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La Dirección Federal de Seguridad (DFS) tenía nombre de institución y prácticas de hampa. Creada en 1947 con militares, terminó convertida en policía política del régimen priista: espiar opositores, perseguir estudiantes, torturar detenidos , participar en desapariciones y ejecuciones. Todo bajo una coartada muy conveniente: proteger la seguridad nacional. La del gobierno, por supuesto; no la de sus víctimas.
El reportaje en video describe algo más que una corporación corrompida: un aparato donde convivían la represión política, los negocios criminales y la protección oficial. Sus credenciales —las famosas charolas— podían funcionar como salvoconductos para quienes debían estar del otro lado de las rejas.
Y aquí aparece un apellido que merece detener la grabación:Javier García Paniagua, padre de Omar García Harfuch. García Paniagua encabezó la DFS y después fue subsecretario de Gobernación. No era un espectador: ocupó posiciones de mando en el aparato de seguridad del régimen.
El pasaje central del video sostiene que, entre 1978 y 1980, Rafael Aguilar Guajardo fue acreditado como funcionario de la DFS por orden directa de García Paniagua, durante la jefatura de Miguel Nazar Haro. Hablamos de quien después sería uno de los fundadores del Cártel de Juárez. Según esa narración, el futuro capo no tenía que esconderse de la policía: llevaba una identificación de ella.
El resto del relato completa el retrato: vigilancia e infiltración de movimientos sociales; detenciones clandestinas y tortura; mandos relacionados con redes delictivas; credenciales oficiales en manos de narcotraficantes.
También recuerda el asesinato del periodista Manuel Buendía, por el que fueron sentenciados el director de la DFS, José Antonio Zorrilla Pérez, y el agente Rafael Moro Ávila. No eran únicamente “excesos” de subordinados: en ese crimen, la responsabilidad alcanzó la dirección del organismo.
Por eso, llamar a la DFS “el primer cártel de la época moderna” no es gratuito, ni una provocación editorial. Un aparato estatal cuyos integrantes y mandos participaron en prácticas criminales, reprimieron para sostener al gobierno y, en distintos casos, protegieron negocios del narcotráfico. Hampones con oficina, sueldo público y acceso al poder.
El caso del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, en 1985, exhibió esos vínculos y precipitó el desmantelamiento de la corporación.
La DFS desapareció; el video cierra con una cuenta mucho menos tranquilizadora: la mayoría de sus principales responsables no recibió castigo por los crímenes que describe. Se acabaron las siglas. La impunidad no se fue con ellas.
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