- El caso de Velázquez Mascorro –encarcelado y sin derecho a libertad bajo fianza en la prisión de Sierra Blanca, Texas– causó la irritación de la oficina regional de la DEA en El Paso por el hecho de que se diera a conocer en Proceso –en nota de Patricia Dávila– su arresto y secuestro en México por agentes federales extranjeros.
Fuente.-REVISTA PROCESO.
WASHINGTON.- Informes del gobierno estadunidense registran que la DEA secuestró en Ciudad Juárez, Chihuahua, a un ciudadano mexicano, a menos de un año de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien ordenó acotar los métodos de operación en México de las agencias federales de Estados Unidos.
Documentos confidenciales de la DEA –que Proceso pudo consultar– confirman el episodio, ocurrido la mañana del 15 de agosto de 2013, cuando el agente de la DEA que labora en Ciudad Juárez, Javier Barraza, en colaboración con la Policía Municipal, detuvo al ciudadano mexicano-estadunidense Manuel Gerardo Velázquez Mascorro y se lo llevó a Estados Unidos para entregarlo a sus colegas William Massey y Christopher Shary.
Acusado por la DEA de 13 delitos relacionados con el trasiego de drogas y de pertenecer al Cártel de Juárez, Velázquez Mascorro no es objeto de disputa legal e internacional con Estados Unidos pese a que los hechos ya fueron denunciados ante la Procuraduría General de la Republica (PGR).
“El 15 de agosto de 2013”, dice el reporte de la investigación que integra los documentos clasificados, “el agente especial Christopher Shary y el supervisor de grupo William Massey fueron contactados por el agente especial Javier Barraza para establecer que Manuel Gerardo Velázquez había sido detenido en Juárez (…) y estaba dispuesto a autodeportarse a Estados Unidos”, se lee en el expediente escrito por Shary, de la oficina regional de la DEA en El Paso, Texas.
“Aproximadamente a las 11:00 horas, Shary y Massey arribaron al Puerto de Entrada Internacional Isleta (Zaragoza), de Juárez, Chihuahua, México, a Estados Unidos, y se encontraron con Barraza, quien les transfirió la custodia de Velázquez”, se destaca en el documento catalogado también como “sensible”.
Este caso fue denunciado ante la PGR el 26 de noviembre de 2013 por la esposa de Velázquez, Cristina Campa, y el abogado Federico Solano Jurado (Proceso 1933). Hasta ahora el gobierno de Peña Nieto no ha reaccionado, pese a la flagrante violación de la soberanía mexicana cometida por los agentes.
Cabe destacar que Solano Jurado denunció y entregó a Tisbe Cazares Mejía, de la Dirección de Extradiciones, y a José Manuel Medina Madrid, de la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la PGR, copia del “documento clasificado y sensible de la DEA” en el cual Shary da cuenta del arresto y entrega de Velázquez Mascorro, un recuento detallado de los hechos ocurridos el 15 de agosto de 2013 y copias notariadas del acta de nacimiento, pasaporte y credencial de elector del detenido, donde se comprueba que es mexicano. Este semanario verificó tales documentos.
El secuestro
El 7 de agosto de 2013 a las 16:15 (hora local), la Corte Federal del Distrito Oeste, de la División de El Paso, quitó los sellos al encausamiento judicial contra Velázquez Mascorro, acusado por la DEA de 13 delitos relacionados con el tráfico de drogas de la organización criminal de Carrillo Fuentes.
Etiquetado con el número EP13CR1726, el expediente judicial que firma el fiscal federal Robert Pitman acusa formalmente a Velázquez Mascorro de los 13 delitos, entre ellos posesión y tráfico de sustancias controladas (mariguana), manejo de empresas criminales, lavado de dinero y establecimiento y manufacturación de operaciones ilegales en Estados Unidos a favor de la organización de Carrillo Fuentes.
Entre las pruebas que presuntamente tiene la DEA hay copias de grabaciones obtenidas de la intervención telefónica a la cual estaba sometido Velázquez –entregadas a la Corte–, donde supuestamente habla con sus socios o subordinados sobre el trasiego de drogas y lavado de dinero procedente de la distribución y venta de mariguana en Estados Unidos.
Además la DEA notificó y pidió a la Corte Federal en El Paso que quedaran sujetos a confiscación propiedades y bienes que Velázquez Mascorro tiene en Estados Unidos. La DEA le atribuye dos propiedades en El Paso, seis en Oklahoma y acciones en la empresa petrolera DonRay Petroleum (Oklahoma), aunque a nombre de Cecil Ellis Blythe, y demanda que, de ser declarado culpable, se le imponga una multa proporcional a las ganancias que ha obtenido por el tráfico de drogas y lavado de dinero.
El expediente, a cargo de la juez federal Kathleen Cardona, nunca establece que Velázquez es también ciudadano mexicano y que fue arrestado en México y llevado a Estados Unidos.
El caso de Velázquez Mascorro –encarcelado y sin derecho a libertad bajo fianza en la prisión de Sierra Blanca, Texas– causó la irritación de la oficina regional de la DEA en El Paso por el hecho de que se diera a conocer en Proceso –en nota de Patricia Dávila– su arresto y secuestro en México por agentes federales extranjeros.
En entrevista telefónica desde la prisión de Sierra Blanca, Velázquez relató a Dávila varios de los incidentes ocurridos el 15 de agosto de 2013: “Eran como 12 hombres encapuchados y uniformados. Me cubrieron el cuerpo con una cobija, la cara con una camiseta y una bolsa de plástico, y me golpearon.
“Luego entró una persona a quien llamaban agente Barraza. Él dijo en inglés que iba a tomarme una foto para enviarla a Chris Shary para ver si era yo”, siguió Velázquez.
Respaldado y en colaboración con el Grupo Táctico Jaguares, formado con exmilitares y a cargo del excomandante de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, el teniente coronel Julián Leyzaola, Barraza y la DEA violaron la soberanía de México sin que hasta ahora este delito internacional tenga consecuencias, o por lo menos la denuncia pública correspondiente por parte del gobierno de Peña Nieto.
Una de las primeras decisiones que tomó Peña Nieto a su llegada a la Presidencia (el 1 de diciembre de 2012) fue restringir las operaciones de los 54 agentes de la DEA que operan en el territorio mexicano.
En el documento “sensible” que redacta Shary para detallar los acontecimientos se incluyen dos puntos más: Barraza también transfirió dos teléfonos celulares que se le encontraron a Velázquez y éste fue transportado a la oficina de la División (de la DEA) en El Paso para ser procesado e interrogado.
De acuerdo con Solano Jurado, el equipo de abogados que representan a su cliente en Texas, encabezado por Gary Hill, sostiene que la DEA rechaza de manera rotunda haber participado en el arresto de Velázquez en Ciudad Juárez, y que Shary y Massey lo recibieran de parte de Barraza en el Puente Internacional fronterizo como parte de un plan previamente elaborado y respaldado por Leyzaola y el Grupo Táctico Jaguares.
Los argumentos de la DEA para negar que participaron directamente en el arresto de un ciudadano mexicano en México podrían quedar infundados ante una Corte Internacional con el documento elaborado por Shary, en el cual detalla los incidentes ocurridos el 15 de agosto de 2013. Todo esto, en caso de que el gobierno de Peña Nieto iniciara una disputa con Estados Unidos por la violación a la soberanía mexicana.
Intimidación
El expediente del caso de Velázquez, a disposición pública en la Corte Federal en El Paso, indica que varios de los documentos emitidos por la DEA para culpar al acusado están y permanecerán sellados, sin explicar la razón.
La decisión de Solano y la señora Campa de acudir a los medios para denunciar el secuestro desató una guerra de intimidación por parte de los agentes de la DEA de la oficina de El Paso directamente implicados.
El 23 de agosto de 2013 los señores Gilberto Velázquez y Victoria Consuelo Mascorro (padres de Manuel Gilberto) fueron arrestados en su casa de El Paso y sujetos a un cateo. La DEA los acusó de estar coludidos en el tráfico de drogas y lavado de dinero de su hijo. Aun cuando poco después se les puso en libertad condicional bajo vigilancia permanente, fueron recientemente sentenciados; a ocho meses y medio de cárcel, Gilberto, y a ocho meses, Victoria.
A su vez, Cristina Campa, quien pese a no estar implicada en la acusación de Velázquez –desde hace poco más de dos años dejó de vivir con él y a partir de entonces procesa su divorcio– fue presuntamente sometida junto con sus tres hijos a vejaciones y violaciones de sus derechos por los mismos agentes estadunidenses.
Esa misma mañana del 15 de agosto de 2013, cuenta la señora Campa, ella, su hija Diana (de 16 años) y sus hijos Iván (de 14, quien padece de parálisis cerebral tipo espástico) y Manuel (de 9 años, diagnosticado con aprendizaje lento) fueron sacados de sus camas y sometidos a la fuerza por los agentes federales.
Afirma que catearon su casa en El Paso y destruyeron algunas de sus pertenencias, pero que al no encontrar nada de lo que buscaban salieron del inmueble, aunque presuntamente se llevaron dos automóviles.
Desde la detención de su esposo, de quien quedaría divorciada en los próximos días, como lo establece en un correo enviado al reportero, la señora Campa denuncia que agentes de la DEA, y en especial Shary, la han sometido a un constante acoso y amenazas.
Asegura que han intervenido su teléfono y su servicio de internet, que vigilan su casa (ella documenta cuatro ocasiones, en las que se metieron al patio de la residencia) y que incluso intentaron abrir la puerta en la madrugada, lo cual provocó pánico entre sus tres hijos.
Estas presuntas acciones de intimidación por parte de Shary y sus colegas de la DEA en El Paso, Campa ya las denunció en dos ocasiones, y refiere que en abril pasado, a través de un familiar de su esposo, Shary le mandó decir que la próxima vez “que visitara mi casa”, me iba “a sacar esposada por haber llevado el asunto a los medios.
“Yo lo único que hice fue denunciar un delito internacional; pero además yo no tengo nada que ver con mi esposo desde hace mucho tiempo ni sé nada de lo que lo están acusando. Estoy a punto de divorciarme de él. Yo a lo único que me dedico es a trabajar y atender a mis dos hijos que están enfermos, y a mi hija, pero tengo miedo, más que nada, a la DEA”, enfatiza Campa en su correo electrónico.
El 22 de agosto, ante la juez Cardone, habrá otra audiencia sobre el caso de Velázquez Mascorro para determinar los procedimientos de su eventual juicio.
El primer contrato de esta administración federal encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue firmado por los Estudios Churubusco Azteca el 27 de febrero de 2013, bajo el folio 263616. El concepto que se describe en el portal de transparencia: “Servicio de diseño de productos promocionales (corbatas y mascadas) Prodecon, versión: campaña institucional”. El monto adjudicado de manera directa fue por 263 mil 616 pesos.
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