La “austeridad republicana” sigue entregando episodios, y esta vez viene con expediente fiscal, empresa tabasqueña y una cuenta que supera los 834 millones de pesos. Pero conviene llamar las cosas por su nombre jurídico: Hacienda pidió a la FGR ejercer acción penal contra los dueños de Portacelis Gas and Oil por presuntos delitos fiscales y terminó por exhibir la certeza en el cerco de sospechas de los amigos del círculo familiar del poder e hijo del expresidente Andres Manuel Lopez Obrador.
La cuarta transformación prometió barrer la corrupción de arriba hacia abajo; al parecer, primero había que abrirle una cuenta, constituirle una sociedad mercantil y enseñarle a moverse por las aduanas.
Ahora resulta que Portacelis Gas and Oil, empresa tabasqueña relacionada con Juan Carlos de la Cruz Murillo —administrador y hombre de confianza de Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán— enfrenta una solicitud de acción penal promovida por Hacienda ante la FGR. La presunción: operaciones de huachicol fiscal que habrían provocado un daño superior a los 834 millones de pesos. Nada mal para quienes vendieron la moral pública como si fuera producto de primera necesidad.
Porque una cosa es hablar de “transformación” en la mañanera y otra muy distinta es que el combustible entre al país con la discreción de un elefante atravesando una sala: sin pagar lo que corresponde y dejando al erario con el tanque vacío.
Los diputados opositores no están inventando la rueda ni descubriendo el fuego: están señalando que, si Hacienda ya pidió acción penal, no estamos ante un chisme de sobremesa, sino ante un expediente que obliga a la Fiscalía a explicar a quién investiga, por qué investiga y, sobre todo, hasta dónde se atreverá a investigar. Gibrán Ramírez sostiene que el caso muestra que el SAT conocía desde hace meses una red operada desde Tabasco y conectada, según sus señalamientos, con el entorno de Olán. Marcelo Torres, del PAN, va más lejos: lo presenta como evidencia de tráfico de influencias y de una maquinaria de contrabando protegida por la cercanía al poder.
Y ahí está el detalle incómodo: cuando el apellido no es López, la justicia suele llegar con sirenas, cateos, filtraciones y conferencias de prensa. Pero cuando las rutas conducen hacia la sala familiar del antiguo régimen que juró ser distinto, la maquinaria judicial parece convertirse en oficina de objetos perdidos: recibe el asunto, lo archiva entre papeles y pregunta si alguien vio al responsable.
No se trata de declarar culpable a nadie desde una columna ni de sustituir a un juez con adjetivos. Se trata de recordar que la presunción de inocencia no equivale a presunción de blindaje. Si hay una indagatoria fiscal, una solicitud de acción penal y vínculos empresariales documentados alrededor de personajes cercanos a “Andy”, la FGR no puede conformarse con capturar a dos o tres empleados sacrificables para la foto. Tendrá que seguir la ruta del dinero, las operaciones aduanales, las empresas, los contratos y las relaciones de poder.
Porque si el expediente termina únicamente con “ejecutivos de paja” pagando la factura, quedará la sospecha de que la austeridad no era una política pública, sino un modelo de negocios: menos presupuesto para hospitales, menos recursos para infraestructura, menos Estado para los ciudadanos… y más margen para los amigos que supuestamente sólo estaban haciendo empresa.
La pregunta no es si la Fiscalía puede investigar: debe hacerlo. La pregunta es si se atreverá a subir la escalera completa o si, como tantas veces, decidirá que la justicia mexicana llega hasta donde empieza el parentesco, la amistad o la conveniencia política.
En México, el huachicol fiscal no siempre huele a gasolina: a veces huele a poder, a compadrazgo y a impunidad premium. Y cuando el expediente se acerca a la familia presidencial, la “transformación” suele transformarse, milagrosamente, en cortina de humo.
En medio de versiones que es investigado en Estados Unidos por huachicol y otros delitos, junto con otros morenistas de Tamaulipas,entre ellos el Secretario General del Gobierno,Hector Joel Villegas,alias El Calabazo,el aun Gobernador de morena, Américo Villarreal ,encabezó ayer una cabalgata por la unidad.
La respuesta política ante los señalamientos no fue una comparecencia ante la FGR,ni una conferencia con preguntas abiertas, ni una exigencia de transparencia: fue una cabalgata. Porque, al parecer, cuando el expediente huele a huachicol, lavado y financiamiento criminal, en Tamaulipas la estrategia oficial consiste en echarle perfume de sombrero, espuelas y birria.
En cualquier democracia medianamente seria, un gobernador mencionado en innumerables indicios que exhiben su conducta criminal —además de reportes sobre investigaciones estadounidenses por lavado de dinero, financiamiento de cárteles y huachicol— estaría rindiendo cuentas ante la justicia de ambos países.
Pero Tamaulipas no decepciona: Américo Villarreal eligió responder con una cabalgata de “unidad”.
Más de 2 mil 100 jinetes, funcionarios, alcaldes, legisladores, operadores políticos y la habitual fauna de la nómina pública recorrieron Ciudad Victoria durante horas para demostrar que, cuando las preguntas cruzan la frontera y llegan hasta agencias de Estados Unidos, Morena tiene una receta infalible: montar a caballo, repetir “unidad” y rifar premios.
No hubo explicación sobre los señalamientos. No hubo conferencia de prensa de verdad. No hubo deslinde serio. No hubo siquiera el intento de responder a los reportes que hablan de expedientes abiertos en cortes estadounidenses y pesquisas atribuidas a la CIA, la DEA y el DHS sobre presuntos nexos criminales y dinero ilegal en campañas. En lugar de eso, hubo herraduras, discursos patrióticos y fotografía de contingente.
La escena tiene algo de realismo mágico con presupuesto público: un gobernador bajo el reflector por acusaciones graves cabalgando al frente de una procesión política, como si el galope sirviera para dejar atrás el olor del huachicol. Pero no. Las preguntas no se espantan con sombreros. Los expedientes no se archivan con aplausos. Y la justicia —mexicana o estadounidense— no se sustituye con una comida en el Polyforum.
La cabalgata ocurrió además a las puertas del proceso electoral rumbo a 2027 y con la gubernatura de 2028 ya en el horizonte. Así que el mensaje no era precisamente ecuestre: era una demostración de músculo, disciplina y lealtades. Alcaldes, senadores, diputados, gabinete y operadores fueron convocados a posar en la postal de la “unidad”, esa palabra que en Morena suele significar “nadie pregunta, nadie se mueve y todos aplauden”. La versión oficial reportó participación de autoridades de los 43 municipios, legisladores y miembros del gabinete estatal.
Mientras tanto, dentro de Morena Tamaulipas la supuesta unidad parece más bien una pelea de corral por las candidaturas: unos se acusan de huachicol, otros de desvíos, otros de corrupción y otros de vínculos criminales. Es decir, la familia guinda no está unida: está sentada sobre un barril de gasolina, discutiendo quién se queda con los cerillos.
Y entre los nombres que acompañaron la cabalgata aparecen figuras políticas a las que distintas versiones periodísticas han relacionado políticamente con Sergio Carmona, el empresario asesinado en 2021 y señalado en reportes públicos por presuntas operaciones de financiamiento irregular. La pregunta no es si podían montar: la pregunta es por qué nadie parece dispuesto a desmontar del discurso y responder ante la ley.
Américo Villarreal pidió cerrar filas en torno a Claudia Sheinbaum. Pero antes de cerrar filas, quizá tendría que abrir expedientes, abrir cuentas, abrir contratos y abrir la puerta a una investigación independiente. Porque un gobernador no se limpia con una cabalgata. Mucho menos cuando los señalamientos ya no son chismes de plaza, sino versiones periodísticas sobre indagatorias al otro lado del Río Bravo.
Al final, la “Cabalgata de la Unidad” dejó una imagen perfecta del régimen: funcionarios montados, acarreados alineados, premios rifados y preguntas sin responder.
En Tamaulipas, al parecer, cuando la justicia se aproxima, el poder no da la cara.
Durante la campaña de Claudia Sheinbaum por la presidencia de México, había un hombre silencioso con el que todos se querían reunir: los que aportaban dinero, para asegurarse de que habían pasado lista en la oficina correcta, pero también los que necesitaban de ese recurso para la operación política.
Todos en el partido sabían que quien tenía la llave de la caja fuerte era él. De extrema confianza y hasta confidente mutuo en temas personales. No en vano había sido dos veces su secretario particular, primero en la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y luego cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México.
El personaje es Carlos Ulloa, hoy titular de Birmex, la empresa paraestatal del gobierno de México que tiene como tareas principales la consolidación de compras de medicinas e insumos para las instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE y hospitales federales, además de atender la crisis no resuelta del desabasto.
Con una tarea de ese tamaño, lo natural sería que el extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, tuviera un enorme foco y participación pública para rendir cuentas, pero no.
Las fuentes hacen énfasis en poner atención a un dato: desde que la presidenta Sheinbaum lo designó en el cargo actual encargado de cómo se compran y distribuyen los medicamentos en el país, en abril de 2025, ha aparecido solamente tres veces en la mañanera, una de ellas de manera virtual. Quien ha dado la cara públicamente por el tema es Eduardo Clark, subsecretario de Salud, con 44 apariciones, diez de ellas para hablar de un tema que le corresponde a Ulloa.
Otra señal es que Ulloa quería competir por la candidatura a la alcaldía de Tlalpan rumbo a 2027, pero la presidenta Sheinbaum lo frenó. Le recomendó que se enfocara más en su rol como papá de un niño recién nacido y al que él mismo presume en redes sociales en brazos, por ejemplo, de la secretaría de gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
¿Por qué quitarle los reflectores a un funcionario que tendría que dar la cara ante un problemón y por qué frenarle sus aspiraciones?
Stent:
Es por todo lo que sabe que envió Rubén Rocha Moya y compañía desde Sinaloa para la campaña de 2024. Hay que mantenerlo en una cueva.
El senador de Morena por Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, conocido también por el vínculo familiar que lo une a Francisco Javier García Cabeza de Vaca —de quien es cuñado—, decidió sumarse al aplauso fácil contra la doble nacionalidad con un argumento de profundidad casi ministerial: hay personas que “se hacen millonarias en México y se van” a Estados Unidos.
La crítica del “JR” es, por demás, fundada; solo le faltó ponerle nombres y apellidos, entre ellos el del esposo de su hermana Mariana, y decirnos que eso de ir a Estados Unidos es algo que a él le gustaría hacer, como ya lo hacía antes, donde al igual que su cuñado, ya sabe lo que es estar detenido.
Pero ya no cruza por prudencia juridica: no tiene visa y es por demas seguro que lo atoren si se atreve a poner tan solo un paso en el pais que los últimos dias critica a rabiar con soberanía mal entendida y actitud patriotera, no patriótica,que no es lo mismo.
Pero la ecuación se torna más compleja si atendemos el reciente trascendido: el Senador del la «cuatro-te» no solo no tiene visa, aunque sí muchas ganas de cruzar, sino que tendría congeladas las cuentas del Grupo GOR. A cambio de convertirse en sapo —es decir, delatar a propios y ajenos—, buscaría replicar la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya.
Y no parece ser un infundio, si atendemos los indicios: en 2009, un operativo militar en Reynosa allanó el patio de maniobras de la empresa “GOR”.
Pero la corrupción no necesita pasaporte, y el senador —multiseñalado por presuntos vínculos con el huachicol— lo sabe; igual que AMLO, cuando desde 2021 fue acusado públicamente durante una mañanera. Y si ya se le olvidó, a Google no.
Un día sí y otro también, su nombre y apellidos —junto con los de su familia de abolengo— han aparecido señalados como consecuencia de los malos oficios y las malas compañías.
Son —y han sido— demasiados los indicios, tantos como la impunidad de “JR”, que debe ser acotada, incluso con la ayuda de la justicia del otro lado del Río, antes de que el clientelismo de Morena les dé a los ciudadanos otro gobernador criminal y políticamente organizado. Su mala suerte ha sido recurrente.
Y no es especualcion,tan asi que las declaraciones de este animal político han girado en torno a sus aspiraciones de ser gobernador —como ya lo ha expresado en video—.
Esas suspiraciones son precisamente las que le han provocado pugnas intermitentes con otro traficante del huachicol , también indiciado por EE.UU.
Aunque resulta especialmente pintoresco escuchar esa cátedra de moral patrimonial de un senador que, según Hoy Tamaulipas,cuestiona a quienes “se hacen millonarios en México y se van”.
Sin embargo, Hoy Tamaulipas no se atreve a preguntarle al senador por qué fue investigado por el Ejército mexicano ni por qué sobre él pesan numerosos señalamientos graves por presuntas ligas con redes de contrabando de combustibles y vínculos con el crimen organizado en Tamaulipas; elementos que, en cualquier gobierno medianamente decente, serían suficientes para retirarle el fuero —la inmunidad procesal— y enclaustrarlo; en términos llanos, meterlo al bote.
Mismas conductas ilegales que tienen hoy al gobernador Americo Villarreal con el «Jesus en la boca» y buscando negociar con agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos.
Tal y como citó ayer Salvador García Soto en El Universal. Un acuerdo que “JotaErre” buscaría replicar, tal como ocurrió tambien con la gobernadora morenista Marina del Pilar.
«Por cierto en columnas y medios de Tamaulipas se afirma que el gobernador tamaulipeco ya contrató también a una firma de abogados estadounidense para cabildear y defenderse de las presuntas investigaciones o acusaciones del vecino país en su contra».
Aclarando aunque no amanezca
Aqui no se trata de adelantar veredictos ni de sustituir a un juez: se trata de recordar que, cuando el nombre de un político aparece en reportes y notas vinculados al huachicol fiscal o incluso la DEA, la prudencia aconseja menos discursos sobre “quién se hace millonario” y más explicaciones claras sobre con quién se relaciona, qué sabe y qué está dispuesto a transparentar.
Pero el senador prefirió la ruta cómoda: convertir la doble nacionalidad en sospecha política. Es el patriotismo de mostrador: si tiene dos pasaportes, desconfíe; si tiene una sola nacionalidad, pero una colección de silencios incómodos, adelante, pase usted, ciudadano ejemplar.
Y no. La Constitución no trata al mexicano con otra nacionalidad como una anomalía biológica ni como una amenaza automática a la República. El artículo 30 reconoce que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o naturalización.
El artículo 32, por su parte, ordena regular los derechos de las personas mexicanas que poseen otra nacionalidad y establecer reglas para evitar conflictos derivados de esa condición. Es decir: la doble nacionalidad no es una falla del sistema; está contemplada por el sistema constitucional.
Ahora bien, tampoco conviene fabricar una inocencia jurídica donde existe una discusión real. El artículo 32 dispone que los cargos y funciones para los cuales la Constitución exige ser mexicano por nacimiento quedan reservados para quienes tengan esa calidad y “no adquieran otra nacionalidad”.
Ahí está el punto fino: la norma no dice lo mismo respecto de quien nació ya con ambas nacionalidades, y esa ambigüedad ha abierto el debate sobre los alcances de la restricción.
En medio del diferendo, no hay que olvidar aquella carta a FinCEN, en la que la defensa del cuñado de “JR” exhibió no solo la filtración de información oficial de Estados Unidos, sino también su condición de ciudadano estadounidense, a la que —en otro documento— renunció de manera convenenciera.
La doble nacionalidad no es una laguna descubierta en una mañanera de Palacio: es una cuestión constitucional que exige interpretación seria, legislación clara y, si se pretende endurecerla, una reforma abierta y defendible.
Para la Presidencia, el artículo 82 vigente exige ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de derechos, ser hijo o hija de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos veinte años.
Para las gubernaturas, el artículo 116 exige ser mexicano por nacimiento y nativo de la entidad o contar con residencia efectiva en ella. Ninguno de esos preceptos, por sí solo y con la literalidad actualmente vigente, establece la frase que hoy se quiere vender como verdad eterna: “prohibida toda doble nacionalidad”.
La Presidenta ha enviado una iniciativa para hacer explícita la prohibición: plantea que quien aspire a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no tenga ni adquiera otra nacionalidad y, si la posee, renuncie a ella antes de solicitar su registro como candidato. Eso es una propuesta política de endurecimiento constitucional; no una norma vigente, no una revelación jurídica y mucho menos una licencia para fingir que los mexicanos binacionales son ciudadanos de segunda.
Porque ése es el truco retórico: tomar un debate legítimo sobre requisitos para cargos de máxima responsabilidad y convertirlo en una sospecha general sobre millones de mexicanos. Mexicanos nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos. Mexicanos nacidos en México con padre o madre extranjera. Mexicanos que trabajan, pagan impuestos, sostienen familias, votan, mandan remesas y mantienen vínculos con dos países porque la vida real no cabe en el patriotismo de cartulina.
La doble nacionalidad no equivale a doble lealtad. Si así fuera, habría que comenzar a revisar no los pasaportes, sino las obediencias: los contratos públicos, las redes de influencia, las campañas financiadas en la penumbra, los operadores con intereses privados y los funcionarios que confunden la soberanía con obedecer al caudillo correcto.
Es curioso: para algunos, el peligro nacional es una mexicana nacida en el extranjero que quiere servir a su país; no el funcionario que usa el poder como agencia de colocaciones, ni el político rodeado de sombras, ni la frontera convertida en negocio, ni la captura de instituciones por intereses que no aparecen en ningún pasaporte.
Ahí está la verdadera aduana moral: no en la ciudadanía adicional, sino en la conducta pública.
Antes de poner a millones de binacionales bajo sospecha por decreto discursivo, convendría que el senador explicara su propia máxima: ¿quiénes se hacen millonarios en México?, ¿con qué negocios?, ¿con qué relaciones?, ¿con qué protección política?, ¿y por qué la indignación selectiva siempre apunta al pasaporte ajeno y nunca al dinero sospechosamente cercano?
La soberanía no se defiende con certificados de pureza nacional. Se defiende con instituciones que investiguen de verdad, fiscalías que no administren silencios, aduanas que no funcionen como coladeras y políticos que, antes de impartir patriotismo, puedan mirar de frente las preguntas sobre su propio entorno.
Porque un pasaporte puede tener dos águilas, dos escudos o dos sellos. Lo verdaderamente imperdonable es tener una sola lealtad: la lealtad al negocio.
