La Presidenta Claudia Sheinbaum quiso vender una reforma de “lealtad nacional”, pero terminó apuntando el cañón hacia su propia bancada: un disparo en el pie con pase directo al Senado. La iniciativa contra la doble nacionalidad, concebida como cerco para adversarios políticos, ahora tropieza con legisladores y aliados oficialistas que también cargan dos pasaportes.
Disparo en el pie presidencial
Claudia Sheinbaum decidió que la patria se defiende revisando pasaportes. La propuesta presidencial pretende impedir que mexicanos con doble nacionalidad compitan por la Presidencia, las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, salvo que renuncien antes a su segunda ciudadanía. El argumento es la “lealtad al Estado mexicano”; el problema es que, al abrir la caja registradora del nacionalismo, Morena descubrió que varios de los suyos también estaban formados en la fila con documentos extranjeros.
Es decir: la reforma nació con pinta de traje a la medida para cercar a opositores incómodos —como Francisco García Cabeza de Vaca o, en la narrativa del debate público, Ricardo Salinas Pliego—, pero resultó que la tijera legislativa también alcanza a cuadros del oficialismo. El caso más visible es el del senador morenista Javier Corral, nacido en El Paso, Texas, aunque la onda expansiva incluye a legisladores de estados fronterizos y, según el propio Partido Verde, al menos media docena de sus senadores con doble nacionalidad.
La ironía es de manual: Morena pretende decidir quién es suficientemente mexicano desde el Congreso, pero necesita los votos de aliados que podrían quedar políticamente inhabilitados por esa misma cruzada. El PVEM, siempre experto en detectar dónde está el poder —y dónde conviene poner el freno de mano—, ya avisó que no hay consenso. Sin sus votos, la reforma constitucional puede quedarse varada, porque en el Senado el bloque oficialista está apenas en el borde de la mayoría calificada requerida.
El problema no es el pasaporte
El discurso oficial intenta presentar la doble nacionalidad como una sospecha automática de deslealtad. Pero millones de mexicanos que viven o nacieron en Estados Unidos no son menos mexicanos por tener otra ciudadanía; muchos salieron del país justamente porque México no les ofreció seguridad, empleo o condiciones de vida dignas. Convertir esa realidad migratoria en un filtro de exclusión electoral es una forma bastante cómoda de patriotismo: se aplaude a la diáspora cuando manda remesas, pero se le mira con recelo si busca votar, competir o gobernar.
La iniciativa además endurece el candado: no bastaría con acreditar —como ya ha ocurrido en criterios electorales— que no se ejercen derechos políticos o protección diplomática de otro país. Habría que renunciar formalmente a la segunda nacionalidad. Para una reforma que presume defender derechos nacionales, el mensaje resulta contradictorio: los mexicanos en el exterior son útiles como cifra, remesa y discurso; incómodos cuando reclaman plenitud política.
En resumen:
Sheinbaum quiso ponerle un muro de pasaportes a sus adversarios y acabó dejando atrapados del lado equivocado a varios de los suyos. La reforma contra la doble nacionalidad se vende como defensa de la lealtad a México, pero huele más a legislación con dedicatoria: nace para cercar enemigos, castiga a millones de mexicanos binacionales y, de paso, amenaza con desarmar la mayoría que Morena necesita para aprobarla.
El oficialismo descubrió tarde que el nacionalismo de utilería tiene efectos secundarios: cuando se legisla para excluir, la guillotina no pregunta de qué partido es el cuello. El Verde ya prendió la alarma porque algunos de sus legisladores tienen dos pasaportes; Javier Corral, senador de Morena y nacido en Texas, ilustra que el problema también vive dentro de casa.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELIA CASTILLO/ELPAIS/
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