Cuando ya se cumplen dos años de la guerra intestina entre facciones del mismo Cártel de Sinaloa, Culiacán vivió ayer otra jornada como rehén: ráfagas, casas baleadas, portones embestidos e incendios. Y, como en demasiadas ocasiones, la respuesta oficial llega después del estruendo, con operativos para “inhibir” lo que nunca pudieron impedir.
No habrá pastel, pero sí la acostumbrada pirotecnia criminal: este miércoles se cumplen dos años de la guerra entre bandos de una misma banda, detonada por una traición interna en el Cártel de Sinaloa, animada por la conducta narca y la ambición de un gobernador de Morena, solapado por el poder institucional.
Culiacán recibe el aniversario con balazos, incendios, vehículos robados y portones de viviendas particulares convertidos en blanco de embestidas armadas.
Porque si algo ha dejado claro esta guerra de familia, es que la estrategia militarizada podrá llenar avenidas de uniformes, patrullas y comunicados, pero no ha conseguido lo elemental: evitar que la población quede atrapada en medio de una disputa criminal que parece no tener fecha de vencimiento.
En las colonias Chapultepec, Díaz Ordaz, Rafael Buelna y Colinas de San Miguel, grupos armados dispararon contra viviendas, incendiaron vehículos, despojaron a un conductor de su unidad y usaron automóviles para intentar derribar portones. La autoridad, fiel al libreto, pidió a la ciudadanía atender las indicaciones de las fuerzas de seguridad desplegadas en la ciudad; es decir, que los civiles se cuiden como puedan mientras el Estado intenta alcanzar a la violencia que otra vez le pasó por encima.
No se reportaron personas muertas ni heridas en esta oleada, y eso será presentado seguramente como un respiro. Pero que no haya cadáveres en el parte no significa que haya seguridad: hay familias encerradas, rutas alteradas, negocios paralizados y una ciudad obligada a normalizar que las balas decidan cuándo puede salir de casa.
Dos años después, el problema no es sólo que las facciones criminales sigan en guerra. El escándalo mayor es que, pese al despliegue militar y policial, la prioridad visible continúe siendo la captura, el golpe mediático o el decomiso, mientras la obligación más urgente —salvaguardar la vida, la integridad y los bienes de la población— sigue tratándose como daño colateral.
En Sinaloa, la guerra entre los mismos de siempre cumple años. Los ciudadanos, en cambio, siguen sin tener nada que celebrar y el que se iba quedar por orden presidencial hasta resolverlo, solo hizo visitas de doctor y terapia grupal de frustraciónes compartidas.
Con información: ELUNIVERSAL/ NOROESTE/
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