La actuación de Jesus Eduardo Govea orozco, Fiscal de Tamaulipas bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal, quien estuvo detenido 7 meses en un penal federal en 2002,por cambiar un detenido de alto perfil por otro de bajo calibre delictivo, esta ahora inmerso en el segundo intento de otra detención en un mismo caso ,que come el anterior,ya huele más a operación de control de daños que a auténtica procuración de justicia, y eso, jurídicamente, es inadmisible.
Un fiscal con expediente propio
Hablamos de un fiscal general que arrastra un proceso penal histórico por delincuencia organizada y delitos contra la salud ligados al Cártel del Golfo, por el que fue detenido y sujeto a formal prisión en 2002, antes de ser reinstalado, pero no por una certificación moral de inocencia. Esa biografía penal no es un chisme: es el contexto que contamina cualquier discurso suyo de “contundencia de pruebas” cuando ordena encarcelar a otro ciudadano en un caso de alto impacto como el del Hospital Infantil.
La “contundencia” de copia y pega
En el caso de Fernando Antonio “G”, la defensa denuncia que de los 60 datos de prueba con los que se justificó la vinculación a proceso, 59 acreditan hechos en otros lugares y momentos, pero no lo colocan cometiendo el delito, recayendo todo en un solo reconocimiento fotográfico amañado.
Ese reconocimiento lo elaboró una perito que jamás se presentó a la audiencia, pese a estar debidamente citada por orden del juez, impidiendo el contrainterrogatorio obligado por el principio de contradicción del artículo 20 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La defensa exhibe, además, que existen dos entrevistas de reconocimiento redactadas letra por letra igual, un “copia y pega” grotesco que, en cualquier juzgado serio, bastaría para tirar el valor probatorio de esos actos por violar los estándares mínimos de inmediación, autenticidad y fiabilidad pericial.
Cuando la única prueba directa es un «Frankenstein» de entrevistas clonadas y una perito ausente, hablar de “múltiples dictámenes periciales” como hace la Fiscalía es, en el mejor de los casos, propaganda; en el peor, un engaño deliberado al juez y a la opinión pública.
Cadena de custodia: el eslabón roto
La propia abogada detalla que la supuesta “cadena de custodia” de las fotografías no existe en la carpeta respecto de la perito que hizo el reconocimiento, sino solo de un perito previo y de una lista de detenidos viejos reciclados para llenar el álbum.
Eso viola de frente las reglas sobre preservación, documentación y trazabilidad de indicios: sin cadena de custodia completa, cualquier estándar de prueba razonable exige excluir ese reconocimiento por contaminado.
Más grave aún: se niega a la defensa un perito particular para desvirtuar el reconocimiento y se rechaza la declaración de los padres del imputado, testigos directos de su ubicación en otro lugar, cercenando el derecho de defensa y el principio de igualdad de armas. Cuando la Fiscalía bloquea deliberadamente prueba de descargo y solo deja pasar lo que le conviene, no está litigando; está fabricando un caso.
El fiscal y sus “salvavidas mediáticos”
Mientras todo eso ocurre en la sala, hacia afuera el fiscal Govea repite el libreto que ya usó antes en la misma causa de violación: hablar de “videograbaciones”, “peritajes colegiados” y “análisis morfológicos” como si la retórica supliera la precariedad de la prueba en la audiencia. Es el mismo patrón señalado en medios: reciclar discursos grandilocuentes sobre la solidez de la investigación cada vez que le urge un golpe mediático que tape los agujeros de su propia dependencia y del pasado que lo persigue.
Ese contraste —una carpeta llena de parches, un reconocimiento fotográfico cuestionado, una perita que no da la cara, entrevistas clonadas y prueba de descargo rechazada— frente a la voz engolada del fiscal hablando de “contundencia”, exhibe no solo falta de pulcritud, sino desprecio por las garantías procesales que juró respetar.
En cualquier Estado de derecho mínimamente serio, un fiscal con un historial de haber servido al Cartel del Golfo ,no sería el guardián de la legalidad, sino el primero en ser investigado por abuso de autoridad, delitos contra la administración de justicia y posible simulación de pruebas.
Lo que exige la ley, no la narrativa
El estándar constitucional para vincular a proceso exige datos de prueba suficientes que hagan razonable la probabilidad de que el imputado cometió el hecho, no la mera comodidad política de ofrecer un culpable rápido en un caso sensible. Si 59 datos apuntan a otra cosa y el único que lo incrimina es un reconocimiento mal integrado, sin cadena de custodia clara, sin perito en sala y con entrevistas clonadas, la conclusión jurídica es brutal: la vinculación descansa en arena política, no en evidencia sólida.
Govea Orozco tenía la obligación legal de garantizar un procedimiento impecable, especialmente por el peso simbólico del cargo y su propio pasado procesal; en vez de eso, se cobija otra vez con declaraciones de prensadas misma que utilizaba en su pasado fracaso como fiscal anticorrupción donde derrochaba saliva.
No debe, aunque pueda,sostener una consignación que, de confirmarse las irregularidades, huele más a sacrificio procesal que a justicia para las médicas.
Con informacion: EXPRESSO.PRESS/MARTHA RODRIGUEZ/
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