¡Milagro administrativo! Después de dos años sin reportar anomalías en el INE, al contralor Víctor Hugo Carvente Contreras por fin se le activó el detector de irregularidades. Qué oportuna resultó la inspiración: justo cuando Guadalupe Taddei dejó la presidencia del organismo, aparecieron las investigaciones. La vigilancia, por lo visto, venía con despertador, pero nadie le había puesto las pilas.
En un escrito dirigido a la Cámara de Diputados, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) informó que investiga a 15 funcionarios y exfuncionarios, ocho personas físicas y 18 empresas por presuntos actos de corrupción. Nada mal para una institución en la que, durante dos años, no había reportado ninguna anomalía. Del silencio administrativo al catálogo de posibles irregularidades, sin escalas.
El documento fue enviado a Javier Herrera, presidente de la Comisión de Vigilancia, y a Ricardo Mejía, presidente de la Comisión Anticorrupción. Ahí, Carvente detalló posibles conductas relacionadas con desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, conflictos de interés, abuso de funciones y omisiones. Ojo: son señalamientos bajo investigación, no responsabilidades acreditadas. Que el contralor haya despertado no significa que ya existan sentencias.
Ahora sí, hasta la lupa encontraron
Entre las irregularidades señaladas figuran la falta de veracidad en la información declarada —que podría encubrir conflictos de interés o enriquecimiento ilícito— y el uso irregular de recursos públicos, que podría constituir desvío de recursos.
También aparecen posibles anomalías en las contrataciones, incluida la simulación del cumplimiento de requisitos y el abuso de funciones. Porque una cosa es cumplir las reglas y otra, bastante más creativa, es montarles una escenografía.
La relación incluye deficiencias en la planeación, administración, supervisión, recepción y pago de bienes y servicios; incumplimiento de funciones y deberes de vigilancia, con posibles daños a la hacienda pública; actuaciones bajo conflicto de interés y participación indebida en contrataciones. El documento también señala posibles faltas de particulares vinculados con esos procedimientos.
Vamos: ahora sí encontraron asuntos que revisar. Lo que falta explicar es por qué el entusiasmo fiscalizador tardó tanto en presentarse a trabajar.
Proveedores, relaciones y un supuesto chofer
El pasado 22 de octubre, Grupo REFORMA informó que Taddei mantenía una relación con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, socio de Cajas Graf y TOL Producciones, ambas proveedoras del INE.
Además, el diario documentó que Jonathan Navarrete Torres, apoderado legal de Corporativo Zeg —otra empresa de la que Hernández Casillas es socio—, estuvo contratado en el instituto como supuesto chofer de Taddei. Una coincidencia que, cuando menos, amerita revisar algo más que la licencia de conducir.
Según el oficio de Carvente, el OIC ya tiene abiertos procedimientos administrativos derivados de esos hechos. Respecto de cuatro casos relacionados con posibles ocultamientos de conflictos de interés, informó que en al menos tres ya se emitieron los acuerdos de calificación de las conductas y se realizan las actuaciones legales correspondientes. El cuarto continúa en investigación.
El contralor aseguró que todo se desahoga con “objetividad, independencia y rigor técnico”.
Magnífico. Ahora solo falta que explique por qué esas virtudes hicieron su entrada triunfal después de dos años sin reportar anomalías. Porque vigilar cuando estalla el escándalo puede ser muchas cosas; anticiparse, desde luego, no.
Con informacion: ELNORTE/
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