El gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, presume que llegó para servir al pueblo, pero sus propios informes parecen contar otra historia: una maquinaria donde el dinero público entra por la puerta grande y, demasiado a menudo, se pierde entre obras fantasmas, tarjetas que nadie recibió, becarios que no existen en los registros y fertilizantes que llegaron tarde, sobraron o simplemente no estaban donde debían.
El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum no sólo enumera “hallazgos” y “acciones correctivas”; retrata una administración con apetito voraz por el presupuesto y una alarmante incapacidad —o resistencia— para vigilar qué hacen sus funcionarios, contratistas y operadores con él.
Porque cuando se pagan obras que no se construyeron, cuando se dispersan millones a tarjetas sin entregar y cuando los medicamentos terminan robados para revenderse al público, no estamos frente a simples “áreas de oportunidad”: estamos frente a un sistema que, en demasiadas oficinas, aprendió que primero se sirve y después, si queda algo, se gobierna.
En Conagua, las cuentas tienen el tamaño de una inundación presupuestal: siete proyectos revisados por más de 11 mil millones de pesos dejaron trabajos mal ejecutados por mil 632 millones y otros 308 millones en obra pagada pero no realizada. Es decir, el erario financió concreto imaginario, infraestructura de utilería y expedientes que quizá pesan más que las obras mismas.
El programa de Fertilizantes tampoco escapó al desorden institucionalizado. Había más de 76 mil toneladas de remanentes, valuadas en más de 3 mil millones de pesos, que ni siquiera fueron consideradas en la planeación. Como si administrar recursos públicos fuera jugar a esconder sacos en una bodega: nadie sabe bien qué sobró, qué faltó, qué llegó tarde ni quién debía responder. Y mientras el campesino espera insumos para sembrar, el gobierno parece cosechar excusas.
Las Becas para el Bienestar ofrecen quizá la postal más cínica del informe: 67 mil 142 supuestos beneficiarios de educación superior sin registro acreditable en el Registro Nacional de Población e Identidad recibieron 592.3 millones de pesos. A eso se suman tarjetas activas que nunca fueron entregadas, pero que sí recibieron depósitos. El Banco del Bienestar, convertido en banco de las tarjetas huérfanas: plásticos sin dueño, cuentas activas sin beneficiario visible y dinero público circulando por un limbo administrativo demasiado conveniente para quien sepa encontrar la salida.
En Alimentación para el Bienestar, el frijol también terminó convertido en símbolo del fracaso: compras con deficiencias por 357.7 millones de pesos, productos en mal estado, almacenes con problemas, desabasto en tiendas rurales y diferencias entre el inventario de papel y el que realmente existía. Para rematar, hubo pagos indebidos por 73 millones de pesos vinculados al cultivo de frijol. No es sólo que falte comida donde debería llegar: es que el presupuesto parece alimentarse mejor que la población.
Y mientras las dependencias acumulan irregularidades, en el sector Salud aparecen medicamentos sustraídos de farmacias del IMSS y del IMSS-Bienestar para ser vendidos de forma irregular. El negocio redondo de la miseria pública: el paciente paga con sus impuestos un medicamento que luego alguien le revende por debajo del mostrador.
El informe registra 4 mil 193 servidores públicos sancionados entre octubre de 2024 y junio de 2026, además de 84 particulares, 132 empresas proveedoras castigadas y 105 denuncias penales. La cifra debería ser tranquilizadora si no revelara, al mismo tiempo, la dimensión del problema: no son unas cuantas manzanas podridas; es un huerto entero donde la vigilancia llega tarde, la sanción suele ser administrativa y el dinero rara vez regresa con la misma velocidad con que desapareció.
La narrativa oficial insiste en que fiscalizar es prueba de transparencia. Pero una cosa es detectar el saqueo y otra muy distinta impedirlo. Porque si cada revisión encuentra obras pagadas pero inexistentes, beneficiarios sin identidad verificable, inventarios que no cuadran, contratos inflados, tarjetas sin entregar y funcionarios sancionados por miles, entonces el problema no es la falta de auditorías: es la normalización del botín.
El gobierno podrá llamarles anomalías, observaciones, inconsistencias o procesos de atención. El ciudadano tiene derecho a llamarlo por su nombre: una vocación depredadora de los fondos públicos, donde el servicio público dejó de ser un mandato y se volvió, para demasiados, una mesa servida.
Con información: ELNORTE/
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