A partir de 2027, vender gasolina o diésel sin papeles impecables tendrá un nuevo castigo: pagar una cuota de IEPS que, para mayor eficacia recaudatoria, no podrá acreditarse. La promesa oficial es combatir el huachicol fiscal; la mecánica real se parece más a poner una caseta de cobro en la escena del crimen.
El Gobierno encontró una manera muy mexicana de “combatir” el huachicol fiscal: cobrarle IEPS a la gasolina sospechosa y esperar que el impuesto haga el trabajo que deberían hacer la vigilancia, las aduanas y las fiscalías.
Según la propuesta de Ley de Ingresos enviada al Congreso, no se trata —dicen— de una medida recaudatoria tradicional. Claro: no es recaudar, es cobrar con espíritu de fiscalización. Como quien asegura que no vende paraguas durante un huracán, sino que ofrece un mecanismo climático de protección.
La lógica gubernamental es sencilla: si una gasolinera compra cierta cantidad de combustible formal y vende mucho más, en vez de que la autoridad persiga con eficacia al contrabandista, al falsificador de facturas, al funcionario cómplice o a la red que metió el producto ilegal a la cadena comercial, le coloca un impuesto al excedente sospechoso. El delito deja de ser, ante todo, un problema de investigación y castigo; se convierte en una oportunidad para llenar la caja.
La propuesta habla de establecer “un mecanismo adicional de control” para detectar diferencias sin respaldo documental. Traducido del dialecto hacendario: cuando falten papeles, llegará el SAT con la mano extendida. Porque en México la sospecha de ilegalidad no siempre activa una carpeta de investigación; a veces activa una calculadora.
El Gobierno vende la medida como una herramienta contra el huachicol fiscal, pero revela una vocación conocida: si no puede impedir que el combustible ilegal circule, al menos puede cobrar peaje por su paso. Es la versión tributaria de barrer la basura debajo de la alfombra y luego cobrar entrada para verla.
De aprobarse, la cuota entraría en vigor el 1 de julio de 2027, tras un periodo para ajustes técnicos, operativos y administrativos. Tiempo suficiente, al parecer, para afinar sistemas, capacitar burócratas y diseñar formularios; no necesariamente para responder la pregunta central: ¿por qué el Estado convierte en impuesto lo que debería combatir como delito?
Con información: ELNORTE/
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