«LIBERAN al ESPOSO de ESPAÑOLA: ABOGADO de AMÉRICO le GANA a IRVING y CDV con AYUDA de la JUSTICIA en MANOS de TANIA CONTRERAS»… detrás de fallos jurídicos suelen esconderse los cálculos políticos.

En Tamaulipas, la justicia en manos de Tania Gisela Contreras, fichada por narcopoliticos ,parece tener dos escritorios: en uno revisa expedientes; en el otro calcula a quién le revienta la resolución. Esta vez, ambos quedaron peligrosamente cerca. Según Noticiero de Victoria, ayer 28 de octubre por la noche, se ordenó la libertad inmediata de Jorge Fernández González, esposo de la española María del Pilar Garrido Santamans, tras considerar injusta la condena de 47 años que le habían impuesto por su feminicidio.

LA «CUARTA TRAICIÓN: MAGENTA DESGRANA el ROSARIO de LEALTADES ROTAS en el ECOSISTEMA HUMANISTA y TRANSFORMADOR»… de la reversa, que también es cambio, al sálvese quien pueda.

En la 4T, la transformación ya tiene competencia: la traición. En su análisis de Al Punto, de Código Magenta, Ramón Alberto Garza y Antonio Navalón retratan un poder donde las lealtades duran hasta que aparece un video, se filtra una fotografía o alguien necesita entregar una cabeza para conservar la propia.

El caso de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, sirve como primer plato del banquete. Los periodistas describen una trama de proveedores, relaciones personales y presuntas irregularidades que habría terminado convertida en munición para las disputas internas del oficialismo. La pregunta que recorre la conversación es incómoda: ¿se está combatiendo la corrupción o simplemente administrando el escándalo para decidir a quién sacrificar?

Navalón introduce un matiz indispensable: si las auditorías documentan irregularidades, hay que reconocerlo y exigir consecuencias. La rendición de cuentas no debería depender de una filtración o de que un aliado caiga de la gracia del poder.

Una cabeza para apagar el incendio

El segundo episodio tiene como protagonista a Maru Campos. Según la lectura de Garza y Navalón, la gobernadora pasó de confrontar a la presidenta a recomponer la relación a costa de su colaborador César Jáuregui. De figura opositora a negociadora de su propia supervivencia: mucho desafío al principio y, al final, una cabeza sobre la mesa.

Los analistas cuestionan que la controversia por la colaboración con agentes estadounidenses termine desplazando la discusión sobre el desmantelamiento de un laboratorio de drogas. También señalan una contradicción: si un operativo merece acusaciones de traición, ¿por qué el señalamiento no alcanza por igual a todos los participantes, incluidos los militares?

La patria como garrote

La crítica central apunta al uso político de la expresión «traición a la patria»: una etiqueta que, en su interpretación, sirve para intimidar adversarios, disciplinar gobernadores y convertir la cooperación incómoda en pecado nacional.

El cierre es demoledor: entre presuntos negocios, filtraciones y ajustes de cuentas, la discusión pública acaba reducida a quién entrega a quién. La seguridad, los recursos públicos y la rendición de cuentas quedan esperando turno.

La cuarta transformación, bajo esta mirada, amenaza con terminar en una cuarta coartada: todos invocan a la patria mientras buscan cómo salvar el pellejo.

Con información: Codigo Magenta/

EL «CHUY NO LLEGO a NAVIDAD: VIDEO ADVIERTE los MOMENTOS PREVIOS del SOBREVUELO del BOLUDO y NADIE VA COBRAR los 5 MILLONES de DOLARES de RECOMPENSA»…la Marina le cancelo el castigo.

A Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, se le acabó el calendario antes de diciembre. Ni posada, ni brindis, ni recalentado: el presunto operador del Cártel de Guasave murió durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina en Sinaloa. Por él, el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

Identificado como el segundo operador en importancia de la organización encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, González Peñuelas fue uno de los dos hombres que perdieron la vida en el operativo del 26 de octubre, en las inmediaciones de Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Sinaloa.

Un negocio sin nada de espíritu navideño

Según la información proporcionada, González Peñuelas encabezaba desde principios del milenio una célula dedicada a producir y distribuir metanfetamina, marihuana y heroína. También supervisaba laboratorios para procesar goma de opio y, más recientemente, habría incursionado en el tráfico de fentanilo. Lo suyo no era precisamente repartir dulces.

En esa estructura figuraban sus hermanos Ignacio y Wilfrido González Peñuelas, además de Efraín Mendivil Figueroa, Adelmo Núñez Molina, Raúl Payán Meraz y Juana Payán Meraz.

La organización funcionaba como uno de los brazos fuertes de “El Chapo Isidro” para el tráfico de drogas y, en su momento, colaboró con Rafael Caro Quintero. Su radio de operación comprendía Sinaloa, Sonora y puntos fronterizos del noroeste, con células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

Del vehículo al matorral; del matorral al enfrentamiento

De acuerdo con el comunicado los elementos navales realizaban labores de seguimiento y vigilancia apoyadas en inteligencia naval cuando dos hombres armados descendieron de una camioneta y se internaron en una zona de matorrales.

Desde ahí, según la versión oficial, dispararon contra los marinos que se aproximaban. Los uniformados repelieron la agresión y ambos hombres murieron. El área quedó resguardada hasta la llegada de las autoridades ministeriales.

El saldo del aseguramiento fue de cuatro camionetas con reporte de robo, tres armas largas, tres cargadores y 46 cartuchos. Todo quedó a disposición de la Fiscalía General de la República para integrar la carpeta de investigación.

Otro golpe al círculo de “El Chapo Isidro”

La muerte de “Chuy Peñuelas” se suma a los operativos con los que la Marina ha golpeado al círculo cercano de “El Chapo Isidro”, señalado como uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

Las autoridades federales anunciaron que mantendrán su presencia operativa en Sinaloa para combatir a los grupos delictivos y prevenir nuevos hechos de violencia. Para el Cártel de Guasave, el cierre de año llegó con una baja en la estructura; para “Chuy”, ni siquiera hubo diciembre.

Con información: ELNORTE/

«NO ME ARREPIENTO: SENADOR MORENO CORRESPONSABLE de DAR SUPERPODERES a TADDEI en el INE»… mero facilitador de la corrupción.

Pavel Jarero no se arrepiente. El senador de Morena que impulsó la reforma para que Guadalupe Taddei nombrara directamente a directivos del Instituto Nacional Electoral mantiene intacta su fe en la fórmula: si la presidenta no consigue los votos del Consejo General, se le quita al Consejo la facultad de votar. La construcción de acuerdos, al parecer, era un trámite demasiado incómodo.

Ante los cuestionamientos por presuntos escándalos de corrupción dentro del organismo, el legislador defendió la concentración de atribuciones con una palabra de apariencia inofensiva: facilitar. Facilitar los nombramientos, facilitar la integración del equipo y, desde luego, facilitar que la Presidencia dejara de depender de una mayoría que no lograba reunir.

“Bueno, mira, lo que hay que decir es que lo que se busca es que no hubiera controversias al interior y darle esa atribución a quien presida el órgano electoral. Y simple y sencillamente hay que decir que esa ha sido la idea principal, facilitar”, afirmó.

La solución legislativa tuvo esa delicadeza: para que no hubiera controversias entre consejeros, se retiró al órgano colegiado la facultad de aprobar esos nombramientos. No resolvieron el desacuerdo; hicieron innecesario el acuerdo.

La reforma es suya; las explicaciones, de otros

Jarero presentó la propuesta para quitar al Consejo General la aprobación de los nombramientos de directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas. Ahora, frente a las posibles irregularidades, sostiene que corresponde investigar, auditar y, si existen elementos, sancionar.

“Y en el caso concreto de lo que está ocurriendo, pues se tiene que investigar, se tiene que realizar las auditorías que se tengan que realizar y sancionar si así se tiene que hacer”, expresó.

Investigar las presuntas irregularidades es indispensable. Lo que esa respuesta no despeja es el cuestionamiento sobre el diseño que promovió: si fue conveniente sustituir una decisión colegiada por la atribución directa de una sola persona. Jarero responde sobre las eventuales responsabilidades de los funcionarios; sobre su decisión legislativa, no concede un milímetro.

Cuando se le preguntó si no habría sido preferible conservar la colegialidad, volvió al mismo argumento, ya convenientemente convertido en estribillo: que quien presida el INE pueda integrar su equipo.

“Pues mira, el tema es simple y sencillamente que quien presida el órgano tenga la posibilidad de integrar a su equipo de colaboradores. Esa es nuestra función como legisladores. Y ya dentro del órgano existen otras instancias que tienen que hacer la parte que les corresponde”, respondió.

Su función, según esa explicación, termina donde empieza la de otros: los legisladores conceden la atribución; las instancias internas revisan después cómo se ejerció. La pregunta sobre la pertinencia de retirar el contrapeso puede esperar sentada.

“Pero el origen de la propuesta es muy sencillo, evitar la confrontación interna porque evidentemente que hay una serie de intereses y lo vimos previo a la discusión de la propuesta que nosotros presentamos”.

En esa lógica, la confrontación no se supera mediante acuerdos: se evita retirando a una de las partes la facultad de decidir. Una manera bastante expeditiva de alcanzar la concordia.

Ocho votos eran demasiada molestia

En octubre de 2024, Morena aprovechó la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y permitir que Taddei designara directamente a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas del INE.

Hasta entonces, esos nombramientos necesitaban el respaldo de al menos ocho de los 11 integrantes del Consejo General. Taddei no había conseguido esa mayoría para diversas designaciones y, después de año y medio al frente del Instituto, 10 de las 17 posiciones directivas estaban ocupadas por encargados de despacho.

Había, pues, una dificultad concreta: la presidenta no reunía los votos. La respuesta de Jarero, presentada de último momento, no consistió en exigir mejores acuerdos, sino en modificar la ley para que esos votos dejaran de hacer falta.

Para justificarlo, el senador redujo la importancia de los cargos involucrados: eran, dijo, “funcionarios menores”, de áreas “de carácter más administrativo y de carácter menor”. La designación de la Secretaría Ejecutiva, aclaró entonces, seguiría requiriendo ocho votos.

“El tema de los directores, pues prácticamente se trata de funcionarios menores. Se mantiene que el titular de la Secretaría sea propuesta, sólo son otras áreas de carácter más administrativo y de carácter menor”, justificó.

Menores para defender la reforma; suficientemente relevantes para que hoy se pregunte por las consecuencias de haber cambiado el procedimiento de sus nombramientos.

Arrepentirse, ni por equivocación

La pregunta final fue directa: ¿se arrepentía de haber promovido la modificación?

“No, no, porque cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra conducción. Y si hay que revisar, auditar y sancionar, pues se tiene que revisar, auditar y si hay elementos, sancionar a quien haya incurrido en alguna desviación”, sostuvo.

Con información: ELNORTE/

“¡ALTO AHÍ, IDENTIFÍQUESE y ORÍLLESE a la ORILLA!”: “MORENA APRUEBA REFORMA para PONERLE RETÉN MILITAR a la INVERSIÓN EXTRANJERA”… proteger posiciones estratégicas con obstáculos al avance económico.

La inversión extranjera busca reglas claras; la reforma aprobada en lo general por la Cámara de Diputados le ofrece un puesto de revisión con más uniformes y una barrera que puede quedarse abajo si la autoridad no responde. Presentada como un refuerzo de la seguridad nacional, la modificación corre el riesgo de incurrir en un error de manual: confundir la protección de posiciones estratégicas con la colocación de obstáculos al avance económico.

Con 314 votos a favor y 117 en contra, el pleno avaló incorporar a los titulares de Defensa, Marina, Seguridad y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum pretende que determinadas operaciones se examinen no sólo por sus beneficios económicos, sino también por sus posibles riesgos para el país.

Una cosa es custodiar el perímetro; otra, ponerle retén a la inversión

Proteger infraestructura estratégica, tecnologías críticas, productos de doble uso, insumos fundamentales, seguridad alimentaria e información sensible no es un capricho. Ningún argumento serio a favor de la inversión exige entregar activos delicados sin revisar quién compra, qué controla y para qué lo quiere.

Pero precisamente porque la misión importa, las órdenes deben ser claras. Una política de seguridad económica necesita identificar amenazas, delimitar competencias y establecer procedimientos previsibles. De lo contrario, el inversionista deja de calcular únicamente el riesgo de su negocio y empieza a calcular el humor de la ventanilla.

La reforma contempla una resolución favorable de la CNIE para determinadas adquisiciones en las que la participación extranjera supere, directa o indirectamente, el 49 por ciento del capital de una sociedad mexicana cuyos activos excedan el umbral correspondiente. El problema señalado durante el debate es que ese monto se determinará después y que la Comisión podrá ampliar las actividades o sectores sujetos a revisión.

En lenguaje de cuartel: primero ordenan el despliegue y después dibujan el mapa.

No se trata de exigir que toda cifra quede congelada para siempre en la ley. Se trata de que la facultad de actualizar umbrales y delimitar sectores tenga criterios verificables, límites y controles. Sin esas coordenadas, la flexibilidad administrativa puede convertirse en discrecionalidad: el terreno donde el permiso deja de depender de una regla comprensible y empieza a depender de una interpretación imprevisible.

El silencio no debería disparar contra el solicitante

Otro flanco señalado por la oposición es la negativa ficta: si la Comisión no responde en 45 días, la solicitud se considera rechazada.

La objeción merece atención. Si una operación representa un peligro, corresponde identificarlo y justificar la decisión. Si el expediente necesita correcciones, deben señalarse. Pero si la autoridad simplemente no hace su trabajo a tiempo, cargarle el costo al solicitante convierte la demora burocrática en una sanción sin explicación.

La consigna queda digna de una oficina atrincherada: «Si no recibimos órdenes, abrimos fuego contra el trámite».

Tampoco sería sensato permitir automáticamente una adquisición sensible sólo porque venció el plazo. El verdadero dilema no es escoger entre autorización ciega y rechazo mudo, sino diseñar un procedimiento que obligue a resolver, motive las restricciones y permita impugnarlas.

Más uniformes no equivalen a mejor inteligencia

Conviene precisar el alcance: incorporar a Defensa y Marina no significa, por sí mismo, que cada institución obtenga un veto individual. Las decisiones corresponden a la CNIE como órgano colegiado. Criticar la reforma exige describirla con precisión, no atribuirle facultades distintas de las planteadas.

La pregunta pertinente es otra: ¿qué justifica el voto permanente de las instituciones de seguridad y cómo se delimitará su intervención en operaciones cuyo riesgo no sea evidente?

Su conocimiento puede ser relevante para evaluar amenazas específicas. Eso no vuelve intercambiables la inteligencia militar, la evaluación tecnológica y el análisis económico. Reunirlas exige responsabilidades diferenciadas, no la presunción de que añadir mandos mejora automáticamente la puntería.

Según los cuestionamientos expuestos en tribuna, tampoco queda suficientemente definido el contenido del informe semestral al Congreso. Una supervisión que recibe partes de novedades sin información exigible puede terminar enterándose de que «todo está bajo control», sin herramientas para comprobarlo.

El error estratégico: defender la plaza debilitando su capacidad de crecer

La defensa oficial, expresada por Dolores Padierna, plantea una necesidad legítima: atraer capital, tecnología y empleo sin perder control sobre activos críticos. Precisamente por eso, la eficacia de la reforma no debería medirse por cuántas autoridades incorpora, sino por qué tan bien distingue una amenaza de una inversión productiva.

Ahí está el error estratégico potencial: diseñar un filtro tan abierto en sus alcances y tan incierto en su ejecución que termine encareciendo también las operaciones que el país sí quiere recibir.

No hace falta dar por probadas las acusaciones opositoras de «extorsión institucionalizada» o «expropiación disfrazada» para advertir el problema. Basta examinar los incentivos: umbrales pendientes, sectores ampliables y rechazo por silencio pueden aumentar la incertidumbre si no están acompañados de límites efectivos y decisiones debidamente justificadas.

La seguridad nacional necesita capacidad para detener operaciones peligrosas, no licencia para volver sospechosa cualquier operación. Proteger la economía exige vigilancia; promoverla exige certidumbre. Una reforma que fortalezca la primera sacrificando innecesariamente la segunda puede ganar el control del acceso y perder la misión.

Porque una cosa es impedir que entre el enemigo y otra muy distinta es conseguir que nadie quiera acercarse a la puerta.

Con información: ELNORTE/

“ARGUYENDO ESTADO de DERECHO: EX-PRESIDIARIO del GOBIERNO de AMÉRICO AMAGÓ con CÁRCEL a TRANSPORTISTAS”… el predicador del orden estuvo 2 años en el penal de Tamatán por secuestro.

En Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo salió a recordar que las protestas pueden terminar en órdenes de aprehensión. El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y vocero de Seguridad,dejó abierta la posibilidad de proceder contra participantes en las movilizaciones de transportistas. 

El detalle incómodo para el predicador del orden es que su propia trayectoria incluye una detención por una acusación de secuestro que le valió dos años de carcel en el penal de Tamatan.Una cosa es pronunciar “Estado de Derecho” frente al micrófono y otra conseguir que el pasado no se siente junto a uno en la conferencia.

“Nunca se descarta nada, al final de cuentas el establecimiento del Estado de Derecho es el respeto a las garantías de todos”, respondió cuando le preguntaron por posibles acciones legales contra manifestantes, con el antecedente de la detención del dirigente agrícola Guillermo Aguilar, de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas. Traducido del idioma burocrático: reconocemos su derecho a protestar, pero la posibilidad de una aprehensión sigue sobre la mesa.

El pasado no desaparece porque ahora tenga nombramiento

La advertencia tiene un contraste que no cabe debajo del membrete oficial. Eje Central publicó que Zúñiga Castillo fue acusado y detenido en 2015 por el delito de secuestro. 

«El excoordinador antisecuestros en el estado, Willy Zúñiga Castillo, fue acusado por secuestro en 2015 , detenido dos años en el penal de Tamatan. Se le vinculó con Raúl Gámez La Borrega, expolicía ministerial integrante del Cártel del Noreste. Sin embargo el gobernador Villareal Anaya nombró a Willy Zúñiga como rector de la Universidad de Seguridad y Justicia del gobierno estatal» y luego Secretario del Consejo Estatal de Seguridad Publica,ademas de Vocero».

En Valor Tamaulipeco lo publicamos el 8 de junio de 2026 retomando información judicial y de la de Revista Vertical que sostiene que permaneció casi dos años preso y posteriormente fue liberado por deficiencias en la integración del expediente.

La estampa política, esa sí, viene completa: un funcionario con ese episodio en su trayectoria ofrece ahora lecciones públicas sobre los límites de la protesta. El expediente no desaparece de la conversación porque el señalado haya cambiado el lugar del interrogatorio por el del micrófono.

Derecho a manifestarse, con advertencia incluida

Zúñiga sostuvo que las autoridades respetan la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, pero actuarán cuando se presenten conductas constitutivas de delito, sean del ámbito federal o estatal. Su declaración no anunció órdenes ya emitidas: dejó abierta la posibilidad de proceder. La diferencia importa, aunque el tono del mensaje alcance para poner a los inconformes sobre aviso.

“Todos estamos sujetos a un Estado de Derecho”, dijo. La frase luce impecable en una declaración oficial. Lo incómodo aparece cuando quien la pronuncia tiene que compartir el encuadre con los antecedentes que no figuran en la presentación del cargo

Ni cierre total, ni órdenes anunciadas

De acuerdo con el reporte del propio vocero, había concentraciones en las rutas Monterrey-Laredo y Monterrey-Reynosa, con circulación parcialmente abierta y paso intermitente de vehículos. En uno de los puntos estimó entre 20 y 30 unidades, aunque señaló que podían incorporarse más transportistas. Es decir, su propio balance describía afectaciones parciales, no un cierre total sostenido de ambas rutas.

“Sí hubo un bloqueo inicialmente en lo que hacían sus maniobras”, explicó, antes de precisar que el último reporte indicaba “una vialidad parcial abierta”. Mientras las autoridades seguían pendientes de cierres y aperturas, Willy dejó colocada otra señal en la carretera: la posibilidad de proceder penalmente.

No anunció aprehensiones concretas, pero tampoco quiso descartarlas. Y ahí quedó la postal: el funcionario cuyo pasado incluye una detención reportada por secuestro, administrando desde el poder la advertencia de que otros pueden acabar detenidos. El micrófono cambió de manos; la memoria pública no tiene por qué apagarse.

Con información: EJE CENTRAL/ NOTICIERO DE VICTORIA/

«MÉXICO a CRÉDITO: el DINERO NO le ALCANZA a SHEINBAUM porque la CUENTA NO se PAGA con APLAUSOS: SENADORES AVALAN MÁS DEUDA»… entre porras y reclamos.

En la banqueta se dice sin rodeos: cuando lo que entra no alcanza para lo que se gasta, hay que pedir prestado. Y el préstamo no se convierte en ingreso propio nomás porque lo autorice una mayoría levantando la mano.

Ese es el fondo del paquete fiscal para 2027 que Morena empujó en el Senado y aprobó en lo general en poco más de cuatro horas: una autorización de endeudamiento interno por hasta 1.7 billones de pesos. Detrás del pleito de tribuna aparece una pregunta bastante menos cómoda que cualquier consigna: ¿cuánto del funcionamiento del Gobierno necesita financiarse con dinero que después habrá que devolver?

La palabra clave es dependencia. No hace falta decretar que México está quebrado —como advierte la oposición— para señalar que el presupuesto sigue necesitando crédito. Pero tampoco basta con que el oficialismo denuncie mentiras para explicar cómo piensa reducir esa necesidad. En el Senado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara rechazó las acusaciones sobre el endeudamiento; la discusión de fondo, sin embargo, no se resuelve con un desmentido desde el micrófono.

La bronca no es pedir prestado: es para qué y con qué pagar

Guadalupe Murguía, del PAN, sostuvo que el Gobierno necesita contratar deuda para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos, incluidos los intereses de créditos anteriores. También aseguró que, por quinto año consecutivo, el costo financiero superaría la inversión física productiva, que situó en 1.02 billones de pesos. Son señalamientos de una legisladora opositora y deben presentarse como tales, no como una auditoría independiente.

Aun con esa precisión, el contraste merece atención: el cuestionamiento no es solamente cuánto se debe, sino cuánto cuesta cargar con lo que ya se debe y qué espacio queda para construir algo nuevo.

Dicho a ras de calle: una cosa es pedir dinero para poner un negocio; otra, necesitar financiamiento mientras los intereses se comen la capacidad de arreglar el local. La comparación sirve para entender el problema, no para fingir que un país funciona exactamente como una familia.

También hay que quitarle espuma al discurso opositor: que el monto de nueva deuda se parezca al de los intereses no demuestra, por sí solo, que cada peso prestado vaya directamente a pagarlos. Esa afirmación exige revisar las cuentas completas. La denuncia de Murguía plantea ese problema, pero no sustituye su comprobación.

A unos, estímulos; a otros, un cobro mayor

De último momento, el oficialismo introdujo una reserva para incorporar incentivos fiscales a la industria automotriz, en un entorno de aranceles, y a las gasolineras. La modificación obligaría a devolver la Ley de Ingresos a la Cámara de Diputados. El reporte de la sesión no detalla el costo de esos beneficios: sin ese dato, falta una pieza para evaluar a quién se alivia y cuánto deja de recaudar el Gobierno.

En el otro extremo está el Derecho de No Residente: el cobro pasaría de 983 a 1,158 pesos. Son 175 pesos adicionales, alrededor de 17.8% más. Hasta Jorge Carlos Ramírez Marín, del Verde, pidió mantenerlo sin cambios.

Mayuli Latifa llevó 20 kilos de sargazo a la tribuna para denunciar las dificultades de Quintana Roo y rechazar el aumento. La escenografía llamó la atención; la pregunta económica es menos vistosa: qué justifica cobrar más al visitante y qué efectos podría tener sobre la actividad turística. El perjuicio no puede darse por demostrado únicamente con el discurso de una senadora.

Ni porra oficial ni certificado de defunción

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, resumió otra objeción: volver a apretar a quienes ya pagan impuestos. El PAN, por su parte, exhibió cartulinas que comparaban una deuda de 10.55 billones con otra de 21.66 billones para 2026. Pero una pancarta no explica por sí sola los periodos, la inflación ni la comparabilidad de los montos. Sirve para la fotografía; no alcanza como diagnóstico.

Lo que este paquete deja sobre la mesa es suficientemente serio sin cargarle adjetivos de más: nueva autorización de deuda, cuestionamientos sobre el peso de los intereses, aumentos en determinados cobros y beneficios fiscales para sectores específicos.

La exigencia, sin filias ni fobias, tendría que ser elemental: que el Gobierno explique cuánto necesita pedir, cuánto cuesta lo que ya pidió y cómo evitará que el crédito siga siendo la muleta del presupuesto. Porque aprobar la cuenta no es lo mismo que tener con qué pagarla.

Con información: ELNORTE/