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domingo, 20 de septiembre de 2026

“QUIÉN DIJO que NO se PUEDE: LIBERAN HIJO del CAPO CARAMUELA del CDG, YERNO de DIPUTADA de MORENA, DETENIDO por MILITARES en REYNOSA”… convirtieron la captura en anécdota.


En el Tamaulipas de Morena y Americo Villarreal, al parecer, una captura puede durar lo mismo que una rueda de prensa: llega la autoridad sin distingo,asi sea enn uniforme pixelado, se toma la foto, se llena el registro… y después aparece la palabra mágica que convierte el operativo en anécdota: “liberado”.

El Registro Nacional de Detenciones consigna que Gregorio Sauceda del Toro,hijo del capo del Cartel del Golfo,ya en libertad, Gregorio Sauceda Gamboa ,alias el Caramuela, fue detenido el 18 de septiembre de 2026, a las 6:50 de la tarde, en Reynosa, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

El mismo registro lo ubica posteriormente como “liberado”. No es una versión de sobremesa ni un trascendido de pasillo: es la palabra asentada en la consulta oficial. 

Y aquí empieza el tramo política y criminalmente incómodo: Sauceda del Toro ha sido identificado públicamente como familiar político de la diputada local de Morena, Eva Araceli Reyes González, representante del Distrito VI de Reynosa. 

La propia página del Congreso de Tamaulipas confirma que Reyes González milita en Morena y ejerce como diputada propietaria de la Legislatura 66 como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso,Secretaria de la de Justicia,entre muchas mas.

No se trata de afirmar que la legisladora intervino en la detención o en la liberación; no hay prueba pública presentada aquí que permita sostenerlo. Pero tampoco se trata de fingir que el parentesco es un detalle decorativo, una coincidencia para la sección de sociales. 

Cuando un hombre ligado familiarmente a una figura política, tambien a la familia «Cartel del Golfo» y aparece detenido por el Ejército y, poco después, el sistema lo marca como liberado, el asunto exige respuestas verificables, no el clásico expediente de “no pasa nada, siga circulando”.

La pregunta no es si una relación familiar equivale a un delito:no lo equivale, las responsabilidades penales no se transmiten por osmosis. La pregunta es si, en un estado gobernado por el crimen organizado y administrado por Morena y Americo Villarreal donde las lealtades de sangre han hecho demasiadas veces negocio con el silencio, alguien va a explicar con claridad qué ocurrió. 

¿Fue una detención administrativa? ¿No existía orden de aprehensión? ¿La autoridad ministerial no judicializó? ¿Un juez ordenó la liberación? ¿Qué fiscalía intervino? ¿Hay carpeta de investigación? ¿Quién firmó el desenlace ?

Porque si no se responden esas y otras preguntas, el mensaje que queda es brutalmente simple: en Tamaulipas se detiene para el registro, se libera para la estadística y se calla para la comodidad política.

La escena es todavía más ácida por el cargo de la diputada Reyes González: la información pública del Congreso la ubica como integrante de comisiones, incluida la de Justicia, mientras la captura y liberación de su yerno obliga a exigir precisamente eso: justicia, transparencia y trazabilidad institucional. 

El Presidente de los EE.UU ,Donald Trump ha hecho del discurso contra el “narcoestado” mexicano una de sus banderas recurrentes. El gobierno mexicano suele contestar con soberanía, cooperación y comunicados de indignación protocolaria. 

Pero entre los reproches fundados de Washington y la negación automática de la 4T hay una realidad menos elegante: los vínculos familiares, políticos y criminales que no siempre terminan en una sentencia, pero que sí ameritan escrutinio serio cuando coinciden con detenciones fugaces y liberaciones sin explicación pública.

No es una condena anticipada. Es una exigencia elemental: que el Estado diga por qué detuvo a Gregorio Sauceda del Toro, qué autoridad decidió liberarlo y si su parentesco con una diputada de Morena fue absolutamente irrelevante, como tendría que serlo en un sistema de justicia que no se arrodilla ante apellidos, compadrazgos, siglas partidistas, poder económico y criminal.

El registro oficial acredita una detención y consigna posteriormente el estatus de ‘liberado’; las autoridades deben explicar la causa y el fundamento jurídico de esa liberación.”

Con información: Medios/ @FuriaTinta/

“NO FALTAN DISCURSOS, SOBRAN MUERTOS: SHEINBAUM RECETA SOBERANÍA y ARENGAS como CHALECOS ANTIBALAS en SINALOA”… en medio de casi 4,000 homicidios y más de 4,400 levantados.


La presidenta llegó a Culiacán a recetar soberanía, cooperación y amor al pueblo, como si las arengas fueran chalecos antibalas. Pero mientras atribuye la violencia a la “injerencia extranjera”, Sinaloa acumula una factura local, diaria y brutal que ningún discurso de pecho inflado logra borrar: casi 3 mil 900 homicidios, más de 4 mil 400 personas privadas de la libertad y 12 mil 526 vehículos robados desde septiembre de 2024. 

En Sinaloa, donde la realidad lleva dos años desmintiendo la propaganda a balazos, la presidenta Claudia Sheinbaum eligió la coartada más cómoda: la violencia, dijo, la provoca la “injerencia extranjera”.

No habló de una estrategia federal que ha convertido los refuerzos militares en rutina de boletín; tampoco del colapso cotidiano que viven familias, comerciantes, transportistas y comunidades enteras atrapadas entre células del Cártel de Sinaloa. Mucho menos de que, bajo el Gobierno de Morena, la entidad sigue pagando con cadáveres, desapariciones y vehículos robados una guerra que el Estado presume combatir sin conseguir contener.

Desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de septiembre de 2026, el saldo no admite maquillaje ni consignas patrioteras: 3 mil 877 homicidios dolosos, un promedio de 5.2 asesinatos al día; 4 mil 424 personas privadas de la libertad, seis diarias; 12 mil 526 vehículos robados, casi 17 al día; 3 mil 970 detenidos y 211 personas abatidas.

Es decir: mientras desde el templete se pide “paz con justicia, libertad y soberanía”, en las calles la contabilidad es otra. Cinco homicidios diarios. Seis levantones diarios. Diecisiete vehículos robados cada 24 horas. Una barbarie administrada con frases huecas y recorridos oficiales.

Sheinbaum sostuvo que su Gobierno no hace política con odio, sino con amor. El problema es que el amor institucional no ha blindado carreteras, no ha devuelto a los desaparecidos, no ha impedido el robo masivo de vehículos ni ha desmontado las redes criminales que gobiernan a tiros amplias zonas del estado.

Y ahí está el fracaso que la retórica pretende esconder: el Gobierno manda convoyes contra una red criminal que se mueve en células, roba automóviles, infiltra información, vigila rutas y desaparece antes de que lleguen los blindados. El Estado exhibe botas; el cártel conserva movilidad, territorio y capacidad para matar.

Sinaloa no necesita otra ceremonia de soberanía para explicar lo inexplicable. Necesita una estrategia que deje de contar soldados, detenidos y decomisos como trofeos administrativos, mientras la población cuenta muertos, secuestrados y despojos.

Porque la injerencia podrá ser una consigna útil para el aplauso. Pero los 3 mil 877 homicidios no los cometió un discurso extranjero. Los cometió una realidad que el Gobierno no ha sabido —o no ha querido— enfrentar,no haciendo lo que puede, sino lo que sea necesario.

Con información: ELNORTENOROESTE/

EL “PT AMENAZA la ALIANZA con MORENA en TAMAULIPAS; YA NO quiere ASIENTO PLEGABLE,EXIGE LUGAR en la MESA”… candidaturas en 10 municipios y 5 distritos locales.


El Partido del Trabajo en Tamaulipas amaneció con el orgullo raspado y la calculadora electoral en la mano. Su dirigencia acusa a Morena de “maltrato”, de no escucharla, no tomarla en cuenta y, sobre todo, de no repartirle candidaturas como si la alianza oficialista fuera una cooperativa donde todos ponen lo mismo.

Arcenio Ortega Lozano, comisionado político nacional del PT en el estado, aseguró que el partido fue ignorado en la repartición de posiciones rumbo a 2027. Traducción simultánea: el hermanito menor de Morena quiere dejar de recibir el asiento plegable y exige lugar en la mesa principal.

La molestia petista aumentó luego de que Morena prefiriera negociar en Veracruz con el Partido Verde, dejando al PT en la sala de espera, sin cafecito y sin promesa de candidatura. El mensaje fue entendido: cuando se trata de repartir el pastel, Morena puede llamar al Verde; cuando se trata de presumir “unidad”, entonces sí aparecen todos para la foto.

En Tamaulipas, el PT condicionó una eventual alianza a que le cedan candidaturas en diez municipios y cinco distritos locales. Porque, al parecer, la dignidad partidista tiene coordenadas muy precisas: diez alcaldías y cinco diputaciones de mayoría relativa. Ni una menos, porque eso ya sería maltrato; ni una más, porque tampoco hay que abusar de la reconciliación.

Ortega Lozano afirmó que el PT está listo para competir solo, respaldado por una militancia de 18 mil personas y 24 dirigencias municipales, con la aspiración de extender su presencia a los 43 municipios del estado. Es decir: están preparados para la independencia, siempre y cuando Morena no cambie de opinión y abra espacio en la nómina electoral.

Por ahora no hay ruptura formal. Sólo una pausa, reclamos públicos, advertencias de autonomía y el habitual ritual de los aliados que amenazan con irse… pero primero preguntan cuántas candidaturas les van a dar para quedarse.

Al final, el PT no parece pedir amor, respeto ni justicia electoral: pide trato de iguales en una alianza donde Morena, hasta ahora, ha dejado claro que hay socios, comparsas y convidados de última hora. 

Con información: HoyTamaulipas/

“ARRESTEN a CÓMPLICES”: DESMENUCE de MAGENTA EXHIBE PAR de HAMPONES, AÚN en el GOBIERNO, con los DÍAS CONTADOS»…impunidad no se está muriendo por voluntad propia: le están cerrando las salidas.


La mesa de Círculo Magenta,con los periodistas Ramon Alberto Garza,Rodrigo Carbajal y Alejandro fuentes , plantea que la impunidad mexicana dejó de ser un blindaje y empieza a parecer una cuenta regresiva: Trump ya no estaría pidiendo cooperación diplomática, sino cabezas políticas.

El mensaje: “quiero políticos”

La idea central es brutalmente simple: Washington habría pasado de perseguir capos a exigir a sus cómplices de oficina. Según la mesa, la declaración atribuida a Trump no deja margen para la traducción patriótica: no basta con decomisar fentanilo ni posar junto a un helicóptero; Estados Unidos buscaría identificar, arrestar y procesar a funcionarios que facilitaron la operación financiera y territorial de los cárteles.

En castellano político: la impunidad ya no se estaría agotando porque México decidió desmontarla, sino porque el vecino llegó con expedientes, intereses electorales y poca paciencia.

La soberanía, en modo utilería

Círculo Magenta describe un doble discurso en Palacio:

  • Hacia afuera: soberanía, no intervención y el clásico “a México se le respeta”.
  • Hacia adentro: cooperación operativa con Washington, despliegues militares, medidas antidrones y apertura a exigencias estadounidenses de seguridad.

La ironía es que la soberanía funciona como discurso de plaza mientras la seguridad se negocia en cuartos cerrados. La mesa sostiene que Claudia Sheinbaum estaría intentando administrar una contradicción incómoda: contener a Washington sin cargar con los residuos políticos de Palenque.

No es independencia; es control de daños con bandera.

Los nombres que ponen nervioso al sistema

El programa vuelve sobre presuntas redes de financiamiento político ligadas a Sergio Carmona, “el rey del huachicol”, y menciona a Mario Delgado, Erasmo González y Olga Sosa en relación con documentos, mensajes, audios y videos que, según la propia emisión, apuntarían a flujos de dinero para campañas de Morena.

También vincula el caso de Alex Saab y operaciones comerciales México–Venezuela con una eventual ampliación del radar estadounidense hacia empresarios y funcionarios mexicanos.

Trump no actúa por altruismo

La mesa no vende a Trump como fiscal internacional de la virtud. Su lectura es que el republicano tiene incentivos domésticos para endurecer la presión contra México: precios de combustibles, inflación, tasas de interés, fentanilo y presión electoral. México ofrece una presa perfecta: está cerca, es mediáticamente rentable y permite presumir mano dura sin admitir que buena parte de la demanda, las armas y el dinero circulan desde Estados Unidos.

Dicho sin solemnidad: Trump no estaría descubriendo el narcopoder mexicano; estaría encontrando un tema que le sirve para sobrevivir políticamente. Y cuando a Trump le conviene una victoria, el expediente ajeno deja de ser un documento y se vuelve un garrote.

El diagnóstico de Círculo Magenta es que el régimen enfrenta un problema que no se resuelve con mañaneras, consignas ni fotografías de decomisos:

La impunidad no se está muriendo por voluntad propia; le están cerrando las salidas.

El “hilo se va a reventar por lo más delgado”, concluye la mesa, pero el verdadero dilema es quién definirá qué hilo se corta y a quién salva la red. Porque cuando Washington pide narcopolíticos, la suerte deja de ser atributo personal: se convierte en expediente, visa, cuenta bancaria, teléfono recuperado o testigo que decide hablar y gobernadores convertidos en «sapos» dispuestos a negociar a cambio de delatar a los suyos a cambio de su libertad.

Con información: CODIGO MAGENTA/

EL “DINERO con MARIACHI”: GASTOS en GRITOS DELATAN el CINISMO del GOBIERNO que NO GASTA en GRITOS por la VIOLENCIA… cientos de millones, ninguno para salud, palas y pupitres.


El presupuesto público no sólo revela prioridades: también delata cinismo. Mientras gobiernos estatales y alcaldías encontraron cerca de 317 millones de pesos para convertir la noche del Grito en una feria de artistas, drones, pirotecnia, banquetes y aplausos protocolarios, hospitales, universidades, víctimas y familias de personas desaparecidas tuvieron que seguir haciendo lo que siempre se les exige en México: sobrevivir con la cartera vacía y la dignidad en oferta. 

El dinero sí aparece, pero con mariachi

No es que no haya dinero. Esa es la primera mentira que se cae cuando uno mira las cifras. Dinero hay; lo que falta es la voluntad de dirigirlo hacia donde duele. Para el espectáculo patrio, la administración pública despliega una eficacia casi milagrosa: se contratan escenarios, se cierran plazas, se montan pantallas, se afinan luces, se programan drones y se pagan estrellas de la música. El Estado, cuando quiere montar una verbena, no conoce la austeridad: conoce el presupuesto, los proveedores y la chequera.

Pero si se trata de un hospital sin medicamentos, de una universidad pública que apenas logra sostener aulas y nóminas, de una comisión de búsqueda sin personal ni herramientas, o de hijos huérfanos por la violencia, entonces comienza el repertorio oficial de siempre: “no hay margen”, “hay que racionalizar el gasto”, “la situación financiera es complicada”, “se revisará en el próximo ejercicio”.

Para los vivos que necesitan atención médica, para los jóvenes que necesitan estudiar y para las familias que buscan a sus desaparecidos, la respuesta es la calculadora. Para el estruendo de una noche, la respuesta es el espectáculo.

La patria como producción escénica

El reporte de Proceso documenta que, en 23 estados y 11 demarcaciones de la Ciudad de México, el gasto de los festejos patrios de 2025 rondó los 317 millones de pesos. El monto, además, rebasó en diversos casos presupuestos anuales destinados a universidades públicas, salud, procuración de justicia, atención a víctimas, huérfanos de la violencia y trabajos de identificación de restos humanos. 

Es decir: hubo gobiernos capaces de gastar más en el momento exacto en que un funcionario sale al balcón a repetir nombres históricos que en la tarea, menos luminosa y mucho más incómoda, de evitar muertes, formar estudiantes o devolver identidad a los restos de quienes fueron arrancados de sus familias.

La comparación es brutal porque no admite demasiados adornos. Un concierto se termina cuando se apagan las bocinas; una emergencia hospitalaria no. Los drones aterrizan después de dibujar una bandera en el cielo; las madres buscadoras siguen caminando bajo el sol, entre brechas, fosas y oficinas que les piden regresar mañana. La pirotecnia dura segundos; la falta de recursos para identificar cuerpos puede durar años y multiplicar el dolor de familias enteras.

En este país, parece que el presupuesto tiene oído musical: reacciona de inmediato al corrido, al pop y al espectáculo masivo, pero se vuelve sordo ante la camilla, el pupitre y la pala de quien busca a un hijo.

La reserva como confeti burocrático

El escándalo no se agota en cuánto se gasta, sino también en cuánto se oculta. Varios gobiernos estatales no transparentaron sus erogaciones y la Presidencia clasificó los gastos como reservados con el argumento de la seguridad nacional. 

La fórmula es extraordinaria: la fiesta es pública, televisable, fotografiable, transmisible y celebrada desde balcones oficiales; el dinero, en cambio, se vuelve secreto de Estado. Los ciudadanos pueden ver los fuegos artificiales, pero no necesariamente la factura. Pueden escuchar el grito, pero no la explicación del costo. Pueden aplaudir el show, pero no revisar con facilidad quién cobró, cuánto cobró y por qué se decidió pagar eso antes que otra necesidad.

La “seguridad nacional” se ha convertido, una vez más, en esa cobija burocrática que todo lo tapa. No importa que se trate de un festejo masivo en plazas públicas: el gasto se administra como si revelar el contrato de un cantante pudiera poner en riesgo la soberanía del país. Quizá la verdadera amenaza no sea que se conozcan los montos, sino que la gente compare.

Y comparar es precisamente lo que incomoda: una noche de patriotismo coreografiado frente a todo un año de carencias institucionalizadas.

La austeridad selectiva

La austeridad gubernamental suele ser una criatura caprichosa. No visita el templete, no le cobra IVA al espectáculo de drones y jamás le pide moderación al banquete de invitados especiales. En cambio, se instala con comodidad en los hospitales, en las universidades y en las oficinas que atienden a las víctimas.

Allí sí se vuelve severa. Allí reclama eficiencia. Allí exige que se haga más con menos. Allí considera que un trabajador puede atender a decenas de pacientes, que un investigador puede arreglárselas con equipo insuficiente, que una universidad puede resistir otro recorte y que una familia puede esperar otro año para encontrar respuestas sobre su desaparecido.

La austeridad, pues, no funciona como una política financiera, sino como una escala moral invertida: se ahorra en lo urgente y se derrocha en lo ceremonial. Se escatima donde la ausencia estatal cuesta vidas y se presume generosidad donde el rendimiento político se mide en aplausos, fotografías y tendencias en redes sociales.

No se trata de negar el valor simbólico de las celebraciones patrias ni de proponer un país sin plazas, música o memoria colectiva. El problema aparece cuando la ceremonia deja de ser ceremonia y se convierte en prioridad presupuestal; cuando el patriotismo oficial se paga con recursos que hacen falta para sostener derechos básicos.

Un gobierno que destina más a la fiesta que a la búsqueda de desaparecidos no está celebrando a la patria: está administrando su imagen. Un gobierno que presume austeridad mientras financia fastuosamente una noche de espectáculo no combate el dispendio: lo ilumina, lo amplifica y le pone sonido envolvente.

La conclusión es incómoda, pero sencilla: para la administración pública, la patria parece valer más cuando cabe en una tarima que cuando exige una cama de hospital, un laboratorio forense, un aula digna o una respuesta para quienes siguen buscando a los suyos.

Con información: PROCESO/