El gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, presume que llegó para servir al pueblo, pero sus propios informes parecen contar otra historia: una maquinaria donde el dinero público entra por la puerta grande y, demasiado a menudo, se pierde entre obras fantasmas, tarjetas que nadie recibió, becarios que no existen en los registros y fertilizantes que llegaron tarde, sobraron o simplemente no estaban donde debían.
El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum no sólo enumera “hallazgos” y “acciones correctivas”; retrata una administración con apetito voraz por el presupuesto y una alarmante incapacidad —o resistencia— para vigilar qué hacen sus funcionarios, contratistas y operadores con él.
Porque cuando se pagan obras que no se construyeron, cuando se dispersan millones a tarjetas sin entregar y cuando los medicamentos terminan robados para revenderse al público, no estamos frente a simples “áreas de oportunidad”: estamos frente a un sistema que, en demasiadas oficinas, aprendió que primero se sirve y después, si queda algo, se gobierna.
En Conagua, las cuentas tienen el tamaño de una inundación presupuestal: siete proyectos revisados por más de 11 mil millones de pesos dejaron trabajos mal ejecutados por mil 632 millones y otros 308 millones en obra pagada pero no realizada. Es decir, el erario financió concreto imaginario, infraestructura de utilería y expedientes que quizá pesan más que las obras mismas.
El programa de Fertilizantes tampoco escapó al desorden institucionalizado. Había más de 76 mil toneladas de remanentes, valuadas en más de 3 mil millones de pesos, que ni siquiera fueron consideradas en la planeación. Como si administrar recursos públicos fuera jugar a esconder sacos en una bodega: nadie sabe bien qué sobró, qué faltó, qué llegó tarde ni quién debía responder. Y mientras el campesino espera insumos para sembrar, el gobierno parece cosechar excusas.
Las Becas para el Bienestar ofrecen quizá la postal más cínica del informe: 67 mil 142 supuestos beneficiarios de educación superior sin registro acreditable en el Registro Nacional de Población e Identidad recibieron 592.3 millones de pesos. A eso se suman tarjetas activas que nunca fueron entregadas, pero que sí recibieron depósitos. El Banco del Bienestar, convertido en banco de las tarjetas huérfanas: plásticos sin dueño, cuentas activas sin beneficiario visible y dinero público circulando por un limbo administrativo demasiado conveniente para quien sepa encontrar la salida.
En Alimentación para el Bienestar, el frijol también terminó convertido en símbolo del fracaso: compras con deficiencias por 357.7 millones de pesos, productos en mal estado, almacenes con problemas, desabasto en tiendas rurales y diferencias entre el inventario de papel y el que realmente existía. Para rematar, hubo pagos indebidos por 73 millones de pesos vinculados al cultivo de frijol. No es sólo que falte comida donde debería llegar: es que el presupuesto parece alimentarse mejor que la población.
Y mientras las dependencias acumulan irregularidades, en el sector Salud aparecen medicamentos sustraídos de farmacias del IMSS y del IMSS-Bienestar para ser vendidos de forma irregular. El negocio redondo de la miseria pública: el paciente paga con sus impuestos un medicamento que luego alguien le revende por debajo del mostrador.
El informe registra 4 mil 193 servidores públicos sancionados entre octubre de 2024 y junio de 2026, además de 84 particulares, 132 empresas proveedoras castigadas y 105 denuncias penales. La cifra debería ser tranquilizadora si no revelara, al mismo tiempo, la dimensión del problema: no son unas cuantas manzanas podridas; es un huerto entero donde la vigilancia llega tarde, la sanción suele ser administrativa y el dinero rara vez regresa con la misma velocidad con que desapareció.
La narrativa oficial insiste en que fiscalizar es prueba de transparencia. Pero una cosa es detectar el saqueo y otra muy distinta impedirlo. Porque si cada revisión encuentra obras pagadas pero inexistentes, beneficiarios sin identidad verificable, inventarios que no cuadran, contratos inflados, tarjetas sin entregar y funcionarios sancionados por miles, entonces el problema no es la falta de auditorías: es la normalización del botín.
El gobierno podrá llamarles anomalías, observaciones, inconsistencias o procesos de atención. El ciudadano tiene derecho a llamarlo por su nombre: una vocación depredadora de los fondos públicos, donde el servicio público dejó de ser un mandato y se volvió, para demasiados, una mesa servida.
Dos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se declararon culpables en una corte federal de Estados Unidos por cargos que ya no se maquillan como simple narcotráfico: apoyo material a una organización terrorista, además de conspiraciones vinculadas con drogas, tráfico de personas y armas de alto poder.
El CJNG no solo cruzaba droga y migrantes por la frontera: también tenía, según fiscales estadounidenses, una especie de oficina logística en El Paso para surtir fusiles, esconder mercancía humana y alimentar la maquinaria criminal del cártel.
María del Rosario Navarro Sánchez, alias La Señora, y Gustavo Castro Medina se declararon culpables de apoyar materialmente a una organización terrorista extranjera, un cargo federal que coloca sus operaciones en otra liga: la del terrorismo criminal con rutas, mensajeros, casas de seguridad y arsenal transfronterizo.
Navarro, de 40 años, habría dirigido varias casas de seguridad usadas para ocultar droga y migrantes, mientras movía contactos para comprar ilegalmente rifles tipo AK-47 y armas calibre .50, luego enviadas de contrabando a México para reforzar al CJNG. Castro Medina, de 30 años, operaba como uno de sus principales mensajeros y colaboradores; fue detenido mientras presuntamente transportaba cerca de 70 libras de metanfetamina escondidas en un Nissan Sentra.
La acusación deja una postal poco elegante, pero bastante clara: una red criminal instalada en territorio estadounidense, con casas de resguardo, armamento de guerra y tráfico de personas funcionando como si la frontera fuera una simple línea decorativa. Las autoridades ubicaron a La Señora tras encontrar su nombre en libros contables y documentos decomisados durante cateos a inmuebles vinculados con el trasiego de drogas y migrantes.
El caso adquiere especial peso porque el CJNG fue designado por la administración Trump como organización terrorista extranjera, junto con otros seis cárteles mexicanos. Eso permitió a los fiscales usar el cargo de apoyo a terrorismo, una herramienta que eleva el expediente más allá de las habituales imputaciones por narcotráfico o contrabando.
Ambos acusados enfrentan una condena mínima de 10 años de prisión y podrían recibir cadena perpetua. No era una banda de contrabandistas improvisados: era una pieza de la infraestructura criminal del CJNG operando desde El Paso, con droga, migrantes y rifles de asalto en el mismo paquete.
Ayer Brenda le sacudió el avispero y hoy le tocó turno al “Jardinero Oaxaco”: en las mismas redes, el exgobernador panista de Tamaulipas (2016-2022) ,Francisco García Cabeza de Vaca ,vuelve a ser blanco de un reclamo sin anestesia, con insulto, desafío y hasta invitación directa a bajarse del avión.
Apenas ayer Brenda desde Texas le dejó claro a Francisco García Cabeza de Vaca que no tiene la conciencia anestesiada, y este martes el exgobernador tamaulipeco volvió a aparecer —sin aparecer— en otra videopiñata de redes sociales.
Ahora fue un hombre identificado como el “Jardinero Oaxaco” quien se lanzó contra el panista prófugo, con un mensaje tan diplomático como una chancla voladora: si dice tener “tantos huevos” y asegura que no debe nada, entonces que venga a México, dé la cara y deje de ladrar desde el extranjero.
“¿Por qué no tienes los huevos de dar la cara?”, le reclama el hombre en el video, antes de acusarlo de esconderse fuera del país mientras, según afirma, carga una “carpetota de delitos”.
El mensaje no intenta ganar un premio a la cortesía, pero sí resume el hartazgo que le avientan desde las redes al exmandatario: mientras Cabeza de Vaca dispara críticas contra la presidenta desde la comodidad del extranjero, sus detractores le recuerdan que la distancia no borra expedientes, señalamientos ni preguntas pendientes.
La convocatoria del “Oaxaco” fue sencilla, ruidosa y sin rodeos: si no debe nada, que se presente en México. Porque una cosa es posar de perseguido político en redes y otra muy distinta aterrizar, dar la cara y explicarle al país por qué sigue tan cerca y tan lejos de Tamaulipas.
El “Oaxaco” no sólo llegó con mensaje para Francisco Javier García Cabeza de Vaca: también se presentó con el uniforme completo de personaje de redes. Sombrero vaquero, lentes espejados, rostro cubierto con un paliacate azul y una cadena dorada tan gruesa que parece cargar, por lo menos, un kilo de oroal pescuezo.
Detrás de los lentes oscuros y el sombrero de palma, el improvisado fiscal de monte aparece con el rostro tapado por una tela azul, tipo paliacate o pasamontañas artesanal, ajustada desde debajo de los ojos hasta el cuello.
La prenda deja ver los lentes de reflejo rojizo y convierte el mensaje en una especie de comunicado campirano, mientras una cadena dorada de eslabones gruesos —aparentemente de oro, o al menos con toda la intención de que así se vea— cuelga sobre una camisa verde. No sabemos si trae pruebas en la carpeta, pero en el cuello parece cargar un lingote completo.
Por lo pronto, la piñata digital sigue colgada y cada día parece llegar alguien nuevo con el palo en la mano. El artículo enlazado sirve como antecedente de la embestida previa contra el exgobernador.
El texto de Ernestina Godoy, fiscal general de la República (FGR), publicado por EL UNIVERSAL, construye un diagnóstico parcialmente sólido: el huachicol no se limita a las tomas clandestinas, sino que suele involucrar logística, documentación, comercialización y flujos financieros. Sin embargo, mezcla ese planteamiento con afirmaciones históricas y causales presentadas como hechos consumados, sin aportar expedientes, series oficiales, sentencias ni una metodología que las sustente.
Su sesgo central es institucional-autolegitimador: convierte una exposición sobre el delito en una justificación anticipada de la estrategia de la FGR y en un reparto político de responsabilidades.
Hay datos verificables: la ley especializada sí fue publicada el 12 de enero de 2016, y su catálogo incluye sustracción, resguardo, transporte, almacenamiento y distribución ilícita. También existe un estudio de UNU-WIDER que estima el robo global de petróleo en 133 mil millones de dólares anuales y entre 5% y 7% del mercado mundial de crudo y combustibles. Pero esos datos no prueban por sí mismos las relaciones causales que el discurso atribuye a 2006, la reforma de 2013 o 2018.
Hay sesgo
El discurso emplea cinco operaciones retóricas:
Operación
Cómo aparece
Problema periodístico
Ampliación conceptual
Del “robo de combustible” a una “cadena” criminal completa
Es razonable como hipótesis de investigación, pero puede volver indistinguibles prácticas delictivas, irregularidades administrativas y evasión fiscal si no define cada conducta.
Cronología causal
2006 “propicia” crimen organizado; 2013-2018 reforma energética vuelve al huachicol fuente central; 2018 inicia el esquema arancelario
Una secuencia temporal no demuestra causalidad. Faltan datos comparables, investigaciones judicializadas y explicación de mecanismos.
Desplazamiento de culpa
El problema escala con “colusión de autoridades”, reforma energética y empresas nacionales/extranjeras
No identifica autoridades, dependencias, empresas, permisos, aduanas, montos, carpetas o sentencias. Es una acusación política de baja trazabilidad.
Intensifica la alarma sin cuantificar el caso mexicano ni separar estimaciones globales de evidencia local.
Autolegitimación
“Defender las finanzas públicas”, “cerrar espacios”, “resultados alcanzados”, “cambio institucional”
Convierte objetivos declarados en logros insinuados. No informa cuántas investigaciones, órdenes, aseguramientos, judicializaciones, condenas o recuperaciones fiscales existen.
Vamonos frase por frase
1. “Durante mucho tiempo… hablamos del huachicol como si se tratara únicamente del robo de combustible.”
Qué hace: abre con un hombre de paja moderado. Sugiere que la conversación pública ha sido reduccionista y que la fiscalía llega a corregirla.
Lo defendible: en el uso popular, “huachicol” se asoció fuertemente con perforaciones clandestinas y robo físico de combustibles, al que ahora se suma el «huachicol fiscal» ,contrabando de combustibles que ha sido deporte de MORENA y el oficialismo.
Sesgo o problema: “hablamos” diluye responsabilidades. ¿Quién habló así: prensa, gobiernos, Pemex, fiscalías, legisladores, analistas? Además, no demuestra que esa visión fuera dominante ni cuándo cambió.
El término huachicol se ha usado con frecuencia para referirse al robo físico de combustibles. Para investigar el fenómeno completo conviene distinguir también posibles esquemas de contrabando, falsedad documental, evasión fiscal y lavado de dinero, cuando existan indicios y pruebas de cada conducta.
2. “Esa imagen… sigue siendo parte del problema, pero de ninguna manera alcanza para describir el fenómeno completo.”
Qué hace: establece una dicotomía pedagógica: visión simple versus explicación compleja.
Retórica inflamada: “de ninguna manera” es un reforzador enfático, no evidencia.
Lo defendible: la legislación de 2016 contempla más que la extracción: también transporte, almacenamiento, distribución y otras conductas relacionadas.
Respuesta crítica:
La ampliación del concepto es pertinente, pero debe evitar una categoría elástica que convierta toda irregularidad comercial o aduanera en delincuencia organizada. Cada eslabón requiere una tipificación, evidencia y responsables identificables.
3. “La realidad es que el mercado ilícito de hidrocarburos es una cadena.”
Qué hace: usa “la realidad” como sello de autoridad y presenta una tesis criminológica como conclusión indiscutible.
Sesgo: la frase no distingue entre:
robo o sustracción física;
contrabando;
clasificación arancelaria incorrecta;
defraudación fiscal;
operaciones con recursos de procedencia ilícita;
complicidad empresarial o institucional.
No son automáticamente el mismo delito, ni todos requieren la misma prueba.
En ciertos casos, los delitos relacionados con hidrocarburos pueden involucrar extracción o ingreso irregular, traslado, almacenamiento, documentación, comercialización y ocultamiento de recursos. La existencia de esa estructura debe acreditarse caso por caso.
4. “Puede comenzar con la sustracción ilegal o con el ingreso irregular de petrolíferos al país…”
Qué hace: presenta dos modalidades como puntos de partida equivalentes: robo físico y contrabando o fraude aduanero.
Problema: “ingreso irregular” es demasiado amplio. Puede abarcar contrabando, subvaluación, errores de clasificación, falta de permisos, declaraciones falsas o incumplimientos administrativos. Un discurso fiscal debe ser más preciso que un discurso político.
Respuesta crítica:
La investigación debe determinar si el combustible fue sustraído ilícitamente o ingresó mediante conductas como contrabando, declaraciones aduaneras falsas o clasificación arancelaria fraudulenta.
5. “…se apoya en documentos, empresas y operaciones que pueden buscar dar apariencia de legalidad a lo ilícito…”
Qué hace: introduce una acusación de simulación legal y, en el subtexto, de lavado de dinero o uso de empresas fachada.
Lo correcto: el uso de documentación y estructuras corporativas puede ser parte de operaciones ilícitas.
Problema de prueba: “empresas” no equivale a “empresas culpables”. La redacción evita identificar sujetos y pruebas, pero deja instalada una sospecha generalizada sobre el sector privado.
Algunas investigaciones pueden involucrar documentos o estructuras societarias usados para ocultar el origen ilícito de los productos o recursos; su participación debe sustentarse en evidencia documental, financiera y pericial.
6. “Al inicio de este siglo se desarrollaron bandas locales de corte familiar, con una gran base social…”
Qué hace: ofrece una genealogía social del delito: de redes familiares locales a estructuras criminales complejas.
Sesgo: “gran base social” es una expresión cargada y estigmatizante. Puede sugerir complicidad comunitaria sin precisar si habla de protección, empleo informal, tolerancia, coerción, clientelismo o participación directa.
Problema histórico: carece de región, periodo exacto, fuente, número de bandas, registros de incidencia, encuestas, causas penales o investigación académica.
En algunas regiones se documentaron redes locales vinculadas con la extracción y comercialización ilícita de combustibles. Su composición, arraigo territorial y relación con las comunidades deben analizarse con evidencia regional, sin atribuir complicidad colectiva.
7. “Pero en 2006 inicia la proliferación… con la colusión de autoridades, lo que propicia la participación inicial de la delincuencia organizada.”
Qué hace: fija 2006 como punto de inflexión y conecta colusión estatal con expansión criminal.
Este es uno de los pasajes más políticos. La fecha coincide con el inicio del sexenio de Felipe Calderón y con la estrategia federal de seguridad, pero el texto no menciona gobierno, institución, entidad federativa ni funcionarios. El señalamiento queda insinuado, no documentado.
Problema lógico: hay dos saltos:
De “colusión de autoridades” a “proliferación”.
De esa proliferación a “participación inicial” del crimen organizado.
Para sostenerlo se requerirían datos longitudinales, casos judiciales y pruebas de vínculos institucionales.
Si la FGR afirma que desde 2006 hubo colusión de autoridades que facilitó la entrada de la delincuencia organizada, debe identificar niveles de gobierno, corporaciones, estados, funcionarios, investigaciones y resoluciones. De otro modo, la fecha funciona más como marca política que como conclusión probatoria.
8. “Entre 2012 y 2018, particularmente después de la Reforma Energética de 2013… el huachicol se convierte en una importante fuente de ingresos para la delincuencia organizada…”
Qué hace: sugiere que la reforma energética fue el factor decisivo o, al menos, un catalizador del crecimiento criminal.
Lo verificable: la reforma constitucional de 2013 y la legislación secundaria abrieron gradualmente actividades del sector energético a la participación privada; la importación privada de gasolina y diésel se habilitó posteriormente bajo permisos.
Lo no demostrado: que la reforma, por sí sola, convirtiera al huachicol en “una importante fuente de ingresos” del crimen organizado. Puede ser una hipótesis plausible, pero faltan:
estimaciones por organización criminal;
comparación antes y después de la reforma;
información sobre permisos, supervisión y aduanas;
expedientes que conecten actores privados con organizaciones criminales;
delimitación entre robo físico y fraude de importación.
La apertura energética no prueba causalmente el crecimiento del huachicol. Para hacer esa afirmación, la fiscalía tendría que demostrar qué cambios regulatorios fueron explotados, qué controles fallaron, qué permisos se utilizaron y qué grupos criminales capturaron esas oportunidades. Confundir correlación temporal con causalidad convierte una investigación pendiente en veredicto político.
9. “…lo que da pie a enfrentamientos violentos contra el Estado, por lo que en 2016 se aprueba la Ley…”
Qué hace: arma una narrativa de necesidad: crimen creciente → violencia → respuesta legislativa inevitable.
Lo verificable: la ley se publicó el 12 de enero de 2016 y amplió el marco penal especializado para delitos de hidrocarburos.
Problema: la expresión “por lo que” presenta la ley como consecuencia directa de una sola causa. La producción legislativa suele responder a múltiples factores: pérdidas de Pemex, presión política, cambios procesales, seguridad energética, conflictos locales y discusión parlamentaria.
La ley de 2016 existió, pero atribuirla exclusivamente a enfrentamientos contra el Estado simplifica su origen. Debe distinguirse entre el contexto político de aprobación y la evidencia de que la norma haya reducido efectivamente el delito.
10. “Es a partir de 2018 que inicia la importación y exportación de hidrocarburos con una clasificación arancelaria incorrecta…”
Qué hace: presenta 2018 como fecha fundacional del llamado “huachicol fiscal”.
Problema factual y temporal: la apertura para importaciones privadas no empezó en 2018. La reforma de 2013 y los cambios regulatorios posteriores habilitaron permisos antes; una fuente especializada sitúa desde abril de 2016 la posibilidad de que empresas obtuvieran permisos para importar gasolinas y diésel.
Problema probatorio: decir que “inicia” en 2018 exige demostrar que antes no existía esa práctica o que adquirió desde entonces características nuevas y cuantificables. La frase parece diseñada para fijar un corte político conveniente.
Desde la apertura gradual de las importaciones privadas surgieron riesgos de subvaluación, clasificación indebida y simulación documental. Debe establecerse con datos cuándo se detectó cada modalidad, cómo evolucionó y qué controles fallaron.
11. “…lo que favorece la creación de vínculos entre la delincuencia organizada y empresas nacionales y extranjeras…”
Qué hace: enlaza dos sujetos socialmente sensibles: organizaciones criminales y empresas, incluidas extranjeras.
Sesgo: es una acusación amplia con alto impacto reputacional, formulada sin nombres ni evidencia individualizada. Sirve para dramatizar la amenaza y ampliar el campo de acción de la FGR.
Respuesta crítica:
Hablar de “empresas nacionales y extranjeras” sin identificar sectores, conductas, operaciones, beneficiarios finales y situación jurídica propaga una sospecha indiscriminada. La responsabilidad penal es individual y debe descansar en pruebas, no en nacionalidad corporativa.
12. “La dimensión económica del huachicol es gigantesca…”
Qué hace: usa un adjetivo totalizante para preparar al público para aceptar medidas extraordinarias.
Retórica inflamada: “gigantesca” no informa. Una fiscalía tiene que ofrecer montos, periodo, fuente, método de cálculo y margen de incertidumbre.
Sustituya “gigantesca” por cifras auditables: litros, valor comercial, impuestos omitidos, pérdidas acreditadas, aseguramientos, sentencias y recuperación de activos. Sin eso, la palabra funciona como alarma, no como dato.
13. “…el impacto internacional de este delito lo ha convertido en una tendencia global como mercado emergente…”
Qué hace: globaliza el problema mexicano y emplea lenguaje de mercado para describir una economía criminal.
Lo respaldable: UNU-WIDER ha difundido una estimación de 133 mil millones de dólares anuales en robo global de petróleo y una equivalencia de 5% a 7% del mercado global de crudo y combustibles.
Problema conceptual: “mercado emergente” es una metáfora económica que puede sonar sofisticada, pero no precisa si se refiere al robo, contrabando, adulteración, fraude fiscal o comercialización ilegal. Tampoco demuestra que México tenga la misma escala, mecanismo o posición dentro del problema mundial.
Un cálculo mundial no puede utilizarse como sustituto de una medición mexicana. La fiscalía debe separar el contexto global de las cifras nacionales y evitar importar conclusiones internacionales para sobredimensionar, sin prueba específica, el caso mexicano.
14. “El robo global de petróleo se estima en 133 mil millones de dólares… equivalente a entre el 5 y el 7%…”
Qué hace: introduce una cifra de autoridad académica.
Lo verificable: la estimación aparece en publicaciones de UNU-WIDER.
La cifra de UNU-WIDER es útil como contexto mundial, pero no prueba el tamaño del huachicol en México ni la eficacia de la FGR. El discurso debe informar el monto nacional, el método de estimación, las fuentes primarias y la proporción atribuible a cada modalidad delictiva.
15. “A diferencia de las drogas, este ilícito se traslapa con otros ilícitos, haciendo más difícil su persecución.”
Qué hace: presenta al huachicol como un delito excepcionalmente complejo, y prepara una explicación preventiva ante posibles resultados insuficientes.
Problema: es una falsa oposición. El narcotráfico también se traslapa con lavado, armas, trata, extorsión, corrupción, homicidio, fraude, control territorial y redes financieras. El traslape no distingue al mercado de hidrocarburos de otros mercados criminales.
El carácter multidimensional no es exclusivo del huachicol. Lo relevante no es afirmar que la persecución es difícil, sino informar qué capacidades faltan, qué coordinación interinstitucional existe, qué resultados ha tenido y qué obstáculos concretos persisten.
16. “Para México los delitos en materia de hidrocarburos son prioridad nacional.”
Qué hace: declara prioridad sin definir indicadores, recursos ni jerarquía frente a otros delitos.
Sesgo institucional: la frase busca dar centralidad política a la agenda de la fiscalía.
Si es una prioridad nacional, informe el presupuesto, las unidades especializadas, las metas, los estados prioritarios, el número de carpetas iniciadas, judicializadas y sentenciadas, así como los activos recuperados. La prioridad se demuestra con resultados y rendición de cuentas.
17. “La estrategia de combate frontal… significa defender las finanzas públicas, proteger la competencia legítima, cerrar espacios a la corrupción…”
Qué hace: encadena valores incuestionables: finanzas públicas, competencia, anticorrupción. Es una fórmula de legitimación.
Propaganda institucional: nadie puede estar “a favor” de evasión, corrupción o enriquecimiento ilícito; por eso la frase dificulta cuestionar la estrategia concreta. Pero apoyar el objetivo no obliga a aceptar el método, sus resultados ni sus costos.
Defender las finanzas públicas y combatir la corrupción son objetivos legítimos, pero no sustituyen la evaluación de la estrategia. ¿Qué acciones concretas ejecutó la FGR? ¿Contra quién? ¿Con qué pruebas? ¿Cuántas derivaron en vinculaciones a proceso, sentencias firmes, decomisos y recuperación fiscal?
18. “No se trata de perseguir solamente el último eslabón, sino de atacar toda la estructura.”
Qué hace: formula una promesa de persecución de alto nivel: no sólo operadores visibles, sino financiadores, facilitadores y beneficiarios.
Lo positivo: es un criterio razonable de política criminal. Perseguir únicamente a conductores, expendedores o personas de bajo rango suele dejar intacta la red.
La pregunta incómoda: ¿la FGR efectivamente está llegando a los niveles superiores? Sin nombres, órdenes de aprehensión, imputaciones y sentencias contra autores intelectuales, empresarios, agentes aduanales, funcionarios corruptos o beneficiarios financieros, la frase puede ser aspiracional.
La prueba de una estrategia contra “toda la estructura” no está en el enunciado, sino en la proporción de casos que alcanzan a mandos, financiadores, beneficiarios finales y servidores públicos, no sólo a detenidos de bajo nivel.
19. “Los resultados alcanzados, hasta ahora, son parte del proceso de cambio institucional que hemos emprendido.”
Qué hace: cierra con una afirmación de éxito deliberadamente vaga.
Es la frase más propagandística del texto. No identifica resultado alguno. “Proceso de cambio institucional” funciona como escudo: permite adjudicarse avances sin cuantificarlos y, a la vez, justificar carencias como parte de una transformación en curso.
No hay “resultados” sin indicadores. La FGR debe publicar un balance desagregado: carpetas abiertas, cateos, aseguramientos, litros decomisados, dinero recuperado, órdenes de aprehensión, judicializaciones, sentencias condenatorias, absoluciones, funcionarios procesados y daños fiscales reparados. Sin esa información, “cambio institucional” es una consigna, no una rendición de cuentas.
Lo que el texto omite
Para pasar de discurso a explicación comprobable, faltarían al menos estos elementos:
Cifras mexicanas desagregadas: pérdidas por robo físico, contrabando, subvaluación, clasificación indebida, evasión de IVA e IEPS y lavado de recursos.
Serie histórica verificable: tomas clandestinas, litros extraídos, decomisos, denuncias, judicializaciones y sentencias por año, sin seleccionar sólo los periodos políticamente útiles.
Identificación de la colusión: dependencias, mandos, agentes aduanales, empresas, permisos, contratos, puertos, aduanas y entidades federativas involucradas.
Definición legal precisa: qué entiende la FGR por “huachicol fiscal” y bajo qué tipos penales investiga cada modalidad.
Prueba de causalidad: no sólo que una reforma o fecha coincidió con un cambio, sino cómo produjo ese cambio y qué evidencia lo acredita.
Resultados comprobables de la FGR: una lista de casos judicializados y sentencias firmes, no únicamente operativos, comunicados, aseguramientos o carpetas abiertas donde la constante que mas se advierte es sin detenidos.
Responsabilidad institucional actual: el texto enfatiza herencias y etapas previas, pero no explica qué controles federales, aduaneros, fiscales y regulatorios han fallado en el presente.
Con información: ERNESTINA GODOY/FISCAL FGR/ELUNIVERSAL+
