La tarde del 13 de enero de 2018 el periodista Carlos Domínguez Rodríguez, de 69 años, circulaba por la avenida Morelos, en el centro de Nuevo Laredo, acompañado de una de sus nueras y dos nietos, de ocho meses y cuatro años. Al llegar al semáforo con la calle Perú, los tripulantes de una camioneta Honda de color gris impactaron su defensa trasera. Domínguez descendió para reclamarles, pero al instante regresó y se aseguró aterrado dentro del auto. Los sujetos de la camioneta en realidad iban sobre él, armados y con los rostros cubiertos con pasamontañas. Uno de ellos quebró la ventana mientras otro ordenaba a la mujer que se fuera de allí. El periodista recibió 21 puñaladas.
Dos meses y siete días más tarde, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas ordenó capturar a uno de los empresarios más conocidos de Nuevo Laredo, Rodolfo Cantú García, a tres periodistas que ejercían en esa misma ciudad, a un ex agente de la Policía Federal y un amigo suyo, ambos residentes de Zacatecas. A Cantú lo señala como autor intelectual del asesinato, a los reporteros de haber conducido a Carlos Domínguez hasta las afueras de una cafetería para que pudieran identificarlo y luego consumar el crimen. El móvil, sostiene la fiscalía, está relacionado con información difundida por Domínguez sobre un supuesto desvío millonario efectuado por el ex alcalde de ese municipio, Carlos Cantú Rosas, sobrino de Cantú García.
Pero, a decir de los abogados de la defensa y del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, el caso fue armado por el procurador estatal Irving Barrios Mójica, para consumar una vendetta política del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Siempre de acuerdo con su versión, Carlos Cantú Rosas habría desafiado políticamente al gobernador al aceptar contender nuevamente por la alcaldía de Nuevo Laredo bajo las siglas de Morena. La popularidad de la que gozaba Cantú Rosas hacía viable su triunfo electoral.
A pesar de esa popularidad, Cantú Rosas había perdido la contienda interna del PAN para elegir candidato a gobernador frente a García Cabeza de Vaca, en 2016. Ya electo, el nuevo gobernador ofreció una cartera principal a Cantú Rosas, quien terminaría por rechazarla diez días antes de que se libraran las órdenes de aprehensión en contra de su tío, los tres periodistas, al ex agente federal y su amigo. Fue entonces que dio inicio la presión del aparato estatal. Y de ello dio cuenta el mismo López Obrador, durante un acto de campaña presidencial en Nuevo Laredo.
“No me lo pidió nadie, pero creo que es mi deber decir que estamos apoyando, que ante la persecución, las amenazas, el asecho, estamos apoyando a Carlos Cantú Rosas”, dijo Lopez Obrador en medio de vítores de la concurrencia”. (…) Miren, se hizo una encuesta para ver quién nos iba a representar aquí, en Nuevo Laredo, y él ganó la encuesta. Y cuando lo supieron los de la mafia del poder, empezaron a perseguirlo a él y a su familia”. Cantú Rosas vive desde entonces en Texas. Desde allá ha promovido amparos y ganado. Pero no vuelve a Tamaulipas.
Cinco semanas después del asesinato, el 21 de febrero, un grupo de agentes ministeriales se enfrentó a tiros con los tripulantes de una camioneta Honda de color gris. Los dos tripulantes de la camioneta fueron abatidos. En el interior del automóvil, los agentes hallaron pasamontañas y un cuchillo con manchas de sangre. Pese a ello, la fiscalía canceló cualquier vínculo con el homicidio del periodista y ordenó el traslado de la evidencia al laboratorio forense de Ciudad Victoria. Allí, dicen los abogados de la defensa, se limpió el arma. Entre tanto, el agente a cargo de la investigación, Natael Castelán Iturria, maniobraba para conducir el caso hacia otro escenario.
Castelán, dicen los abogados de la defensa, buscó entre el 22 y 25 de febrero de 2018 a un antiguo cliente suyo llamado Juan Carlos Yañez Osornio, un ex delegado de la Policía Estatal de Tlaxcala apresado en enero de 2015 por el secuestro. Castelán fue su abogado defensor y dejó esa posición en 2016, al ser invitado por el procurador de Tamaulipas a formar parte de su equipo. Irving Barrios, el fiscal, adquirió relevancia en 2009, tras revelarse que sobornó a testigos protegidos para encarcelar a 21 alcaldes de Michoacán, a quienes acusó de encubrir a narcotraficantes. El escándalo, uno de los mayores durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, fue conocido como “El michoacanazo”.
Castelán contactó al ex delegado de la policía para que consiguiera a dos individuos que se atribuyeran el asesinato del periodista. Las indagatorias de los abogados que defienden a los cinco detenidos, concluyen que Yañez Osornio buscó al ex agente federal David Mejía Bravo, a quien conoció en sus tiempos de prisionero, y éste convenció al segundo individuo para atribuirse el crimen, Adrián Montes Fernández, medio hermano de otro ex agente federal, también ex convicto.
El gobierno estatal había ofrecido una recompensa de dos millones de pesos a cambio de información que condujera a la captura de los homicidas. Lo que supuestamente ofreció Castelán, el investigador a cargo del caso, fue 500 mil pesos para cada uno de los dos que habrían de confesarse autores materiales.
Carlos Domínguez Jr, hijo del periodista asesinado, mantiene en contraparte una campaña a través de su diario digital, CDMX Press, en contra de los abogados defensores y sobre todo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, a quien le revivió la declaración de un ex operador de una célula criminal apresado por la Marina. En ella sostiene que Raymundo Ramos recibía sobornos del “cártel” para difamar a las fuerzas armadas, atribuyéndoles casos de tortura, desaparición forzada y homicidios. Esa declaración, distribuida en medios locales, fue desacreditaba por la propia Marina semanas después.
En una conferencia matutina, Domínguez solicitó apoyo al presidente López Obrador. “Estoy desesperado, tengo miedo y vengo a solicitar su intervención y que no quede impune la muerte de mi viejo”, le dijo el 2 de mayo. Allí mismo acusó como autor intelectual al ex alcalde Carlos Cantú Rosas y señaló que una de sus hermanas, Carmen Lilia Cantú Rosas, contendería por una diputación local bajo cobijo de Morena. “¿A caso el plan es colarla en el Congreso para que Carlos Cantú Rosas tenga protección?”, le espetó al presidente.
El 19 de julio, al salir de otra conferencia mañanera de López Obrador, Domínguez Jr. encaró a Raymundo Ramos. Frente a reporteros que cubren la conferencia, volvió a sacarle el tema de los sobornos del “cártel”, le dijo que trabajaba también para el empresario Rodolfo Cantú García, y lo acusó de confabularse con la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, par difamar la memoria de su padre. De ello se hizo versión en algunas columnas y diarios digitales de la ciudad.
Dos días después, uno de sus hermanos, Alejandro de Jesús Domínguez, declaró al diario El Mañana de Nuevo Laredo, que es él quien realmente saca provecho del asesinato del padre de ambos.
“La verdad es que mi hermano recibe cierta cantidad al mes por parte del gobierno de Tamaulipas con tal de manchar el nombre de políticos. Está lucrando con la muerte de mi padre”, acusó. De un momento a otro, empezó a vivir de lujos, cambiar de casa, tener chofer, cosas que no teníamos cuando mi padre vivía”. De cara al juicio, que inició el 31 de julio, hablaron los abogados defensores Gabriel Regino y José Roberto Puente Martínez.
LOS HALLAZGOS DE LA DEFENSA
“Este es un asunto que trata sobre cómo en México se siguen fabricando culpables con la finalidad de que la opinión pública crea que los gobierno están abatiendo la impunidad. Pero al mismo tiempo el propio gobierno, o sus servidores públicos, se benefician públicamente de esa fabricación de culpables”, dice Gabriel Regino, quien fue subsecretario de Seguridad Pública de López Obrador en la Ciudad de México.
“Ese asunto terrible en donde hubo responsables materiales, pero por una torcida decisión de la fiscalía se aprovechó la muerte para cobrar, la propia fiscalía, sus funcionarios, una recompensa ofrecida por el Gobierno del Estado, y además provechar el caso para hacer toda una revancha política”.
El nombre del penalista fue mencionado durante la comparecencia de Jesús Zambada García, medio hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera en una corte de Nueva York. De acuerdo con Zambada, Regino recibió dinero de la organización mientras fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública. Regino refutó al instante tal aseveración. Hace dos meses y medio tomó en sus manos la defensa del empresario Rodolfo Cantú García.
-La fiscalía acusa a tres periodistas [Luis Valtierra Hernández, Juan González Zúñiga y Gabriel Garza Flores] de citar a Carlos Domínguez para que pudieran identificarlo y posteriormente asesinarlo. ¿Cuáles son los argumentos que tienen ustedes para responder?
-Carlos Domínguez Rodríguez era un periodista que trabajó en algún tiempo en El Diario de Nuevo Laredo, después se dedicó a reportear por sí mismo en un blog, en facebook, pero también se incorporó activa y eficazmente a la campaña del entonces candidato Francisco García Cabeza de Vaca.
Don Carlos Domínguez operaba territorialmente con medios en la fuente de la política. Cuando ya quedó electo García Cabeza de Vaca, Carlos Domínguez siguió colaborando un enlace con reporteros de Nuevo Laredo. De hecho, Gabriel Garza Flores (muerto en prisión en abril pasado), constantemente le llamaba porque había un ofrecimiento de que iba a tener un apoyo económico por parte del Gobierno del Estado a cambio de suministrar información que pudiera serles de interés.
El día 13 de enero del 2018, le llamó para decirle: ‘oye, pues mi feriecita’.
Carlos Domínguez, antes de ser ejecutado arteramente, se estacionó a las afueras de un restaurante, una cafetería céntrica muy conocida que se llama Arturo’s. Él iba en su carro acompañado de su nuera. Cuando estaba allí recibe una de las llamadas de Gabriel Garza Flores. Vuelve a preguntarle por el apoyo y Carlos le dice que sí, que aguante. Y después de eso, se va. Cuando Carlos todavía está afuera del restaurante, llegan caminando otros dos reporteros que saben quién es Carlos Domínguez, pero no tienen trato con él.
Llegan los dos reporteros y se meten a la cafetería, se echan su pancito, su café. Cuando salen ya no está Carlos Domínguez. Ellos iban a cubrir otro evento cuando les empiezan a llegar mensajes de que hubo un accidente cerca de ahí. Van al lugar, y se enteran que ahí es donde desgraciadamente mataron a Carlos Domínguez Rodríguez.
A partir de ello, dice el abogado, descubren el hilo de la trama que arma la fiscalía.
“Como no había avances en la investigación buscaron a dos personas que paguen por el evento”, dice. “Un fiscal de Tamaulipas (Natanael Castelán) manda llamar a un conocido suyo (Juan Carlos Yañez) y le dice: Necesito que te consigas a dos personas que se presten a ser presentadas ante los medios como los autores del hecho. El negocio es el siguiente: cobramos dos millones de pesos, 500 para ti, 500 para mí, 500 para cada uno de los que se presten a ello.
“Con ese testimonio falso libran la orden de aprehensión contra los dos supuestos autores materiales, contra los tres periodistas, y aprovechando el viaje, contra el principal adversario político del gobernador: el tío del ex alcalde de Nuevo Laredo, a quien señalan como el autor intelectual.
A los tres reporteros los señalan como quienes pusieron al periodista en su lugar y estos dos lo ejecutaron. Todo es falso”.
-¿Cómo se relaciona el tema político con el tema criminal?
En Tamaulipas, año 2018, año electoral, Carlos Cantú Rosas rompe lanzas con el gobernador al decirle que decidió renunciar al PAN y se que se va Morena, quien va a postularlo como candidato a la alcaldía de Nuevo Laredo.
El secretario de Gobierno le dice que no lo haga o se va a arrepentir. “No se te olvide que nosotros tenemos a la Contraloría y a la Procuraduría y a la Auditoría Superior y te podemos destruir”.
Con esa amenaza se va Cantú Rosas. Habla con su tío. ¿Por qué habla con su tío? Porque su tío es quien le financia la campaña, es el empresario relevante.
Entonces, le dice el tío: Atórale. Vamos con Morena. Ante eso, en la procuraduría resuelven que como está peleado con el gobernador, hay que realizarle un favor al gobernador.
Carlos Domínguez, como muchos otros periodistas en Tamaulipas, mantenían y mantienen una línea crítica en contra de los adversarios del gobernador. Domínguez había escrito dos columnas criticando a Cantú Rosas. Deciden entonces armar un caso en el que el tío se molesta por esas columnas y lo manda matar.
-Ustedes hacen referencia en el expediente de los dos individuos que mueren en el enfrentamiento con los agentes ministeriales. ¿Por qué ellos tendrían interés de asesinar a un reportero que escribía de política y no de crimen?
Él publicó dos columnas en donde decía que para las campañas de Morena iba a entrar dinero del cártel del Noreste. Pero obviamente era un ataque político. Se le ocurrió aventar esta difamación sin saber que ahí no puedes publicar nada en contra de las organizaciones criminales. Pero estos, con tal de aventar la pinche guerra sucia, se aventaron con ese dato falso. Y allá mencionar al cártel de Noreste es de ese tamaño.
-¿Quién instruía a Carlos Domínguez para el manejo de sus informaciones?
El Gobierno del Estado.
-¿Pero quién, específicamente?
La oficina de Comunicación Social.
-¿Fue el único que publicó ese dato del financiamiento?
En el caso de Nuevo Laredo, sí.
-¿Basta lo que aporta la fiscalía eso para dictar sentencia condenatoria?
En un estado de derecho, no. Eso es lo que va a estar a prueba en Tamaulipas: el estado de derecho en México.
José Roberto Puente Martínez, el defensor de los periodistas, trabajó durante seis años en el Ministerio Público. Dice que este no es el único caso armado que le ha tocado ver. Y se involucró en él, porque conoce a los reporteros y le queda claro que son inocentes.
-¿Cuál es la evidencia mayor en contra de los tres periodistas?
La declaración de la nuera, pero no la primera, que debe ser tomada como la más fuerte, sino la tercera que se realizó en Ciudad Victoria, y en donde ella dice que Carlos tuvo un pleito telefónico con Gabriel y que Gabriel le dijo que se había metido con las personas equivocadas. Pero la firma de esa declaración no corresponde con la firma de la primera. Un perito en caligrafía determinó que es falsa. El expediente de la fiscalía es deficiente en sus pruebas, carece de la veracidad que debiera tener. Es evidente que se trata de una orden superior de así llevarla a cabo.
Fuente.-Marcos Guerrero/
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