Luego de que se conociera la publicación del New York Times, señalando que al menos una decena de funcionarios electos en México —entre ellos gobernadores y miembros del Congreso, muchos de ellos del partido en el poder— se han puesto en contacto para hablar de compartir información sobre otros políticos, según diversas personas, y varios ya han iniciado conversaciones con Estados Unidos, desde las redes se les ha catalogado como traidores a Sheinbaum
Y si, si son “traidores” en el sentido jurídico cuando su conducta encaja en las figuras de violación a la Ley de Seguridad Nacional y, eventualmente, en el delito de traición a la patria del Código Penal Federal, al permitir o colaborar con agentes extranjeros fuera del marco que fija el Título Séptimo ,Capitulo I, Articulo 70 de la reforma del 18 de diciembre de 2020
Que dice el ART.-70
Artículo 70.- Los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión, de los organismos dotados de autonomía constitucional, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en su relación con Agentes Extranjeros, deberán apegarse a las normas, parámetros y obligaciones previstas en la presente Ley y en los lineamientos que para el efecto emita el Consejo. Su inobservancia será causa de responsabilidad administrativa o penal, de conformidad con las leyes respectivas.
«Los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán entregar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los Agentes Extranjeros, un informe por escrito de las mismas.
Las reuniones que sostengan con los Agentes Extranjeros deberán ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad. En dichas reuniones deberá estar presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.«
Qué cambió con la reforma de 18/12/2020
El decreto que se señala adiciona al artículo 6 la definición de “agentes extranjeros” y crea el Título Séptimo “De la cooperación con los gobiernos extranjeros en materia de seguridad que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional”.
Ese Título (arts. 68–76) fija reglas estrictas para la presencia, actuación y supervisión de agentes de seguridad de otros países en México, y obligaciones claras para servidores públicos mexicanos que interactúan con ellos.
Un exfuncionario texano prófugo, con presuntos nexos con cárteles y acusado de abuso sexual infantil, termina detenido no en una madriguera narca, sino tomándose micheladas en Tulum.
Qué pasó (en corto)
Omar Guerrero, exfuncionario de un condado fronterizo de Texas, llevaba desaparecido desde 2013, prófugo de cargos estatales por abuso sexual infantil.
Las autoridades mexicanas lo ubicaron y detuvieron esta semana en Tulum, el Disneylandia playero de la narcopolítica globalizada.
Ahora se espera que lo regresen a Texas para que, por fin, se siente a enfrentar lo que dejó pendiente hace más de una década.
La postal del narcofuncionario turístico
Breitbart lo presenta como “cartel-connected” y “Texas border county official”: el combo perfecto para la narrativa del Estado capturado por el crimen organizado en la frontera.
Que lo agarren en Tulum no es casualidad: el tipo de lugar donde prófugos con historial de poder local se camuflan entre influencers, nómadas digitales y gringos en chanclas.
La imagen es brutal: un exfuncionario con señalamientos de abuso infantil paseando en la Riviera Maya mientras su expediente acumula telarañas en Texas.
El mensaje político que grita la nota
El texto refuerza la idea de una frontera donde funcionarios, cárteles y turismo coexisten en el mismo ecosistema, cada uno con su impunidad asignada.
Que un prófugo así sobreviva más de diez años fuera del radar habla menos de su “habilidad” y más de la comodidad institucional con estos personajes.
Al final, la captura es presentada como triunfo, pero la verdadera historia es la década de omisiones que permitió que Guerrero se reinventara como turista de lujo.
El gobierno de Donald Trump ha intensificado sus investigaciones sobre el gobierno de México y, a medida que esos esfuerzos avanzan, algunos funcionarios electos del partido en el poder se han ofrecido de manera discreta a las autoridades estadounidenses como informantes contra otros integrantes del partido, según ocho personas que han participado en las conversaciones.
Estas conversaciones se han producido en las semanas posteriores a que Estados Unidos acusara a 10 funcionarios mexicanos, tanto en funciones como retirados, al acusarlos de colaborar con uno de los cárteles del narcotráfico más poderosos del país.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho del cuestionamiento a esas investigaciones un grito de batalla para su partido político de izquierda, Morena, al calificar las acusaciones como una injerencia extranjera.
Pero tras bastidores, las conversaciones entre algunos miembros de su partido y las autoridades estadounidenses podrían dar a Estados Unidos un impulso decisivo en un momento delicado de las relaciones entre los dos países, lo que profundizaría el enfrentamiento entre ellos.
Al menos una decena de funcionarios electos en México —entre ellos gobernadores y miembros del Congreso, muchos de ellos del partido en el poder— se han puesto en contacto para hablar de compartir información sobre otros políticos, según diversas personas, y varios ya han iniciado conversaciones con Estados Unidos.
Muchos de estos funcionarios buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos, dijeron las personas.
Esta repentina ola de cooperación se desencadenó en parte por una iniciativa de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) para contactar en privado a funcionarios mexicanos con la intención de convencerlos de que hablaran, según tres personas al tanto de estos esfuerzos.
Más de una decena de personas hablaron con The New York Times para este artículo bajo condición de anonimato para comentar los esfuerzos de la DEA y las conversaciones confidenciales entre el gobierno de Estados Unidos y los funcionarios mexicanos.
La DEA y el gobierno mexicano se negaron a hacer comentarios.
Que políticos mexicanos ayuden en las investigaciones estadounidenses sobre sus colegas es una señal muy preocupante para el partido político dominante de México y su líder, Sheinbaum. Indica que las investigaciones estadounidenses sobre corrupción están tomando impulso, justo cuando Sheinbaum ha hecho de oponerse a ellas una de las apuestas centrales de su presidencia.
Si los investigadores estadounidenses logran convencer a suficientes políticos de Morena para que actúen como informantes, podría desencadenarse una cascada de testigos que cooperen y de acusaciones que amenazarían con debilitar al partido. Después de una serie de derrotaselectorales de los partidosde izquierda en toda Latinoamérica, Morena es el más importante que sigue en el poder además del partido de izquierda en Brasil.
Propaganda política del partido gobernante Morena cuelga en un mercado de Celaya, México, en 2024.Credit…Cesar Rodriguez para The New York Times
Algunos analistas mexicanos han pronosticado que las investigaciones del gobierno de Trump podrían dar al partido gobernante un tema en torno al cual unirse. Pero el hecho de que algunos políticos estén dispuestos a cooperar con las investigaciones estadounidenses, a pesar de la resistencia de Sheinbaum, indica que hay fisuras al interior.
“El cierre de filas a que convoca la presidenta desde arriba no se corresponde desde abajo”, dijo Carlos Bravo Regidor, un destacado analista político mexicano. “Hay gente abajo que es parte de la propia escena que, lejos de cerrar filas con la presidenta, va corriendo a Estados Unidos para salvar su pellejo”.
A menudo, a Sheinbaum se la ha considerado una modelo a seguir en cómo lidiar con el presidente Trump, pero ahora está en una situación cada vez más complicada que muestra los retos a los que se enfrentan los políticos de izquierda de la región. Trump, quien ejerce una enorme influencia sobre el destino de su país, quiere que delate a sus aliados políticos, mientras que el ala izquierda de su partido, que es su base de apoyo, quiere que se enfrente a Trump.
En las últimas semanas ha optado por ponerse de lado de su partido y ha rechazado las exigencias de Estados Unidos de detener a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Morena en el estado de Sinaloa, después de que fiscales estadounidenses lo acusaran de proteger al poderoso cártel de su estado a cambio de ayuda para ganar las elecciones.
Sheinbaum dijo que los investigadores estadounidenses no han presentado pruebas que justifiquen su detención y que la exigencia implica una injerencia en los asuntos de México. También dijo que la fiscalía mexicana abriría sus propias investigaciones sobre los funcionarios acusados. Pero Sheinbaum ha acusado varias veces al gobierno de Trump de hacer política.
“¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada?”, dijo en un encendido discurso el mes pasado. “¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026?”.
“Ya no estamos hablando de cooperación”, añadió, “estamos hablando de injerencia”.
La postura desafiante de Sheinbaum ha dividido a su gabinete entre funcionarios más pragmáticos, que abogan por una mayor cooperación con Washington, y colegas más inclinados hacia la izquierda, que afirman que el gobierno de Trump está sentando un precedente peligroso al procesar a un gobernador mexicano en funciones, según dos personas al tanto del debate interno.
Sheinbaum ha rechazado las exigencias de Estados Unidos de detener a Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, que aparece a la izquierda junto a la presidenta y su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, en Culiacán, México, en 2024.Credit…Rashide Frias/Agence France-Presse — Getty Images
Estados Unidos es, por mucho, el mayor socio comercial de México, y ambos países están inmersos en negociaciones sobre un acuerdo comercial, cuya vigencia terminará pronto. Trump también ha amenazado con una intervención militar en México para combatir a los cárteles, algo a lo que Sheinbaum ha rechazado varias veces.
Los políticos de Morena que ahora colaboran en las investigaciones se suman a una lista cada vez mayor de informantes mexicanos de alto nivel que han dado a las autoridades estadounidenses una visión con detalles extraordinarios del funcionamiento interno de los cárteles y sus vínculos con políticos mexicanos, según cuatro personas con conocimiento directo de las conversaciones con los informantes, entre las que se incluyen abogados y antiguos agentes de las fuerzas del orden estadounidenses.
Dos de los 10 funcionarios mexicanos acusados en abril se encuentran ahora bajo custodia de Estados Unidos, y uno de ellos se entregó en la frontera. Los fiscales estadounidenses han obtenido información de dos líderes de cárteles encarcelados —hijos de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como el Chapo— que se declararon culpables el año pasado de delitos relacionados con las drogas. Y en los últimos 18 meses, el gobierno de Sheinbaum ha enviado a Estados Unidos a 92 miembros de los cárteles mexicanos, varios de los cuales han empezado a hablar con las autoridades estadounidenses, según las cuatro personas con conocimiento directo de las conversaciones.
Dijeron que entre los que han proporcionado información se encuentran altos mandos de los hijos del Chapo, uno de sus pilotos principales y uno de sus asesores más importantes.
Una de las líneas centrales de investigación en esos interrogatorios ha sido cómo los cárteles sobornaban a funcionarios mexicanos, dijeron estas personas. Las autoridades estadounidenses dijeron que erradicar la corrupción es clave para resolver el problema de los cárteles en México, y el mes pasado, un alto cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos instó a los fiscales federales a dar prioridad a las investigaciones de corrupción en México, incluso llegó ordenarles que utilizaran la legislación antiterrorista en esos casos.
Derek Maltz, quien fue administrador interino de la DEA, dijo que los funcionarios de Morena que están colaborando y el grupo de narcotraficantes que ahora están bajo custodia de Estados Unidos aumentan la probabilidad de que las autoridades estadounidenses estén preparando casos importantes.
“Estoy muy seguro de que habrá algunas personas de alto nivel que serán imputadas”, dijo.
En general, Sheinbaum ha establecido una relación positiva con el gobierno de Trump, en gran parte gracias al aumento de la presencia militar mexicana a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y a la ampliación significativa de la cooperación en materia de seguridad entre ambos países. Las autoridades mexicanas, basándose en parte en información de los servicios de inteligencia estadounidenses, mataron hace poco al principal capo de la droga de México, Rubén Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho.
Soldados mexicanos en el puesto fronterizo de Mariposa, en Nogales, México, una ruta habitual para los traficantes de los cárteles, en enero.Credit…Paul Ratje para The New York Times
El gobierno de Sheinbaum también ha informado de una disminución de los delitos violentos en todo el país. Según datos del gobierno, los homicidios entre enero y mayo se redujeron un 63 por ciento respecto al mismo periodo de hace dos años.
Pero iniciar procesos jurídicos contra funcionarios es mucho más complicado políticamente para Sheinbaum. Algunos de los personajes investigados por Estados Unidos no solo son miembros de su partido, sino también aliados cercanos de su predecesor y benefactor político, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien sigue siendo una figura legendaria en la política mexicana.
Los críticos llevan mucho tiempo acusando a López Obrador y a algunos de sus hijos — que han ocupado cargos dentro de Morena— de corrupción. Las autoridades estadounidenses incluso indagaron esos señalamientos, aunque nunca abrieron una investigación formal.
Pero esta semana, esas acusaciones han resurgido a raíz de la filtración de fragmentos de un libro de próxima publicación del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. En el libro, Salazar escribió que, según le había contado un contacto común, López Obrador estaba preocupado por la captura por parte de autoridades estadounidenses de un líder de un cártel en 2024, por la información que el delincuente pudiera revelar. Salazar dijo más tarde que no tenía pruebas directas de que López Obrador estuviera vinculado a algún cártel.
López Obrador y sus hijos han negado cualquier vínculo con los cárteles. Y Sheinbaum defendió esta semana a su predecesor, y dijo que si él tenía alguna preocupación sobre esa operación de 2024, era por “la injerencia y la violación de la soberanía de México”.
Dos objetivos en las investigaciones por corrupción de Estados Unidos son los gobernadores de Morena de los estados de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, según cinco personas al tanto de las investigaciones que no estaban autorizadas a hablar de manera pública.
Los gobernadores han negado acusaciones de estar vinculados al narcotráfico. Durazo “ha ejercido el servicio público con estricto apego a la ley” y no se le ha notificado que está siendo investigado, según indicó su portavoz, Paloma Terán, en un comunicado.
López Obrador es aliado de ambos: Durazo fue su secretario de Seguridad y apoyó públicamente a Villarreal cuando se enfrentó a una serie de acusaciones de corrupción en 2022, que él negó.
Las investigaciones sobre los gobernadores ya las había publicado antes el diario Los Angeles Times.
Esta semana, el medio mexicano El Universal publicó un audio filtrado de otra gobernadora, Marina del Pilar, del estado de Baja California, en el que se revelaba que estaba concertando una reunión con las autoridades estadounidenses.
“Estoy en la mejor disposición porque yo quiero resolver eso y aclarar cualquier cosa, pero sí me gustaría que fuera a través de mi abogado”, dijo en el fragmento de tres minutos.
Del Pilar confirmó la autenticidad de la grabación y añadió que la reunión estaba relacionada con la revocación de su visado estadounidense, pero que nunca llegó a celebrarse. También dijoque tiene la conciencia tranquila: “Esos supuestos acuerdos en lo oscurito con las autoridades de Estados Unidos es una total mentira”.
*Este artículo se ha publicado en asociación con Puente News Collaborative, una redacción bilingüe sin ánimo de lucro que cubre noticias de México y de la frontera entre Estados Unidos y México.
Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.
Jack Nicas es el jefe de la oficina del Times en Ciudad de México y lidera la cobertura de México, Centroamérica y el Caribe.
Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del sistema penitenciario, prevención y reinserción social de Chihuahua y General de División Diplomado del Estado Mayor en retiro, es socio de la empresa Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV, sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su relación con el Cártel de Sinaloa.
Según las autoridades estadounidenses, la compañía de seguridad privada constituida en 2010 es controlada por el empresario Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien presuntamente lidera una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con una revisión al Registro Público de Comercio, el subsecretario es socio de la empresa desde febrero de 2022, luego de que Jesús Alfredo Orozco Beltrán, uno de los socios fundadores, transfirió, mediante cesión onerosa, su parte social de la compañía al subsecretario y a Liliana Orozco Romero, quien también fue sancionada por la OFAC tras ser identificada como parte de la red de lavado del Cártel.
Desde entonces, Fernández Acosta asumió el cargo de presidente del Consejo de Gerentes, contando con la facultad para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Los documentos consultados en el Registro Público de Comercio muestran variaciones respecto a su porcentaje de participación en la empresa, sin embargo en el último documento disponible, fechado en agosto de 2022, se le registra con un 19% del capital social.
Acta de asamblea en el Registro Público de Comercio. Imagen:
Consultado por EL UNIVERSAL al respecto de su relación con la empresa sancionada, el funcionario de Chihuahua emitió respuestas difusas y contradictorias, pues alegó no acordarse de los detalles dado el tiempo que había pasado desde que se vinculó con la compañía.
“A mí me la pasaron (Grupo Mamba Negra) como si fuera una empresa de seguridad. pero me estafaron”, aseguró al principio de la entrevista con este diario sin detallar exactamente cómo es que se habría realizado la presunta estafa.
De acuerdo con Fernández, hace unos años, en Chihuahua, le presentaron a un hombre llamado Alfredo Orozco (no precisó el nombre completo) y le dijeron que «podía trabajar» con él porque conocía a personas con una empresa de seguridad constituida. Orozco lo habría vinculado a la compañía sancionada, de la cual admitió haber aceptado fungir como representante legal.
“El que a mí me vendió (Alfredo Orozco), bueno, el que supuestamente se asociaba conmigo, es un cuate (que) yo creo que salió por malas mañas de aquí en Chihuahua. He tratado de comunicarme con él y nunca me contesta.
Fernández dijo que buscó “darse de baja” de la empresa ante un notario, pero que no pudo hacerlo debido a que se requería la presencia de todos los socios.
No obstante, a pregunta expresa, el funcionario aseguró desconocer que actualmente figura como socio de la empresa ante el Registro Público de Comercio. El subsecretario también señaló desconocer los vínculos de la empresa con el Cártel de Sinaloa; asimismo, dijo no conocer a Liliana Orozco Romero, presunta prestanombres de Alfredo Orozco Romero, según las autoridades estadounidenses.
No registra empresas en su declaración patrimonial
Además de Grupo Especial Mamba Negra, Fernández Acosta ha sido socio en al menos cuatro empresas más, de acuerdo con una consulta al Registro Público de Comercio: Seguridad Privada Quac, Iksa Servicios De Seguridad Privada y Limpieza, Renta De Vehiculos Fervillan Sociedad Anónima De Capital Variable, y Huevos y Aves Acosta.
Ricardo Fernández no reportó ninguna de estas empresas en sus últimas declaraciones patrimoniales desde 2021 disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo sí reportó ingresos por una empresa que registró como “PRODUCTORA AGRÍCOLA”.
El negocio, manifestado en su declaración de 2025, le dejó ingresos por 29 millones 700 mil pesos de acuerdo con el documento; en ese mismo año, el subsecretario reportó un ingreso anual neto de 372 millones 96 mil 446 pesos, de los cuales 190 millones 356 mil 446 pesos los reportó como percepción anual por su cargo público.
Consultado por EL UNIVERSAL, el funcionario evadió la pregunta sobre por qué no aparecen reportadas sus empresas en sus declaraciones patrimoniales. Sin embargo, aseguró que los ingresos reportados por más de 190 millones de pesos por su cargo en su declaración patrimonial de 2025 se debieron a “un error de la secretaria”
La trayectoria de Fernández Acosta
Ricardo Fernández Acosta, es egresado del Heroico Colegio Militarcomo Oficial y posteriormente obtuvo el grado de General de División Diplomado de Estado Mayor.
De acuerdo con su perfil en la página oficial de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua, Fernández Acosta tiene dos licenciaturas, una en Administración Militar, y otra en Relaciones Internacionales, además de una Maestría en Seguridad Nacional.
En su currículum disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, se indica que de 2008 a 2009 se desempeñó comoSubdirector del Servicio Militar Nacional, de 2010 a 2014 fue asesor militar y comandante de guarnición, posteriormente fue comandante de zona en Ixtepec, Oaxaca, de 2015 a 2016.
Luego de eso, se desempeñó como comandante de la 5ª. Zona Militar en Chihuahua entre 2016 y 2018. Un comunicado del portal oficial del Gobierno de Chihuahua muestra que en enero de 2017 el entonces gobernador Javier Corralle dio la bienvenida.
De febrero a septiembre de 2021 fungió como director de Policía Vial en la Secretaría de Seguridad de Chihuahua. El 1 de julio de 2022 asumió el cargo de Director de Asuntos Estratégicos en la misma institución, ya bajo la administración de la actual gobernadora,María Eugenia Campos.
En 2023, el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, nombró a Fernández Acosta como encargado del despacho del Sistema Penitenciario del Estado de Chihuahua, puesto que desempeña actualmente.
Después de siete años tras las rejas, Roberto Borge —exgobernador priista de Quintana Roo y símbolo de los excesos del viejo régimen— no salió libre: simplemente cambió de cárcel. Del penal federal a la comodidad vigilada de una casa en el Estado de México, cortesía de una justicia que en la 4T parece funcionar como acordeón: se estira o se encoge según quién esté tocando.
El exmandatario de Quintana Roo dejó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos no por una exoneración total, sino para continuar en prisión domiciliaria el único proceso que aún le cuelga: lavado de dinero. Curiosamente, ese beneficio ya se le había concedido desde hace casi tres años. Pero en este país los tiempos judiciales no siempre siguen el calendario, sino el clima político.
De madrugada, como suelen ocurrir las cosas incómodas, un juez en Nezahualcóyotl le colocó el brazalete electrónico —la nueva versión del grillete de lujo— y autorizó su traslado. Borge, por supuesto, ya había cubierto su parte: una garantía de 10 millones de pesos. Porque en México la libertad no siempre es gratis, pero sí suele tener tarifa.
Las condiciones son las de manual: no salir del país, entregar pasaporte, no acercarse a nadie del caso y quedarse en casa. Una especie de arresto VIP con geolocalización incluida.
El contexto no es menor. Hace apenas semanas, un juez federal lo absolvió del delito de delincuencia organizada. La razón: ningún testigo pudo afirmar que dirigiera un grupo criminal. Así, uno de los casos emblemáticos de corrupción política se desinfló en tribunales, como tantos otros.
En el expediente por lavado —el último hilo del que cuelga el caso— la prisión preventiva ya había sido sustituida desde 2023. Solo faltaban los trámites, el brazalete y, claro, que la maquinaria judicial se pusiera de acuerdo. Porque incluso en esto hubo tropiezos: una jueza se declaró impedida por posible conflicto de interés, el asunto rebotó en un tribunal y terminó resolviéndose por un juez de guardia. Justicia exprés, pero solo cuando conviene.
Borge fue detenido en Panamá en 2017 y extraditado en 2018, acusado de haber participado en un esquema que dañó al erario de Quintana Roo en más de 850 millones de pesos mediante la venta irregular de terrenos. Siete años y 22 días después, el mensaje es claro: en México, el castigo puede existir… pero rara vez es definitivo.
Porque al final, para ciertos perfiles, la cárcel no desaparece: solo cambia de dirección.
