Dime con quién te juntas y te diré quién eres. O, en versión Palacio Nacional: dime a quién sientas cuatro veces con la Presidenta y el gabinete, y te diré a quién le están abriendo la puerta para hacer negocios con el Estado.
El invitado que no incomoda
Jesús Vizcarra, empresario sinaloense, fundador de SuKarne y cabeza de Salud Digna, no llegó a Palacio Nacional como quien pide una cita de cortesía. De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio en El Financiero, ha sido recibido en cuatro ocasiones en semanas recientes por la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo, justo mientras se reporta que SuKarne estaría en venta por alrededor de 2 mil millones de dólares. Nada como buscar nuevos contratos públicos mientras se acomoda la caja registradora privada.
El argumento de Vizcarra habría sido noble, moderno y hasta tecnológicamente seductor: diagnósticos baratos, interpretación radiológica a distancia, inteligencia artificial para ultrasonidos, mastografías, rayos X, electrocardiogramas y óptica. En la presentación, Salud Digna aparece como solución. El detalle es que la propuesta no era sólo apoyar al sistema público, sino instalar Clínicas de Diagnóstico del Bienestar y un Centro Nacional de Interpretación Radiológica, con equipos, tecnología, proyectos y capacitación provistos por su organización, bajo su conducción hasta que él considerara que el gobierno ya hubiera alcanzado la “madurez” suficiente. Es decir: el Estado pone la necesidad, el particular pone la llave y luego decide cuándo devolverla.
El currículum que no cabe en la foto
El problema no es que un empresario quiera vender servicios de salud al gobierno; en México eso se llama mercado. El problema es quién es el empresario, qué sombras lo acompañan y por qué, en pleno discurso oficial contra la corrupción y la colusión criminal, se le trata como invitado de honor.
Durante más de cuatro décadas, Vizcarra ha sido señalado públicamente por presuntos vínculos de amistad, sociedad o padrinazgo con figuras del narcotráfico sinaloense. Él lo ha negado siempre y, punto crucial, no ha enfrentado proceso judicial alguno por esas acusaciones. Legalmente, esa ausencia de causa penal le permite competir por contratos. Políticamente, sin embargo, no borra los focos rojos ni convierte las sospechas históricas en una anécdota de sobremesa.
La columna recuerda una fotografía publicada por Reforma en 2009 y replicada por NOROESTE: Vizcarra, entonces alcalde de Culiacán, aparecía en una celebración religiosa en el rancho Puerto Rico junto a Ismael “El Mayo” Zambada, Inés Calderón Godoy, Bernardo Quintana y Javier Díaz.
No era una selfie extraviada en una fiesta patronal; era una postal de la aristocracia criminal sinaloense, según el contexto relatado por el columnista.
También retoma una ficha del entonces Cisen, publicada por Proceso, que habría vinculado el origen de Grupo Viz/SuKarne con actividades presuntamente utilizadas para blanquear recursos de Inés Calderón Quintero. Se trata de señalamientos periodísticos y de inteligencia citados en la columna, no de una sentencia judicial contra Vizcarra. Pero cuando el gobierno decide convertir a alguien así en proveedor estratégico, no basta con decir “no hay expediente penal”; tendría que explicar por qué considera irrelevante el riesgo reputacional, institucional y hasta diplomático.
Un avión, un gobernador y muchas coincidencias
La historia se vuelve todavía más incómoda al cruzarse con el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya. En 2024, Rocha sostuvo que el día de la captura de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López estaba en Los Ángeles, en un avión prestado por Vizcarra. El empresario justificó el préstamo por una amistad de 28 años con la familia Rocha. La columna añade que, según información publicada entonces por Riva Palacio, Rocha no habría viajado, sino que habría enviado a familiares y colaboradores con su teléfono para que el GPS ubicara el aparato en California.
En otras palabras: el empresario tiene entrada a Palacio, antecedentes de señalamientos que rozan a la vieja guardia del Cártel de Sinaloa y una relación de larga data con el gobernador más cuestionado de esa entidad. El gobierno puede llamarlo coincidencia; el ciudadano tiene derecho a llamarlo patrón.
Porque la política no se mide sólo con expedientes judiciales. También se mide con compañías, fotos, vuelos prestados, favores acumulados y puertas que se abren con una facilidad que no conoce el paciente que espera meses una cita en el IMSS.
La pregunta que Palacio no responde
Vizcarra ya trabaja con el IMSS en otros proyectos y, según la columna, la instrucción sería incorporarlo como proveedor relevante. El paquete en juego no es menor: servicios diagnósticos, infraestructura tecnológica, interpretación radiológica y eventual subrogación de servicios de salud. Un negocio que puede tocar la atención de millones de personas y que, por su escala, merece escrutinio extremo.
No hay, hasta donde plantea el texto, impedimento jurídico automático para contratarlo. Pero la legalidad mínima no equivale a prudencia máxima. Menos cuando Estados Unidos ha endurecido el lenguaje y la presión contra redes de narcotráfico, sus facilitadores financieros y sus apoyos políticos; menos todavía cuando Sinaloa vive una crisis de violencia y el nombre del gobernador circula en acusaciones vinculadas con “El Mayo” Zambada.
La pregunta no es si Salud Digna puede ofrecer tecnología útil o precios competitivos. La pregunta es por qué una administración que presume combatir privilegios y desmontar viejas complicidades decide colocar a un empresario tan cargado de señalamientos en la antesala de un megaproyecto sanitario.
Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y si Palacio se junta una y otra vez con el mismo personaje, no puede fingir sorpresa cuando la gente empiece a preguntarse qué clase de compañía está eligiendo.
Con información: EL FINANCIERO/RAYMUNDO RIVAPALACIO/INFOBAE/ NOROESTE
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