La paz social es
resultado de un complejo mecanismo de relojería sociopolítica. El entramado
legal e institucional de un país —normas, policía, ministerio público,
tribunales— es una parte; hay otra menos tangible pero quizá más importante: la
urdimbre de percepciones que lleva a los ciudadanos a acatar la ley sin
necesidad de coerción y a respetar a las instituciones y autoridades que la
aplican.
Mexico,D.F 17/Feb/2015 Y es que, si bien habrá siempre quienes delincan e incluso quienes se
subleven, en sociedades cohesionadas con Estados sólidos esas personas
representan un pequeño porcentaje de la población, pues la gran mayoría de la
gente reconoce como justas y válidas las reglas escritas, considera legítimos a
los encargados de hacerlas valer y actúa pacíficamente la mayor parte del
tiempo.
Pero hay otros contextos. Cuando abunda la corrupción y
la desigualdad, cuando los que violan la ley dejan de ser un segmento social
menor y, sobre todo, cuando crece la proporción de la ciudadanía que deja de
verlos como delincuentes y da su aquiescencia implícita o explícita a sus
acciones, la ingobernabilidad aumenta. Y si la sociedad llega a avalar
mayoritariamente ciertas conductas ilícitas, el país en cuestión se torna
ingobernable. Esto generalmente ocurre ante insurgencias que se mueven por
convicciones ideológicas y causas sociales, pero puede haber situaciones más
complejas en las que se mezclen distintos tipos de subversiones al orden
establecido.
Es el caso de México. En algunas regiones coexisten la
violencia social de grupos guerrilleros, movimientos antisistémicos y
autodefensas, la violencia criminal desbocada y, cíclicamente, la violencia y
la inacción del Estado. Con dos agravantes: tenemos una organización
magisterial disidente, la CNTE-CETEG, que posee el tamaño y la organización
para poner en jaque al gobierno federal, y un presidente de la República con un
déficit de legitimidad provocado por escándalos de presunta corrupción. Todo
esto forma un caldo de cultivo muy difícil de vaciar.
La peligrosidad de ese caldo estriba en la reproducción
de la bacteria responsable de una enfermedad crónica en tierras mexicanas: la
anomia. Puesto que en nuestro país la ley no es el referente del comportamiento
de la sociedad —lo son las reglas no escritas, las tradiciones, acaso la
religión—, la legalidad es muy frágil. Y más hoy, cuando las autoridades son
tan débiles. En la medida en que las acciones violentas por parte de cualquier
grupo resultan eficaces, el efecto imitación cunde. Y no solamente en términos
de movilización social: ya hemos visto saqueos y tomas de casetas de peaje
realizados por falsos activistas que simulan defender Ayotzinapa, y ahora vemos
a la policía de Oaxaca atrincherarse en un cuartel y enfrentarse a balazos con
la federal. Puesto que en México la incapacidad gubernamental para contrarrestar
la inseguridad ha vuelto normal que la gente se defienda haciendo justicia por
propia mano, no habría autoridad moral ni fuerza pública suficiente para
detener la proliferación de disturbios multitudinarios, un “caracazo” o, en una
coyuntura extrema, la emergencia de territorios autónomos. ¿Qué lo
impide?
La respuesta científica es… un milagro. Dadas las
condiciones de este país, y con la costumbre de la clase política de perseguir
sólo a los corruptos (o a los inocentes a quienes se les fabrican cargos) en
aras de ajustes de cuentas o de estrategias electorales, es francamente
milagroso que no haya más turbulencias. El mecanismo de relojería al que aludí
al principio está aquí averiado en las percepciones que han de generar
confianza. Si este gobierno impopular y cuestionado no toma medidas serias para
recobrar legitimidad, si persisten la violencia y las injusticias legal y
distributiva, ¿por cuánto tiempo más seguirá la mayoría de los mexicanos
conservando el orden y haciendo posible la paz social?
Fuente.-@abasave
Académico
de la Universidad Iberoamericana.
