En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una veintena de expertos coincidió en lo obvio que el oficialismo niega: ni el Plan A ni el Plan B pretenden modernizar la democracia, sino amarrarla. Cada frase de Sheinbaum sobre “ahorros” y “privilegios” es un eco de la vieja retórica populista donde la austeridad es excusa y el control, objetivo. Porque aquí “reducir costos” significa podar instituciones incómodas.
El Plan B de Claudia Sheinbaum huele a reciclaje ideológico con barniz de “pueblo”. Y no de cualquier reciclaje: uno con raíces en el manual de Plutarco Elías Calles para fabricar hegemonías partidistas disfrazadas de estabilidad nacional. Son palabras del jurista Diego Valadés, pero bien podrían ser epitafio del segundo intento de Morena por eternizarse en el poder electoral.
Valadés lo dijo sin anestesia: el Plan B es un retroceso a 1910, con tintes de cruzada moral. Lo que se vende como reforma cívica, en realidad erosiona a los partidos —esos mismos que sostienen la pluralidad— y sustituye el debate público por la voz unívoca de la mañanera.
Javier Martín Reyes apuntó otro despropósito: la Presidencia invadiendo competencias de los estados bajo el argumento del “orden nacional”. Y cuando los límites constitucionales incomodan, Sheinbaum imagina consultas populares para todo, aunque el artículo 35 prohíba tocar temas electorales. Autoritarismo participativo, le dicen.
José Merino añadió que la Presidenta confunde privilegio con presupuesto. Y Luis Eduardo Medina completó la ecuación: cada recorte que aplaude la narrativa oficialista es un paso más hacia la concentración de poder. Ahorrar dinero costando democracia, el nuevo deporte nacional.
Leonardo Valdés reclamó seriedad: el ahorro prometido —cuatro mil millones de pesos— es insignificante frente al costo político de arruinar al INE, volver temporales sus juntas distritales y asfixiar su estructura técnica. Nada de eso suena a eficiencia: suena a golpe institucional.
En resumen, el Plan B no reforma: reconfigura el tablero para que solo quede una pieza en juego. La del poder.
Como lo sintetizó María Marván con sarcasmo de mujer cansada de advertir lo evidente: ojalá el Plan B, igual que el A, “se vayan al cielo”. Porque si se quedan en tierra, lo que baja no es una reforma: es un régimen
La diputada Federal Plurinominal de Morena, María Damaris Silva Santiago, se volvió meme legislativo en tiempo real: mientras su pastor el tambien Diputado Ricardo Monreal aplaudía con entusiasmo a la oposición, ella hacía caras como si le estuvieran leyendo el padrón del PRIAN en voz alta.
La morenista que no sabe disimular
En plena sesión en San Lázaro, con la reforma electoral presidencial ya oliendo a cadáver legislativo, Monreal con el colmillo de buen simulador mas que negociador repartía reconocimientos a diestra y siniestra: que si el PRI de Alejandro Moreno, que si el coordinador Moreira, que si Jorge Romero del PAN muy serio y profesional, que si Dante Delgado e Ivonne y hasta el dirigente Jorge Álvarez Máynez.
Mientras el zacatecano hablaba como si estuviera leyendo el boletín de “unidad nacional”, la diputada Damaris se transformó en espejo involuntario del morenismo de a pie: muecas, gestos, incomodidad, como quien ve a su líder brindar por el enemigo.
El show del “Plan B”
La escena ocurrió en el debate de una reforma electoral que terminó rechazada, entre discursos breves y un conteo de votos que confirmó lo que todos sabían: no les alcanzaba ni con milagro guadalupano. Monreal, lejos de aceptar la derrota con dignidad, se paró a anunciar el famoso “Plan B” como si fuera secuela de telenovela: “comenzaremos a construir el plan B de la reforma electoral, porque no desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar, que viva México”. Traducido del monrealés: perdimos, pero vamos a intentar lo mismo por la puerta trasera de las leyes secundarias.
Aplausos a la oposición y caras en la banca
Lo más surreal no fue el plan B, sino la ovación a la oposición desde la bancada de Morena. Monreal se deshizo en elogios para el PAN, PRI y MC por su “seriedad” y “profesionalismo”, mientras el resto de la tropa tragaba saliva. En pantalla, la diputada migrante —activista, binacional, formada en la defensa de migrantes durante décadas— parecía preguntarse si no se había equivocado de fracción o de país. Sus gestos decían lo que muchos morenistas no se atreven a decir en el micrófono: aplaudir a los mismos de siempre duele más que perder una votación.
Morena, entre la disciplina y la mueca
La postal es perfecta: el coordinador vendiendo “consensos históricos” con la oposición y prometiendo un plan B que suena más a amenaza que a proyecto, mientras una diputada de su propio partido hace gestos que desmontan toda la narrativa de unidad. Damaris Silva, sin querer, se convirtió en el subtitulaje facial del desastre: cada mueca, una nota al pie sobre la distancia entre la dirigencia negociadora y la base que todavía cree que la 4T vino a terminar, no a pactar, con la vieja clase política.
Cuando México le suma a la voluntad y la fuerza,la inteligencia de las agencias federales de la aplicación de la ley en Estados Unidos,el resultado no puede ser otro que la captura de criminales,no importa la talla,no importa la estatura, simple y llanamente se les acaba la magia: eso fue exactamente lo que pasó ayer en Villa de Álvarez, Colima.
El golpe en Colima: cuando sí se coordinan
Dos operativos conjuntos, Gabinete de Seguridad mexicano por un lado y la DEA alimentando el sistema con inteligencia por el otro.
Resultado: más de 270 kilos de fentanilo, en polvo y en pastillas, asegurados en dos inmuebles usados como laboratorio y bodega.
Cae Yair “N”, señalado como líder de una célula dedicada al tráfico de fentanilo y metanfetamina en la zona, junto con al menos seis u ocho cómplices.
Es decir: cuando la fuerza se deja guiar sin egos por la inteligencia del otro lado del Río , el “poderío” del Cártel Jalisco Nueva Generación o como se llame, se vuelve tan frágil como una bolsita Ziploc mal cerrada.
El arresto sin incienso
El operativo entra, catean dos inmuebles en Villa de Álvarez, revientan el laboratorio clandestino, aseguran la mercancía y se llevan al jefe y a sus muchachos directo al MP federal.
El dato duro es que 14 millones de dosis potenciales se quedaron en cajas de evidencia y no en pulmones y cerebros de medio continente.
Qué demonios es lo que decomisaron
Ahora, que si nos ponemos la bata de laboratorio: lo que incautaron no es “polvo mágico”, es básicamente muerte ultraconcentrada con etiqueta de fentanilo.
El fentanilo es un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina; una dosis “terapéutica” se mide en microgramos, no en gramos.
Lo que tienes en esos 270 kilos, entre polvo y pastilla, equivale –según el propio gobierno– a unas 14 millones de dosis; cada pastilla puede ser la ruleta rusa química de alguien que ni siquiera sabe lo que está tragando.1
Desde la química, el problema no es solo la molécula, sino la cocina: en laboratorios clandestinos no hay control de calidad, así que una pastilla puede traer casi nada y la siguiente, suficiente fentanilo para apagarle el sistema respiratorio a cualquiera en minutos.
Eso explica por qué en Estados Unidos el fenómeno de sobredosis por fentanilo ya es una crisis de salud pública que mata a decenas de miles de personas al año.
El alcance real del daño evitado cuando hay suma,no restas
Piensa en esto: con 270 kilos, incluso dosis “mal hechas”, tienes capacidad para inundar mercados en México y Estados Unidos durante meses.
Elemento
Dato clave
Implicación
Cantidad asegurada
>270 kg de fentanilo en polvo y pastillas
Volumen suficiente para operaciones mayoreo a escala binacional
Dosis estimadas
14 millones de dosis potenciales
Millones de eventos de sobredosis posibles, muchas letales
Tipo de instalación
Laboratorio clandestino + bodega
Capacidad de producción y distribución continua, no solo un cargamento
Organización vinculada
Célula ligada al CJNG, foco en fentanilo y metanfetamina
Eslabón dentro de una cadena mayor de terror químico regional
La mezcla es brutal: por un lado un opioide que apaga el sistema respiratorio, por otro la metanfetamina que acelera el corazón y destroza el sistema nervioso central; juntos son una receta para cementerios llenos y hospitales rebasados.
Cuando la ciencia se planta frente al narco
Desde la perspectiva de un químico, este decomiso no es solo “droga fuera de circulación”, es un golpe directo a la infraestructura de síntesis y tableteo del fentanilo: se pierden precursores, fórmulas, equipos y, sobre todo, tiempo de reacción del cártel.
Cada mes que un laboratorio de estos permanece fuera de juego son miles de sobredosis que no ocurren y millones de dólares que no entran a la caja chica criminal.
La moraleja es incómoda pero clara: cuando México decide dejar de jugar solo al patrullaje fotográfico del reforzamiento perpetuo y se conecta en serio a la inteligencia criminal,forense y financiera de Estados Unidos, los “intocables” terminan con bata naranja y código de barras en lugar de corrido tumbado.
Asi pasa cuando los esfuerzos se suman:
Las restas dividen méritos, las sumas multiplican resultados.
Donde cada quien guarda su información, gana el narco.
Los egos restan, la inteligencia compartida suma y, a veces, hasta salva vidas.
Restar esfuerzos da estadísticas; sumarlos da golpes quirúrgicos.
Cuando un país presume solo, el narco se ríe; cuando dos trabajan juntos, el narco entierra mercancía.
La resta es aritmética política; la suma es matemática de supervivencia.
En la lucha contra el crimen, quien suma aliados reduce funerales.
Las restas construyen narrativas; las sumas construyen resultados.
Al final, el éxito tiene una firma muy simple: se escribe con signos de suma, nunca de resta.
El Tamaulipas que aun gobierna Morena y Americo Villarreal , no es un “estado de hallazgos”, es un gigantesco campo de exterminio administrado con sello oficial, donde las familias ponen los picos y la Fiscalía pone las excusas para no escarbar y no identificar, pues en esta entidad pateas la tierra y brota un cuerpo.
Los 30 sitios “pendientes”: mapa de la barbarie
El colectivo Amor por los Desaparecidos de Reynosa, llega a la Fiscalía con un registro de entre 20 y 30 puntos donde hay restos o indicios claros, localizados desde 2023, y que las autoridades ni siquiera se han dignado a procesar. No estamos hablando de rumores, sino de lugares reportados formalmente, documentados en recorridos de búsqueda, que siguen ahí, a la intemperie burocrática, mientras el fiscal en turno promete “no habrá retrocesos”.
Esos 30 puntos no son anécdotas, son la versión 2023‑2025 de lo mismo que los colectivos llevan años denunciando: sitios de exterminio, crematorios clandestinos, terrenos donde se cocina humano y se entierra a paladas el rastro de la guerra no declarada contra la población civil.
En Tamaulipas, la lista que entrega el colectivo parece más un croquis de un campo de concentración extendido que un “pendiente de diligenciar”.
Fosas, hornos y “hallazgos”: la normalización del horror
Amnistía Internacional acaba de recordar lo obvio: México vive un fenómeno continuo de desapariciones y fosas, y Tamaulipas forma parte de esa cartografía del horror, junto con lugares como Teuchitlán, Jalisco, donde se han localizado fosas y crematorios clandestinos. Colectivos en Tamaulipas han documentado al menos 57 campos de exterminio, esos sitios donde no basta con desaparecerte, también hay que borrar tu cuerpo a fuego y a balazos.
Desde San Fernando, donde comenzaron a aparecer tumbas masivas a inicios de la década pasada, hasta las fosas de Reynosa documentadas por periodistas y organizaciones, el estado carga una década larga de hallazgos que las autoridades llaman “eventos”, como si fueran conciertos y no cementerios.
Tamaulipas no sólo aporta fosas, aporta formatos innovadores de crueldad: hornos improvisados, casas de exterminio, predios usados como línea de ensamblaje de muerte.
Segundo lugar en desapariciones, primer lugar en cinismo
Los datos oficiales confirman que el país vive una crisis de desapariciones donde se esfuman alrededor de 40 personas al día, y Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en número de personas desaparecidas, sólo por debajo del Estado de México,seguido de Jalisco con más de 13 mil registros (13,681). Es decir: el estado no compite por medallas en educación, salud o seguridad, pero en desapariciones está en el podio, con constancia olímpica.
Y mientras tanto, la discusión pública se llena de eufemismos: “hallazgos”, “sitios con restos”, “puntos de interés”, como si lo que hubiera en el suelo fueran piedras arqueológicas y no personas trituradas por una maquinaria que combina crimen organizado, fuerzas federales, policías locales y omisión institucional. Tamaulipas aporta cifras de guerra sin que nadie declare una guerra, y encima pretende que le aplaudan sus comunicados de “fortalecimiento de la atención a víctimas”.
Una Fiscalía que acumula cuerpos, no justicia
El historial forense del estado es brutal: sólo en 2023 la Fiscalía recibió más de 3 mil cadáveres y no pudo identificar a todos; buena parte terminó almacenada en anfiteatros saturados, en agencias funerarias y, cuando ya no hay espacio, en fosas comunes. En paralelo, Tamaulipas figura entre las entidades con más cuerpos sin identificar en fosas comunes y Semefos, superado sólo por Sonora, con más de mil restos anónimos enterrados como inventario sobrante.
Para administrar esta negligencia, el estado presume centros de resguardo de cadáveres, con capacidad para cientos de cuerpos, como si estuviera inaugurando plazas comerciales y no bodegas de muertos sin nombre. A las familias les dicen que se “trabaja en un plan de exhumaciones” y en “cruces genéticos”, pero la realidad es que el sistema está diseñado para que sea más fácil enterrar un cuerpo que asignarle un nombre.
Tamaulipas: nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre
Desde hace años, organizaciones y periodistas han documentado que Tamaulipas es territorio de fosas clandestinas y sitios de exterminio, y que el Estado mexicano ha sido “el gran ausente” en la búsqueda, obligando a las familias a volverse investigadoras, peritas, topógrafas y archivistas del horror. La ecuación es perversa: mientras las madres buscan nombres sin cuerpo, la Fiscalía acumula cuerpos sin nombre en fosas comunes, anfiteatros y “centros de resguardo”.
En Tamaulipas, la lista de 30 sitios sin procesar no es un error administrativo, es una radiografía del modelo: si nadie toca esos lugares, si nadie abre esas fosas, si nadie identifica esos restos, entonces estadísticamente el problema se mantiene “bajo control”. Es el estado perfecto para que el gobierno de Morena y Américo Villarreal,administren la barbarie en Excel antes que enfrentarse a la verdad de un territorio sembrado de muertos.
El parte de guerra del General Oscar Rentería Schazarino parece escrito por el enemigo: más de 2,900 homicidios dolosos, 3,400 personas privadas de la libertad, más de 10 mil vehículos robados, 3,300 detenidos y 170 abatidos en apenas año y fracción; para ser “operación de seguridad”, salió más parecido a un parte de derrota con firma y sello de la la Secretaría de Seguridad Publica y la estrategia militar.
En términos de jerga castrense: el general desembarcó en Sinaloa como si fuera “teatro de operaciones nuevo”, pero llegó con el mismo plan de campaña reciclado de Michoacán; orden de operaciones copia‑pega, reglas de enfrentamiento flexibles con el narco y rígidas con la estadística, y un despliegue que jamás pasó de “presencia disuasiva” a control efectivo del terreno.
Cada cifra del balance es un blanco no neutralizado que se acumula en el mapa de calor, mientras el alto mando presume “coordinación interinstitucional” como si fuera blindaje y no simple camuflaje.
Lo vendieron en Diciembre de 2024 como relevo táctico del General Mérida Sánchez, pero en la práctica fue un cambio de jefe de columna para seguir marchando en círculo: Sedena, Marina, Guardia Nacional y policías estatales haciendo “patrullamientos disuasivos” y “filtros de revisión” que sólo sirven para boletines, mientras los grupos criminales mantienen la iniciativa, la inteligencia humana y la libertad de maniobra con perdidas intermitentes que son fácilmente reemplazables.
El resultado es de manual: aumento sostenido de homicidios, plagios y robos, con unas cuantas decenas de detenidos para maquillar la relación de bajas y simular que la fuerza propia todavía conserva el fuego de supremacía.
Lo más grotesco es la cronología: la campaña en Sinaloa le duró menos al general que la propia guerra que dice estar librando; un año en la SSPE es, en términos militares, un despliegue rotativo exprés, la típica salida de emergencia disfrazada de “decisión personal relacionada con su servicio militar”.
Lo rotan como si fuera tropa de reemplazo, pero siempre dentro del mismo teatro de la simulación: fracasa en Apatzingán, lo reubican en Sinaloa, vuelve a entregar un parte que parece lista de daños colaterales y no de resultados operativos, y ahora lo relevan para colocar a otro mando de las mismas escuelas, mismos vicios y misma doctrina de “contención” que lleva tres décadas fallando con tres partidos distintos, pero con un mismo uniforme.
Si este es el balance “operacional” del general estrella de Harfuch, el mensaje hacia la tropa y hacia la población es claro: aquí no hay estrategia de contrainsurgencia ni restauración del orden, sólo rotación de jefes para que nadie cargue demasiado tiempo con la derrota permanente.
La guerra sigue en curso, el teatro de operaciones continúa saturado de blancos, pero el mando se retira del frente con un oficio de renuncia bien planchado, ascensos intactos y una hoja de servicios donde estos números caben bajo el eufemismo de “experiencia en seguridad pública”.
El uniforme militar ha sido en México algo mas que tela pixelada: es un talismán de impunidad, una armadura medieval que tradicionalmente se resiste al imperio de la ley y demora el acceso a la justicia cuando no la impide.
La armadura verde olivo
En 2011, en Petacalco, Guerrero, un hombre cenaba como cualquiera, hasta que llegaron Ejército y Marina, le preguntaron el nombre y se lo llevaron a golpes, camioneta y cuartel de por medio, directo a la rutina clásica de la “guerra contra el narco”: golpiza, tortura, amenazas para que se autoincriminara y, de ser posible, para que inventara más culpables.
La CNDH, quince años después, confirma tortura, lesiones por todo el cuerpo, golpes con tubo, pérdida de conciencia y hasta el intento burdo del médico naval por maquillarlo en el expediente, como quien corrige un borrador incómodo.
El tiempo como cómplice
La recomendación se firma en febrero de 2026 por hechos de 2011: la justicia llega como ambulancia sin gasolina, empujada entre todos y demasiado tarde para salvar a nadie.
Mientras tanto, el detenido fue absuelto en 2019 de armas y explosivos, pero sigue preso por delincuencia organizada, como si la tortura fuera un trámite administrativo y no el vicio de origen que contamina todo el proceso.
El expediente fantasma y el Estado amnésico
En 2025, la Sedena informó que, tras una “búsqueda exhaustiva”, no encontró documentos del caso, como si la tortura fuera leyenda urbana y no un hecho acreditado por peritajes.
La burocracia castrense convierte el archivo en agujero negro:lo que entra ya no sale, salvo cuando la CNDH, años después, rescata los restos para escribir una recomendación que el sistema leerá con la misma emoción con la que se hojea un manual de uso.
El blindaje político del uniforme
Entre 2006 y 2024, al menos 318 militares estuvieron involucrados en violaciones graves de derechos humanos; solo 23 sentencias condenatorias, un raquítico 7% que no espanta a nadie en un cuartel.
Esas cifras son una confesión sin metáfora: la justicia le tiene más miedo al uniforme que a la historia, más respeto al fuero militar que a la Constitución, más lealtad al general que a la víctima.
Homenajes arriba, tortura abajo
Mientras la CNDH publica la recomendación por tortura, la presidenta Claudia Sheinbaum rinde homenaje en Campo Marte a las Fuerzas Armadas, flanqueada por los altos mandos, justificando su presencia como un acto de reconocimiento a las mujeres militares.
El contraste es quirúrgico: arriba, medallas y discursos; abajo, recomendaciones por tortura que llegan con década y media de retraso, chocando contra el escudo invisible del prestigio castrense, donde el uniforme se porta como licencia para el exceso y chaleco antibalas contra el castigo penal.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERIKA ROSETE
La historia de Rubí Patricia Gómez Tagle es la crónica exacta de cómo se ve un Estado que ya se resignó a que las maten, pero aún así se atreve a hablar de “disminución de delitos” frente al micrófono y a las cámaras. Una madre que busca a su hijo desaparecido, que coordina búsquedas, que se cita con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y que termina apuñalada en su casa el mismo día que la presidenta Claudia Sheinbaum aterriza en Mazatlán a presumir cifras bonitas en una entidad partida por la guerra interna del Cártel de Sinaloa.
Desde 2010 han sido asesinadas al menos 35 personas buscadoras; 25 de ellas, ejecutadas ya bajo los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum, mientras en Palacio se repite el mantra de que “nunca se había protegido tanto a las víctimas”.
Once casos tan solo en 2025, siete asesinatos y cuatro desapariciones, convierten al sexenio de la primera mujer presidenta en uno de los periodos más letales para quienes hacen el trabajo que el Estado no quiere hacer: buscar a los suyos en fosas, potreros y casas de exterminio. No es omisión, es mensaje: si buscas, te matan; si denuncias las amenazas, te dejan sola; si te asesinan, te convierten en estadística borrable del registro que el gobierno se esmera en rasurar.
Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Sonora, Veracruz, Guerrero, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas forman el mapa de cacería donde matar buscadoras sale más barato que corregir una base de datos en Excel.
No hay voluntad política para protegerlas ni para buscarlos, pero sí para maquillar el número de desaparecidos y vender la narrativa de que “vamos bien”, mientras madres, padres, esposas y hermanos que ya habían denunciado el riesgo acaban baleados, apuñalados o desaparecidos. La impunidad dejó de ser un defecto del sistema: es la invitación con membrete oficial para que el crimen organizado siga desapareciendo gente y matando a quienes se atreven a desenterrarla del silencio.
Qué ironía tan grande: la Presidenta que llegó al poder hablando de pluralidad ahora señala con el dedo a los suyos por ejercerla. Según Claudia Sheinbaum, los diputados morenistas que votaron en contra de su reforma electoral “no tienen convicción”. Traducido al lenguaje palaciego: la convicción solo cuenta cuando es a favor de lo que ella ordena.
“La Presidenta no pide que se repita lo que dice”, asegura, para luego rematar exactamente con eso: que los inconformes carecen de convicción y quizás no representan al pueblo. La contradicción es tan grotesca que ni necesita ironía: se autodefine como garante de la libertad interna en el mismo momento que condena la disidencia.
Pero lo mejor viene después: acusa a los disidentes de dejarse llevar “por lo que sale en REFORMA o Latinus”. Es decir, el pecado no es votar distinto, sino informarse fuera del boletín oficial. En el diccionario sheinbaumista, leer prensa crítica equivale a traición al pueblo. De ahí al “enemigo del régimen” hay un paso —uno que ya parece bien ensayado.
Luego la Presidenta juega su carta moralista: “Nosotros no llegamos aquí impuestos por nadie, sino por el pueblo”. Una perla de pureza revolucionaria que olvida un pequeño detalle: el “pueblo” también incluye a los que piensan distinto, incluso dentro de Morena. Pero en esta retórica de manual, el pueblo solo existe si aplaude; si cuestiona, se vuelve instrumento de los conservadores o de los “medios fifís”.
Y cuando intenta justificar la reforma —decir que solo busca que los plurinominales sean decididos “por el pueblo y no por las cúpulas”— la contradicción se hace monumental. Porque mientras denuncia a las élites partidistas, exige obediencia ciega a la suya. Habla de “diversidad política” con la sinceridad de quien invita al debate… para luego cerrarlo con un portazo y una acusación de “traidor al pueblo”.
En resumen, Sheinbaum no habla como una mandataria democrática defendiendo un ideal: habla como una jefa de facción protegiendo su disciplina interna. Lo suyo no es pluralismo, es control político con disfraz de convicción. Y si así suena su “mañanera democrática”, imagínense cómo se escuchará su silencio cuando la disidencia ya no tenga micrófono.
