La diputada Claudia Tapia propuso una Ley de Amnistía en el Congreso local para abolir las penas o procesos de algunos delitos y estar en concordancia con la normativa federal.©
Para que Nuevo León esté en concordancia con la normativa federal, la diputada independiente Claudia Tapia propuso una Ley de Amnistía en el Congreso local.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, instó a las entidades federativas a que publiquen sus propias leyes de amnistía, en concordancia con la federal, el pasado 22 de abril del año en curso.
La entidad neoleonesa prevé la amnistía sólo para delitos políticos, por lo que Tapia Castelo busca incluir un catálogo más amplio para el olvido oficial de ciertos delitos, con la obligación de reparación del daño.
Esta nueva ley incluye una reforma al artículo 63 de la Constitución local.
“Siendo que Nuevo León es uno de los tres estados que prevé la amnistía sólo para delitos políticos, es que propongo reformar el artículo 63, fracción trigésima octava, de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León para poder expedir la Ley de Amnistía local, con todos los delitos equiparables a los que se amnistían en la Ley Federal”, explicó.
Con la Ley de Amnistía también se amplían las facultades constitucionales del órgano legislativo de Nuevo León.
“La amnistía es un acto del Poder Legislativo de un Estado a través del cual se ordena el olvido oficial de ciertos delitos, aboliendo los procesos o las penas por esas conductas punibles. La amnistía no implica un reconocimiento de inocencia, a diferencia del indulto del Poder Ejecutivo y tiene como resultado la extinción de la acción penal y las sanciones impuestas”, refirió la diputada.
Días después, el 25 de mayo, los morenistas Ramiro González y Celia Alonso presentaron otra iniciativa con el mismo fin.
“Hay que recordar que la amnistía no es facultad del Gobernador, tiene que ver con el Congreso local, tiene que ver con ciertos delitos menores”, mencionó el coordinador de la bancada Morena.
PERDÓN OFICIAL EN ABORTO
La coordinadora de la bancada Independiente Progresista, Claudia Tapia Castelo, entregó el pasado 21 de mayo esta iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso local, que incluye a las mujeres que han sido criminalizadas por interrumpir un embarazo.
Con esta reforma se contempla el indulto en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 327 a 331 del Código Penal del Estado de Nuevo León.
“Amnistía cuando se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido; se impute a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, esto siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido; se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo”, refiere la iniciativa.
El Congreso local aprobó en marzo 2019 una reforma del artículo 1 de la Constitución de Nuevo León para establecer el derecho de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, de manera que en la entidad se penaliza el aborto y la eutanasia se considera ilegal.
También este dictamen establece amnistía por cualquier delito a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, quienes durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del estado.
“Por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura”, explica el documento.
PIDEN REFORZAR REINSERCIÓN SOCIAL CON LEY DE AMNISTÍA
Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace, organización que se dedica a ofrecer asesoría legal a personas que han sido enjuiciadas injustamente, dijo que con la Ley de Amnistía en Nuevo León se tendría que reforzar la reinserción social.
“La gente piensa que con la Ley de Amnistía cualquier persona puede salir en libertad, eso es falso, tiene que reparar el daño. Un detalle que tenemos es que no hay un programa de reinserción social que pueda garantizar que las personas no reincidan, como lo que tenemos en Renace”, menciona.
Sánchez Bocanegra lamenta que exista una alta población penitenciaria que ha cometido delitos penales que no le permitirían beneficiarse de la Ley de Amnistía pero en su organización civil continuarán con los altos niveles de reinserción.
“El año pasado nos dieron unos fondos desde el Congreso, este año aprobaron otros fondos, y con eso podemos ayudar a unas 500 personas, es muy importante”, expresa.
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