La nueva Suprema Corte no llegó a impartir justicia: llegó a repartir ambiciones, micrófonos y puñaladas con protocolo. A un año de su estreno, la prometida purga de corrupción, privilegios y lentitud judicial se parece demasiado a esos programas de gobierno que se anuncian con fanfarria y terminan convertidos en un PowerPoint con logotipo institucional: mucho discurso de “el pueblo”, mucha toga reciclada y una eficacia que sigue extraviada en los pasillos del tribunal.
El tribunal del pueblo… y de nadie más
La llamada nueva Corte, esa joya constitucional que el oficialismo vendió como una refundación moral de la justicia mexicana, cumple su primer año convertida en un polvorín con estrado. No hay celebración porque no hay demasiado que celebrar: el rezago sigue respirando con tranquilidad burocrática, los grandes asuntos permanecen estacionados y la Corte luce más ocupada en disputarse la presidencia que en resolver los dilemas que afectan a millones.
Prometieron acabar con los privilegios, pero lo que eliminaron fue la vergüenza de exhibir las ambiciones. Prometieron celeridad, pero entregaron expedientes en sala de espera. Prometieron justicia cercana al pueblo, y terminaron montando una especie de reality show judicial donde cada ministra o ministro parece competir por quién consigue más cámara, más conflicto o más indulgencia del poder.
La Corte no se democratizó: se partidizó con boleta electoral, propaganda de acordeón y una retórica de redención popular que, a la hora de la verdad, no ha podido ocultar lo esencial: una institución que sigue resolviendo tarde, mal o de plano cuando el costo político ya es tolerable.
La toga como uniforme de campaña
El problema no es que los ministros tengan diferencias; una Corte sin debate sería una oficina de trámites caros. El problema es que algunos parecen confundir la deliberación constitucional con una pelea de vecindad transmitida en sesión pública. Las discrepancias jurídicas se volvieron afrentas personales, los argumentos se diluyen entre agravios y la colegialidad —esa vieja, aburrida y necesaria virtud de cualquier tribunal— parece haber sido enviada al archivo muerto junto con las salas de la Corte.
La disputa por la presidencia ha terminado de desnudar el asunto. En vez de discutir doble tributación, prisión preventiva oficiosa, muerte digna, derechos de las personas con discapacidad o los gigantescos expedientes fiscales que esperan definición, el Pleno está atrapado en la pregunta que de verdad los desvela: quién se queda con la silla, el mazo, la fotografía oficial y el derecho de administrar el poder interno.
No es una crisis constitucional; es una pelea por el timón de un barco que hace agua mientras los tripulantes discuten quién posa mejor en cubierta.
La ministra del pueblo y el pueblo sin justicia
Lenia Batres, autoproclamada “ministra del pueblo”, ha terminado por representar una paradoja impecable: mientras más invoca al pueblo, más aislada parece dentro del tribunal. Su estilo de confrontación, sus acusaciones de animadversión y su dificultad para construir mayorías han convertido cada desacuerdo jurídico en una oportunidad para elevar el volumen, no la calidad del debate.
Que una ministra requiera defenderse de sus colegas no tendría nada de extraordinario si la defensa viniera acompañada de solidez técnica, prudencia institucional y capacidad de persuasión. Pero cuando el método consiste en transformar cada revés en conspiración, cada crítica en clasismo y cada rechazo en hostilidad personal, lo que queda no es una voz popular: queda una política en toga, indignada porque el Pleno no funciona como comité de aplausos.
La ironía es brutal. La ministra que podría llegar a la presidencia gracias al mecanismo de rotación nacido de la reforma es, al mismo tiempo, una de las figuras menos capaces de generar los consensos mínimos que exige dirigir una Corte. No basta con exigir representación popular; también hay que saber representar algo más que el propio enojo.
Los pendientes que nadie quiere tocar
Mientras el Pleno se incendia por dentro, los expedientes verdaderamente relevantes siguen acumulando polvo institucional. La doble tributación de maquiladoras, los litigios contra el SAT, la prisión preventiva oficiosa, la muerte digna y los derechos de las personas con discapacidad no son minucias de escritorio: son decisiones que afectan inversión, libertades, derechos humanos, recaudación pública y la credibilidad de todo el sistema judicial.
Pero la Corte parece haber descubierto una nueva doctrina: si el asunto es polémico, se retira; si incomoda al poder, se administra; si exige una definición de fondo, se manda a la congeladora con fundamento en el santo temor al escándalo digital.
Así, el tribunal que debía dar certeza jurídica acaba practicando una variante refinada de la parálisis: sesiones, discursos, informes, estadísticas y lenguaje ciudadano para explicar resoluciones, pero una prudencia casi quirúrgica para no tocar aquello que realmente puede alterar intereses, molestar a aliados o exhibir la precariedad técnica de una integración construida más por afinidad política que por independencia judicial.
Mucha Corte, poca justicia
Las cifras son el retrato menos discutible de este fracaso relativo. La nueva Corte puede presumir miles de asuntos resueltos, más días de sesión y jornadas más extensas; sin embargo, el dato incómodo es que, aun trabajando más horas, resuelve menos que la anterior integración cuando operaban las dos salas. La eliminación de esas instancias no produjo una justicia más expedita: produjo un Pleno sobrecargado, obligado a procesar asuntos que antes podían avanzar de manera paralela y especializada.
Dicho sin eufemismos: desmontaron una maquinaria imperfecta para reemplazarla con una más lenta, más ruidosa y más vulnerable a los caprichos de nueve personalidades en campaña permanente.
La nueva Corte no ha dejado de ser improductiva; sólo aprendió a ser improductiva con legitimidad electoral. Y eso, lejos de resolver el problema, lo vuelve más peligroso: ahora la demora puede presentarse como voluntad popular, la ineptitud como transformación y el sectarismo como mandato democrático.
A un año de distancia, la gran promesa de “acercar la justicia al pueblo” tiene un resultado bastante menos épico: una Corte cercana al poder, distante de los expedientes urgentes y extraviada entre egos que se disputan la presidencia como si el país no estuviera esperando sentencias, sino coronación.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ ELENA SAN JOSE/ BEATRIZ GUILLEN
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