El diario español,El Pais,cita hoy el mas reciente de violencia oficial cometido en contra de un niño de tan solo siete años,que fue ejecutado bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal,por la policía investigadora de la Fiscalía de Tamaulipas. Ejecutado, sí, porque no hay sinónimos amables cuando la institución encargada de proteger descarga plomo sobre una familia desarmada y luego se atreve a pedir disculpas como si hubiera sido un raspón en el coche: “nos equivocamos de vehículo”.
El horror jurídico y humano es mayúsculo, porque tras este crimen no hay un solo policía detenido, no hay un arma resguardada en cadena de custodia, no hay flagrancia reconocida, aunque la evidencia gritaba en la cara de los uniformados: dispararon contra inocentes.
En cualquier república que pretenda llamarse estado de derecho, los agentes debieron ser puestos inmediatas a disposición del Ministerio Público. La ley no establece párrafo alguno que los libre de ello. Ningún artículo concede la impunidad preventiva, salvo en los sueños húmedos de la burocracia que protege gatilleros con placa.
La flagrancia fue evidente: un ataque armado, con víctimas y testigos vivos señalando a los responsables, incluso reconociendo que ellos mismos admitieron “nos equivocamos”. ¿De qué tamaño es el cinismo necesario para aceptar la culpa en el terreno y aún así retirarse a casa como si nada?
El protocolo elemental diría:
- Detener a los policías autores materiales, sin excepción.
- Confiscar las armas para peritajes balísticos, cotejar casquillos, establecer trayectorias.
- Proceder a entrevistas inmediatas de mando y agentes.
- Abrir carpetas de investigación por homicidio calificado, tentativa de homicidio y abuso de autoridad.
Nada de eso ocurrió. La Fiscalía de Tamaulipas escupió un comunicado hueco, disfrazado de procedimiento, donde promete “informar conforme avancen las investigaciones”. Traducido al castellano llano: estamos ganando tiempo para encubrir a los nuestros.
No hay en la Constitución ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales atenuante alguno que autorice a los policías a exterminar a un niño bajo el pretexto de una confusión vehicular. La voz del padre resuena como acusación indeleble: pedía que dejaran de disparar con la mano en alto, mientras veía cómo le reventaban la vida a tiros. Y después vinieron los remordimientos fingidos: “disculpe, lo confundimos; perdónanos, la regamos”. No, señores: la ley no conoce el verbo “regamos”. Conoce homicidio doloso. Y la Constitución, aunque intenten aventarla a la basura, sigue diciendo que la autoridad que comete un delito deberá responder como cualquier ciudadano con doble responsabilidad,pues es autoridad.
Un niño fue abatido por el fuego del Estado. Sus padres sobreviven deshechos. Y hasta hoy los responsables duermen tranquilos en sus casas, sus armas guardadas, sus nombres protegidos bajo la sombra de un comunicado sin vergüenza.
Esto no es investigación, es complicidad oficial. Y el gobernador incapacitación de Tamaulipas,Américo Villarreal ,carga ya con este cadáver político y moral: porque cuando la policía asesina y el gobierno calla, la línea entre autoridad y sicario se evapora.
Con informacion:DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ANDRES RODRIGUEZ
Era detención inmediata y de ahí deslindar responsabilidades ya que hay flagrancia y peor aun son tan descarados en el.gobierno que van a poner a los mismos asesinos a trabajar en la famosa carpeta de investigación que poca madre que no.detengan a ninguno
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