INEGI a través del ENVIPE 2026, acaba de soltar su radiografía nacional de la delincuencia y, como suele ocurrir, los números vienen con corbata estadística, lenguaje técnico y cara de “todo está bajo control”. Pero cuando se traduce al idioma de la banqueta, el mensaje es menos elegante: en México se cometen millones de delitos, casi nadie denuncia y, cuando alguien se atreve a hacerlo, la justicia suele responder con un expediente en trámite, una silla vacía o el clásico “vuelva mañana”.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026, que mide lo ocurrido durante 2025, estima 33.8 millones de delitos, 23 millones de víctimas y 11.7 millones de hogares afectados. No es una crisis: es una industria nacional del miedo, con clientes cautivos y autoridades que, demasiadas veces, parecen atender sólo con cita previa.
Tamaulipas, mientras tanto, aparece con una tasa de 18,892 víctimas por cada 100 mil habitantes y 24,346 delitos por cada 100 mil, por debajo de los promedios nacionales de 23,473 víctimas y 34,442 delitos. El gobierno podría tomar esos números, ponerles música épica y presumir que el estado “va mejor”. Pero esa lectura tiene truco: una cosa es que el indicador estatal salga más bajo y otra muy distinta que la gente sienta que puede vivir tranquila.
Porque en Tamaulipas —y muy especialmente en Reynosa— la percepción no se construye sólo con tablas de Excel. Se construye con retenes, balaceras, extorsiones, desapariciones, cobro de piso, mensajes criminales, calles que se vacían temprano y ciudadanos que aprenden a modificar rutas, horarios y hasta conversaciones.
Reynosa es el mejor ejemplo de esa contradicción. La ENSU del segundo trimestre de 2026 colocó a la ciudad con 86.6% de población que se siente insegura: casi nueve de cada diez personas. Es decir, si el discurso oficial dice que hay tranquilidad, la ciudadanía parece no haber recibido el memorándum.
El estado “mejora”, la gente se protege
La ENVIPE deja otra señal incómoda: el promedio nacional del costo del delito fue de 6,130 pesos por persona afectada, mientras que Tamaulipas registró 4,017 pesos, el más bajo entre las entidades federativas medidas en 2025. En apariencia, una buena noticia. Pero cuidado con festejar demasiado: que el golpe económico promedio sea menor no significa que el ciudadano esté protegido; puede significar también que la población ya dejó de exponerse, dejó de cargar efectivo, dejó de denunciar o simplemente aprendió a tragarse la pérdida.
Y el dato más revelador es que el costo promedio del delito en Tamaulipas cayó 24.0% entre 2024 y 2025, de 5,287 a 4,017 pesos. En el boletín suena a reducción; en la vida cotidiana puede leerse de otra manera: el crimen ya no siempre necesita despojarte de todo para controlar tu conducta. Basta con que sepas que salir de noche, viajar por carretera o denunciar puede salir más caro que quedarse callado.
La propia ENVIPE documenta que, a nivel nacional, las personas modifican su vida por temor: dejan de permitir que menores salgan solos, evitan salir de noche, cargan menos efectivo, limitan el uso de joyas y reconsideran hasta pedir un taxi. Para las mujeres, las restricciones son todavía mayores: 66.8% dijo que dejó de permitir que menores de edad salieran solos y 51.8% restringió salir de noche por temor a ser víctima.
En Reynosa ese catálogo no necesita explicación académica. Tiene nombre de rutina.
La cifra oculta: el delito que no llega al escritorio
El problema de fondo no es únicamente cuántos delitos ocurren, sino cuántos desaparecen antes de que una fiscalía siquiera los reconozca. En 2025, 91.0% de los delitos en México no se denunció; sólo 9.0% llegó a denunciarse y apenas 6.6% derivó en una carpeta de investigación. La cifra oculta nacional fue de 93.4%.
Traducido: de cada 100 delitos, más de 93 se quedan fuera de una investigación formal o nunca llegan realmente a ella. No porque no hayan ocurrido, sino porque el sistema está diseñado —por incapacidad, burocracia, negligencia, miedo o desconfianza— para que la víctima considere inútil perder el día denunciando.
Las razones son demoledoras. Del total de delitos no denunciados, 60.8% se explicó por causas atribuibles a la autoridad. La principal fue la pérdida de tiempo; después vinieron la desconfianza, los trámites largos y la percepción de que la autoridad puede ser hostil.
Y cuando sí se presenta denuncia, tampoco hay mucho motivo para encargar el mariachi: de los casos con carpeta, 39.5% seguía “en trámite” y en 38.1% no pasó nada. Sólo 1.1% del total de delitos ocurridos terminó con una resolución favorable para la víctima en el Ministerio Público.
En Tamaulipas, donde la desconfianza institucional tiene historia, territorio y memoria, esa cifra no es una abstracción. Es la explicación de por qué mucha gente no denuncia un cobro de piso, una extorsión telefónica, un robo, una amenaza o una desaparición: no quieren exponerse para acabar escuchando que “faltan pruebas”, que “no corresponde” o que “regrese después”.
Reynosa: donde el miedo no cabe en un promedio
La ENVIPE no entrega una cifra específica de victimización para Reynosa; para eso hay que mirar la ENSU, que sí mide percepción urbana. Y ahí la ciudad vuelve a encender el foco rojo: 86.6% de sus habitantes dijo sentirse inseguro en junio de 2026, por encima del promedio nacional urbano de 59.8%.
Esa distancia no es estadística menor. Es una brecha de casi 27 puntos porcentuales entre el país que el gobierno describe en conferencias y la ciudad que los reynosenses recorren todos los días.
Cuando un estado presume una incidencia menor al promedio nacional, pero una de sus ciudades más importantes se acerca al 90% de percepción de inseguridad, hay que dejar de hacer piruetas propagandísticas. La discusión no debería ser cómo maquillar el dato, sino por qué la población no siente que el aparato de seguridad le pertenece.
Porque los habitantes no evalúan la seguridad leyendo la tasa por cada 100 mil habitantes. La evalúan cuando mandan a sus hijos a la escuela, cuando abren un negocio, cuando pasan por una avenida oscura, cuando reciben una llamada de extorsión, cuando escuchan ráfagas, cuando ven patrullas y no saben si sentirse protegidos o vigilados.
El Estado conoce, pero no convence
La ENVIPE también mide confianza y corrupción percibida entre quienes identifican a las autoridades. El contraste es brutal:Ejército y Marina conservan los niveles más bajos de percepción de corrupción —28.6% y 24.0%, respectivamente—, mientras que policías de tránsito alcanzan 74.1%; jueces, 65.8%; policía estatal, 62.8%; policía preventiva municipal, 63.6%; y ministerios públicos y fiscalías estatales, 61.4%.
No es casualidad que la denuncia se desplome si la puerta de entrada al sistema de justicia inspira sospecha. Tampoco es casualidad que la autoridad más cercana sea, para buena parte de la ciudadanía, la menos confiable.
Tamaulipas tiene cifras que pueden ser usadas para un boletín optimista: menor incidencia relativa, menor costo promedio por persona afectada y una reducción estadísticamente significativa de ese costo. Pero Reynosa tiene una realidad que se resiste a los slogans: una ciudad donde casi nueve de cada diez personas dicen sentirse inseguras.
La administración estatal podrá presumir porcentajes; la gente seguirá contando rutas de escape, horas de riesgo y nombres de calles que es mejor no transitar. Porque en Reynosa la percepción ya no es percepción cuando se vuelve rutina.
Y cuando el miedo llega al 86.6%, no es una sensación: es una forma de gobierno.
Con información: ENVIPE 2026/
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