Un día antes de que ciudadanos salgan a las calles de Culiacán a exigir algo tan elemental como paz, Sinaloa volvió a dar una exhibición obscena de la impotencia oficial: asesinatos, cadáveres abandonados y envueltos en plástico, ataques armados, vehículos rafagueados e incendiados, una mujer ejecutada en carretera y agresiones que alcanzaron incluso a elementos de seguridad.
La pregunta es inevitable —y profundamente incómoda—: ¿hace falta otro “reforzamiento” militar para reforzar el reforzamiento que ya reforzó al reforzamiento anterior ? Porque efectivos, patrullajes, operativos, mesas de seguridad y comunicados no han faltado. Lo que sigue faltando, brutalmente, es que esa presencia se traduzca en algo parecido a control territorial y protección para la población.
En Culiacán, la madrugada del sábado dejó el cuerpo de José Luis, un hombre de aproximadamente 30 años, abandonado frente a una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas. La casa, además, fue vandalizada y rafagueada: al menos una decena de impactos de bala quedaron como testimonio de que los agresores no parecen demasiado preocupados por la respuesta de la autoridad en el tercer año de guerra inatajable.
En Tierra Blanca apareció otro cuerpo, también envuelto en plástico; en El Quemadito, sobre la carretera Culiacán-Eldorado, fue encontrado un hombre con las manos atadas a la espalda, presuntamente asesinado a tiros. Las autoridades ni siquiera han establecido si algunos de esos hechos están relacionados, aunque la violencia parece operar con una coordinación que el Estado todavía no consigue demostrar.
La violencia tampoco se quedó en los cuerpos abandonados. En la colonia 6 de Enero, tres vehículos fueron atacados, dos de ellos incendiados, lo que obligó a evacuar un edificio de departamentos. La rutina de Sinaloa ya incluye aquello que debería ser excepcional: correr, esconderse, desalojar viviendas y esperar a que pase la balacera.
En Escuinapa, una mujer fue localizada sin vida a un costado de la carretera federal México 15, en la zona conocida como El Tobogán, con impactos de arma de fuego. En Mazatlán aparecieron los cuerpos de un hombre y una mujer en Pradera Dorada III, ambos con signos de violencia y bolsas de plástico en la cabeza. También se reportó un ataque armado en la colonia Estero, con una persona asesinada y otra lesionada, además de la agresión contra una camioneta cuya conductora murió por las heridas.
La Secretaría de Seguridad Pública informó, como suele ocurrir después de cada episodio, que desplegó elementos para localizar a los responsables. Pero el anuncio suena cada vez más a fórmula administrativa: llegan después, aseguran después, investigan después. Mientras tanto, quienes imponen el miedo parecen tener agenda, logística, armas, rutas y capacidad de actuación.
Este domingo, la Marcha por la Paz en Culiacán no surge de la exageración ni del oportunismo. Surge de una realidad que ya rebasó los discursos oficiales: dos años de una pugna interna que, según los organizadores, ha dejado más de 4 mil muertos tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. Y ante esa cifra, la ciudadanía tiene derecho a preguntar cuántos uniformes más, cuántos operativos más y cuántos comunicados más se necesitan antes de que el Estado deje de administrar la crisis y empiece, por fin, a frenarla.
Con información: ELNORTE/
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