A Francisco «Pancho» García Cabeza de Vaca ya no sólo lo señalan desde la banqueta de enfrente: ahora también le apuntan quienes despacharon en su gobierno. Primero fue Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud; ahora es Carlos Alberto García González, exsecretario de Desarrollo Económico, quien sostiene que las instrucciones para las contrataciones que hoy lo tienen metido en tres causas penales salieron de la oficina del entonces gobernador. La lealtad, por lo visto, empieza a adelgazar cuando engordan los expedientes.
El asunto tiene una diferencia importante frente al acostumbrado intercambio de lodo entre adversarios: quienes señalan al exmandatario panista conocieron la administración por dentro. Saben quién ordenaba, quién contrataba y quién soltaba el dinero. García González pide, precisamente, que se investigue esa cadena de decisiones y que en el caso del Clan Villareral no se tocan.
«Yo no decidía»: el exsecretario señala hacia el despacho principal
En entrevista con la periodista Rosy Pereda, del programa Informativo W, el viernes 23 de octubre, García González atribuyó directamente a Cabeza de Vaca las instrucciones relacionadas con los hechos que le imputan:
“Los hechos que se me imputan en mi actuación como secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, pues en aquel tiempo fueron ejecutados por instrucciones de la oficina del entonces Ejecutivo Estatal, en particular del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca”.
El exfuncionario sostuvo que su dependencia únicamente actuaba como área requirente y negó haber tenido atribuciones para seleccionar proveedores, adjudicar contratos, determinar montos o autorizar y ejecutar pagos. En traducción del burocratés al castellano de banqueta: él dice que pedía el servicio, pero que las decisiones se cocinaban en otra oficina. Esa es su versión defensiva; falta que las investigaciones determinen si los documentos la sostienen.
Según la información de fuentes judiciales publicada por Proceso, García González enfrenta tres causas por contrataciones celebradas entre 2019 y 2020, por un monto conjunto de 11 millones 612 mil 941 pesos. Dos expedientes ya derivaron en vinculaciones a proceso, dictadas el 20 de octubre de 2025; el tercero sigue sin audiencia inicial, aunque fue abierto desde 2023. Mucho membrete, mucho expediente y, en este último caso, ni siquiera han logrado arrancar la primera audiencia.
Tres expedientes y una cuenta de 11.6 millones
1. Servicios profesionales por 3 millones 250 mil pesos
El primer caso corresponde a un contrato celebrado el 16 de julio de 2019, en cuya operación participaron García González y Miguel Ángel Villarreal Ongay, entonces secretario de Administración. El exsecretario de Desarrollo Económico fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño de funciones judiciales o administrativas.
Como medidas cautelares, un juez le prohibió salir del país, acercarse a Ninfa Cantú Deándar —quien presentó la denuncia cuando encabezaba Desarrollo Económico— y acudir a las instalaciones de esa dependencia. García González impugnó la vinculación, pero, de acuerdo con la información judicial fechada el 23 de octubre, el recurso seguía pendiente de resolución. La oficina donde antes despachaba terminó convertida en un lugar al que judicialmente no puede acercarse.
La feria: casi cinco millones pagados por adelantado
El segundo expediente involucra 4 millones 998 mil 941 pesos entregados anticipadamente por servicios para la Feria Estatal Tamaulipas, Región Sur 2020. Según la acusación, el pago se realizó el 4 de marzo de ese año, antes de que se ejecutaran los servicios y sin cumplir las condiciones contractuales de entrega, en contravención de las cláusulas cuarta y quinta. García González y otros tres imputados participaron en la suscripción del acuerdo. Primero salió el dinero; las condiciones del contrato, según el señalamiento, quedaron para después.
Pero aquí la lentitud también tiene domicilio pendiente: desde noviembre de 2023 se requirió al Ministerio Público que proporcionara las direcciones de los imputados y, hasta el 23 de octubre de 2026, no había atendido la solicitud. Por eso la audiencia inicial seguía sin celebrarse. Para desembolsar casi cinco millones hubo trámite; para proporcionar domicilios, el expediente lleva años esperando.
3. Reynosa: adjudicación directa donde debían invitar al menos a tres
La tercera causa corresponde a servicios de promotoría, gestoría y representación del gobierno estatal para un proyecto turístico, comercial y de esparcimiento en Reynosa. La acusación sostiene que García González autorizó en diciembre de 2020 una adjudicación directa por hasta 3 millones 438 mil 240 pesos, aunque las disposiciones estatales exigían invitar cuando menos a tres participantes. El contrato terminó celebrado con Santos-Elizondo, S.C., por 3 millones 364 mil pesos: este último monto es el que integra la suma conjunta de los tres expedientes.
Por este asunto también fue vinculado a proceso el 20 de octubre de 2025. Entre las medidas cautelares se le impuso una garantía económica de 200 mil pesos, contra la que obtuvo un amparo relacionado con su fundamentación y motivación. Conviene no vender ese fallo como detergente judicial: el amparo cuestionó la justificación de la medida, no resolvió su responsabilidad penal.
Para el viernes 30 de octubre está programada una audiencia intermedia o de procedimiento abreviado de este último expediente, ante el juez Juan Artemio Haro Morales. Ahí podrían conocerse nuevos elementos sobre las acusaciones y la estrategia de defensa del exfuncionario que ahora apunta hacia su antiguo jefe.
Antes habló Salud: los contratos y el apellido Carmona
El señalamiento de García González tiene un antecedente dentro del mismo gabinete. En septiembre, Gloria de Jesús Molina Gamboa también atribuyó a Cabeza de Vaca instrucciones relacionadas con adjudicaciones investigadas durante su administración. Según la información publicada por Valor Tamaulipeco, esos señalamientos involucran contratos con PERMART y JOSER, empresas vinculadas con los hermanos Sergio y Julio Carmona Angulo, y un presunto daño estimado en 343 millones 966 mil pesos por operaciones de 2017 y 2018.
Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”, fue asesinado el 22 de noviembre de 2021 y se le identifica como amigo y patrocinador de Américo Villarreal Anaya.
Molina Gamboa tampoco aparece en esta historia como una observadora que pasaba por el pasillo. El mismo reporte señala que fue incluida en denuncias por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto con otros exintegrantes de la administración: Horacio García Rojas Guerra, exsubsecretario de Planeación y Vinculación; Alejandro Aguilar Poegner, exsubsecretario de Administración y Finanzas; y Román Castillo Airola, exdirector de Compras de la Secretaría de Administración. Es decir: señalar hacia arriba no borra, por sí solo, las firmas ni las responsabilidades que pudieran existir hacia abajo.
El gabinete ya no cierra filas: señala hacia arriba
El hilo común entre ambos casos no es una culpabilidad demostrada de Cabeza de Vaca, sino la versión de dos excolaboradores que atribuyen al entonces gobernador instrucciones sobre adjudicaciones investigadas. Antes compartieron administración; ahora sus declaraciones colocan bajo escrutinio el despacho desde el que, aseguran, salían las órdenes.
Por ahora, García González tiene dos vinculaciones a proceso y una tercera causa pendiente de audiencia inicial. Sus acusaciones contra Cabeza de Vaca deberán corroborarse, y ninguna vinculación equivale a una sentencia condenatoria. Pero el dato político ya es incómodo: esta vez el señalamiento no viene solamente de quienes combatían al cabecismo, sino de quienes ayudaron a administrarlo. El antiguo jefe ya tiene a dos exintegrantes de su gabinete diciendo, en esencia, que las instrucciones venían de arriba. Falta que las pruebas establezcan quién hizo qué, porque el «me lo ordenaron» no puede convertirse, sin más, en pase de salida.
Con información:PROCESO/
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