Las autoridades capitalinas montaron el espectáculo de las capturas “históricas”, bautizaron enemigos públicos y prometieron sentencias ejemplares; después, entre ausencias, expedientes mal armados y testigos que nadie se ocupó de llevar, dejaron la puerta entreabierta —o de plano abierta— para que los criminales vuelvan a la calle. El problema no es sólo que “el Pistache” ya esté libre y “el Betito” pueda seguirle: es que el propio Estado parece especializado en fabricar sus derrotas judiciales.
En la mañanera del Palacio Nacional suelen rasgarse las vestiduras por los criminales que recuperan su libertad, como si éstos hubieran escapado por una coladera excavada desde el inframundo. Pero no: muchas veces salen por la puerta principal del sistema de justicia, esa que las propias autoridades dejan abierta con su monumental estulticia.
El caso de David García Ramírez, “el Pistache”, es una postal de esa ineptitud institucional. Durante años fue presentado como uno de los grandes jefes de La Unión Tepito, un “enemigo público” cuya captura —nos dijeron— devolvería la tranquilidad a la Ciudad de México. Hubo conferencia, foto, narrativa de golpe decisivo y hasta promesas de una sentencia ejemplar. Lo de siempre: mucho reflector, poca carpeta sólida.
Al final, “el Pistache” salió libre después de cumplir la condena federal que seguía vigente. Y cuando la Fiscalía capitalina tuvo la obligación de sostener nuevas imputaciones por homicidio, extorsión y secuestro, el aparato persecutor hizo lo que mejor sabe hacer cuando llega la hora de trabajar: desaparecer. En dos audiencias, los ministerios públicos ni siquiera se presentaron; en la única que sí acudieron, la investigación resultó tan deficiente que el juez no tuvo más remedio que dejarlo ir.
No fue una derrota de la justicia: fue una renuncia burocrática a ejercerla.
Y ahí viene el segundo acto de esta comedia negra: Roberto Moyado Esparza, “el Betito”, también podría recuperar su libertad. El sujeto al que las autoridades atribuyeron buena parte de la violencia en la capital fue condenado por un solo caso, mientras que el testigo clave de una revisión posterior no apareció. El ministerio público responsable ya ni siquiera trabaja en la Fiscalía, tras haber sido dado de baja por corrupción, y nadie de la institución pareció dispuesto a ocupar su lugar para defender el expediente. Así se construye la impunidad: no con sofisticadas maniobras de los capos, sino con sillas vacías, negligencia y funcionarios que tratan una audiencia decisiva como si fuera una junta que se puede posponer.
Luego vendrán, desde el atril, las lamentaciones: que si los jueces, que si las leyes, que si los derechos humanos, que si “no se entiende” cómo un delincuente identificado como peligroso quedó libre. Pero sí se entiende perfectamente. Cuando una fiscalía confunde boletines con pruebas, capturas con condenas y declaraciones grandilocuentes con investigaciones profesionales, el resultado no puede ser otro que criminales caminando por la calle y funcionarios buscando a quién culpar.
Porque cumplir una condena no borra los señalamientos ni convierte en inocente a quien fue acusado de otros delitos; pero tampoco una conferencia de prensa reemplaza la evidencia que debe presentarse ante un juez. Si el Estado asegura tener frente a sí a un jefe criminal y, aun así, es incapaz de documentar, probar y sostener las acusaciones, el fracaso no está en los tribunales: está en la Fiscalía, en la policía investigadora y en una burocracia que presume eficacia antes de aprender a hacer su trabajo.
La amenaza ahora es doble. No sólo se trata de que antiguos mandos de La Unión Tepito puedan intentar recuperar influencia, sino de que su regreso altere el reparto criminal que otros grupos construyeron durante años: narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y control territorial. Las autoridades, que primero vendieron las capturas como el fin del problema, podrían haber abonado —con su torpeza— las condiciones para una nueva disputa violenta.
En suma: no es que los criminales sean demasiado hábiles para el Estado; es que el Estado, a ratos, se empeña en ser demasiado torpe para sí mismo.
Con información:PROCESO/
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