Las huellas de la historia previa a la noche de Iguala están grabadas en piedra. Algunas son desconsoladoras porque muestran, dan indicios, de que no todo tuvo que ser como fue.
Un año antes de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, el 31 mayo de 2013, José Luis Abarca le dijo a Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular (UP), “me voy a dar el gusto de matarte” y se lo dio, propinándole dos balazos, uno en la cara y otro en el pecho, este último tiro respondió al consejo del jefe de seguridad pública del municipio, Felipe Flores al advertir, “dale otro putazo, porque ya está lloviendo”. 
Despiadados, ajenos al sentido del límite, Abarca y Flores llevaban una cerveza Barrilito, para sobrellevar el calor de Guerrero y las flamas que llevaban dentro, de acuerdo con la narración de un testigo de los hechos.
Un trago antes y otros después de matar. Así eran las reglas en el mundo en que Abarca se catapultó para combinar influencia política con poder criminal, una mezcla letal. Por aquellos días se sentía dueño de vidas y haciendas. Los extravíos del alcalde eran cosa conocida, pero era más fácil hacerse de la vista gorda.
Trataron de enterrar a Hernández Cardona, pero no les dio tiempo, porque informantes les señalaron que “ya se había armado la bronca”. El cuerpo se localizó el 3 de junio, ejecutado, con los ojos vendados, maniatadas las manos y con los restos de una violencia dura.
Hay que tener presente que Hernández Cardona tenía arraigo y seguidores, era representante de la izquierda social, y los suyos sabían que solía encontrarse en riesgo por sus actividades.
Desde que se supo de su desaparición no dejaron de buscarlo, e inclusive colaboraron en ello, paradójicamente, alumnos de la Escuela Normal Isidro Burgos, quienes ya desde entonces se enfrentaban a los arranques de ira del alcalde.
Abarca no quería a Hernández Cardona, tenían conflictos desde que este último había advertido a la dirigencia del PRD sobre los peligros que entrañaría promover la carrera política de un sujeto emparentado con jefes del narcotráfico y que compraba voluntades, haciendo favores y pagando campañas electorales.
De modo irresponsable, ni en la Ciudad de México ni en Chilpancingo se escucharon y mucho menos atendieron las quejas del líder de la UP.
Las autoridades policiales y ministeriales siempre tuvieron elementos para proceder contra Abarca en lo que respecta al homicidio de Hernández Cardona, además, conocían de sus pasos y de sus ligas criminales con los Guerreros Unidos. No hicieron nada y la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 se desató una espiral de maldad que aún no termina, que tiene a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa observando cómo los asesinos abandonan las prisiones por la ineficacia de la FGR.
En junio de 2018, Sofía Mendoza, la viuda de Hernández Cardona, describió la situación de dejadez en que el caso de su marido se encontraba, la falta de apoyo y la negligencia de quienes tenían el deber de protegerla.
Pero dijo algo más, que los hechos de Iguala, la desaparición de los estudiantes, “se pudieron evitar” si se hubiera actuado contra Abarca. En efecto, la ausencia de la justicia implica repetición, profundización de los problemas.
En el caso de Iguala se generó un clima propiciatorio a cualquier barbaridad, aunque ni los más osados hubieran imaginado lo que terminaría por suceder.
Cinco años después del reclamo de la viuda y una década del suceso, llegó la sentencia dictada por un juez federal de distrito, con sede en Tamaulipas, que mantendrá al exalcalde por 92 años en prisión. Se le responsabiliza del secuestro del propio Hernández Cardona y de Ángel Román Ramírez, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa.
El juzgador desestimó los cargos por delincuencia organizada, que implican las relaciones de Abarca con los Guerreros Unidos y que se refieren a su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto último, lo puede y debe impugnar la FGR, ya que es un aspecto esencial si lo que se quiere es revertir la escandalosa impunidad que suele privar en casos del mayor impacto y jerarquía.
Fuente.-@jandradej/
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