«SHEINBAUM los PROTEGE: ABOGADO ACUSA TRATO DIFERENCIADO del GOBIERNO para ROCHA MOYA y 92 EXTRADITADOS»…piensan que somos idiotas,no les den la razon.

Claudia Sheinbaum convirtió a 92 mexicanos en ofrenda humana para la reelección de Trump; pero cuando el que está en la mira es el narcogobernador de Morena, Rubén Rocha Moya, de pronto al régimen cuatritransformado le brotó un amor exquisito por el “debido proceso” y antes que todo, quiere pruebas.

El destierro exprés de los 92

Entre 2025 y 2026, el gobierno de Sheinbaum agarró a 92 mexicanos en penales federales, los subió al avión y los entregó a Estados Unidos como si fueran paquetería urgente, sin trámite real de extradición, sin respetar su situación jurídica y sin los mínimos procesales que marca el tratado México–EU.

Ahí no hubo debate sobre “estándares legales”, ni exigencias de pruebas, ni dramas sobre soberanía: fue el clásico “dígame a quién quiere y se lo mando”.

El abogado Marco Antonio Avilés Huerta, que representa a 13 de esos 92, detalla que algunos ya tenían un proceso formal de extradición diferido, otros tenían amparos vigentes para impedir su entrega y al menos uno estaba en preliberación con constancia de la SRE y de la FGR de que no había solicitud de extradición en su contra.

Pese a todo eso, los arrancaron del sistema de justicia mexicano y los mandaron directo a cortes estadounidenses, pasando por encima de sus juicios, de sus amparos y de las propias certificaciones del Estado mexicano.

Allá son “narcoterroristas”; aquí eran simples estorbos

En Estados Unidos a esos 92 los están procesando como “narcoterroristas”, etiqueta que abre la puerta a cadena perpetua o prisión vitalicia, con régimen de incomunicación, sin visitas familiares y con enormes obstáculos para comunicarse con sus abogados.

El propio abogado denuncia que están aislados, sin asistencia consular, en condiciones que violan de frente la Constitución mexicana, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Es decir: para 92 mexicanos, el gobierno mexicano actuó como cobrador externo de Washington, sin preguntar nada, sin revisar nada y sin garantizarles ni sus derechos mínimos.

El mensaje es brutal: si no eres parte del círculo del poder, tu pasaporte sirve lo mismo que un boleto de camión usado.

Pero cuando el señalado es Rocha Moya…

Corte a 2026: el Departamento de Justicia de EU pide la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado de participar en conspiraciones de narcotráfico y terrorismo vinculadas a fentanilo, cocaína y armamento.

Entonces el gobierno mexicano decide que ahora sí la ley es sagrada, que la soberanía es intocable y que sin “pruebas contundentes” no se mueve ni un dedo.

La SRE admite que recibió solicitudes de detención provisional contra Rocha y otros nueve funcionarios, pero las remite a la FGR alegando que Estados Unidos no aportó pruebas suficientes.

Una firma internacional especializada en extradición, León Barrena Rodríguez & Partners, acusa que la FGR y la SRE están pervirtiendo el Tratado de Extradición al exigir un estándar probatorio que ni el Artículo 11 del tratado ni la ley mexicana contemplan para una detención provisional.

Según esa firma, para la orden de detención provisional basta con acreditar que existe una acusación formal y el compromiso de enviar la documentación completa en un plazo (por ejemplo, 60 días), no un expediente completo de juicio adelantado, justo lo contrario a lo que ahora finge exigir el gobierno.

Lo que llaman “falta de pruebas” es, en los hechos, una muralla política para ganar tiempo y proteger a un personaje del sistema.

El doble rasero, sin maquillaje

El propio Avilés Huerta lo resume con bisturí: con los 92, el gobierno mexicano fue “soberanamente entreguista”, entregándolos sin obstáculos; con Rocha Moya, de repente el Estado se pone “exquisito” para observar derechos, soberanía y debido proceso.

Para Rocha piden pruebas extraordinarias que ni siquiera están en el tratado, mientras que a los 92 ni siquiera les respetaron el procedimiento mínimo que sí está claramente establecido.

El resultado es un sistema de justicia selectivo: si eres gobernante, hay escudo de soberanía, interpretación creativa del tratado y una burocracia jurídica para protegerte; si eres un preso sin padrinos, te convierten en “narcoterrorista” exportable y te mandan al matadero judicial gringo sin siquiera avisarte.

Eso no es Estado de derecho, es administración de privilegios disfrazada de legalismo patriótico.

Lo que el gobierno debe explicar

Hoy el gobierno debe responder una sola pregunta incómoda: ¿por qué para Rocha Moya sí cuentan la letra y la coma del tratado, pero para los 92 mexicanos no aplicó ningún filtro, ningún amparo, ninguna asistencia consular?

O el tratado y los derechos humanos valen para todos, o lo que tenemos es un régimen que usa la ley como cortina cuando quiere proteger a los suyos y la rompe en pedazos cuando Washington pide “mercancía humana” para sus juicios ejemplares.

Con informacion: PROCESO/

“POR QUIÉN DOBLAN las CAMPANAS ?: IMPOSIBLE HABLAR de ROCHA y los CHAPITOS SIN que APAREZCA AMERICO VILLARREAL»…ante EE.UU tendrá que pagar su «pedazo» de gubernatura.

En esta tierra donde las campanas ya no repican ni por los muertos,ni los desaparecidos , sino por los pactos con narcos, cada tañido arrastra nombres que se repiten hasta el desgaste. Tamaulipas escucha el eco una y otra vez, y entre las vibraciones vuelve a colarse, enésimamente, el mismo nombre y apellido: Américo Villarreal. No como accidente, sino como síntoma; no como ruido aislado, sino como parte de una partitura donde el poder, la sospecha y ahora la evidencia parecen tocar en la misma clave.

Porque cuando las campanas doblan hoy, no lo hacen por Hemingway ni por la épica de otros tiempos, sino por una clase política que aprendió a convivir con el murmullo constante de señalamientos graves, cada vez más documentados, cada vez menos negables. Y en ese coro —alimentado por columnas, filtraciones y advertencias que cruzan fronteras— ya no se trata de quién menciona a quién, sino de por qué los mismos nombres no dejan de aparecer.

Aqui es donde entra la disección puntual que hace hoy en El Financiero el periodista Raymundo Riva Palacio:

«Las pruebas contra la élite de la ‘4T’ se siguen acumulando en Estados Unidos. Ahora son Ovidio y Joaquín Guzmán, los hijos menores de Joaquín El Chapo Guzmán, que han entregado a los fiscales estadounidenses las cabezas del ex líder de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado, y de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. Junto con ellos, aportaron también testimonios sobre su relación con el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La información sobre lo que están declarando en la Corte del Distrito Norte de Illinois, que se encuentra en Chicago, confirma lo que los datos de inteligencia en México y Estados Unidos habían apuntado sobre la presunta vinculación de los cuatro personajes con el crimen organizado. La trascendencia de la declaración es que con esas declaraciones se ha judicializado la imputación, y que la acusación contra Rocha Moya por parte del Departamento de Justicia sobre su relación con Los Chapitos, puede ser replicada contra Delgado, Durazo y Villarreal.

Las autoridades y los fiscales estadounidenses operan de esa manera: recogen datos de inteligencia y, para cerrar los casos, recurren a testigos cooperantes para que a partir de sus declaraciones construyan la evidencia –proposición fáctica, le llaman–, que presentan a un Gran Jurado para lograr su fallo y hacer la acusación formal. Eso es lo que sucedió con Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses, donde una parte de las pruebas que se presentaron ante el Gran Jurado en Manhattan, reveló un funcionario estadounidense, fueron las declaraciones de Ovidio y Joaquín Guzmán.

Eso mismo sucedió con la captura de Ismael El Mayo Zambada. “No lo queríamos para que nos hablara de las relaciones del Cártel de Sinaloa con los políticos, porque eso ya lo sabíamos, pero sí para ayudarnos a llenar algunos vacíos de información sobre el narcotráfico en México”, dijo un funcionario estadounidense. La razón principal por lo que lo querían, sin embargo, era para que les ayudara a cerrar el caso contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, que se encuentra preso en Brooklyn, como lo está Zambada.

Las declaraciones de Los Chapitos en Chicago están comenzando a llenar los huecos para soportar la información de inteligencia. Ovidio es el principal testigo, porque era parte de la estructura criminal en la facción del Cártel de Sinaloa que manejaba junto con sus hermanos Iván Archivaldo y Alfredo. Joaquín había estado renuente en participar en los negocios criminales de su familia, y estaba distanciado de esas actividades.

Ovidio fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023, por la enorme presión del gobierno del presidente Joe Biden, al considerarlo Estados Unidos el principal responsable del tráfico ilegal de fentanilo. López Obrador, en los hechos, lo había protegido. Cuando fue detenido en una operación en octubre de 2019, el comando de agentes que dependía en su momento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizó una operación impecable –sin disparos, ni heridos–, pero nunca enviaron al helicóptero para la extracción –que es más importante que la captura–. Durante 45 minutos tuvieron a Ovidio en su casa, hasta que finalmente llegó la orden de liberarlo.

López Obrador asumió la responsabilidad de dejarlo en libertad, violando la ley por omisión de sus responsabilidades, pero la petición para que lo hiciera fue de Durazo, en ese entonces secretario de Seguridad. El expresidente argumentó que lo hizo porque habría un baño de sangre, pero tras su liberación no ordenó que volvieran a planear su detención. En enero de 2023, por presiones de Washington, López Obrador ya no pudo seguir siendo omiso y el Ejército lo capturó.

Preso en Estados Unidos, empezó a negociar con los fiscales exigiendo que extrajeran a su hermano Joaquín y a cambio entregarles a El Mayo. Una unidad del FBI cuyo jefe es quien más conoce en Washington del Cártel de Sinaloa, planeó la operación para que Joaquín tendiera una trampa a Zambada al pedirle que se reuniera con Rocha Moya y el diputado federal y enemigo del gobernador, Héctor Melesio Cuén, en un rancho en la zona metropolitana de Culiacán, donde un comando de élite estadounidense del Departamento de Seguridad Nacional lo capturó y trasladó a Estados Unidos junto con Joaquín.

Delgado, Durazo y Villarreal, que se encuentran en otra investigación alterna en Texas, sobre el financiamiento de Sergio Carmona, llamado “El rey del huachicol” a ocho campañas de Morena para gobernador en 2021, fueron imputados por Los Chapitos en otros presuntos actos criminales, aunque tienen vasos comunicantes con el primero. 

Villarreal fue el representante de Morena en la campaña de Rocha Moya para la gubernatura en Sinaloa, que recibió financiamiento de Los Chapitos.

Aunque presuntamente beneficiario del financiamiento de Carmona, Durazo ha gobernado un estado bajo una creciente violencia y con señalamientos frecuentes de sus presuntos nexos con el crimen organizado, comenzando con el legendario Señor de los Cielos, Amado Carrillo. 

Desde 2019, cuando era secretario de Seguridad, aparecieron mantas en varias ciudades de Sonora denunciando a mandos policiales en el estado de proteger a la organización de Los Salazar, que era el brazo armado de Los Chapitos en el estado, y que se habían expandido hasta Chihuahua y Durango.

No está claro, por la información que trascendió, el detalle de las acusaciones de Los Chapitos contra él, cuyo brazo armado de Los Salazar perdió parte del control en Sonora por el surgimiento del Cártel de Caborca, que fundó Rafael Caro Quintero, bajo proceso en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, como resultado de la apertura de la plaza de Sonora a otras organizaciones rivales de Los Chapitos. Caro Quintero les comenzó a disputar el trasiego de drogas a Estados Unidos por las rutas de Sonora y Chihuahua –entre Ciudad Juárez, y Gómez Palacio, Durango, que está bajo dominio de Los Salazar–.

Las declaraciones de Ovidio y Joaquín Guzmán López son parte del maxiproceso que se está llevando a cabo en Estados Unidos contra sectores políticos en México, similar al Proceso 8000 que la CIA encabezó en Colombia en 1994, que se compuso de varios casos judiciales sobre la vinculación de políticos con cárteles de la droga. Esta interrelación de casos explica el cruce y entreverado de imputaciones entre las cortes federales de Manhattan, San Antonio, Corpus Christie y Chicago, cuyo inicio de judicialización de casos es el preludio de acusaciones formales.

Con informacion: ELFINANCIERO /ELUNIVERSAL+/ JORGE FERNANDEZ M./

«ESCANDALOS SI CRUZAN a TEXAS»: GUARDIA ESTATAL TIRATIROS del GENERAL PANCARDO y AMERICO andaba METANFETAMINADO»…la cara de esa policia se parece al rostro del gobernador.

El escandalo de “Guardia Estatal de élite” del General Arturo Pancardo y el Gobernador de Morena Americo Villarreal ,que no puede cruzar a EE.UU porque no tiene VISA y si cruza lo atoran, ya cruzó a Texas ,como todos los escándalos silenciados de este lado del Río,donde también la misma policia convirtió cuartel en bar clandestino, ahora en clínica de rehabilitación fallida con grupo de choque al servicio del Crimen Autorizado.

Cuartel cantina y “top 3” nacional del abuso

Como se recuerda,en Burgos, Tamaulipas, 43 guardias estatales fueron suspendidos después de que altos mandos los encontraran, literalmente, convertidos en parroquianos de bar dentro de la propia comandancia: bebiendo en turno y usando la estación como cantina personal.

El propio secretario de Seguridad, Carlos Arturo Pamcardo, salió a decir que “todavía no está acreditado” que estuvieran ebrios, como si la duda razonable incluyera hielera, vasos rojos y aliento alcohólico institucional.

No es un desliz aislado de “unos cuantos manzanas podridas”: el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 coloca a la Guardia Estatal de Tamaulipas en el “top 3” de las policías más abusivas del país, por abusos de autoridad, corrupción, trabajo en estado de ebriedad, violencia contra mujeres y extorsión.

Mientras Morena vende en mítines la narrativa de “pacificación” y “profesionalización”, en la calle la marca registrada de la corporación es abuso, cobro de piso con uniforme y levantones con membrete oficial.

Del bar al cristal: el policía en la azotea

En Padilla, otro elemento de esa misma maquinaria “renovada” decidió subir un nivel: un policía estatal, Enrique Salas Reyes, se metió metanfetamina cristalina, agarró su rifle oficial, se subió a la azotea del hotel-arrendado-como-cuartel y comenzó a disparar contra las patrullas en el estacionamiento.

Sus compañeros intentaron “dialogar”; como no funcionó la terapia de grupo, otro policía tuvo que dispararle al torso para frenarlo, y aun herido hubo que abalanzarse sobre él para quitarle el arma y esposarlo.

Fuentes internas confirmaron que el oficial consumió cristal antes del tiroteo y que, como muchos otros policías estatales de Tamaulipas, tenía un problema de adicción a las drogas… pero igual consiguió plaza y rifle reglamentario.

No es un caso aislado: se documentó ya un episodio en 2020 donde otro policía, también bajo los efectos de drogas, mató a un compañero y a un civil inocente durante un brote de alucinaciones, demostrando que la “evaluación de control de confianza” en la entidad es, en la práctica, un trámite de utilería.

Gobierno en modo encubrimiento permanente

Frente al policía dopado en la azotea, la reacción del gobierno de Tamaulipas fue modelo de la 4T de la simulación: ordenaron un bloqueo informativo para que no se conocieran detalles y no se les descompusiera el discurso de “crisis superada”.

La instrucción no era investigar a fondo, sino tapar el escándalo, exactamente igual que con la borrachera masiva en la estación de Burgos, donde el objetivo ha sido minimizar, regatear términos y hacer que “asuntos internos” avance a paso de tortuga.

La misma Secretaría de Seguridad que presume “orden y paz” es la que trae una nómina inflada de elementos bajo investigación por abusos, corrupción y consumo de sustancias, pero que se mantiene operando porque la prioridad es proteger la fachada del gobernador, no a la ciudadanía.

Mientras tanto, organizaciones y reportes periodísticos acumulan casos de violaciones a derechos humanos, extorsiones y colusión con cárteles, pero la narrativa oficial insiste en que todo eso es “herencia del pasado” aunque la Guardia Estatal actual sea el espejo perfecto del modelo de impunidad vigente.

Guardia Estatal: del “honor” al ridículo internacional

El episodio de los 43 “guardias de cantina” terminó en medios internacionales, mientras el gobierno local aún intenta vender a la corporación como “policía de élite”.

Los mismos mandos que no pueden impedir que su cuartel se convierta en bar, ni que un elemento drogado convierta un hotel en tiradero de balas, son los que se paran en foros a hablar de “nuevo paradigma de seguridad”.

En la práctica, la Guardia Estatal funciona como fuerza de intimidación política y económica: una corporación ocupada en cobrar, extorsionar y humillar, no en proteger.

Es el rostro armado de un gobierno que se vende como cambio, pero que en la realidad opera un sistema de Crimen Autorizado con sello morenista, rifle oficial y, cuando se puede, un buen trago en la comandancia.

Con información: BREITBART/TX

«NO la PELARON: PETICIÓN de SHEINBAUM en RED MAÑANERA de NO VER TVAZTECA le SUBIÓ el RATING a TELEVISORA…culpen a la reactancia.

En la historia del México moderno no existen presidentes -sean priistas, panistas o morenistas- que no haya salivado ante la tentación del control sobre los medios libres de comunicación. Acallar la disidencia para que nadie los cuestione, para que no se exhiban sus deslices políticos y, mucho menos, sus corruptelas a costa de nuestros impuestos.

Con esa soberbia que caracteriza a la mayoría de quienes se cruzan en el pecho la banda presidencial, se sienten con todo el poder de lanzar el aparato del Estado sobre los dueños, directores y periodistas tanto en prensa, como en radio y en televisión, y ahora, las redes sociales. La mordaza es su fetiche.

Olvidan esos mandatarios que, a diferencia de los periodistas, su tránsito entre las nubes del poder es como la leche: tiene fecha de caducidad. En México vence cada seis años. Y no hay vuelta para atrás. El destino oscuro, inevitablemente, los alcanza.

Hagan un recuento de cuántos de los ex presidentes mexicanos que sobreviven  pueden andar libres en su país. Fuera de Vicente Fox, el resto están haciendo su vida en España o en Estados Unidos.

Existen, en México, dos casos emblemáticos de los obstáculos o las persecuciones presidenciales en contra de medios de comunicación críticos. Son casos dignos de estudio, que exhiben con claridad, que todo aquello que el político autoritario pretende acallar, acaba por brillar todavía más.

Uno, el del presidente Luis Echeverría, que en julio de 1976, furioso por la línea editorial crítica del periódico Excélsior, asestó un golpe político al manipular a trabajadores cooperativistas de ese diario, para expulsar de la dirección a su incómodo director, el periodista Julio Scherer García. Y la persecución, lejos de intimidarlo, encumbró a Scherer para crear -con un puñado de valientes periodistas- la revista Proceso, un medio semanal que, desde entonces, ha sido factótum en la investigación periodística en nuestro país.

El otro caso es el del periodico Reforma, un diario creado en 1993 al amparo de la independencia que desde Monterrey irradiaba el periódico El Norte y la familia Junco de la Vega, con un ejército de jóvenes periodistas luchando a contrapelo por la libertad de expresión. 

Tan incómoda resultaba la incursión de “los bárbaros del Norte”, que el viejo PRI orquestó que la Unión de Voceadores boicoteara la distribución del nuevo diario, para evitar que se leyeran sus investigaciones que sacudían al sistema priista. Pero lejos de alejar a Reforma de las calles, lo acercó a una ciudadanía que, en defensa de sus derechos para tener una prensa libre, salió del confort de sus casas para vocear por ellos mismos la venta del diario. El resultado fue que, en pocos meses, Reforma se instaló en la preferencia de una gran mayoría de lectores no sólo de la Ciudad de México, sino de todo el país. Y de esa lucha emergieron otros diarios hermanos, como Mural en Guadalajara y Palabra en Saltillo.

Viene este preámbulo a cuento, porque ya apareció en el firmamento una nueva émulo de Luis Echeverría y del viejo PRI: la presidenta Claudia Sheinbaum. Y desde su púlpito mañanero ya lanzó su consigna autoritaria contra su medio villano: “Mexicanos, no vean Televisión Azteca”.

A la inquilina de Palacio Nacional le indigna que Ricardo Salinas Pliego, el presidente de TV Azteca, sea la voz contestataria frente a los abusos ideológicos y la corrupción descarada de Morena y de la Cuarta Transformación. Ignorando que en México -al menos en el papel- todavía existe la libertad de expresión, la presidenta Claudia Sheinbaum quiere quemar en leña verde a todo lo que huela a la televisora del Ajusco. Su dueño y sus periodistas tienen la osadía de tocar en sus canales 1, 7 y en ADN40, las historias prohibidas de Andy López Beltrán, de Adán Augusto López, de Mario Delgado y, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que es peor, le dan espacio libre a los disidentes de la Cuarta Transformación para que se expresen con libertad, en estos días en los que  muchos de ellos ya fueron proscritos en otros medios de comunicación que cobran el favor en la caja en la que despacha Jesús Ramírez.

Olvida la presidenta Claudia Sheinbaum que es condición humana consumir “lo prohibido”. Desde niños, el “no hagas esto” o “no leas esto” es sinónimo de “vete a buscarlo”. Por eso, en estos días, los ratings de TV Azteca, en pantalla abierta y en redes sociales se dispararon. “¿Qué es lo que la presidenta no quiere que veamos? ¡Pues vamos a verlo para probarlo!”.

Mala estrategia de quien no tiene la visión de respetar los más elementales derechos humanos, comenzando por la libertad de expresión. ¿Qué sigue ahora? ¿Que la presidenta Claudia Sheinbaum salga cada semana con su lista de medios y sitios prohibidos porque no le juegan su juego a Palacio Nacional? ¿Que recomiende abrevar en el pensamiento y la filosofía cuatroteísta de Lord Molécula y paleros que lo acompañan?

Vamos pidiendo cuentas para conocer de qué tamaño es el presupuesto que su heredado comunicador, Jesús Ramírez, se gasta -por arriba y por debajo de la mesa- para acallar disidentes o para impulsar a los medios que se le someten.

La batalla de la censura a TV Azteca la ganó Ricardo Salinas Pliego. Hoy, esa pantalla chica tiene más audiencia viendo y escuchando sus informaciones “prohibidas”, mientras que en Palacio Nacional ya se dieron cuenta de que colocarse del lado de la historia de Luis Echeverría y del viejo PRI no rinde frutos.

Curioso detalle que, en 1997, la telenovela “Mirada de Mujer” lanzó al cielo los ratings de TV Azteca, porque exhibía temas prohibidos como la infidelidad, el machismo y las relaciones entre mujeres adultas y hombres jóvenes.

Curioso que hoy sea otra peculiar “Mirada de Mujer” -la de Claudia Sheinbaum- la que, con nuevas prohibiciones, le regrese los elevados ratings a los noticieros de la televisora del Ajusco.

Ah, por cierto, en 1997, el director de aquella exitosa “Mirada de Mujer”, Epigmenio Ibarra, tenía todas las libertades que le dio TV Azteca para producir su “novela prohibida”. Y que hoy, desde el púlpito mañanero de la censura, en Palacio Nacional, sea el mismo Epigmenio Ibarra el que produzca -de la mano de Jesús Ramírez- esta cuestionable y muy autocrática “Mirada de Mujer”.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/