DEL «CONTRABANDO al TERRORISMO: OPERADORES del C.J.N.G. se DOBLAN en CORTE de EE. UU».… el CÁRTEL ya había instalado en El Paso una oficina de logística.

Dos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se declararon culpables en una corte federal de Estados Unidos por cargos que ya no se maquillan como simple narcotráfico: apoyo material a una organización terrorista, además de conspiraciones vinculadas con drogas, tráfico de personas y armas de alto poder.

El CJNG no solo cruzaba droga y migrantes por la frontera: también tenía, según fiscales estadounidenses, una especie de oficina logística en El Paso para surtir fusiles, esconder mercancía humana y alimentar la maquinaria criminal del cártel.

María del Rosario Navarro Sánchez, alias La Señora, y Gustavo Castro Medina se declararon culpables de apoyar materialmente a una organización terrorista extranjera, un cargo federal que coloca sus operaciones en otra liga: la del terrorismo criminal con rutas, mensajeros, casas de seguridad y arsenal transfronterizo.

Navarro, de 40 años, habría dirigido varias casas de seguridad usadas para ocultar droga y migrantes, mientras movía contactos para comprar ilegalmente rifles tipo AK-47 y armas calibre .50, luego enviadas de contrabando a México para reforzar al CJNG. Castro Medina, de 30 años, operaba como uno de sus principales mensajeros y colaboradores; fue detenido mientras presuntamente transportaba cerca de 70 libras de metanfetamina escondidas en un Nissan Sentra.

La acusación deja una postal poco elegante, pero bastante clara: una red criminal instalada en territorio estadounidense, con casas de resguardo, armamento de guerra y tráfico de personas funcionando como si la frontera fuera una simple línea decorativa. Las autoridades ubicaron a La Señora tras encontrar su nombre en libros contables y documentos decomisados durante cateos a inmuebles vinculados con el trasiego de drogas y migrantes.

El caso adquiere especial peso porque el CJNG fue designado por la administración Trump como organización terrorista extranjera, junto con otros seis cárteles mexicanos. Eso permitió a los fiscales usar el cargo de apoyo a terrorismo, una herramienta que eleva el expediente más allá de las habituales imputaciones por narcotráfico o contrabando.

Ambos acusados enfrentan una condena mínima de 10 años de prisión y podrían recibir cadena perpetua. No era una banda de contrabandistas improvisados: era una pieza de la infraestructura criminal del CJNG operando desde El Paso, con droga, migrantes y rifles de asalto en el mismo paquete.

Con información: BREITBART/