No fue una amenaza al aire: fue una sentencia con hélices. En la guerra intestina del Cártel de Sinaloa, los volantes que cayeron sobre Culiacán no funcionaron como propaganda, sino como un macabro tablero de selección: primero señalaron a creadores, cantantes e influencers; después, varios comenzaron a aparecer en la nota roja.
Del panfleto al cadáver: cuando el narco “narcocomunica y volantes, sí cumple»
Porque cuando una avioneta soltó panfletos sobre Culiacán, después la tierra empezó a recibir cadáveres. Así de brutal es la pedagogía criminal de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza: primero publican la lista; luego, la convierten en obituario.
Los volantes, lanzados desde el aire como si fueran propaganda electoral del infierno, acusaban a influencers, cantantes y personajes de redes de ser lavadores, prestanombres o colaboradores de una facción rival. No hubo expedientes públicos, sentencias judiciales ni derecho de réplica que valiera. Bastó el sello del narco para que la acusación circulara como condena anticipada.
La operación fue una suerte de “comunicación social” criminal:papel barato, nombres propios, fotografías, acusaciones de ocasión y una advertencia implícita que, con el tiempo, dejó de ser implícita. Porque mientras las autoridades administraban comunicados y promesas de investigación, los señalados comenzaron a caer: asesinados, secuestrados, atacados o forzados a vivir con la certeza de que una publicación, una foto o un apellido pueden convertirse en sentencia.
El caso de José Luis Esparza, El Piturris, asesinado mientras trabajaba en su taquería en Ciudad Obregón, vuelve a exhibir esa maquinaria. No se trata sólo de un creador de contenido más abatido por sicarios; es otro nombre dentro de una lista de influencers convertidos en blanco en medio de una disputa donde los cárteles ya no se conforman con controlar rutas, territorios y negocios: ahora también quieren decidir quién puede tener audiencia, quién puede monetizar su fama y quién debe desaparecer de la pantalla —y de la vida—.
Antes fue César Gastélum, Cesarín, acribillado durante una transmisión en vivo a pocos metros de la Fiscalía de Sinaloa. Antes, Valeria Márquez, asesinada mientras miles de personas la veían en directo. Y desde 2017, con el asesinato de El Pirata de Culiacán, quedó claro que en México una burla, una canción, un video o una cercanía real o inventada con algún grupo criminal puede costar más que una cancelación digital: puede costar la vida.
El mensaje es atroz, pero nítido: en esta guerra no sólo se mata por territorio; se mata por narrativa. El narco reparte volantes como quien reparte fichas de dominó, acusa sin pruebas como quien redacta un boletín y ejecuta con la eficiencia que el Estado no exhibe para investigar.
La tragedia no es únicamente que los criminales amenacen. La tragedia es que, en demasiados casos, cumplen. Y mientras tanto, las redes sociales —ese espacio que prometía fama, negocio y libertad de expresión— terminan funcionando como vitrina de vigilancia, escaparate de propaganda y, para algunos, antesala del panteón. Titulares posibles
En México, la amenaza criminal ya no llega sólo en una manta colgada de madrugada. También puede caer del cielo, circular en redes y terminar, semanas después, en una escena del crimen.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
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