediante el secuestro y la extorsión, lleva a un creciente número de
comunidades a tomar el control de su propia segu- ridad.
Lo que aviva la ira es la
evidencia de que ni Guerrero ni el Gobierno fe- deral actuaron sobre las
repetidas advertencias del vínculo entre un cartel local y el Alcalde de
Iguala, donde policías dispararon y mataron a algunos estudiantes antes de que
docenas desaparecieran.
El caso “es el detonador de una
crisis de instituciones”, dijo Rogelio Ortega, Gobernador interino del Estado.
“El problema del crimen organizado
y su penetración en las instituciones no es sólo herencia de Iguala”,
indicó. “Es más amplio, es más extenso —en Guerrero y en el País”.
El Gobierno federal ha
intentado dar carpetazo al caso de los estudiantes desaparecidos. El Procurador
General, Jesús Murillo Karam, ha dicho que las confesiones y evidencias
físicas han confirmado que los estudiantes fueron detenidos por policías de
Iguala por órdenes de su Alcalde, José Luis Abarca, y entregados a miembros
de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, quienes mataron a los
jóvenes y luego quemaron los cuerpos.
El mismo día que el Gobierno
federal declaró que los estudiantes estaban muertos, el Presidente Enrique
Peña Nieto dijo que México “debe avanzar con mayor optimismo”.
Pero pocos aquí creen que Guerrero
avanzará. “La vergüenza de Guerrero es que hay muchos Abarcas”, señaló
Ortega, un catedrático universitario designado después de que el anterior
Gobernador dejó el cargo en octubre, desacreditado por sus lazos con Abarca.
Al centro de la zozobra están
las familias de los estudiantes, quienes aguardan en el escueto campus de la
escuela en el pueblo de Ayotzinapa, a 20 minutos por carretera desde Chilpancingo,
la capital del Estado.
El Gobierno trata de “impedir
que las familias se movilicen”, declaró Melitón Ortega, padre de Mauricio
Ortega, de 17 años, estudiante de primer año desaparecido. “Quieren que nos
resignemos”.
Hasta ahora, expertos han
identificado a sólo un estudiante desapa- recido, Alexander Mora Venancio, de
19 años, a partir de fragmentos óseos hallados en el sitio donde el Gobierno
dice que los jóvenes fueron asesinados.
Entre las familias y sus
partida- rios se ha afianzado la convicción de que los estudiantes están
retenidos por el Ejército, aunque no hay pruebas de ello.
