Aunque apoyan la "mano dura" contra grupos que venden facturas falsas, especialistas alertan contra una iniciativa de ley que combatiría ese delito, pues castigaría igual a delincuentes y a empresas inocentes.
El 14 de agosto, el Senado dictaminó una reforma promovida por Morena, PAN y Movimiento Ciudadano a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal Federal relativos a la defraudación fiscal para sancionar esa práctica con cárcel de oficio, es decir, sin una demanda de la autoridad de por medio.
Pablo Mendoza García, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que con los cambios, de ser ratificados, una empresa sería sancionada con la misma severidad que un "facturero", aun y cuando no hubiera actuado de mala fe y haya sido víctima de un tercero.
Ejemplificó que empresas grandes que cuentan con grandes equipos de repartidores, a los que les dan viáticos para luego deducir, podrían después recibir de éstos una factura ilegal de algún restaurante u otro negocio.
En ese caso la autoridad fiscal acusaría a los directivos de la empresa de delincuencia organizada, cuando en realidad ellos a su vez fueron engañados, y las sanciones serían equiparables a las contempladas en el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional para el Terrorismo y el Narcotráfico.
"No es posible que el dueño de un negocio deba ir al domicilio de cada proveedor para verificar que es el que aparece en cada una de las facturas, pues la reforma de combate genera en ese sentido inseguridad jurídica", criticó Ricardo Cervantes Vargas, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas y socio del Despacho Chévez Ruiz Zamarripa.
"La inversión nacional y extranjera quedará inhibida de aprobarse (la iniciativa) como está en el Senado".
Los especialistas coincidieron que, de convertirse en Ley, los empresarios podrían ser encarcelados y perder sus bienes con la Ley de Extinción de Dominio.
Rodolfo Félix Cárdenas, ex Procurador del Distrito Federal, consideró que si esta iniciativa es aprobada podría generar "amparos en cascada".
"Es un problema muy preocupante la defraudación fiscal, todos estamos de acuerdo en que esto se combata, nadie dice que no, pero lo que es muy delicado es que se quiera convertir al delito de defraudación fiscal en delito de delincuencia organizada.
La Senadora priista Nuvia Mayorga advirtió que es fundamental cuidar que el tema de defraudación fiscal no se confunda con uno de seguridad nacional, a efecto de no caer en "terrorismo fiscal".
"Estamos en favor de que haya sanciones y algunas disposiciones, pero también que se cuide a los empresarios, a la iniciativa privada para no caer en un tema de espanto".
Xóchitl Gálvez, Senadora panista, señaló que es necesario estar conscientes de que "se puede afectar a los buenos empresarios, a los que sí trabajan y a declaran impuestos".
El Senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, calificó de "desproporcionadas" las sanciones que contempla la iniciativa a las empresas.
Advirtió que también las pequeñas y medianas empresas estarían en una inseguridad jurídica, pues carecen de un aparato auditor como el que tienen los grandes negocios.
El 14 de agosto, el Senado dictaminó una reforma promovida por Morena, PAN y Movimiento Ciudadano a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal Federal relativos a la defraudación fiscal para sancionar esa práctica con cárcel de oficio, es decir, sin una demanda de la autoridad de por medio.
Pablo Mendoza García, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que con los cambios, de ser ratificados, una empresa sería sancionada con la misma severidad que un "facturero", aun y cuando no hubiera actuado de mala fe y haya sido víctima de un tercero.
Ejemplificó que empresas grandes que cuentan con grandes equipos de repartidores, a los que les dan viáticos para luego deducir, podrían después recibir de éstos una factura ilegal de algún restaurante u otro negocio.
En ese caso la autoridad fiscal acusaría a los directivos de la empresa de delincuencia organizada, cuando en realidad ellos a su vez fueron engañados, y las sanciones serían equiparables a las contempladas en el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional para el Terrorismo y el Narcotráfico.
"No es posible que el dueño de un negocio deba ir al domicilio de cada proveedor para verificar que es el que aparece en cada una de las facturas, pues la reforma de combate genera en ese sentido inseguridad jurídica", criticó Ricardo Cervantes Vargas, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas y socio del Despacho Chévez Ruiz Zamarripa.
"La inversión nacional y extranjera quedará inhibida de aprobarse (la iniciativa) como está en el Senado".
Los especialistas coincidieron que, de convertirse en Ley, los empresarios podrían ser encarcelados y perder sus bienes con la Ley de Extinción de Dominio.
Rodolfo Félix Cárdenas, ex Procurador del Distrito Federal, consideró que si esta iniciativa es aprobada podría generar "amparos en cascada".
"Es un problema muy preocupante la defraudación fiscal, todos estamos de acuerdo en que esto se combata, nadie dice que no, pero lo que es muy delicado es que se quiera convertir al delito de defraudación fiscal en delito de delincuencia organizada.
La Senadora priista Nuvia Mayorga advirtió que es fundamental cuidar que el tema de defraudación fiscal no se confunda con uno de seguridad nacional, a efecto de no caer en "terrorismo fiscal".
"Estamos en favor de que haya sanciones y algunas disposiciones, pero también que se cuide a los empresarios, a la iniciativa privada para no caer en un tema de espanto".
Xóchitl Gálvez, Senadora panista, señaló que es necesario estar conscientes de que "se puede afectar a los buenos empresarios, a los que sí trabajan y a declaran impuestos".
El Senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, calificó de "desproporcionadas" las sanciones que contempla la iniciativa a las empresas.
Advirtió que también las pequeñas y medianas empresas estarían en una inseguridad jurídica, pues carecen de un aparato auditor como el que tienen los grandes negocios.
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