El Gobierno federal rechazó los señalamientos de integrantes del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU en torno a la práctica de desaparición forzada por parte del Estado mexicano,acusaciones que eventualmente podría llegar a la Asamblea General, al considerar que se registran desapariciones de manera general o sistemática.
Negar como defensa
“El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”, zanjó a través de un pronunciamiento.
“México está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia. Asimismo, ha hecho manifiesto su compromiso para combatir este flagelo y ha anunciado la puesta en marcha de acciones contundentes para estos efectos”, reiteró.
La postura del gobierno mexicano, que rechaza las acusaciones de desaparición forzada, contrasta con evidencias documentadas por mecanismos internacionales y organizaciones civiles. A continuación, se desglosan los argumentos clave y se contextualiza la situación de México con casos análogos en otros países:
Respuesta a la negación oficial
- Impunidad estructural:
México registra 125,802 personas desaparecidas hasta marzo de 2025, según datos oficiales citados en medios internacionales con AljaZeera,donde se advierte la desaparición es una forma de vida en Mexico. - Sin embargo, solo el 2-6% de los casos llegan a los tribunales, y únicamente 36 sentencias se han emitido a nivel nacional. Esta cifra refleja un sistema judicial que, por acción u omisión, perpetúa la impunidad, incluso cuando existen protocolos como la Ley General en Materia de Desapariciones de 2017.
- Participación de agentes estatales:
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU determinó en 2023 que México incumplió su obligación de investigar con diligencia un caso paradigmático, donde víctimas fueron secuestradas por hombres con uniformes policiales. Este fallo subraya un patrón: la colusión entre autoridades y grupos criminales, documentada en estados como Jalisco o Tamaulipas, donde se descubrieron crematorios clandestinos operados por carteles con presunta complicidad oficial. - Un gobernador y Senador de Morena implicados han complicado un caso e desaparcion de Marinos y un presunto capo de los Zetas que servia de financiero a Americo Villarreal de morena.
Limitaciones en la implementación legal:
Aunque la ley de 2017 creó el Sistema Nacional de Búsqueda, organizaciones como WOLA señalan vacíos críticos: falta de claridad en la coordinación interinstitucional y distinciones problemáticas entre “desaparecidos” y “no localizados”, que podrían minimizar la gravedad de los casos.
Analogías globales: México en el contexto internacional
La desaparición forzada como herramienta de control no es exclusiva de México. Estos casos ilustran similitudes preocupantes:
| País | Contexto y similitudes con México | Fuente |
|---|---|---|
| Egipto | Uso de desapariciones para reprimir disidentes, con complicidad de fuerzas de seguridad. Entre 2016 y 2017, 378 personas fueron desaparecidas, incluyendo menores. | [Wikipedia] |
| Sri Lanka | Durante la guerra civil (1983-2009), entre 60,000 y 100,000 personas desaparecieron. La impunidad persiste pese a mecanismos de justicia transiciona. | [Amnesty.org] |
| Filipinas | Bajo el régimen de Ferdinand Marcos (1965-1986), las desapariciones fueron sistemáticas contra opositores, con solo 6 condenas federales en México desde 2007]. | [Wikipedia] |
| El Salvador | En la guerra civil (1980-1992), más de 8,000 desapariciones, muchas ejecutadas por escuadrones de la muerte con apoyo estatal, similar a la “Guerra Sucia” mexicana de los 70. | (Wikipedia) |
Conclusión
La negativa del gobierno mexicano a reconocer la dimensión sistémica de las desapariciones choca con la realidad: un entramado de impunidad, participación estatal indirecta y cifras crecientes. Como en Egipto o Sri Lanka,que suma la falta de transparencia y la estigmatización de familias buscadoras que terminan por agravar la crisis.
La experiencia internacional muestra que solo con presión ciudadana y supervisión internacional —como la ejercida por el Comité de la ONU— se logran avances tangibles, como la ratificación de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas por 77 países. México debe priorizar la implementación efectiva de su marco legal y cooperar con mecanismos globales para evitar seguir sumando nombres a esta tragedia.
Mecanismos de la negación estatal
La negación como mecanismo de defensa ante crisis sistémicas opera de manera similar en individuos y Estados. En el caso de México, la postura oficial que rechaza las desapariciones forzadas como política de Estado refleja patrones observados en adicciones, donde el afectado minimiza o distorsiona la realidad para evitar confrontar el problema.
- Autoengaño institucionalizado:
Al igual que un alcohólico que atribuye su comportamiento a factores externos (“fue el estrés”), el gobierno mexicano atribuye las desapariciones a “actores no estatales”, omitiendo investigaciones sobre colusiones documentadas entre autoridades y grupos criminales en 12 entidades federativas. - Victimización secundaria:
Las familias de desaparecidos enfrentan obstáculos burocráticos y estigmatización, comparable a cómo el entorno de un adicto suele culparlo por su enfermedad. En 2024, el Mecanismo de Apoyo Exterior registró 143 casos de hostigamiento a colectivos de búsqueda. - Parálisis en la implementación de soluciones:
Pese a contar con herramientas legales como la Ley General en Materia de Desapariciones, su aplicación presenta vacíos análogos a un tratamiento incompleto: solo 14 de 32 estados han creado fiscalías especializadas, y el 67% del presupuesto para búsquedas no se ejerció en 2023.
Espejos globales: negación gubernamental comparada
- Rusia (Conflictos en Chechenia):
Negó durante años las ejecuciones extrajudiciales, hasta que la Corte Europea de Derechos Humanos documentó en 2021 2,387 casos de desapariciones vinculadas a fuerzas federales. - Myanmar (Persecución rohinyá):
Las autoridades militarizadas insistieron en 2022 que las masacres eran “propaganda occidental”, pese a evidencia satelital de 392 aldeas incendiadas. - Colombia (Falsos positivos):
Entre 2002-2008, el gobierno catalogó como “bajas en combate” a 6,402 civiles ejecutados por el ejército, mecanismo de negación posteriormente desmantelado por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Ruta crítica para romper el ciclo
La experiencia internacional muestra tres pasos fundamentales:
- Reconocimiento factual (como Alemania tras el Holocausto)
- Mecanismos independientes de verificación (Comisión de la Verdad en Sudáfrica)
- Reparación integral (programas de indemnización en Argentina)
México se encuentra estancado en la fase inicial. Superar la negación requiere, como en procesos de desintoxicación, intervención externa calificada (en este caso, organismos internacionales) y presión social constante para sostener la rendición de cuentas.
Con informacion: ELNORTE/
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