Hace exactamente un año, el 7 de septiembre de 2025, el Gobierno mexicano anunció la detención de 14 personas, entre ellas seis marinos, en lo que fue presentado como el primer gran desmontaje de una red de contrabando de combustibles desde Estados Unidos durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. El expediente creció, se multiplicaron las indagatorias y el reciente informe presidencial contabilizó 118 denuncias penales por huachicol fiscal presentadas entre septiembre de 2025 y junio de 2026.
Pero un año después, el caso que prometía alcanzar las entrañas de la corrupción en las aduanas marítimas parece enfrentar una frontera menos visible que las de Tamaulipas: la que separa a los marinos procesables de los altos mandos aparentemente intocables.
La FGR ha perseguido operadores, capitanes, empresarios, administradores portuarios y parientes incómodos. Lo que no ha conseguido —o no ha querido conseguir— es sentar ante el Ministerio Público a quien fue secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
El elefante uniformado
Según la investigación de la Fiscalía, los presuntos jefes de la red fueron los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, sobrinos de Ojeda Durán, titular de Marina durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La trama habría operado en las aduanas marítimas, en coordinación con funcionarios, empresarios y elementos navales, para internar cientos de millones de litros de combustible sin cubrir impuestos, al menos desde mediados de 2023.
La respuesta oficial ha consistido en construir una muralla discursiva entre el almirante y sus sobrinos: Ojeda, sostienen, habría denunciado la red desde 2024. El problema es que esa versión no ha venido acompañada de un registro formal mostrado al público, ni parece resistir sin tropiezos el calendario de hechos y omisiones revelados durante la investigación. La defensa de los Farías Laguna ha solicitado reiteradamente que el exsecretario declare. Incluso, según la queja pública de su abogado, una jueza lo citó, pero la FGR no logró localizarlo.
Es difícil no preguntarse cómo una Fiscalía capaz de rastrear buques, manifiestos aduanales, transferencias, redes de prestanombres y mandos navales no ha podido dar con el exsecretario de Marina. No se trata de un prófugo anónimo ni de un personaje sin domicilio institucional conocido: se trata del hombre que dirigió una de las corporaciones más poderosas, herméticas y estratégicas del Estado mexicano.
La denuncia que llegó tarde
La carpeta que derivó en órdenes de captura ubica el inicio formal de la investigación en julio de 2024. Su objetivo inicial, sin embargo, no eran las aduanas marítimas, sino las terrestres de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. El viraje hacia los puertos habría ocurrido hasta abril de 2025, tras el aseguramiento de un barco en Tampico y la difusión de un video efímero en redes sociales.
Ahí aparece una contradicción incómoda. Rafael Ojeda Durán habría tenido conocimiento de la red, cuando menos, desde junio de 2024. Fernando Rubén Guerrero Alcántar —militar involucrado en la trama— le entregó una carta manuscritaque detallaba el esquema de corrupción. La misiva fue redactada tras una reunión con el entonces secretario, cuya grabación difundió Aristegui Noticias.
En aquel audio, Ojeda plantea dos caminos: destapar todo “y me vale madre a mí quién caiga”, o intentar cerrar el problema con traslados de personal. Es decir, una disyuntiva entre investigar una estructura criminal o reacomodar a “toda esta bola de cabrones” para que el escándalo no reventara. Guerrero Alcántar fue asesinado cinco meses después, en noviembre de 2024. Su carta, en cambio, no entró a la carpeta de investigación sino hasta julio de 2025.
La pregunta no es sólo por qué la FGR tardó un año en incorporar un documento tan relevante. La pregunta es qué hizo la Marina —y qué hizo su entonces titular— con una denuncia interna que describía, presuntamente, un sistema de corrupción en puertos bajo control naval. Si el exsecretario conocía los hechos, debe esclarecer cuándo los reportó, ante quién, qué medidas ordenó, qué funcionarios removió, qué investigaciones internas abrió y por qué la evidencia crucial llegó tardíamente al expediente ministerial.
El nombre que nadie quiere tocar
La trama tampoco se agota en los sobrinos del exsecretario. Un testigo recabado en febrero de 2026 sostiene que Miguel Ángel Solano Ruiz, el “Capitán Sol”, presunto operador de la red y aún prófugo, dijo que llamaría a Ojeda Durán tras el aseguramiento de un cargamento en Guaymas. La supuesta intervención no era menor: se trataba, según el relato, de un asunto “de Andy”, en referencia a Andrés Manuel López Beltrán.
Esa frase, por sí sola, no prueba responsabilidad penal de nadie. Pero tampoco es una frase inocua que deba archivarse bajo el cómodo sello de “insuficiencia probatoria”. La oposición ha intentado usarla como sentencia anticipada contra López Beltrán; eso no exime a la Fiscalía de hacer lo contrario: investigarla con seriedad, sin propaganda y sin absoluciones administrativas adelantadas.
El testigo protegido “Santo”, entonces responsable de la aduana de Tampico, también refirió que los problemas alrededor de la red eran vistos como “choques políticos entre el secretario de Seguridad Harfuch y el hijo del presidente”, y que eventualmente habría existido un acuerdo. La FGR ha dicho que esas referencias no poseen fuerza legal suficiente para abrir una investigación formal. Quizá no basten para acusar. Pero una Fiscalía no necesita una sentencia para preguntar, citar, requerir teléfonos, cotejar comunicaciones, rastrear movimientos financieros y reconstruir cadenas de mando.
La diferencia es elemental: una mención aislada no condena; una autoridad que se niega a verificarla sí alimenta la sospecha de que investiga sólo hasta donde no incomoda al poder.
El muelle, Tabasco y los amigos
El expediente también roza a Saúl Vera Ochoa, empresario tabasqueño vinculado a Tampico Terminal Marítima, empresa que recibió en 2020 la concesión del recinto fiscal 289 de la aduana de Tampico. De acuerdo con el testimonio citado, el muelle era manejado por “Capiterucho Pinto” y se advertía que su dueño tenía vínculos de amistad con Adán Augusto López Hernández, además de presuntos nexos con personas de la delincuencia organizada.
Adán Augusto ha rechazado vínculos personales o de negocios con Vera Ochoa. Esa negación merece ser registrada, pero no sustituye una investigación. Menos aún cuando el testimonio ubica más de una decena de arribos de buques con combustible presuntamente de contrabando en ese recinto fiscal y cuando el caso se cruza con una red de funcionarios portuarios, mandos navales, empresarios y rutas marítimas.
El senador morenista ya carga con otros señalamientos políticos y públicos, entre ellos la designación de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad en Tabasco y contrataciones otorgadas a personas de su círculo. Ninguno de esos antecedentes demuestra por sí mismo su participación en el huachicol fiscal. Pero sí vuelve inaceptable que la Fiscalía trate las conexiones políticas como chismes de sobremesa cuando están integradas, al menos como referencias y líneas de investigación, en declaraciones de quienes operaban dentro del esquema.
La Fiscalía ante el espejo
La FGR puede presumir 118 denuncias por huachicol fiscal, decomisos, detenciones y procesos judiciales. Son datos relevantes, pero no equivalen a una investigación completa. Una Fiscalía no mide su independencia por el número de carpetas abiertas, sino por su disposición a tocar las puertas que el poder preferiría mantener cerradas.
Hasta ahora, el expediente parece tener una geometría muy conveniente: sube hasta los sobrinos del secretario, bordea al secretario, escucha alusiones al hijo del expresidente, se asoma al entorno de Adán Augusto López y, justo cuando debería escalar hacia las responsabilidades políticas y de mando, se detiene. Como si en la Marina hubiera peces gordos, pero ningún almirante que explicar.
El elefante no está escondido: lleva uniforme, tiene apellido, ocupó despacho y conoció —según los propios elementos del caso— información temprana sobre una red que saqueaba al país desde sus puertos. Si la FGR no puede localizarlo, citarlo o exigirle cuentas, la pregunta ya no es qué tan profunda era la mafia del huachicol fiscal. La pregunta es qué tan profundo llega el pacto para no investigarla.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/DANIEL CARABAÑA/
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